Este texto forma parte de las Predicciones DPL News 2025:

15 tendencias que impactarán en el ecosistema digital global

Numerosos proyectos de ley y reformas laborales se han presentado en América Latina y alrededor del mundo con el foco en regular el trabajo a través de las plataformas digitales, especialmente aquellas que facilitan servicios de transporte y reparto.

Este sector de la llamada economía colaborativa no ha vivido tiempos de calma durante los últimos años, y la presión regulatoria se intensificará en 2025, sobre todo de cara a la 113.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se llevará a cabo en junio del próximo año.

Uno de los puntos del orden del día que se contempla para dicha conferencia es el trabajo decente en la economía de plataformas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) espera que, como resultado de ese encuentro, se tracen las bases para ayudar a los Estados miembros a definir la situación del trabajo en las plataformas.

Cada vez más países están solicitando apoyo de la OIT ―como han sido los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay―para adoptar normas y políticas relativas al trabajo de plataformas digitales, y otros tantos ya se han adelantado en la creación de iniciativas regulatorias al respecto.

En América Latina, desde 2024 ya se ha observado un aumento en la actividad de los Congresos y el gobierno para avanzar hacia marcos regulatorios sobre el trabajo en plataformas digitales. Por eso, prevemos que ese ímpetu regulatorio seguirá en avanzada para el próximo año.

Ahora mismo, países como México, Brasil, Colombia y Uruguay ya están avanzando en las normativas. Si bien cada nación tiene que atender su contexto particular, los resultados que se den probablemente guiarán en cierta medida a otros que apenas están como observadores o entrando en el debate.

La discusión ha evolucionado ya de la cuestión de por qué se necesita (o no) una norma en la materia a la exigencia de abordar cuál sería el mejor modelo y los principios más adecuados que debería seguir el marco regulatorio en cada país, según su propia realidad económica, social y legislativa.

Este cambio en el tono de la conversación internacional ―impulsado por el predominio de gobiernos de izquierda que tiene actualmente América Latina― propiciará un mayor incremento en las iniciativas, legislativas y no legislativas, que se presenten alrededor del mundo.

Como siempre, la cuestión clave radicará en cómo se aproximen las leyes a este tema: si los legisladores y tomadores de decisiones son capaces de comprender los nuevos modelos de trabajo que habilitan las plataformas digitales.

O si, por el contrario, siguen el camino de la camisa de fuerza, es decir, de forzar que estos modelos encajen en la normativa laboral de la sociedad industrial, mientras el mundo avanza cada vez más hacia una sociedad industrial digitalizada.

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El Colombiano

La Corte Constitucional le ordenó a la plataforma Rappi respetar los derechos de petición y debido proceso de sus rappitenderos, luego de estudiar una tutela de un repartidor que recibió una sanción sin que le explicaran los motivos.

El caso fue conocido por el alto tribunal el pasado 7 de diciembre de 2022. John Maynard Ayala Pérez, quien llevaba diez meses vinculado a la aplicación como repartidor y su abogada, Belsy Liliana Caraballo Coley, alegaron que la empresa transgredió sus derechos y garantías laborales.

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Enter.co

Rappi, anunció una iniciativa para impulsar la inclusión digital y promover el desarrollo económico en la región. En colaboración con Microsoft, impulsarán «Tech for All», un programa con el objetivo de desarrollar habilidades tecnológicas para repartidores y sus familias, brindándoles oportunidades de desarrollo educativo y laboral en el ámbito digital.

El programa está basado en soluciones tecnológicas de Microsoft, lo que le permitirá a los repartidores adquirir habilidades tecnológica como alfabetización digital y productividad, habilidades blandas, emprendimiento y habilidades de administración, entre otros. De acauerdo con las compañías, la idea es mejorar su capacidad de trabajo en la economía digital y acceder a mejores oportunidades de desarrollo profesional.

El programa que no tiene ningún costo para los repartidores registrados en Rappi estará disponible en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, México, Argentina y Uruguay. Los cursos ya están disponibles; para acceder a ellos debes registrarte en la siguiente link: SoyRappy Desarrollo y Aprndizaje.

Habilidades basicas junto a Microsoft

• Ruta de aprendizaje de alfabetización digital y productividad
• Ruta de aprendizaje de habilidades profesionales blandas
• Ruta de aprendizaje para el emprendimiento
• Fundamentos profesionales de asistencia administrativa

Habilidades técnicas

• Fundamentos profesionales de gestión de proyectos
• Fundamentos de la carrera de administración de sistemas
• Fundamentos profesionales del análisis de datos
• Fundamentos profesionales del desarrollo de software

«En Rappi, siempre buscamos generar oportunidades de crecimiento para todos las repartidoras y repartidores otorgando cada vez más beneficios para su desarrollo profesional y el de sus familias. Con la experiencia y el apoyo de Microsoft, estamos seguros de que este programa será un gran éxito y contribuirá a la prosperidad de nuestros repartidores y sus comunidades», compartió Alejandro Solís, VP Senior de Rappi para Hispanoamérica.

Por su parte, Microsoft, explicó que tiene como objetivo promover la inclusión digital y apoyar el desarrollo de habilidades tecnológicas en comunidades de todo el mundo. «Estamos orgullosos de colaborar con Rappi para ofrecer a los repartidores y sus familias la oportunidad de adquirir habilidades tecnológicas de vanguardia”dijo Jorge Cella, Director Regional de Filantropía para Microsoft.

Reforma Verónica Gascón

El reparto de alimentos o productos se ha vuelto el principal medio de ingresos para muchos mexicanos, advirtió la organización Oxfam.

De acuerdo con sus datos, los repartidores trabajan en promedio 40 horas a la semana repartidas en seis días.

Una encuesta aplicada a trabajadores de plataformas a más de mil personas, reveló que estos colaboradores aseguran que si no se mantienen en línea un promedio de seis a ocho horas diarias, no les entran pedidos.

“Una de las cosas que nos dicen es que tardan muchísimo tiempo conectados esperando a que el algoritmo les asigne el trabajo. Hay algunas personas que reportaron que estudiaban al mismo tiempo, pero es marginal. La mayoría de las personas, si es su trabajo principal, es su principal actividad económica.

“La flexibilidad es muy relativa, el algoritmo es algo totalmente impredecible para las personas repartidoras, no tienen ninguna certeza de que les va a llegar el trabajo”, señaló Alejandra Hass, directora ejecutiva de Oxfam.

Destacó que en este tipo de ocupación también existe una brecha salarial de género de 18 por ciento.

“Los trabajadores ganan 2 mil 562 pesos por semana en promedio, pero identificamos que las mujeres reciben en general ingresos más bajos que los hombres, a pesar de que le dedican el mismo número de horas al trabajo por aplicaciones, ellas ganan 425 menos a la semana, lo que implica una brecha salarial de 18 por ciento”, aseguró Hass.

Añadió que el 15 por ciento de las mujeres reportó haber sufrido acoso por parte de los negocios a los que iban a recoger pedidos y el 11 por ciento afirmó que sufrió acoso por parte de clientes.

Se calcula que en México hay 500 mil repartidores.

Las organizaciones Nosotrxs, Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos presentaron al gobierno de México una propuesta de ley que busca garantizar que las personas repartidoras tengan acceso a la seguridad social y condiciones laborales dignas, preservando un modelo flexible de trabajo.

El proyecto plantea reformar la Ley Federal del Trabajo, agregando un capítulo en el cual se reconozcan los derechos de quienes utilizan las plataformas digitales de reparto ―como DiDi Food, Rappi y Uber Eats― para generar ingresos.

Las organizaciones buscan que la legislación establezca el derecho de acceso a la seguridad social, abarcando los esquemas de beneficios ante enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en la tercera edad y vejez; así como el acceso a guardería y prestaciones sociales.

Al mismo tiempo, la iniciativa plantea determinar que las personas repartidoras se acogen a un modelo flexible de trabajo a través de las aplicaciones digitales, en la cual fijan de forma autónoma y voluntaria sus horarios, las zonas geográficas, los medios y los mecanismos para llevar a cabo sus tareas, y la no exclusividad con una plataforma ni la subordinación laboral a la misma. 

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Entre el articulado del proyecto, los colectivos piden que la ley reconozca los siguientes derechos para este sector de la economía colaborativa:

• Ser tratados con dignidad por las personas que interactúan en las plataformas, incluidos restaurantes y clientes.
• No discriminación y derecho a denunciar acoso sexual.
• Conocer y acceder en cualquier momento a las condiciones de uso de cada plataforma digital.
• Autodeterminar sus tiempos de conexión y desconexión.
• Registrarse en una o varias aplicaciones sin ningún acuerdo de exclusividad.
• Derecho a tener otras ocupaciones.
• Libre y autónoma determinación de horarios, zonas geográficas, medios, mecanismos e instrumentos de trabajo.
• Asociarse de manera libre y voluntaria.
• Derecho a un seguro contra accidentes y de vida.

Ni Una Repartidora Menos, Ni Un Repartidor Menos y Nosotrxs quieren que se conserve el modelo de trabajo flexible e independiente que hasta ahora ha caracterizado a este sector, y que además es uno de sus rasgos más valorados.

En ese sentido, la propuesta sugiere que sólo aquellos repartidores, conductores y demás personas ocupadas en plataformas digitales que cuenten con más de 30 horas efectivas conectados a las aplicaciones, a la semana durante al menos cuatro semanas consecutivas, tengan derecho a afiliarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cumplir con este requisito implicaría que los colaboradores de las plataformas tienen esta ocupación como su principal fuente de ingresos, ya que se trata de una actividad que puede llevarse a cabo de forma temporal o incluso extraordinaria.

De acuerdo con el proyecto de las organizaciones, las aportaciones al IMSS se realizarían de forma tripartita entre las plataformas digitales, el Estado y las personas repartidoras bajo la Ley del Seguro Social.

Nosotrxs, Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos aseguraron que todas estas disposiciones están orientadas a mejorar sus condiciones laborales, tomando en cuenta las necesidades de este sector y con el objetivo de preservar la flexibilidad de estos nuevos esquemas.

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Los colectivos entregaron la iniciativa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en espera de que incluya sus propuestas en la reforma laboral que está elaborando. 

En octubre, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, dijo que el gobierno promovería una reforma para regular el trabajo a través de las aplicaciones tecnológicas.

Si bien las tres organizaciones coinciden en la necesidad de brindar garantías laborales y sociales, se oponen a un marco regulatorio rígido que no les permita conectarse “a las horas que queramos, donde queramos y para tantas plataformas como queramos”.

A diferencia de estas asociaciones, existen otros grupos que pugnan por una regulación más tradicional, en la cual se establezca que las personas repartidoras prestan sus servicios de manera subordinada y mediante un esquema asalariado, lo cual rompe con un modelo de negocio de la economía digital. 

En este caso, tendrían que rendir cuentas a un patrón (las plataformas) y ceñirse a una categoría laboral que determinaría sus ingresos, pero también obligaría a actividades.

No obstante, Nosotrxs, Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos alegan que estas agrupaciones no representan los intereses del sector, pues sólo buscan ganar dinero a costa de cuotas sindicales.Además del desacuerdo, los planteamientos vertidos en el documento contrario, el llamado Manifiesto de Piso Mínimo, serían difíciles de cumplir debido a que tendrían que medirse las horas de conexión de los repartidores para clasificarlos constantemente y fijar un salario, sin que tengan la libertad de generar ingresos de forma autónoma.

Luego de que algunos grupos de colaboradores de las plataformas digitales de transporte y entrega a domicilio presentaron un documento en el cual piden una legislación laboral, los colectivos Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos advirtieron que esa propuesta no les representa e, incluso, pone en riesgo la flexibilidad de su ocupación.

A través de un comunicado, los grupos aseguraron que el Manifiesto de Piso Mínimo es una iniciativa ilegítima promovida por grupos que “sólo buscan ganar dinero a costa de cuotas sindicales que los repartidores y conductores tendríamos que pagar”.

El viernes 26 de septiembre, algunos colectivos convocaron a los medios de comunicación afuera de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para dar a conocer el documento donde plantean crear una figura jurídica que defina derechos para quienes generan ingresos a través de las aplicaciones como DiDi, Uber, Rappi o Beat.

Para Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, el proyecto de los grupos liderados por Salvador Rodríguez González no busca consensos ni derechos para los colaboradores de las plataformas, ni toma en cuenta sus necesidades.

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Los grupos señalaron que repartidores y conductores demandan un trato digno, no discriminación por parte de restaurantes, centros comerciales y consumidores; acceso a sanitarios y áreas de descanso; seguridad y apoyo en caso de incidentes; promoción de la seguridad vial; justicia ante delitos y agresiones; así como justicia ante desactivaciones en las aplicaciones.

Al mismo tiempo “necesitamos mantener un modelo flexible que nos permita trabajar a las horas que queramos, donde queramos y para tantas plataformas como queramos”. 

Sin embargo, advirtieron que “la alianza que están formando grupos sindicales, grupos violentos y la STyPS acabaría con todo ello”.

Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos afirmaron que los grupos que se reunieron el viernes pasado no representan a los casi cinco millones de repartidores y conductores de México, sólo a agrupaciones ajenas que buscan un beneficio propio en contubernio con la Secretaría del Trabajo.

Por esa razón, ambos colectivos presentarán un proyecto diferente para garantizar los derechos fundamentales de quienes generan ingresos a través de las plataformas colaborativas. Será “un documento de avanzada y buscará sumar aliados”, puntualizaron.

En estos momentos, la STyPS está preparando una iniciativa de reforma laboral en relación con las aplicaciones tecnológicas de transporte y reparto. Se espera que el proyecto se dé a conocer en septiembre, por lo que los diferentes grupos de repartidores están interesados en que sus demandas sean escuchadas.

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Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, ha señalado que su propuesta buscará reconocer una relación laboral entre repartidores, conductores y las plataformas. Sin embargo, reconoce que esta regulación representa un desafío debido a que esta relación laboral es muy distinta a la tradicional.

Si bien las empresas tecnológicas se muestran abiertas a garantizar un piso de seguridad social para sus colaboradores, advierten que un modelo regulatorio demasiado rígido podría ahogar su modelo de negocios y no permitir que sigan operando en el país.Asimismo, algunos colectivos, como Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, abogan porque en el camino hacia crear una normativa no se sofoque esta importante fuente de ingresos de forma flexible e independiente. En este caso, temen que la propuesta presentada el viernes pasado avance en esa dirección.

Te compartimos los temas y acontecimientos digitales más destacados seleccionados por DPL News, para que comiences la semana actualizado en información tecnológica.

Desafíos de Carlos Baigorri al frente de la Anatel

(Contenido en portugués)[1]

Carlos Baigorri, nuevo presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), conversó con DPL News sobre los desafíos de los próximos años que tiene por delante la Agencia. El más grande es la implementación de 5G en Brasil, que debería retrasarse 60 días en la banda de 3.5 GHz, debido a la limpieza de esta banda. Otro desafío es el compromiso de llevar conectividad a las escuelas públicas de Brasil con 3.1 mil millones de reales recaudados en la subasta 5G. ¿Cómo habilitar el acceso a Internet? ¿Qué escuelas necesitan conexión? ¿Qué pasa si no hay equipos? Estos son algunos de los temas a resolver.

Baigorri también se refirió a las renuncias en la banda de 26 GHz. Para él, la frecuencia todavía tiene un ecosistema limitado, “pero el punto es que la banda de 26 GHz en manos del Estado no tiene valor, entonces la ponemos en el mercado. Ahora tenemos expectativas de ver qué hará el mercado. Y sobre las pérdidas, está en el juego”.

Otro tema abordado fueron los estudios de la Agencia para asignar las bandas de 4.8 GHz y 28 GHz a 5G. El presidente entiende que más espectro puede reducir el coste de las empresas, “lo que, en el entorno competitivo, se reflejará en mejores precios para el consumidor”. Baigorri también habló sobre la banda de 6 GHz, el modelo de redes neutrales, las asimetrías regulatorias entre las empresas de telecomunicaciones y los Over-the-top (OTT), entre otros.

Entrevista al Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, Claudio Araya San Martín

El titular de la subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel), Claudio Araya San Martín, dialogó con DPL News sobre sus primeros pasos al frente del regulador y comentó cómo se convertirán en realidad las promesas de Gabriel Boric en materia TIC. A poco más de dos meses de asumir en el cargo, el funcionario consideró clave conectar al tercio de los hogares chilenos que todavía no acceden a Internet fijo.

Sobre la creación de un operador estatal de telecomunicaciones, indicó que se encuentran en análisis “diferentes modelos para encontrar el más eficiente y que se adapte a nuestros objetivos”. También señaló que espera que “pronto sea ley” el proyecto para buscar que Internet sea servicio público en Chile y confirmó que se están evaluando cambios en los plazos por los que se entregan licencias en el plano local, que actualmente es “muy superior al promedio de la OCDE”.

Al 13 de mayo de 2022, la Subtel recibió 2 mil 636 solicitudes de obras de los concursos 5G, dijo Araya San Martín, quien también habló de la importancia del recientemente lanzado plan Brecha Cero y sobre la inminente elección del organismo que medirá la velocidad mínima de Internet en el país. El reordenamiento de la banda de 3.5 GHz como pieza clave para el uso eficiente del espectro y la posición TIC de Chile en el plano regional fueron otros de los temas abordados por el ejecutivo.

Lacnic y su misión de impulsar el IPv6 y la interconexión entre ISP

Para un proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) lograr interconectarse con sus proveedores y también adoptar el protocolo IPv6 no son sólo decisiones tecnológicas, sino estratégicas, pues reduce la latencia y mejora la calidad de sus servicios. Así lo explicó Oscar Robles, director Ejecutivo de Lacnic, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe.

En el marco de LACNIC 37, DPL News dialogó con el ejecutivo, quien comentó las principales urgencias o demandas del sector que se vieron en el evento “IPv6 only, la interconexión y la seguridad”.

“Hoy, uno de cada tres paquetes en Internet en la región ya es IPv6. Es un logro importante, estamos a nivel de cualquier región desarrollada del mundo. El problema son los promedios. Uruguay, Brasil y México están con un despliegue bastante alto, pero los demás países no están desplegando”, explicó Robles.

Error, regular plataformas de Internet en países donde inicia la transformación digital

Regular cualquier plataforma de Internet en países donde apenas comienza la transformación digital puede ser un factor de inhibición al desarrollo, coincidieron especialistas de América Latina durante el evento Futuro Digital, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y DPL Live.

Personalidades como Virginia Nakagawa, Pablo Márquez, Miguel Flores Bernés, Marina San Martín y Pablo Corona coincidieron en que las autoridades y reguladores no deben ceder ante presiones externas y de la opinión pública, pues si no existe un análisis profundo que implique la necesidad de intervenir, no es adecuado hacerlo.

Si los reguladores no identifican fallas de mercado que requieran realmente la intervención del Estado, y aplican regulación ex ante, entonces impedirían o generarían más errores y efectos negativos que positivos, coincidieron.

Brecha digital se erradicará con menos regulación y mayor despliegue de infraestructura: American Tower

El cierre de las brechas digitales entre zonas urbanas y rurales es uno de los principales retos que enfrenta América Latina, pero para lograrlo es necesario trabajar en el despliegue de infraestructura, así lo aseguró Ana Claudina García, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad para América Latina de American Tower, durante el evento Futuro Digital, convocado por DPL Live.

“No tener acceso a conectividad es algo que no puede suceder, mucho menos en tiempos de pandemia. Por ejemplo, Colombia va a recibir 56 mil nuevos sitios de conectividad para 2030, es decir, el triple de los puntos de conexión existentes”, explicó García.

Pero para la experta se trata de un tema mucho más importante que una cifra de conectividad, es también una labor que debe realizarse desde el fortalecimiento de los planes de despliegue para conectar a todos, en cada rincón del país para avanzar en la regulación y dejar listo el camino para 5G.

“Ecosistema digital debe trabajar en conjunto en el objetivo de conectar a todos”: Millicom

Los operadores crearon las autopistas digitales y ahora las usan distintos actores. Es en este contexto que lo correcto es hablar de ecosistema digital, como un sitio donde todos se respetan y trabajan para un objetivo común: “dar conectividad a todos”, dijo Karim Lesina, vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Millicom, en el marco del evento virtual Futuro Digital.

Lesina consideró que la cooperación es fundamental para cumplir los desafíos que presenta la región en materia de conectividad. “No se trata de tener un acceso súper robusto en un sitio y súper bajo en otros”; el desafío es llegar a cada lugar. “Esa debe ser la base post-Covid. No hay una tecnología mejor que la otra, todo debe ser integración en beneficio del objetivo compartido”.

La regulación debe acompañar la búsqueda de universalización. En materia de espectro, por ejemplo, debe haber cambios: “el precio en nuestra región es tres a cinco veces mayor que en países desarrollados. El valor debe estar basado también en la posibilidad de ingresos, y la idea de conectar a todos tendría que estar presente” al momento de definir las bases, sentenció el ejecutivo, y pidió a las autoridades ser “realistas”, pues “mantener el foco recaudatorio es igual a que un porcentaje de la población quede desconectada”.

“No hay evidencia de que las plataformas hayan generado precarización laboral”: CIDE

El Director de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Víctor Carreón Rodríguez, habló en el evento Futuro Digital sobre la realidad de los repartidores y dio pruebas de por qué no es cierto que las plataformas tecnológicas hayan favorecido la precarización laboral en México.

La aparición de las plataformas colaborativas generó valor en distintos sectores productivos de México y ese valor se ha repartido en toda la cadena, incluso entre repartidores. “Quienes trabajan más de 48 horas semanales, más de 80 por ciento de ellos, obtienen más de tres salarios mínimos“, dijo el ejecutivo. Agregó que hay 315 mil trabajadores de este tipo en México y que ocho de cada 10 tiene menos de 44 años.

Respecto de la regulación, Carreón pidió “generar una figura específica para repartidores y, en particular, para quienes trabajan en plataformas”. Las características de este tipo de empleo hace que no sea conveniente ni justo aplicar una regulación vigente para labores distintas. “Se requiere ser tan o más innovador: hay que avanzar en regular las nuevas ocupaciones pero sin inhibir el desarrollo tecnológico o cancelaremos este valor”, concluyó.

Infografía

Propuestas TIC de los candidatos presidenciales en Colombia 2022

[1] Desafíos de Carlos Baigorri na Anatel

Carlos Baigorri, novo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), conversou com a DPL News sobre os desafios dos próximos anos à frente da Agência. O maior deles se trata da implementação do 5G no Brasil, que deve atrasar 60 dias na faixa de 3,5 GHz, por causa da limpeza desta faixa. Outro desafio é o compromisso de levar conectividade às escolas públicas do Brasil com R$ 3,1 bilhões levantados no leilão do 5G. Como viabilizar o acesso à Internet? Quais escolas precisam de conexão? E se não houver equipamentos? Essas são algumas das questões a serem resolvidas.

Baigorri também falou sobre as desistências na faixa de 26 GHz. Para ele, a frequência ainda tem o ecossistema limitado, “mas a questão é que a faixa de 26 GHz na mão do Estado não tem valor nenhum, por isso colocamos para o mercado. Agora nós temos as expectativas de ver o que o mercado vai fazer. E sobre as desistências, é do jogo.”

Outro tema abordado foram os estudos da Agência para destinar as faixas de 4,8 GHz e 28 GHz para o 5G. O presidente entende que mais espectro pode reduzir o custo das empresas, “o que, no ambiente competitivo, vai ser refletido em preços melhores para o consumidor”. Baigorri também falou sobre a faixa de 6 GHz, o modelo de redes neutras, as assimetrias regulatórias entre empresas de telecomunicações e over-the-tops (OTTs), entre outros.

Imagen – Aura Hernández

La meta de Merqueo es crecer y posicionarse como la mejor opción para pedir el supermercado a domicilio, por eso está realizando varias inversiones para ampliar sus centros de distribución y extender su presencia en más puntos de México.

Covid-19 cambió comportamientos y aunque la gente ha vuelto a salir a la calle, también aprendió a comprar desde aplicaciones, recordó el gerente de país de Merqueo en México, Jairo Medina.

Lo anterior permitió que la empresa creciera 10 veces en el país durante 2021, avance que se espera mantener este año con un crecimiento de entre tres y cuatro veces. Durante un recorrido por el centro de distribución (CEDIS) de Vallejo, Medina aseguró que México es el segundo país más importante para la empresa, sólo por detrás de su natal Colobia, gracias a que registra un fuerte crecimiento en las ventas en línea, en particular en el segmento de supermercados.

De hecho, dicha categoría tiene un potencial muy grande si se considera que el 20% de las compras de supermercado se hacen en línea en Asia, mientras que en América Latina apenas llega al 1%.

El potencial de crecimiento es enorme y la idea es llegar a todo México tan rápido como sea posible, añadió el gerente de país.

Una compañía que no está en México no es fuerte en América Latina, entonces nuestro reto es estar aquí, crecer, posicionarnos e ir por un buen pedazo del mercado. Jairo Medina, gerente de Merqueo en México.

Sobre el centro de distribución de Vallejo:

• Tiene 2500 m2. Almacena 200 mil ítems, divididos en producto seco (80%) y frío (20%).
• Procesos clave: recepción de productos, almacenaje, pick in, empaquetado, inventario y primeras entradas y salidas.
• Trabajan cerca de 100 personas en 3 turnos
• Tienen dos andenes de recibo de productos.
• Actualmente está en un 60% de su capacidad de almacenaje.
• Merqueo diseñó su propia tecnología para recibir los pedidos, el almacenaje, el inventario y otros.
• Los modelos de entrega son: programado para el día siguiente, exprés y ultra.

El plan

Actualmente, Merqueo tiene operaciones únicamente en el Valle de México, gracias a cuatro CEDIS localizados en Vallejo, San Simón, Guaymas y más recientemente Santa Fe. Una de las estrategias es ampliarlos, por eso Merqueo destinará cerca de 12 millones de pesos para expandir las estanterías, añadir montacargas y una cava en el centro de distribución de Vallejo, lo que significa aumentar tres veces el almacenamiento de productos de éste.

Hay que recordar que Merqueo se diferencia de otras aplicaciones porque cuenta con estos centros donde almacena todos los productos, tanto secos como fríos, que ofrece en su plataforma.

De tal manera que tiene contacto directo con cerca de 500 productores para ofrecer los precios más bajos posibles, a lo que se añaden varios métodos de entrega como el programado o el Ultra. Javier Santiago, director de operaciones del centro de distribución de Vallejo, relató que el proceso de Merqueo cuenta con 5 fases, la primera es la recepción del producto, le sigue el almacenaje y luego el llamado pick in, es decir, recolectar los pedidos que se hacen a través de la plataforma.

Una vez que se recolectó todo el pedido se empaca y finalmente se le entrega a un repartidor.

El dato:

La compañía ha venido creciendo y aumentando su presencia en los últimos meses gracias a la pandemia.

Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la Ciudad de México busca regular el uso de las plataformas de entrega de comida y mercancías a domicilio ―como Uber Eats, DiDi Food y Sin Delantal―, con el fin de garantizar la seguridad de los repartidores.

La propuesta, presentada por Jorge Gaviño, diputado y vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital, plantea reformar la Ley de Movilidad para incluir lineamientos de operación de las plataformas tecnológicas de reparto.

Gaviño pide que las empresas digitales cuenten con una serie de requisitos que incluyen una licencia operativa acreditada por la Secretaría de Movilidad (Semovi), la cual corrobore que cumplen con criterios de seguridad, eficiencia y calidad.

Otro de los requisitos que se exigirían a las plataformas es un programa para la prevención de riesgos de los repartidores, que contemple condiciones mínimas estipuladas por la Semovi; así como un esquema de aseguramiento a favor de las personas que realicen la entrega de bienes a través de las aplicaciones.

Sobre este último punto, el proyecto de ley apunta a que el seguro para los repartidores los ampare de responsabilidad civil, riesgos de accidentes y muerte de ellos o terceros, mediante una póliza de seguros de una institución especializada.

El diputado del PRD sostiene que el seguro debe ser costeado por las compañías tecnológicas y no por los repartidores. O, en su caso, las plataformas pueden optar por acreditar el cumplimiento de prestaciones de seguridad social para cubrir el riesgo de accidentes o muerte de sus socios repartidores.

Además, el documento plantea que el seguro se tendría que hacer extensivo al robo total, parcial o daños materiales de los bienes y vehículos empleados para realizar las actividades de reparto, durante los tiempos de traslado, recepción de mercancías y hasta la entrega final.

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Por otro lado, la propuesta del PRD conmina a las plataformas tecnológicas a mantener actualizado un padrón de personas repartidoras, al igual que los medios de transporte a través de los que realizan su trabajo, y establecer medidas para que los usuarios de este servicio conozcan los datos de los repartidores.

Las empresas digitales también estarán obligadas a no divulgar la información referente al servicio de entrega a domicilio, como itinerarios, frecuencia de uso, datos de usuarios y tipos de entrega, con el objetivo de apegarse a las reglas de protección de datos personales existentes en México. La única excepción será bajo el mandato judicial de una autoridad competente.

En caso de que existan controversias entre las plataformas y los repartidores por la imposición de sanciones y suspensiones a estos últimos, el proyecto señala que la Semovi se encargaría de dirimir estos procesos, pues estará facultada para determinar medidas precautorias o definitivas.

En caso de que las empresas tecnológicas no cumplan con las disposiciones del proyecto de ley (si llega a decretarse), el diputado de la bancada del PRD propone que se impongan multas económicas que van de las 100 hasta las 10 mil Unidades de Medida y Actualización (cada UMA mensual y anual es de 2,925 y 35,101 pesos en 2022).

La iniciativa de ley presentada será discutida por el Congreso de la Ciudad de México en los siguientes días. 

Jorge Gaviño es uno de los diputados más activos en el tema de la regulación de las aplicaciones digitales. Además de ésta, el diputado ingresó en febrero otro proyecto legislativo que pretende regular las tarifas de las plataformas de transporte.

Sin embargo, dicha propuesta podría ser contraproducente. Las empresas tecnológicas advierten que intervenir en el esquema de tarifas sería atentar contra su modelo de negocios, lo cual a largo plazo genería precios poco competitivos para los usuarios y afectaría la calidad y eficiencia de los servicios.

Están las declaraciones y están los números. La llamada Ley Rider en España ha resultado un fracaso para todo el ecosistema: los colaboradores no se quieren sumar y las empresas repartidoras buscan huecos legales para no cumplirlas.

La semana pasada, Uber Eats publicó una carta abierta dirigida a la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, en la que acusa directamente a su competidor Glovo por mantener a la mayoría de sus colaboradores bajo la figura de “autónomos”, un esquema que resulta más atractivo para los repartidores, y que deja a las demás empresas con escasez de personal.

En su carta, Uber Eats señala que a partir de la entrada en vigor de la Ley Rider a mediados de 2021, la compañía hizo un esfuerzo por cumplir con las nuevas condiciones, por lo que optó por la vía de la tercerización, es decir, la contratación de repartidores mediante otras compañías de mensajería y logística.

Contrariamente, acusa la compañía, otros competidores como Glovo han decidido mantener la mayoría de su flota como “autónomos”, un modelo que aparentemente sigue siendo preferido por la mayoría de los repartidores, a pesar de la oferta de contratación en otras compañías.

Glovo implementó un modelo que calificó de “inédito en España” que daría prioridad a la flexibilidad buscada por los repartidores y cumplir con la ley. Dentro de sus planes publicados en 2021, la compañía afirmó que contrataría a cerca de 2 mil repartidores, pero mantendría la autonomía para al menos 80 por ciento de su flota.

Entre las características de su modelo se incluyen la libre conexión, que permitiría al repartidor decidir por sí mismo el día y hora de conexión a la plataforma; la capacidad de establecer sus propios precios y de subcontratar la entrega de pedidos; y la total independencia del rider a la hora de aceptar o no un servicio, sin penalización, según información del medio CincoDías.

Uber indica que mientras el resto de las plataformas buscaron alternativas para el cumplimiento de la ley al contratar a la mayoría de sus colaboradores, Glovo decidió seguir operando con trabajadores autónomos, un modelo resulta más atractivo para el repartidor.

“Hoy, más de seis meses después de su entrada en vigor, las empresas que cumplimos la ley nos encontramos con una situación paradójica. Nuestras flotas colaboradoras no encuentran repartidores porque éstos prefieren ser autónomos, de manera que trabajan con Glovo, la única empresa que se lo permite, el mayor unicornio español, en contra de la Ley Rider”, afirma la misiva, firmada por Courtney Tims, directora de UberEats en España.

Desde antes de la publicación de la Ley Rider, los restaurantes advirtieron de sus efectos negativos en su sector, los repartidores se manifestaron por mantener su autonomía y las compañías advirtieron que dañaría al negocio y a los consumidores.

Mediante un manifiesto publicado a principios de 2021, el sector restaurantero español advertía que la Ley Rider “tendría un elevado coste tanto en términos de empleo (23 mil personas), así como en los ingresos de los restaurantes y otros comercios”, al estimar que “11 millones de personas” se quedarían sin acceso a los servicios de reparto de comida, “lo que generaría un fuerte perjuicio para miles de restaurantes que se apoyan en dicho servicio para mantener su actividad”.

Más de un año después, la carta de UberEats acusa que la escasez actual de repartidores en su plataforma provoca dificultades no sólo en la contratación, también “sufren clientes y restaurantes por igual. Unos ven cómo su pedido tarda mucho más en llegar, y los otros acumulan pedidos que nadie recoge”.

La inspección de Trabajo multó el pasado noviembre a Glovo con más de 8.5 millones de euros por no regularizar los contratos de sus repartidores en Sevilla, donde al menos mil 316 empleados continuaban bajo la figura de autónomo. 

De acuerdo con el reciente informe publicado por los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, la Ley Rider no ha cumplido su principal objetivo, brindar una contratación que diera certidumbre y prestaciones a los repartidores.

La Asociación Riders por Derechos acusa que sólo 20 por ciento de los trabajadores en plataformas de reparto han accedido a un contrato indefinido de trabajo, mientras que 80 por ciento aún trabaja por empresas de trabajo temporal, con subcontratos o como “falsos autónomos”, según cita el medio El Español.

La Asociación Profesional de Riders había estimado que durante 2021 se habrían perdido hasta 10 mil puestos de trabajo en el sector, de los cuales 4 mil habrían sido provocados por la salida de Deliveroo, mientras la mayoría no pudieron ser contratados bajo las nuevas condiciones.

Durante el debate y publicación de la Ley Rider, miles de repartidores se manifestaron en contra, primero por no haber sido incluidos en la discusión, posteriormente, por ser obligados a sumarse a la figura de la contratación. 

Muchos consideraron que la Ley Rider los condenaba a contratos aún más precarios, a la vez que los colocaba en una situación que muchos no podrían cumplir, como dedicarse a un horario, días y zonas ahora designadas por el empleador, según recogieron diversos medios españoles.

“Los repartidores no se manifestaban porque quisieran renunciar a mayores derechos o protecciones. Sencillamente querían mantener la flexibilidad del modelo autónomo que les permitía escoger cuándo trabajar, priorizando los momentos de alta demanda, y así obtener mayores ingresos. Todo ello mientras negociaban importantes mejoras en sus condiciones de trabajo”, refiere también la carta de Uber.

En su momento, los colectivos Repartidores Unidos y la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) convocaron a manifestarse en al menos once ciudades al considerar que fueron excluidos de la discusión. 

Las protestas organizadas por repartidores en contra de la Ley Rider se llevaron a cabo en ciudades como Barcelona, Gandía, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia.

Por su parte, UberEats tampoco ha estado libre de acusaciones. Aunque la firma señala que los repartidores acceden a todos los beneficios marcados por la Ley Rider mediante la subcontratación, los sindicatos consideran que estas plataformas firman un convenio de mensajería, en lugar del de transporte de mercancías, por lo que estarían incurriendo en una “cesión ilegal” de trabajadores.