Luego de que algunos grupos de colaboradores de las plataformas digitales de transporte y entrega a domicilio presentaron un documento en el cual piden una legislación laboral, los colectivos Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos advirtieron que esa propuesta no les representa e, incluso, pone en riesgo la flexibilidad de su ocupación.
A través de un comunicado, los grupos aseguraron que el Manifiesto de Piso Mínimo es una iniciativa ilegítima promovida por grupos que “sólo buscan ganar dinero a costa de cuotas sindicales que los repartidores y conductores tendríamos que pagar”.
El viernes 26 de septiembre, algunos colectivos convocaron a los medios de comunicación afuera de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para dar a conocer el documento donde plantean crear una figura jurídica que defina derechos para quienes generan ingresos a través de las aplicaciones como DiDi, Uber, Rappi o Beat.
Para Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, el proyecto de los grupos liderados por Salvador Rodríguez González no busca consensos ni derechos para los colaboradores de las plataformas, ni toma en cuenta sus necesidades.
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Los grupos señalaron que repartidores y conductores demandan un trato digno, no discriminación por parte de restaurantes, centros comerciales y consumidores; acceso a sanitarios y áreas de descanso; seguridad y apoyo en caso de incidentes; promoción de la seguridad vial; justicia ante delitos y agresiones; así como justicia ante desactivaciones en las aplicaciones.
Al mismo tiempo “necesitamos mantener un modelo flexible que nos permita trabajar a las horas que queramos, donde queramos y para tantas plataformas como queramos”.
Sin embargo, advirtieron que “la alianza que están formando grupos sindicales, grupos violentos y la STyPS acabaría con todo ello”.
Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos afirmaron que los grupos que se reunieron el viernes pasado no representan a los casi cinco millones de repartidores y conductores de México, sólo a agrupaciones ajenas que buscan un beneficio propio en contubernio con la Secretaría del Trabajo.
Por esa razón, ambos colectivos presentarán un proyecto diferente para garantizar los derechos fundamentales de quienes generan ingresos a través de las plataformas colaborativas. Será “un documento de avanzada y buscará sumar aliados”, puntualizaron.
En estos momentos, la STyPS está preparando una iniciativa de reforma laboral en relación con las aplicaciones tecnológicas de transporte y reparto. Se espera que el proyecto se dé a conocer en septiembre, por lo que los diferentes grupos de repartidores están interesados en que sus demandas sean escuchadas.
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Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, ha señalado que su propuesta buscará reconocer una relación laboral entre repartidores, conductores y las plataformas. Sin embargo, reconoce que esta regulación representa un desafío debido a que esta relación laboral es muy distinta a la tradicional.
Si bien las empresas tecnológicas se muestran abiertas a garantizar un piso de seguridad social para sus colaboradores, advierten que un modelo regulatorio demasiado rígido podría ahogar su modelo de negocios y no permitir que sigan operando en el país.Asimismo, algunos colectivos, como Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, abogan porque en el camino hacia crear una normativa no se sofoque esta importante fuente de ingresos de forma flexible e independiente. En este caso, temen que la propuesta presentada el viernes pasado avance en esa dirección.