Tres proyectos de alta prioridad en la agenda hicieron de bosque para tapar el árbol 5G en Uruguay. El país fue pionero en América Latina con el lanzamiento de algunas estaciones bases de la mano del operador público Antel y, aún sin fechas ni detalles precisos, se meterá pronto en la aventura de adjudicar espectro compatible con la tecnología.
La Ley de Urgente Consideración, la actualización en proceso y largamente debatida de la Ley de Medios, y la Rendición de Cuentas –que se discutirá desde este miércoles en el Senado– sirven de contexto para hablar de la quinta generación móvil en Uruguay pero, al mismo tiempo, notar que ningún artículo refiere especificamente a la nueva tecnología.
Dicho sea de paso, sí se mencionan otros puntos relevantes para el sector. El documento en revisión de la Rendición de Cuentas mantiene como propuesta la creación de un Fondo de Servicio Universal, y el borrador de la Ley de Medios –aún en discusión– incluye que prestadores de TV puedan brindar servicios de banda ancha –al momento, sólo contempla que puedan hacerlo en su zona de cobertura. Y es que hasta el momento, Antel mantiene el monopolio de la conectividad fija.
Para 5G, más que por lo que dicen, los textos mencionados son relevantes por lo que no dicen. De aprobarse sin cambios, la nueva Ley de Medios no instará a Antel a compartir infraestructura a privados. Este concepto iba a ser incorporado en la vigente Ley de Urgente Consideración, pero fue retirado de ese texto para agilizar su aprobación.
Pionero. Los pasos de Uruguay en 5G comenzaron antes, pero fue noticia internacional en abril de 2019. “Con el soporte de Nokia, Antel completó con éxito la instalación de la primera red comercial 5G en América Latina”, anunció la compañía. El despliegue comenzó en La Barra de Maldonado y en Nueva Palmira y “se extenderá en breve al resto del país”, prometió.
Diez años después de obtener un mote similar con LTE, la estatal uruguaya utilizó la banda de 28 GHz, con favor del Estado, para llegar primero que el resto en materia de 5G a escala regional. Luego se sumarían algunos otros casos y este año incluso se completó la subasta de espectro compatible en Chile, y se espera que pronto ocurra lo mismo en Brasil y Perú, entre otros.
Expansión. Pocos días después del anuncio, fue el entonces Presidente de Antel, Andres Tolosa, quien puso paños fríos al asunto. Uruguay podría demorar más de cinco años en tener una cobertura nacional 5G, dijo. ¿Cinco años en un país de 176 mil kilómetros cuadrados? Sí. Su argumento fue el mismo que hoy utilizan los que prefieren esperar un tiempo para abrir licitaciones 5G de cara a despliegues no independientes: “Tenemos 4G, pero no en todas las zonas”.
Cerca del brindis por el fin de la década, Uruguay subastó bloques de espectro en las bandas de 1.8 GHz –no se adjudicó–, AWS y 2.5 GHz, y luego la pandemia hizo su parte para dejar de hablar de despliegues por un tiempo. Hubo cambio de gobierno y los debates normativos ganaron espacio mientras el título de pionero fue suficiente para mantener a Uruguay entre los casos destacados de la región.
Presente. Uruguay llega al presente con el diploma de primero y pruebas desarrolladas por los operadores. La fecha de la próxima subasta es una incógnita y no están definidas qué bandas entrarán en juego, aunque, “en principio, estamos apuntando a 3.5 GHz”, anticipó a DPL News, la Presidenta del regulador Ursec, Mercedes Aramendía.
Antel destaca en la región por ser una de las pocas estatales con buena capacidad de inversión en el sector, y así como encendió las primeras radiobases, podría seguir por ese camino. Además, tal como ocurrió en el pasado, podría tener ventajas competitivas para acceder a más espectro que los privados en los procesos de adjudicación.
Claro anunció en julio de 2021 que ya está probando 5G en Uruguay y agregó que revisará en esta etapa aspectos técnicos, como eventuales riesgos de interferencia. Movistar no habla mucho del tema, su situación es particular: podría irse del país pronto si alguno de los interesados, entre ellos Telecom Argentina y el Grupo Olmos (también argentino), hace una oferta que convenza a su matriz, Telefónica.
Aquí entran en juego las normas de las que se habló antes y su alcance. ¿Cómo harán los privados para avanzar en 5G si no se obliga a Antel abrir su infraestructura de fibra? Esto aun a plena consciencia de que la poca cantidad de habitantes que tiene, su tamaño y sus características geográficas son una buena noticia a la hora de hablar de despliegues.
La fibra óptica es fundamental para los despliegues de 5G, eso no es novedad, y que Antel no tenga obligación de compartir es un hecho del que se han quejado las empresas en repetidas oportunidades. El punto fue, es y será largamente debatido en distintos ámbitos y niveles, y el poco acuerdo sobre el caso está sobre la mesa. Desde el punto de vista de la extensión del servicio 5G y la disponibilidad para los usuarios, sería del todo ineficiente que, habiendo una red troncal de fibra construida, esta no se comparta en condiciones adecuadas de mercado y los operadores móviles privados se vean abocados a replicar una red de fibra paralela, lo que sin duda retrasaría los despliegues y encarecería los servicios al limitar la competencia.
No es el objetivo de esta nota, pero en otro momento se podría aventurar sobre el futuro de un mercado con reglas como las establecidas al momento. ¿Qué pasará con los prestadores de TV si no pueden dar banda ancha en todos lados? ¿Quién viene si se va Movistar? ¿Será Uruguay una suerte de duopolio como ya ha ocurrido en sitios de Centroamérica de los que Telefónica ya se fue?
Futuro. Después del recreo es necesario volver al foco. No parece haber sentido –ni dinero– para implementar redes donde ya ha desplegado otro y hay casos internacionales suficientes para entender que la tendencia es hacia ideas innovadoras y en las que conceptos como ayuda, cooperación y compartición sean la regla y no la excepción. Uruguay no tiene mayores argumentos para escapar a esta lógica.
Según especialistas consultados, la compartición para el acceso redundaría en mayores ingresos para quien posee la red –lo que generaría nuevas inversiones–, y facilitaría la competencia, el despliegue y la asequibilidad de los servicios de todos los operadores involucrados.
Con la licitación a la vuelta de la esquina, los operadores privados deben tener una estrategia para ambos escenarios. El primero es que el documento final de Ley de Medios incorpore este apartado, lo que redundaría en un posterior despliegue más eficiente y un 5G como realidad definitiva en menor tiempo en Uruguay. El otro caso, que todo siga como hasta el momento.
En ese segundo escenario, advierten los especialistas, los privados tendrían dos caminos: hacer el despliegue propio de fibra, con mayor inversión y más tiempo, y concentrarlo en zonas de alta rentabilidad o rápida recuperación; o bien, utilizar soluciones de microondas para conectar las radiobases, lo que no tendría el mismo efecto en calidad, pero sí permitiría un despliegue más veloz.
La decisión dependerá de varios factores, entre ellos, qué espectro entrará en juego en el proceso de licitación, las condiciones de acceso a ese espectro por parte de todos los interesados, el precio por el que se pondrá a disposición y si habrá o no condiciones de cobertura y cuáles, en qué tiempo y con cuánto peso en la propuesta formal.
Así las cosas, el país ha marchado de buena forma en el camino hacia 5G. El mayor nivel de fibra desplegada de la región en relación con su población, pruebas avanzadas y características particulares lo ponen en la vereda de los que tienen alto potencial en la materia. Se presentan desafíos, claro, pero la pandemia despejó dudas sobre la importancia de las telecomunicaciones: Uruguay parece tener la llave para aprovechar las oportunidades de 5G; debe abrir la puerta.
