martes, noviembre 29, 2022
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Rescate de la Red Compartida es insuficiente si no se entienden las causas de la quiebra de Altán Redes

El pasado 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el rescate de Altán Redes, operador de la Red Compartida. El rescate considera la toma del control de la empresa de telecomunicaciones por parte del Estado, herencia de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión promovida por Enrique Peña Nieto durante su administración.

En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano señaló: “el Estado mexicano ya es socio mayoritario y ya tiene la dirección y la administración de la empresa. Así como compramos una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altán, que va a significar tener Internet en todos los pueblos e Internet en plazas públicas, en escuelas, en hospitales, en todos los sitios de interés colectivo”.

La Red Compartida nació en junio de 2013, como una iniciativa derivada de la reforma del sector y cuyo objetivo es impulsar la competencia y la cobertura de las telecomunicaciones en el territorio mexicano, ofreciendo el acceso a su infraestructura como operador exclusivamente de servicios mayoristas de telecomunicaciones a través de una red inalámbrica 4.5G y utilizando 90 MHz de la banda de 700 MHz.

El proyecto de la Red Compartida nació con una meta progresiva de cobertura de 92.2 por ciento de la población a más tardar el 24 de enero de 2024, cubriendo 111 Pueblos el 24 de enero 2022.

La Red Compartida opera actualmente bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) en la que las inversiones, construcción y operación de la red es responsabilidad del socio privado, Altán Redes, mientras que por la parte pública, el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (Promtel) facilita el uso de la banda de 700 MHz bajo la figura de arrendamiento y es responsable de la administración del contrato de la APP.

El operador ganador de la licitación para operar la Red Compartida fue Altán Redes, que se comprometió a dar una cobertura de 92.2 por ciento dentro del territorio nacional en 2024, venciendo a Rivada Networks, excluida de la licitación por no cumplir con las bases del proceso al presentar fuera de tiempo la documentación sobre su garantía de seriedad por mil millones de pesos.

El 21 de marzo de 2018, Altán Redes inició operaciones con una cobertura de 32.2 por ciento de la población del país, cobertura superior al compromiso establecido por Altán Redes de 30 por ciento para esa fecha. Las localidades inicialmente cubiertas incluyeron la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Querétaro, Puebla, Morelia, Colima, Tepic, Aguascalientes y Celaya, así como 29 Pueblos Mágicos.

Más de una año después, en septiembre de 2019, Altán llegó a cubrir 43 por ciento de la población total de México y 40 Pueblos Mágicos, así como más de 3 mil 200 localidades marginadas.

En enero de 2020, la red de Altán llegó a cubrir 50.18 por ciento de la población y 57 Pueblos Mágicos, incluidos 21 mil 067 pueblos rurales.

En un comunicado de prensa, Altán señaló que a finales de septiembre de 2021, logró dar cobertura a 68.89 por ciento de la población y 84 Pueblos Mágicos.

No obstante los avances señalados anteriormente, a finales de abril de 2021 el operador solicitó una prórroga para dar la cobertura comprometida de enero 2024 a enero 2028, misma que fue autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El motivo principal señalado por Altán Redes, manifestado al solicitar la prórroga, fue que requeriría mil 456 millones de dólares en los próximos tres años para cubrir los costos de la red, así como sanear sus finanzas, por lo que la prórroga del proyecto tenía como objetivo generar un punto neutro de generación de caja positiva en 2023 que le permitiera liquidar su deuda y cumplir con su compromiso de cobertura.

Poco después de solicitar la prórroga, Altán Redes anunció que la compañía entraba a concurso mercantil para reestructurar su deuda. La empresa señaló que estaba en negociaciones con sus acreedores y que dichas negociaciones caminaban de manera positiva, al mismo tiempo que contaba con el respaldo de sus accionistas y del gobierno.

Altán Redes reconoció una deuda que asciende a mil 500 millones de dólares. Dentro de los acreedores con las que más adeudos tiene se encuentran Nokia, Huawei, ICA Flour, Axtel, Telmex, AT&T, Telcel, Televisa y Telesites, entre muchas otras compañías de varios otros sectores económicos.

En el contexto anterior y en el entendido de que la situación de Altán Redes corría el riesgo de no salir avante a pesar del concurso mercantil, el gobierno de México definió un plan de rescate que fue avalado por el IFT, emitiendo una opinión favorable en materia de competencia económica sobre las modificaciones al contrato de concesión.

El rescate contempla un financiamiento por parte de accionistas y de la banca mexicana de desarrollo. Algunos accionistas convertirán deuda en acciones y otros accionistas, así como la banca mexicana de desarrollo, aportarán un crédito. Lo anterior le da el derecho a la banca mexicana de desarrollo de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Altán Redes, pero los derechos del fideicomiso paulatinamente se irán reduciendo y revirtiendo en favor de los accionistas conforme el crédito se vaya liquidando.

El rescate también considera una inyección de 388 millones de dólares. Bancomex, Banobras y Nafin otorgarán un crédito de 161 millones de dólares y la diferencia vendrá de proveedores (167 millones de dólares), accionistas (50.5 millones de dólares) y clientes (10 millones de dólares).

El crédito se garantizará a través de un fideicomiso en el cual se aportarán las acciones de Altán Redes y en el cual la banca tendrá aproximadamente 61 por ciento de los derechos del fideicomiso, y los accionistas el 39 por ciento restante.

Con el rescate, Altán Redes tiene el compromiso de ofrecer el servicio de la Red Compartida a 70 por ciento de la población para noviembre de 2022; a 85 por ciento para enero de 2027 y a 92.2 por ciento para enero de 2028.

Para algunos analistas, el recate de Altán Redes viola el T-MEC en función de que el capítulo 18 de “Telecomunicaciones” del tratado con Estados Unidos y Canadá establece que el Estado mexicano debe evitar acciones que otorguen un trato más favorable a alguno de los proveedores de telecomunicaciones, ya sea público o privado.

El razonamiento de este punto dentro del T-MEC tiene el objetivo de garantizar que todos los competidores tengan condiciones de igualdad de competencia, y que ninguno de ellos utilice alguna ventaja que limite la competencia o que desplace a sus competidores o que se impongan restricciones de entrada al mercado. 

Sobre el punto anterior, la Secretaría de Economía manifestó que “el financiamiento recibido por parte de Bancomext no contraviene las disposiciones contenidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Estado mexicano garantizará que actuará con imparcialidad, respetando a cabalidad lo previsto en el capítulo 18 Telecomunicaciones del T-MEC”.

Por su parte, el IFT validó el rescate del gobierno y manifestó que la intervención no traerá problemas a la competencia. Asimismo, el regulador manifestó que no se prevé que la reconfiguración de accionistas tenga por objeto conferir poder sustancial a las partes involucradas, ni establecer barreras a la entrada. 

A pesar de lo anterior, el rescate provocará un conflicto de interés en función de que el gobierno se va a supervisar a sí mismo, ya que el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) es el supervisor del despliegue de la Red Compartida, lo cual genera un claro conflicto de interés que permitirá al Estado mexicano competir y regular al mismo tiempo. 

De hecho, el rescate de Altán Redes representa una medida con la que ningún otro operador en el mercado mexicano sería favorecido, lo cual genera una práctica anticompetitiva. 

Es importante señalar que Altán Redes inició operaciones en áreas rentables que ya tenían cobertura por parte de los operadores tradicionales como Telcel, AT&T y Telefónica Movistar, así como por los Operadores Móviles Virtuales (OMVs). 

En este sentido, habrá que entender que las áreas por cubrir para lograr la cobertura de 92.2 por ciento de la población representan un mayor reto para Altán Redes, ya que son áreas rurales de difícil acceso y poco rentables, por lo que si operar en zonas ya cubiertas y rentables provocó la quiebra de Altán Redes, es muy posible que ante un escenario de mayor complejidad, el operador requiera un segundo recate en el futuro, en función de que el rescate actual no modifica la operación o modelo de negocios que provocó el concurso mercantil de la Red Compartida.

Por tal motivo es importante que se haga una nueva revisión de la viabilidad del proyecto en los términos que se encuentra operando actualmente, así como una reestructura de la iniciativa en función de las áreas o aspectos que se deban corregir. El rescate no basta y será insuficiente en tanto no se corrijan las causas que provocaron la quiebra de Altán Redes.

Por otra parte, la otra iniciativa gubernamental llamada “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, que está desplegando una red para ofrecer servicios de telecomunicaciones, no tiene la capacidad de llegar a toda la población, en función de que el proyecto de la CFE es primordialmente el transporte y requiere de la red de acceso que le proporciona la Red Compartida, por lo que el rescate es también el rescate de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Por último, llevar Internet a todo el país representa un gran esfuerzo por parte del Estado, por lo que es importante valorar otro tipo de alternativas en las que participe en mayor medida la iniciativa privada con experiencia en el mercado, proporcionándoles incentivos para conectar a la población más alejada. 

Tales incentivos podrían ser de tipo fiscal e incluso reducir los precios del espectro con compromisos de cobertura. Por ejemplo, recientemente la Comisión Reguladora de Comunicaciones de Colombia ha relajado una serie de medidas regulatorias relacionadas con el despliegue de redes rurales. A través de la Resolución N° 6755, los proveedores de Internet (ISPs) que dan servicios a menos de 30 mil suscriptores y atienden áreas rurales, remotas y de difícil acceso, ya no están obligados a seguir las reglas del sector relacionadas con el servicio al usuario, compensación e indicadores de medición. 

En ese mismo tenor, en junio de 2022 Brasil eliminó las cargas impositivas a los servicios de telefonía e Internet, al considerarlos como “esenciales” para la vida humana, haciendo estos servicios más asequibles para la población. 

Medidas similares a las anteriores, adaptadas al mercado mexicano, podrían ser exitosas para lograr la conectividad de todo el territorio nacional. 

Servando Vargas
Servando Vargas
Consultor independiente especialista en el sector de las telecomunicaciones.