jueves, agosto 11, 2022
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Lecciones para una regulación funcional de la economía colaborativa

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La economía colaborativa, hoy entendida de manera general como un proceso de transacción de bienes o servicios entre pares (C2C) ayudado por una plataforma tecnológica, se instauró como una alternativa al paradigma clásico de la economía dependiente de la oferta establecida por empresas, organizaciones o grandes corporaciones.

Aunque el concepto no es propiamente nuevo (y aún hoy hay dificultades para definirlo), su impacto sobre la economía en general comenzó a multiplicarse cuando surgieron múltiples plataformas que permitían poner en contacto directo a consumidores y oferentes, eliminando algunas barreras para la creación de mercados más eficientes como: un uso más eficiente de ciertos activos, un mejor flujo de información (precios, disponibilidad, etc.), opciones de pagos y logística, o la libre entrada y salida de oferentes y consumidores, entre otros.

Sin duda, una de las plataformas que logró tener un impacto temprano y con fuerza fue Uber, la cual inició en 2009 como una plataforma que permitía a cualquiera con un auto ofrecer un servicio de transporte al público en general.

Aunque no fue la primera compañía en ofrecer viajes compartidos (antes vino BlaBlaCar en 2006), fue tal su crecimiento e influencia que se llegó utilizar el término de “uberización de la economía” para referirse a cualquier otra iniciativa referente a la economía colaborativa.

A Uber le siguieron otras iniciativas principalmente en hospedaje, reparto y servicios profesionales y otros no profesionales. Evidentemente, al posicionarse como un desafío al modelo corporativo de estos sectores, la entrada al mercado de las nuevas plataformas ha causado múltiples conflictos con los gremios establecidos en el mercado que las consideran una amenaza a su modelo tradicional de operación.

Los consumidores, por su parte, han adaptado rápidamente este modelo como una alternativa a las ofertas tradicionales, en las que pueden encontrar mejores tarifas a partir de los menores costos de transacción, así como nuevas condiciones de servicio habilitadas por la nueva tecnología: reservaciones, pagos electrónicos, atención al cliente, entre otros.

“El uso compartido de la propiedad intelectual y otros activos –incluido el coche en sí– nos ayudará a optimizar lo que hoy es un uso masivamente ineficiente de los recursos. La integridad nos inducirá a hacer las inversiones necesarias con el fin de que nuestros sistemas de transporte sean sostenibles para las futuras generaciones”, advertía Don Tapscott en el libro “Macrowikinomics”, uno de los primeros autores en advertir el crecimiento del nuevo modelo colaborativo.

Se estima que para 2025, el impacto de la economía colaborativa a nivel global será de un total de 335 mil millones de dólares, a través de sectores como financiamiento, trabajo remoto, transporte, hospitalidad y entretenimiento, según un reporte de la consultora PwC. El monto será similar al resto del sector tradicional.

El desafío regulatorio

Para los gobiernos ha sido un desafío particularmente complejo brindar un ambiente que permita la operación de estas plataformas, mientras se resguardan los derechos de oferentes y consumidores que se suman a su operación, pero también de las empresas y empleados de la oferta tradicional.

Es de esperar que el avance y la innovación en cualquier sector irán siempre un paso por delante de la ley y la regulación vigentes. Es la naturaleza de esta relación la que constantemente produce choques y desacuerdos entre ciertos sectores económicos cuando no se establecen claramente los alcances y derechos de cada participante.

Es precisamente por esta razón que los gobiernos, autoridades y otros organismos de regulación deben mantener una constante comunicación y estudio de la información proveniente de la evolución de los mercados, de modo que les permita implementar medidas lo suficientemente flexibles y dinámicas para adaptarse a los nuevos escenarios y demandas de los propios usuarios.

El mayor riesgo es que la aplicación de una regulación rígida no sólo evitará el avance de la innovación y la introducción de nuevas ofertas al mercado, sino que además evitará la adaptación de los participantes tradicionales a los nuevos modelos de negocio y tecnologías, provocando un estancamiento en general de todo el sector y que inevitablemente impactará al resto de la economía.

Lo anterior es de suma importancia al considerar el nuevo marco de competitividad global, donde las naciones con mayores oportunidades de crecimiento son las que mejor integran las nuevas soluciones digitales a sus procesos productivos, ya sea en la forma de equipos e infraestructura o en el acceso a nuevos servicios digitales.

El mejor ejemplo de lo anterior surgió con la pandemia por Covid-19, cuando millones de personas se vieron obligadas a adoptar nuevas tecnologías para continuar con sus actividades diarias, desde trabajo, educación o entretenimiento. No se debe subestimar que algunas de estas actividades pasaron a depender en parte de plataformas de economía colaborativa, tales como la compra de víveres o algunas destinadas para la educación en casa.

Un estudio reciente por Telecom Advisory Services encontró que aquellos países con menor conectividad fija (penetración de banda ancha por arriba de 90%) lograron mitigar 21 por ciento de los efectos por Covid-19, en comparación aquellos países con menores índices de conectividad (entre 30 a 90%), con un efecto menor de 15 por ciento.

Un error común que se ha registrado en los intentos de regulación es equiparar la operación de estas plataformas a los modelos tradicionales de negocio. Se debe tener en cuenta que la economía colaborativa es un modelo que registra su mayor crecimiento a partir de la presencia de soluciones digitales y, por lo tanto, representa un conjunto de condiciones distintas a los negocios que surgieron a partir de la industrialización de los siglos XIX y XX.

La aplicación de la regulación existente, usualmente inaplicable por la propia naturaleza de las nuevas plataformas habilitantes de la economía colaborativa, pondría en riesgo el modelo de negocio de ellas y, en consecuencia, las oportunidades existentes para los actuales usuarios participantes (tanto oferentes como consumidores).

Así como durante los siglos XVIII y XIX se adaptaron y emitieron múltiples leyes y reglamentos para crear y preservar derechos de los ciudadanos en las fábricas nacidas a partir de la revolución industrial, la revolución digital del siglo XXI requiere de nuevos enfoques de regulación preparados para el florecimiento de nuevos modelos de negocio y la revalorización de los derechos digitales.

“Cualquier intento de regular este tipo de empresas, por lo tanto, debe estar precedido por una evaluación completa y exhaustiva”, recomienda PwC. Según información de la consultora, buena parte de la regulación se ha dado a nivel local o estatal, que eventualmente podría adaptarse para su uso a nivel nacional.

Por su parte, Tapscott advierte también respecto de las resistencias esperadas en los mercados a partir del surgimiento de nuevas soluciones y modelos. Aunque en el corto plazo pudieran advertirse como una amenaza, es en el largo plazo, bajo un enfoque adecuado, cuando se advierten claramente los impactos en la sociedad en general.

“No es de extrañar. Los usos culturales son persistentes. Las viejas prácticas y costumbres laborales no se pierden fácilmente. Los intereses creados se oponen a las transformaciones desencadenadas por las fuerzas revolucionarias, de modo que los cambios previstos tardan décadas, y a veces varias generaciones, en desarrollarse”, agrega.

De tal forma, se debe ser cuidadoso en cómo se aplica la regulación, ya que de este proceso dependerá si las nuevas tecnologías y soluciones se integran plenamente como herramientas para la creación de valor en la economía, o si la prohibición legal de su uso termina por limitar su impacto y beneficios.

Lo anterior no significa que el mejor escenario es aquel en que la regulación deba estar ausente, sino que se debe buscar la formación de una en la que el marco legal se modernice para adaptarse a la propia evolución de los conceptos clásicos como el empleo y mercado, así como a las nuevas interacciones entre sus participantes que surgen a partir de la introducción de la tecnología.

Así, aunque ciertos sectores como el transporte han atraído la mayor atención de los reguladores respecto de su impacto sobre el empleo, la ampliación de la conectividad entre la población, la ubicuidad de dispositivos y mejoras a las redes de transporte servirán de catalizador para ampliar el acceso y la popularidad de las plataformas basadas en el modelo de una economía colaborativa a lo largo de múltiples sectores.

Es decir, aun cuando ciertos modelos de negocio presentes pudieran no ser exitosos o se emitan prohibiciones a la operación de ciertas plataformas, la economía colaborativa es una tendencia que no dejará de crecer y que ampliará su influencia e impacto a múltiples sectores de la economía.

Será un trabajo titánico para los gobiernos revisar caso por caso o sector por sector, y la prohibición directa de esta operación será un ejercicio de la ley poco práctico y con resultados negativos previsibles para la economía en su conjunto. Sin considerar que la población aún buscaría alternativas para el aprovechamiento de estas plataformas, estén propiamente reguladas o no.

Como se ha observado a partir de la experiencia de los países con mayor avance tecnológico, la regulación debe adoptar un enfoque abierto a la innovación y bajo el principio de neutralidad tecnológica. Asimismo, antes de tomar cualquier decisión, se debe realizar un análisis profundo de las implicaciones del nuevo modelo, para entender su funcionamiento y, en especial, cuáles son los beneficios que aporta para sus participantes. Para este objetivo, será esencial la comunicación y colaboración constante entre autoridades, empresarios y consumidores.

Efrén Páez Jiménez
Efrén Páez Jiménez
Efrén Páez Jiménez es economista
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