Vaya que Twitter ha dado de qué hablar en los recientes meses. Pasó de ser la plataforma de la información y la libertad de expresión a ser la más incierta de las redes sociales. Ya se ha oído, visto y leído que las grandes empresas que invertían en esta red social, como General Motors o Pfizer, han preferido retirarse del juego para no poner en riesgo su dinero, lo que vino a desestabilizar aún más a la ferviente reina digital del diálogo público.

Realizar una proyección, por muchas cifras que haya, resulta un tema complicado en el caso de esta red social, pues su futuro está sujeto en manos de un magnate que nunca ha dejado muy claros sus planes. Discursivamente, todos podríamos darle una oportunidad y creer lo que él mismo ha dicho de que busca hacer de ella la “plaza común digital” que permita “ayudar a la humanidad”.

Sin embargo, en este punto no sabemos si nos encontramos frente a un héroe incomprendido o un villano de telenovela. Elon Musk es la clase de hombres que hace negocios impulsados por sus motivaciones más oscuras y misteriosas, pero también su intuición. Así, el empresario e influencer del mundo tecnológico ha buscado penetrar en los más ambiciosos lugares, pero siempre sustentado en sus gustos y pasiones.

Creó cohetes para conocer y dominar espacios aún no habitados por la especie humana (Space X); ha realizado constantes y múltiples esfuerzos por llevar conectividad a todos lados, sin que las barreras terrestres lo impidan (Starlink); ha incursionado en el mundo de la automatización y la Inteligencia Artificial (IA) mediante automóviles eléctricos de alta gama y elevados estándares tecnológicos (Tesla); además de una compañía que busca revertir el camino de los seres humanos a ser obsoletos en algún punto de la historia, mediante implantes/chips cerebrales que estimulen la actividad neuronal (Neuralink); sin olvidar su empresa dedicada al ahorro de tiempo de creación de vías bajo tierra para el transporte subterráneo (The Boring Company). 

Este hombre busca negocios tras un sentimiento de asombro por algún tema. En este caso, le motivó la libertad de expresión para decidirse a comprar Twitter, aunque no fue una compra muy redituable, pues invirtió 44 millones de dólares en la compra, y está perdiendo 4 millones de dólares al día.

Ante ello, Musk también arrancó con el despido masivo de casi 5 mil empleados para ajustar sus finanzas; todos fueron informados a través de correos electrónicos. Lo anterior forma parte de su plan de recorte en la estructura para ahorrar costos, además de dejar en la compañía únicamente a los mejores empleados de sus áreas.

¿Por qué es importante esta red social? Twitter se ha convertido en un espacio para la difusión de ideas, información y sentimientos por parte de los usuarios. No es la más utilizada a nivel mundial, pero sí es la más influyente en el discurso público. Tan es así, que incluso algunos medios de comunicación retoman los tuits de las figuras públicas como fuente primaria de información.

Muchos de los usuarios de la red social de microblogging la utilizan para informarse sobre el acontecer cotidiano, otros tantos como plataformas para protestar por sus derechos y por justicia, y algunos más por expresar sus estados de ánimo o pensamientos del momento.

De acuerdo con Pew Research Center, en esta plataforma se postean más de 500 millones de tuits por día, equivalentes a 6 mil por segundo. Muchas de las agencias informativas hacen uso de este medio para informar a sus audiencias sobre el Breaking News o las noticias más relevantes, por lo que más allá de ser una red de ocio, es una herramienta de difusión y, en muchas ocasiones, construcción del conocimiento.

Para 2023 no hay un futuro 100 por ciento claro y certero para la app del pajarito azul, pero todo parece apuntar a que será un completo desastre. Muchos señalan a Mastodon como “la nueva Twitter”, pero lo cierto es que el lugar que ocupa esta red social será difícil de llenar.

Statista ya señalaba un aumento de los usuarios activos en la plataforma, donde claramente se observa un crecimiento exponencial. Pero las últimas acciones del empresario ponen en alerta a quienes hacen uso cotidiano de la red social.

¿Qué pasará con Twitter?

Primero hay que dejar en claro que las decisiones, personales o profesionales, de Elon Musk como único directivo de la compañía, serán las que definan el rumbo de la red social. No obstante, ante las manifestaciones y hechos que han surgidos en las últimas semanas, propongo tres escenarios posibles:

1. Para el primero hay que recordar que el 4 de octubre de 2022 Elon Musk tuiteó: “La compra de Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación de todo”, lo que nos hace pensar que la adquisición fue sólo el inicio de otra de las compañías con las que él busca “ayudar a la humanidad”, pero en la que aseguró que desarrollarla le tomaría de tres a cinco años.

Debido a ello, una de las posibilidades para la red de microblogging es que cambien completamente la imagen y el concepto de Twitter, para llevarlo a ser “X, the everything app”. Aquí las personas y organizaciones que usan esta red deben comenzar a explorar, como plan preventivo, otros medios para comunicarse con sus audiencias, pues aún no sabemos qué es lo que “la app del todo” tendrá para los usuarios.

2. El segundo escenario, y el que más esperamos todos, es que, a pesar de los arranques e impulsos repentinos del ahora dueño de la red social del diálogo público digital, ésta se mantenga tal y como está y no genere grandes cambios que, en lugar de apoyar a los usuarios, los perjudiquen con consecuencias como la desinformación o una “libertad de expresión” que se vuelva totalitaria e, incluso, peligrosa.

3. Una predicción, que no hay que desdeñar, es que las deudas de Elon Musk, la pérdida de compañías inversionistas y la falta de un plan congruente entre el discurso y los hechos, podrían dejar Twitter en bancarrota. Esto podría traer consigo la desaparición de la app del pajarito azul, aunque honestamente no pienso que 2023 sea el año en el que, si ocurre, lo presenciemos. 

Sin lugar a dudas, el mundo de las redes sociales estará muy atento en los siguientes meses, pues veremos llegar un año en el cual sabremos si Twitter toma el camino de la resurrección, o se avienta directamente al precipicio. Hay que esperar y ver si realmente los planes del millonario salen como él quiere, o termina por llevar a la sepultura a una de las redes sociales más importantes de nuestra era en la construcción del discurso público.

[metaslider id=”177146″]

Luego de una larga crisis económica, Venezuela comenzó a mostrar signos de recuperación. En enero de 2022, el Banco Central de Venezuela anunció que el país había cumplido el ciclo de 12 meses consecutivos con una tasa inflacionaria inferior a 50 por ciento, por lo que abandonaba formalmente la espiral hiperinflacionaria. Además, en el último semestre de 2021 la producción de petróleo, principal fuente de riqueza para el Estado, empezó a incrementarse. Asimismo, en la actualidad, las imágenes de las largas colas de ciudadanos esperando poder adquirir productos básicos en Venezuela han desaparecido.

Estas cuestiones proyectan que la economía en su conjunto crezca en 2022: el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 1.5 por ciento, mientras que un informe del banco Credit Suisse estima el incremento del PIB venezolano en 2022 en 20 por ciento.

Se espera que la industria telco acompañe esta reactivación, incluso ya comenzaron a anunciar inversiones para los próximos años.

La empresa pública de telecomunicaciones, Cantv, estuvo paralizada por varios años, con poco nivel de inversiones. Para salir de esa situación, el Estado puso en venta 5 por ciento de las acciones en septiembre a privados, con el objetivo de mejorar su situación financiera e invertir en sus servicios como la expansión de la fibra óptica. Se prevé que, en 2023, la compañía continúe con estas ofertas en la bolsa, sumando más inversión privada a la empresa pública, una suerte de principio de privatización, para mejorar los servicios.  

En la misma sintonía, Movistar recientemente anunció una inversión de 270 millones de dólares para los próximos dos años para fortalecer sus operaciones. La inversión será destinada a la actualización y mejoras en mantenimiento de redes y sistemas, nuevos equipos de telecomunicaciones, plataformas tecnológicas, sistemas de respaldo de energía y recuperación de estaciones.

“Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como empresa de telecomunicaciones. Nuestra economía ha venido dando signos de reactivación y queremos formar parte de esa recuperación”, señaló José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Movistar Venezuela.

En cualquier caso, Venezuela aún presenta grandes desafíos en materia de conectividad. El servicio de Internet venezolano se ubica entre los últimos del mundo con 5.58 Mbps, según el más reciente reporte mensual de Speedtest.net, un estudio que mide las velocidades de banda ancha móvil y fija de todo el mundo.

[metaslider id=”177146″]

La promesa aún incumplida del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de conectividad también ocupará la agenda de 2023. En 2020, el mandatario dijo que todo México estaría conectado para 2022, algo que no sucedió. En la última tercera parte de su gobierno, tendrá que acelerar las acciones para, por lo menos, acercarse a ese objetivo.

Pocos confían en que logrará llegar a esa meta, pues se trata de una labor titánica que requiere enormes inversiones y política pública que las incentive. Sin embargo, el país carece de una institución gubernamental que guíe la visión del gobierno y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional es prácticamente un fantasma.

Como órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el que ha liderado los esfuerzos por promover el desarrollo digital y el diálogo con la industria, aunque con limitantes de competencia y de capacidad de acción. Además de que la política pública no es su responsabilidad, el IFT lleva más de dos años operando sin dos comisionadas en el Pleno, debido a que el Ejecutivo aún no las nombra.

La falta de institucionalidad y el debilitamiento del IFT reflejan desinterés real por parte del gobierno respecto de la política digital. No se ve como un elemento estratégico para el desarrollo económico y social del país, por lo que será difícil que se avance significativamente en el cierre de la brecha digital, pese a que sea la intención declarada.

Otros de los temas trascendentes que marcarán la agenda de 2023 en México es la Red Compartida, luego de que el gobierno anunciara en 2022 que rescataría y tomaría el control de Altán Redes, operador del proyecto. La red podría utilizarse para impulsar el programa de conectividad social del gobierno, pero el reto es resguardar la neutralidad competitiva en el mercado y lograr que la empresa sea financieramente sostenible.

Asimismo, luego del despliegue comercial de 5G por parte de Telcel en diferentes ciudades de México, se espera que el alcance de esta tecnología incremente y se exploren nuevos casos de uso para los sectores productivos y consumidores finales. Pero ello también dependerá de que en 2023 se lleve a cabo una licitación con más frecuencias para 5G y de que se fijen precios competitivos del espectro.

México es conocido por ser uno de los países con el espectro más caro de América Latina. De acuerdo con la GSMA, el costo anual de las frecuencias en la nación es el doble de la media en la región, si se toma en cuenta como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores. El alto precio de este recurso ha afectado negativamente la conectividad móvil en el país; si continúa así, podría ocasionar falta interés en posteriores subastas.

Algunos otros temas que se discutirán en 2023 en el mercado mexicano incluyen la regulación laboral de las plataformas digitales de transporte y entrega a domicilio, dado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se propone anunciar una ley en la materia muy pronto; el desarrollo de una Ley Federal de Ciberseguridad en el Congreso; al igual que la definición de la banda de 6 GHz, ya que se debate si permitir su uso no licenciado (WiFi 6E) en el rango completo u optar por un enfoque equilibrado que también contemple 5G.

[metaslider id=”177146″]

El primero de enero de 2023 será recordado como el día del fin del monopolio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) en Uruguay, pues entrará en juego la Rendición de Cuentas que cambió la Ley de Medios para que cableoperadores puedan solicitar licencias para dar Internet en el país. Cada empresa de este tipo podrá ofrecer, siempre que se apruebe su pedido, el servicio en igual área de cobertura que su licencia actual utilizando para ello redes ya desplegadas o futuras, propias o de terceros siempre que sea técnica y jurídicamente factible hacerlo.

El plan inicial del gobierno de Luis Lacalle Pou era derogar completamente la Ley de Medios promulgada en 2014, pero la propuesta no logró los votos necesarios durante la discusión del presupuesto. Esta situación encontrará nuevos capítulos en 2023. 

De hecho, se reactivó recientemente en el Congreso la discusión por una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que mantendrá en vilo al sector. Quizás allí se cumpla con el pedido de operadores que prestan servicios con tecnologías distintas a la satelital —DirecTV, Cablevisión y Claro— para sumar a su portafolio el segmento de banda ancha fija.

“La apertura debería concretarse en el otorgamiento de oportunas licencias a las empresas del sector, con flexibilidad y oportunidad de elegir las tecnologías y modelos de comercialización para la prestación de servicios”, resumió Maryleana Méndez, secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), en diálogo con DPL News. 

También hay quienes se mostraron preocupados por cómo fue redactado el nuevo artículo de la Ley de Medios, pues dice que los cableoperadores pueden pedir licencia para banda ancha y no que las recibirán efectivamente, lo que podría poner en el Ejecutivo el poder absoluto de decidir en cada caso. Así, la aplicación en campo de esta nueva norma marcará la realidad del sector en 2023.

La Rendición de Cuentas también generó otros cambios, como que los titulares de derechos de contenido podrán pedir medidas cautelares para protegerlos a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), entidad que evaluará la situación y hasta podrá “solicitar a proveedores de acceso a Internet inhabilitación en tiempo real del acceso a transmisiones ilegales de eventos en línea”; modificaciones a la Ley de Protección de Datos Personales y la creación de una Gestión Administrativa Digital, con el ojo puesto en “profundizar la transformación digital de la gestión administrativa de las organizaciones públicas”.

Por otra parte, 2022 fue el año de la activación de la portabilidad numérica como derecho para usuarios de telefonía móvil en Uruguay, pero no el de 5G. Aquí uno de los desafíos centrales para las autoridades para 2023: hacer disponible espectro compatible y comenzar a obtener los beneficios que promete la tecnología. 

En igual sentido, a la lista de retos debe incorporarse un pedido de larga data por parte de los privados: que se impongan obligaciones a la estatal a compartir su infraestructura para despliegues más eficientes que se traduzcan en nuevas oportunidades en el mercado local.

Uruguay presenta una muy buena base en términos de conectividad, pues la banda ancha es una realidad para la gran mayoría de la población y Antel incluso trabaja en convertir a fibra al poco más de 10 por ciento restante de la base de suscriptores a Internet que al momento utilizan otras tecnologías, con un esfuerzo fuertemente focalizado en el interior del país. 

Sobre esta base, el plan de Lacalle Pou es pasar al siguiente nivel y que Uruguay sea centro de la innovación en América Latina. Si cumple los retos, la premisa estará más cerca de materializarse en 2023.

[metaslider id=”177146″]

El sector de las telecomunicaciones de Perú seguirá siendo un caos. En vista de los acontecimientos recientes y la destitución del ex presidente Castillo, no se ve que pueda haber ninguna mejoría. Aunque quizás no con el mismo frenesí que hasta ahora, lo más probable es que siga habiendo una alta rotación de los funcionarios de la cartera telecom en el país sudamericano. 

A medida que continúan los procesos contra el presidente y algunos ex funcionarios permanecen presos, será muy difícil planear políticas de desarrollo digital a largo plazo. Ergo, el sector continuará paralizado y no se vislumbra que puedan destrabarse algunas acciones clave para la economía del país andino, como la subasta de espectro de AWS-3 y 2.3 GHz. No se ve tampoco una resolución próxima al problema de la operación y subutilización de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), ahora convertida en la Red Nacional del Estado (Rednace). 

De esta forma, ante la parálisis, la crisis y el caos del Estado, el principal empuje seguirá viniendo del sector privado. Para el caso específico del cierre digital en las zonas rurales, que es la principal tarea pendiente de Perú, continuará el despliegue y avance de los proyectos regionales de banda ancha, aunque con menor velocidad que la administración anterior, ya que el nuevo gobierno no los ha promovido tanto como su predecesor. 

Ahora bien, en cuanto al despliegue específico de la infraestructura móvil, puede esperarse que la iniciativa privada Internet Para Todos (IPT) siga teniendo un avance importante y conecte a un millón más de peruanos de zonas rurales en 2023. 

Sin embargo, pese a que el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones están detenidos, el Congreso peruano es un lugar boyante, donde se debaten algunas de las principales tendencias tecnológicas. 

Así, se prevé que seguirán presentándose proyectos de ley sobre una gran cantidad de temas, como teletrabajo, plataformas digitales, ciberseguridad y alfabetización digital.

Finalmente, cabe vaticinar que la ley que establece la velocidad mínima de 70 por ciento en los servicios de telecomunicaciones seguirá siendo un motivo de conflicto entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y las empresas. 

[metaslider id=”177146″]

La situación de España es mejor que en América Latina en prácticamente cualquier indicador TIC que se analice. En este contexto, con metas intermedias ya alcanzadas, el reto central del país será avanzar en su cobertura 5G a partir de la iniciativa de los privados y la disponibilidad de mayor cantidad de espectro, completar los despliegues de fibra óptica para mejorar la velocidad en sitios aislados o rurales y revisar la puesta en marcha de normativas que avanzaron durante 2022, como la Ley de Startups aprobada por el Congreso.

Mientras tanto, seguirá en el foco del debate la posibilidad de reglas para que las plataformas OTT aporten económicamente al despliegue de infraestructura para telecomunicaciones y se verán plasmadas otras propuestas que surgen de los cambios en la Ley Audiovisual y en la de Telecomunicaciones, como un nuevo concepto de servicio universal, la promesa de que España será Hub Audiovisual de Europa y artículos a favor de facilitar el despliegue y adopción con, por ejemplo, reglas a favor de acuerdos de co-inversión y compartición.

También están a la vista las adecuaciones locales a las normativas comunitarias, sobre todo en materia de servicios digitales. 

Los cambios se verán en la cancha en un año electoral y bajo una premisa que España defiende ante el mundo: la recuperación de los daños que dejó la pandemia será en clave digital y sostenible. 

Los pasos dados por el gobierno local son en ese sentido, con un sinfín de programas y proyectos públicos y público-privados con foco en una llegada más masiva de soluciones digitales y nuevas herramientas para que los usuarios puedan hacer un uso pleno de la tecnología, un desafío que se repite en boca de las autoridades locales.

Los operadores buscan su espacio en nuevos negocios, como la energía eléctrica, ante las dificultades para luchar en un mercado altamente competitivo. 

Así como MásMóvil se quedó con Euskaltel, el próximo paso de consolidación tendrá lugar en 2023: Orange se unirá con MásMóvil en una operación de más de 18 mil 600  millones de euros que dejará a la resultante como líder en al menos dos mercados tradicionales y casi un cuarto de los ingresos minoristas de telecomunicaciones.

En el plano fijo, la fibra óptica es una realidad para 81 por ciento de los 16.4 millones de accesos locales y el plan del gobierno es la universalización de accesos a 100 Mbps en un año. 

En tanto, 5G avanza con despliegues de todos los operadores con red propia y su posibilidad de utilizar múltiples bandas para brindar el servicio. España ya entregó espectro en la banda de 3.5 GHz (2018 y 2021), en 700 MHz (2021) y habrá terminado 2022 con la adjudicacion de la banda de 26 GHz en el proceso más resistido por los operadores, que pidieron en la consulta previa esperar a que “haya mercado” para lanzar el proceso.

[metaslider id=”177146″]

El gobierno ecuatoriano mantiene su plan de inversión de 48 millones de dólares hasta 2025 para ampliar la conectividad digital en el país. Esta inversión estará destinada a la expansión de puntos de acceso gratuito WiFi. Además, en su Agenda de Transformación Digital 2022-2025, el gobierno prometió promover el desarrollo de infraestructura digital como soporte de la conectividad y los sistemas de información. En este campo, el Mintel trabajará junto con otras dependencias para aumentar el acceso a las redes de banda ancha de alta capacidad y de forma asequible, poniendo énfasis en las zonas rurales.

Por ahora no se vislumbra la posibilidad de 5G en Ecuador, ni por iniciativa del gobierno a una licitación ni tampoco por pruebas de los operadores. Esto podría causar que el país quede rezagado frente a otras naciones de la región que sí avanzaron y avanzarán en 2023 en la nueva tecnología.

En cuestiones regulatorias, en 2023 se verán debates por la fiscalidad del sector. El plan de ingresos y gastos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2023 señala que el Estado ecuatoriano se encuentra en proceso de renegociación de los contratos con las telefónicas privadas que operan en el país: Otecel (Movistar) y Conecel (Claro).

Según Finanzas, estos contratos contendrán los términos y condiciones de los derechos de concesión en los ámbitos económico, técnico y jurídico, relacionados con el mejoramiento de la conectividad y reducción de la brecha digital en Ecuador, aspectos que se comprometerán a cumplir los operadores a partir de 2023. 

El proyecto señala que por este concepto se estiman ingresos por renovación de contratos de concesiones de telecomunicaciones por un valor aproximado de 101 millones de dólares, un monto que resulta demasiado alto para los operadores ecuatorianos.

Otro tema que podría perjudicar al sector en 2023 es la derogación de la Ley de Desarrollo Económico. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó derogar la reforma tributaria que impulsó el presidente Guillermo Lasso, vigente desde noviembre de 2021. Si bien aún no está confirmado el veto de Lasso, si sale adelante la derogación a la reforma, se podría eliminar la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Desde diciembre de 2021 los operadores eliminaron de sus tarifas el ICE a los servicios de telefonía móvil y fija.

También resta ver qué ocurrirá con la empresa pública CNT. Antes de que asumiera Lasso, la empresa estaba en proceso de elegir un operador privado para su gestión. Con la llegada del nuevo gobierno, el proceso se paralizó, aunque desde la administración mantienen la propuesta de elegir la mejor opción para la compañía. 

[metaslider id=”177146″]

Con la campana 5G sonando oficialmente desde diciembre de 2022, y la subasta de espectro compatible completada antes que ningún otro en la región, Chile ha encontrado en 2022 el desafío del despliegue de la tecnología que todavía es un pendiente para buena parte de sus pares en América Latina. Tres operadores ya ofrecen servicios 5G en el país —Entel, Movistar y Wom— mientras que Claro se propone hacerlo pronto.

El mayor alcance de la tecnología beneficia a más personas y promete encontrar en las verticales la carta de monetización que tanto necesitan los operadores. Ya hay laboratorios, observatorios y el diálogo público-privado se ha convertido en una herramienta fundamental para que Chile se ubique un paso por delante en la región en aspectos relacionados con 5G. Además, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) revisa detalles para poner en marcha una nueva subasta que involucrará 50 MHz de espectro en la banda de 3.5 GHz.

El cambio de autoridades gubernamentales en marzo puso en agenda algunos temas que seguramente seguirán en debate en 2023: la posibilidad de crear una empresa de telecomunicaciones pública con foco en fibra, que se reduzca el plazo de otorgamiento de licencias para operadores y que Internet sea un servicio público estarán en la lista de temas a tratar en 2023, aunque el buen desempeño del mercado podría mover las acciones hacia temáticas más compatibles con los intereses de los privados.

El mundo telco se mueve hacia estrategias enfocadas más en negocios que en activos y Chile no es la excepción, más bien todo lo contrario: en 2021 nació On*Net como dueña de la fibra de Movistar y en 2022 Entel también le vendió sus activos a la firma conjunta entre Telefónica y KKR para concentrarse en el core del negocio. En 2023 se presentará seguramente el tercer socio de On*Net en el país, que se propone una fibra que alcance la gran mayoría de la población en el corto plazo. La fibra óptica ya representa más de 60 por ciento de los accesos a banda ancha fija en el país.

En 2023 también se prevé que se complete el acuerdo entre Claro y VTR, que ya avanzó durante el segundo semestre de 2022. Se materializará en una joint venture conformada en partes iguales que quedará en el podio de todos los servicios: tercero en el plano móvil, segundo en telefonía fija y líder en banda ancha fija y TV de paga. 

Para completar la fusión, las partes deberán deshacerse del negocio de TV de paga satelital con el que cuenta la filial de América Móvil y devolver 10 MHz de espectro en la banda de 3.5 GHz y otros 10 MHz en AWS, lo que también traerá consigo movimientos en términos de usuarios y espectro en el país.

En síntesis, los retos superados en los últimos 12 meses ponen a Chile en buena posición dentro de la región y su misión será seguir creciendo para avanzar hacia desafíos de mayor nivel y comparar sus cifras y expectativas con las de los países de la OCDE, bloque del que es miembro desde hace más de una década.

[metaslider id=”177146″]

Con años de rezago en comparación con otras regiones, el sector de las telecomunicaciones en Centroamérica ha tenido un leve desarrollo tecnológico; sin embargo, la región continúa enfrentando varias dificultades, aunado a los retos económicos y sociales que se dieron durante la crisis sanitaria de la Covid-19.

El panorama en el sector es incierto, sobre todo en aquellos países donde la política ejerce presión para evitar el avance tecnológico. 

Durante 2022, los países de la región lograron avanzar a la transición tecnológica.

Tal es el caso de Guatemala que, a pesar de presentar un retraso en la asignación de espectro, los principales operadores de telecomunicaciones, Claro y Tigo, lanzaron servicios de quinta generación mediante sus redes 4G LTE e infraestructura existente. 

Por otra parte, luego de varios retrasos, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) de Guatemala anunció que retomó el proceso de subasta de 48 frecuencias radioeléctricas y asignará 120 MHz en la banda de 2.5/2.6 GHz. 

Otros mercados como El Salvador también anunciaron reformas a la Ley de Telecomunicaciones. El presidente Nayib Bukele envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa que obliga a los operadores a llevar un registro de sus usuarios.

Además, Telefónica (Movistar) también anunció el inicio del despliegue de su tecnología 5G. Si bien en el país aún no hay espectro disponible para la tecnología móvil, el operador informó que, con la instalación de la infraestructura, que ya se encuentra en ejecución, continuará a lo largo de 2023. 

En el caso de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) dio a conocer que recuperará espectro radioeléctrico para impulsar el desarrollo y la expansión de los servicios móviles en el país. 

Para finalizar el año, Telcor reservó las bandas de frecuencias de 3,400 a 3,600 MHz y 3,600 a 3,700 MHz para el despliegue de redes 5G, propone elaborar los mecanismos y reglas para la asignación del espectro radioeléctrico identificado para dicha tecnología en línea con su Plan Nacional de Desarrollo.

Honduras también avanzó y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) elaboró una propuesta que busca modificar el reglamento de acceso y uso compartido de las redes de telecomunicaciones, para fomentar la competencia en los mercados locales. Al mismo tiempo, puso a consulta pública el Anteproyecto de Resolución que Modifica el Reglamento de Tarifas y Costos de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y sus Reformas. 

Para 2023, los gobiernos centroamericanos presentan grandes desafíos ante la falta de modernización de sus marcos regulatorios; la conectividad, la accesibilidad y la infraestructura son clave para avanzar en el desarrollo tecnológico. 

Un estudio realizado por la consultora Telecom Advisory Services muestra la necesidad de reformular dichos marcos regulatorios para lograr un aceleramiento en el despliegue de redes y en el desarrollo de la economía digital. 

El punto más urgente es el espectro radioeléctrico. Actualmente, la región cuenta con insuficientes cantidades de espectro a un costo muy elevado, lo que limita la capacidad financiera para invertir. Reducir los precios del espectro ayudará a estimular la inversión, mientras que las reformas fiscales pueden ser muy efectivas para incrementar la penetración.

[metaslider id=”177146″]

Desde su candidatura y tras la toma de posesión como Presidente de Colombia, Gustavo Petro y su equipo de transformación digital, liderado por Saúl Kattán y Sandra Urrutia, Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), han hablado del reto que representa conectar el país y llevar a cabo, por fin, la subasta del espectro, una acción necesaria que los gobiernos anteriores postergaron hasta ahora. 

Para lograrlo, la Ministra TIC lleva a cabo diálogos regionales vinculantes y reuniones con los operadores de Internet y comunitarios para definir acciones conjuntas y cumplir las metas del Gobierno Nacional a partir de las necesidades de cada territorio. 

En este sentido, el primer semestre de 2023 será decisivo para el avance de algunos compromisos digitales que tiene el gobierno y, sobre todo, cumplir con fechas que ellos mismo se han fijado, pero que el país espera desde antes de su llegada. 

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) está a cargo de definir los precios del espectro y se ha comprometido a tener una cifra definida durante enero de 2023. Por ahora, se avanza en el estudio de las condiciones de mercado y se revisan los criterios que establece la ley para maximizar el bienestar social.

Sin embargo, la industria TIC del país le ha solicitado a la ANE realizar una investigación que defina valores del espectro justos para todas las partes y que garanticen una inversión a largo plazo por parte de los operadores.  

Por otro lado, el consejero para la transformación digital, Saúl Kattán, anunció que Colombia liberó la banda de 6 GHz para WiFi 6 para el uso sin licencia por tecnologías como WiFi 6E.

Una decisión que ambos, Urrutia y Kattán, definieron como “acertada”, dado que favorecerá la conectividad inalámbrica, pues dinamiza el ecosistema digital y ayuda a sumar acciones para cerrar la brecha digital en el país, puesto que los pequeños operadores podrán aprovechar el espectro para mejorar la conectividad inalámbrica en las comunidades sin acceso a Internet o con servicios deficientes.

Sin embargo, es necesario recordar los retos económicos que el próximo año enfrentará Colombia y todos los países de la región, pues la inflación y la reciente aprobación de la reforma tributaria que impone un nuevo rubro a las plataformas digitales, puede impactar las inversiones de este sector y encarecer los costos de despliegue de infraestructura en 2023.

[metaslider id=”177146″]