*Por Violeta Contreras y Nicolás Larocca
El izquierdista Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile. En la segunda vuelta de las elecciones realizada este domingo 19 de diciembre, el diputado de 35 años de edad se impuso con el 55.8 por ciento de los votos válidos ante el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y asumirá funciones en marzo de 2022.
Boric no sólo será el presidente más joven del país, sino que representa una generación de políticos jóvenes que quieren transformar la estructura del Estado e impulsar cambios sociales profundos. “Esperemos hacerlo mejor”, fue lo que dijo en su primer cruce como electo con el actual mandatario Sebastian Piñera.
Dentro de su programa de gobierno, el candidato propone una agenda de transformación digital, con el foco en cerrar brechas tecnológicas que excluyen a la población más vulnerable, y garantizar una gama de derechos digitales, entendidos como una ampliación de los ya existentes, considerando el impacto de las tecnologías sobre el ejercicio de los derechos.
Internet será considerado un servicio básico, al igual que la infraestructura digital que lo soporta. Bajo esta visión, Boric contempla lograr una cobertura universal, destinando subsidios cuando sea necesario. El Senado de Chile ya discutía un proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público, por lo que, si no se aprueba antes, esa aspiración podría ganar fuerza en el país en el nuevo gobierno, como ya se ha legislado en otras naciones latinoamericanas (Colombia, recientemente).
Disminuir todas las brechas existentes fue casi una bandera de campaña del candidato de izquierda, quien llegará al gobierno como un representante del cambio generacional que se demandó en las calles durante las protestas sociales en 2019.
Su triunfo se dio pocos días después de que el país encendiera su red 5G y, como consecuencia, uno de sus retos directos en materia de telecomunicaciones será la implementación y masificación de esta tecnología, que deberá estar disponible para al menos el 90 por ciento de la población.
El término “5G” aparece cuatro veces en el programa de campaña de Boric, en el cual advierte que “priorizará el uso y cobertura de la tecnología para uso educacional, de salud, domiciliario y empresarial en los lugares donde no haya cobertura de fibra óptica, y que incentive la innovación tecnológica, ayude a agregar valor a los procesos y mejore la productividad”. También habla de impulsar su investigación y desarrollo en universidades y centros de investigación.
Aun con 5G como objetivo obligado, la carta más fuerte de Boric en materia TIC es que buscará crear una empresa estatal de redes de telecomunicaciones, “orientada a la ejecución de proyectos de infraestructura troncal pública y a la operación de fibra óptica”, de cara al reto de “garantizar Internet como un servicio básico, mejorando la cobertura y estándares de calidad en todas las comunas del país para que no haya más zonas rojas sin señal en la periferia de ciudades, áreas rurales y zonas extremas”.
La propuesta refleja el espíritu político de Boric al pretender reforzar el papel del Estado en un sector clave. Pero será un planteamiento controversial en cuanto avance para concretarlo, pues, en su mayoría, las paraestatales en telecomunicaciones han fracaso o han presentado serios problemas financieros y operativos en la región. Contrario a esa tendencia, Chile, hasta ahora, se ha caracterizado por un panorama sectorial más equilibrado, recurriendo a otras medidas para cerrar la brecha digital.
Otra de las promesas de Gabriel Boric es modernizar la ley sectorial. Aunque en general parece una propuesta atractiva, en los detalles existen planteamientos problemáticos que afectarán el desarrollo de las telecomunicaciones. El futuro presidente quiere “reducir la duración de las licencias de 30 a 15 años, para que el Estado pueda hacer un uso estratégico de esos bienes”. Además, habrá una nueva política de recaudación que podría considerar cambios en materia de espectro.
También se contemplan otras políticas de corte social que tocarán al sector, como el objetivo de establecer una “nueva regulación para la compartición de infraestructura para reducir el costo de la inversión en despliegue” y mecanismos de subsidios para las cuentas de familias sin capacidad de pago, lo que sería una ampliación de programas que resultaron habituales durante la pandemia de Covid-19. Abordar “zonas rojas” e incorporar una suerte de mapa nacional de conectividad aparecen en el listado.
Como parte de su “plan de transformación digital hacia un modelo de desarrollo justo y sostenible”, Gabriel Boric también apuntará a duplicar el presupuesto en ciencia y tecnología, implementar una política nacional de ciberseguridad y acompañar la digitalización de las pymes.
La justificación de estos ejes estratégicos, de acuerdo con el documento, es que “un 17.7 por ciento de la población no usa Internet, la provisión de tecnologías digitales se ha concentrado en las grandes empresas y las brechas digitales se relacionan con factores de género, clase social, educación, edad y segregación territorial, entre otras”.
Desde el 11 de marzo, Boric asumirá la presidencia con la región mirando a Chile por sus avances de líder en la subasta de espectro y el despliegue de 5G, pero con otros objetivos en la manga que traerán cola desde el momento exacto en que se mencione como una meta concreta ―la creación de una paraestatal y la reducción de la duración de las licencias.
También llegará a liderar el país con las ideas de universalizar Internet, reducir las brechas existentes y garantizar derechos digitales, un trinomio que forma parte de las buenas prácticas en materia sectorial. Boric tendrá el respaldo de la Convención Constituyente.
En noviembre de 2019, el futuro presidente firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, mostrando su apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna. Al interior de la Convención, Boric mantiene buenas relaciones con los distintos representantes y la Mesa Directiva.
En ese sentido, varios de los cambios ―en materia digital y del programa general― que promoverá el candidato electo se harán en mancuerna con la Convención, y tendrá el desafío de acompañar el proceso constituyente y la posterior transición constitucional, que exigirá ajustar el ordenamiento jurídico de Chile.
