Vicente Roqueñí López, director Sénior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina de DiDi, habló durante el evento Future of Digital Policy and Regulation sobre la importancia de fortalecer las economías colaborativas desde marcos regulatorios flexibles.
Roqueñí inició su intervención hablando de Luisa, una mujer que perdió su trabajo durante la pandemia y que encontró en DiDi una opción laboral para continuar percibiendo dinero. También habló de Pedro, empleado de una empresa que encontró en DiDi una opción de trabajo adicional.
De acuerdo con la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), el 38 por ciento de los conductores colombianos que trabaja en plataformas de movilidad asegura que se quedaría sin empleo de no ser por estas opciones.
Roqueñí indicó que se prevé que el valor de la economía colaborativa aumente a 335 mil millones dólares para 2025 a nivel global.
También recordó que la economía colaborativa busca que los usuarios usen tecnología para transformar sus ingresos, por lo que no sólo beneficia a los usuarios, sino también apoya el crecimiento económico de los países e incluso genera ecosistemas más inclusivos para las mujeres, garantizando su seguridad.
Según datos de DiDi, más del 70 por ciento de las mujeres señaló sentirse insegura en el transporte público en ciudades como Quito, Buenos Aires y Santiago. En tanto, cifras de la ONU revelaron que 96 por ciento de las mujeres en la Ciudad de México ha sufrido algún tipo de violencia en el transporte público.
Es por ello que DiDi cuenta con un esquema de seguridad que integra 20 funcionalidades, lo que les permite a las mujeres estar seguras mediante la verificación del conductor-pasajero, el botón de emergencia y la grabación de audio, entre otros.
Además, DiDi Mujer es una iniciativa que permite que las conductoras ofrezcan servicios a usuarias mujeres. Todo esto permite a las mujeres tener más autonomía de ganancias y participación equitativa de generación de ingresos.
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Retos en regulación
Cada país avanza a su propio ritmo respecto a la regulación de las plataformas colaborativas, pero para que se concrete se debe entender que estas plataformas responden a una realidad social y económica distinta, donde la gente valora la libertad del uso de su tiempo, cómo generar ganancias, el ejercicio de su derecho humano a la movilidad con plena libertad de elección de los medios para hacerlo, y la flexibilidad de trabajar sin restricciones ni obstáculos.
En Colombia, por ejemplo, no se ha logrado avanzar con éxito en un marco regulatorio.
“En el país prevalece una inexistencia de la regulación de las aplicaciones móviles de transporte, no hay una comunicación adecuada para crear un espacio que le ayude a avanzar en este marco”. Esto lleva a que la realidad sea una completa incertidumbre jurídica, lo que pone en riesgo el desarrollo económico del país”, señaló Roqueñí.
Por esta razón, se requiere que el nuevo gobierno asuma este reto, que no es nuevo, y por fin contribuya al cierre de la brecha laboral.