Durante el primer trimestre de 2026, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) abrió una consulta pública destinada a evaluar la eventual habilitación de la banda de 600 MHz para servicios móviles internacionales (IMT) en Chile. Se trata de una discusión eminentemente técnica, pero con profundas implicaciones estratégicas para el futuro de la conectividad digital en el país.
Con el cambio de gobierno ocurrido el 11 de marzo, el debate pareció enfriarse o quedar en el olvido. Sin embargo, la urgencia de discutirlo permanece intacta. Más temprano que tarde, Chile deberá decidir qué hacer con una de las porciones más valiosas del espectro radioeléctrico.
No resulta exagerado afirmar que la banda de 600 MHz constituye la última gran frontera del espectro móvil en la denominada macrobanda baja, esto es, aquella ubicada por debajo de 1 GHz. Y ello es especialmente relevante para el despliegue de redes LTE y 5G.
¿Por qué esta banda es tan importante?
Porque las frecuencias bajas poseen características únicas: permiten cubrir grandes extensiones geográficas con menos infraestructura, penetran mejor al interior de edificios y reducen significativamente los costos de despliegue en zonas rurales o de baja densidad poblacional.
En términos simples, una red desplegada en 600 MHz requiere menos sitios y menos antenas para cubrir la misma superficie que otras bandas de frecuencias más elevadas.
Por esta razón, numerosos actores de la industria telco sostienen que la banda de 600 MHz debiera ser prioritaria para el futuro desarrollo de las redes móviles, particularmente considerando el crecimiento sostenido del tráfico de datos, la masificación de 5G y las futuras aplicaciones industriales de la conectividad.
Sin embargo, el problema es que esta banda no está actualmente disponible. Tiene moradores.
En efecto, el mencionado segmento comprendido entre los 614 y 698 MHz —equivalente a los canales 38 al 51 de la Televisión Digital Terrestre— se encuentra ocupado por concesiones vigentes de radiodifusión televisiva de libre recepción.
Se trata, por tanto, de espectro efectivamente utilizado, respaldado por derechos concesionales y por un ecosistema tecnológico cuya implementación concluyó hace relativamente pocos años.
Por ello, el debate sobre la banda de 600 MHz no puede reducirse a una simple disputa entre televisión y telecomunicaciones.
La postura del gremio televisivo
La Asociación Nacional de Televisión (Anatel) ha advertido que un eventual despeje de esta banda podría afectar derechos adquiridos, generar elevados costos de migración, comprometer la continuidad del servicio y trasladar importantes costos a los hogares, derivados del reemplazo o adaptación de equipos receptores.
Estos argumentos merecen ser tomados en serio. En efecto, la televisión abierta continúa desempeñando un rol social relevante, especialmente en zonas rurales, durante situaciones de emergencia y respecto de personas que no cuentan con acceso permanente a plataformas digitales. Ignorar esta realidad sería un error de novato.
Pero reconocer la importancia de la televisión abierta no significa renunciar a discutir el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Después de todo, el espectro es un bien nacional de uso público, escaso por naturaleza, cuya administración corresponde al Estado a través de la Subtel. Esta no puede renunciar a su misión por no herir sensibilidades y pretender llevar la fiesta en paz.
La pregunta de fondo es otra: ¿sigue siendo la actual distribución del espectro la asignación socialmente más eficiente de este recurso? ¿O resulta necesario, preservando adecuadamente la continuidad de la televisión abierta, iniciar una transición gradual hacia nuevos usos que respondan a las crecientes necesidades de conectividad digital?
La experiencia internacional demuestra que los denominados dividendos digitales no constituyen una anomalía regulatoria, sino una consecuencia natural de la evolución tecnológica y de los cambios en los hábitos de consumo audiovisual.
El tránsito desde la televisión analógica a la televisión digital, entre 2013 y 2017, permitió liberar la banda de 700 MHz para servicios móviles. La discusión sobre la banda de 600 MHz podría representar el próximo gran dividendo digital para Chile.
Los cuidados del proceso
Un proceso de esta naturaleza, como es obvio, no puede improvisarse. Parece razonable comenzar a construir una hoja de ruta de largo plazo que considere, al menos, el congelamiento de nuevas asignaciones de televisión digital en el segmento 614 y 698 MHz.
También, el fomento de mecanismos de uso eficiente del espectro televisivo, incluyendo la compartición de infraestructura y la multiplexación de señales. Asimismo, planes regionales de migración y mecanismos objetivos de financiamiento que permitan costear el eventual despeje de la banda.
También será inevitable abrir otras discusiones regulatorias.
Una de ellas es la relación con los límites máximos de tenencia de espectro en la primera macrobanda. La Corte Suprema fijó en 2020 un cap de 32%, equivalente actualmente a 51,2 MHz por operador móvil, para la macrobanda baja (inferior a 1 GHz). En esa macrobanda conviven hoy Entel (40 MHz), Movistar (45 MHz), WOM (20 MHz) y Claro (45 MHz), todos dando pleno cumplimiento al cap de rigor para dicha porción de frecuencias.
Con todo, si la banda de 600 MHz se incorpora efectivamente al mercado móvil, será inevitable preguntarse si los actuales límites máximos de tenencia de espectro continúan siendo adecuados. Probablemente, sí.
Ello porque la Corte Suprema no fijó caps absolutos o estáticos, sino porcentuales. En otras palabras, mientras mayor sea la cantidad de espectro disponible en el mercado, mayor será también el umbral máximo que podrá concentrar cada operador.
Pero no todo lo que brilla es oro. Pensemos con un ejemplo práctico: si se hace un ejercicio de disponibilizar sólo 10+10 MHz (20 MHz en total) para cada operador, el caps sube tan solo a 57,6 MHz. Con lo cual, las empresas Claro, Movistar y Entel —que hoy tienen 45, 45 y 40 MHz, respectivamente— no podrían llevarse esos 20 MHz.
Les convendría, entonces, optar por bloques más pequeños, de 5+5 MHz, aunque en ese caso la inversión requerida para desplegar la red resulta elevada frente a la ganancia marginal de espectro obtenida.
Otra discusión igualmente relevante se refiere a la necesidad de avanzar hacia un verdadero mercado secundario del espectro radioeléctrico.
En términos simples, ello permitiría que los titulares de derechos de uso de espectro puedan arrendar, transferir, compartir o intercambiar frecuencias, bajo supervisión regulatoria, favoreciendo así una utilización más eficiente de un recurso escaso. Existe un proyecto de ley sobre esta materia en tramitación en el Congreso Nacional, cuya aprobación resulta indispensable para su implementación.
Asimismo, Chile deberá definir tempranamente la canalización tecnológica más conveniente. La evidencia internacional sugiere que la banda n71 (617-652 MHz y 663-698 MHz), utilizada en América del Norte para servicios 4G y 5G, presenta un ecosistema de dispositivos y equipamiento considerablemente más maduro que otras alternativas actualmente disponibles.
¿Y qué ocurriría con los actuales canales de televisión?
Las soluciones regulatorias que se han discutido contemplan la migración gradual de parte de las concesiones hacia los canales 21 al 36, ubicados entre los 512 y 608 MHz, junto con la utilización de técnicas de multiplexación digital y compartición de espectro entre concesionarios.
Gracias a estas tecnologías, varios canales de televisión podrían transmitir utilizando una menor cantidad de frecuencias, aumentando significativamente la eficiencia espectral, sin perder calidad en las transmisiones.
Con todo, el principal desafío probablemente no sea técnico, sino institucional. Chile deberá decidir si desea mantener indefinidamente el statu quo o si, por el contrario, aspira a diseñar una transición ordenada, gradual y jurídicamente segura hacia una nueva configuración espectral.
Se requerirá, en suma, aquello que suele llamarse voluntad política del regulador —Subtel y CNTV. Al menos el anterior subsecretario de Telecomunicaciones habría dado señales de avanzar en esa dirección, a juzgar por la Resolución Exenta N° 626, de 2026, de la Subsecretaría.
La banda de 600 MHz no debe despejarse a cualquier costo. Pero tampoco parece razonable asumir que la distribución actual del espectro permanecerá inalterable para siempre, especialmente cuando las necesidades de conectividad inalámbrica continúan creciendo año tras año.
El verdadero desafío regulatorio consiste precisamente en conciliar dos objetivos igualmente legítimos: preservar la continuidad y sostenibilidad de la televisión abierta y, al mismo tiempo, habilitar las condiciones necesarias para el desarrollo de la próxima generación de conectividad digital en Chile, la cual demanda portafolios mixtos de espectro para su adecuado funcionamiento.
El desafío es enorme. El hecho de liberar la banda de 600 MHz implica, en la práctica, rediseñar una parte sustantiva del mapa espectral de la televisión digital chilena. Pero sin decisiones difíciles no se cruza el río, ni tampoco evitando quebrar huevos logra salir adelante una pastelería.