martes, noviembre 29, 2022
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Uruguay | Cableoperadores podrán solicitar licencias para dar Internet desde 2023

El presidente Luis Lacalle Pou promulgó la Ley de Rendición de Cuentas tras finalizado el trámite parlamentario.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, firmó la ley 20,075, dando luz verde definitiva a la Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal del ejercicio 2021, que se debatió previamente en ambas cámaras. El cambio fundamental en materia TIC es la habilitación para que cableoperadores puedan solicitar licencias para dar Internet, pero hay otros puntos que atañen al sector. Las medidas regirán desde el primero de enero de 2023, que quedará en el calendario como el día del fin del monopolio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).

Finalmente quedó marcado en el ítem 240 el apartado que señala expresamente que “los titulares de servicios de comunicación audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet”. Podrán hacerlo con redes propias, despliegues futuros o recursos que contraten con terceros y en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia, contemplando que sea técnica y juridicamente factible hacerlo.

La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) celebró la novedad, que no terminó por convencer a todos los actores. Que los prestadores puedan pedir no significa que tendrán la licencia y eso llamó la atención de personalidades de entidades como Observacom, quienes marcaron que la redacción del artículo podría poner en manos del Ejecutivo la opción de dar o rechazar solicitudes a su gusto y preferencia; también señalaron que el artículo no deja de lado expresamente la opción de que también lo pidan otras compañías.

DirecTV y Cablevisión pidieron autorización para dar Internet en Uruguay y sus solicitudes le fueron denegadas. Ellos y Claro son la otra cara del descontento: ¿por qué el artículo no autoriza a todos y los operadores que prestan el servicio vía satélite no fueron contemplados? La medida, que se tomó tras varios proyectos con intenciones similares, también quedó a medio camino de la idea inicial del gobierno de Lacalle Pou, que era derogar por completo la Ley de Medios.

“La apertura debería concretarse en el otorgamiento de oportunas licencias a las empresas del sector, con flexibilidad y oportunidad de elegir las tecnologías y modelos de comercialización para la prestación de los servicios”, señaló Maryleana Méndez, secretaria General de Asiet, en diálogo con DPL News. La ejecutiva valoró que “ha habido importantes avances para el desarrollo del sector durante esta administración” y pidió que los marcos regulatorios sean pensados “con el usuario en el centro”. Sobre lo que viene, dijo que “hay retos por delante, como la próxima licitación para 5G o la actualización de la ley de Medios, pendiente de retomar el debate en el Congreso. Es necesario continuar con los avances hacia un marco normativo completo y consistente”.

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El bloqueo de contenidos fue otro punto de debate. Inicialmente había tres artículos relacionados con este tema y finalmente quedó uno, el número 233, que marca que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) podrá solicitar a proveedores de acceso a Internet inhabilitación en tiempo real del acceso a transmisiones ilegales de eventos deportivos en línea. “Los titulares de los derechos vulnerados tendrán que presentar solicitud y la Ursec podrá dictar medidas cautelares para proteger los derechos”, indica el ítem y agrega que el Ejecutivo reglamentará la disposición en un plazo no mayor de 120 días.

Raúl Echeberría, director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), habló con DPL News sobre la redacción final del artículo 233, que sufrió varias modificaciones en su trámite parlamentario. “Fuimos escuchados. Se hicieron cambios que disminuyen considerablemente el riesgo de afectación de contenidos legales. Creo que la solución no es la mejor pero se mejoró significativamente respecto de las redacciones previas”, indicó el ejecutivo, quien valoró que “hubo diálogo durante todo el tratamiento del proyecto”.

Sobre lo pendiente, consideró que “hace falta legislación de limitación de responsabilidad de intermediarios. Había una oportunidad, en uno de los artículos eliminados estaba contemplada una cláusula en este sentido. Es un tema que hay que resolver en toda la región”. En cuanto a la reglamentación, hizo énfasis en que lo importante es que “se conserve el espíritu de lo aprobado y no se agregue complejidad ni se intente expandir el alcance del artículo original con su reglamentación”.

Además, se sustituirá desde el primer día del año próximo (artículos 62 y 63) la ley de Protección de Datos Personales. Se modificarán especificaciones del apartado 13 de esa normativa, relacionadas al derecho de información; y del 34, que señala las acciones a cargo del órgano de control. Sobre esto, Echeberría consideró que “la redacción original ponía demasiadas exigencias en transparencia que no sumaban al objetivo y se generaron enmiendas muy positivas. Tampoco es el 100 por ciento de lo que pretendíamos: habría que ser más enfático en que los requisitos que se incluyen son para decisiones totalmente automatizadas, porque automatizadas son todas, y las exigencias de transparencia algorítmica tendrían que tener limitaciones de negocio para no restringir la inversión e innovación”.

También hay otros cambios que atañen a la realidad de los actores del sector, entre ellos que sus funcionarios públicos que estén desempeñando tareas en comisión por tres años dentro de la Ursec podrán solicitar su incorporación definitiva, o la creación de la iniciativa Gestión Administrativa Digital, dentro de Agesic, con el ojo puesto en “profundizar la transformación digital de la gestión administrativa de las organizaciones públicas, considerando marcos de referencia, procesos, personas y soluciones.

No se analizó en esta Rendición de Cuentas, como sí sucedió el año pasado, la posibilidad de crear un Fondo Nacional de Telecomunicaciones o que el Ejecutivo deba autorizar cualquier tipo de transferencia de titularidad de servicios de telecomunicaciones en el mercado uruguayo. Tampoco se habló de obligaciones en materia de infraestructura para Antel, un viejo pedido de los privados para cumplir el desafío de cerrar definitivamente la brecha digital. La estatal, también constó en los informes de la nueva Rendición, perseguirá en 2023 objetivos como expandir su red para sumar clientes, fibra con foco en el interior y la adquisición de equipos para el avance de 5G.

Nicolás Larocca
Nicolás Larocca
Licenciado en Comunicación Audiovisual, periodista y locutor integral. Analista con más de nueve años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones en Iberoamérica. Se ha desempeñado en diversos medios radiales, digitales y en gráfica como productor, redactor y editor de contenidos. Participó de eventos de relevancia internacional como Futurecom, ABTA Expo & Conference, el Congreso Latinoamericano de Satélites, Punta Show Summit y más de 100 congresos con temática TIC en Argentina.

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