La reforma laboral en Colombia, que inició debates en diciembre de 2023, continúa en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Entre el martes 11 y el miércoles 12 de junio se aprobaron tres nuevos artículos: 29, 31 y 32, presentados por la ponente María Fernanda Carrascal, que contemplan las condiciones laborales de los repartidores de plataformas digitales en el país.

El Artículo 29 contempla la implementación de un sistema que garantice la identificación de los trabajadores digitales, asegurando el respeto al derecho de habeas data. Asimismo, obliga a las plataformas a informar sobre las modalidades de suscripción, términos y condiciones y sobre los derechos de los trabajadores.

El Artículo 31 propone que las plataformas digitales de reparto se registren ante el Ministerio del Trabajo y reporten trimestralmente el número de empleados activos en sus modalidades de trabajo dependiente y autónomo.

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El Artículo 32 obliga a las plataformas digitales de reparto a informar a sus trabajadores sobre los sistemas automatizados que utilizan para supervisar, evaluar y tomar decisiones que afecten las condiciones de trabajo de los colaboradores. Esto incluye aspectos como acceso a pedidos, ingresos, seguridad y salud, tiempo de trabajo, promoción y situación contractual.

Con estas aprobaciones, la reforma laboral ya suma 39 de los 98 artículos que componen el documento, lo que representa el 40 por ciento del total.

Dentro de los artículos que ya han sido aprobados y que impactan las labores de los repartidores en Colombia se incluyen los ajustes en la formalización del trabajo en plataformas digitales y la normativa que deben cumplir estas empresas para garantizar el pago de las prestaciones sociales a los empleados.

Esta mañana, en conversación con Blu Radio, la congresista María Fernanda Carrascal dijo que “uno de los artículos más importantes pendientes por discutir, y que probablemente lo abordaremos mañana, es el Artículo 28, que contempla las modalidades de trabajo de plataformas de reparto. Es uno de los temas que más están esperando las plataformas y los trabajadores, porque hay acuerdo previo entre el gobierno nacional y algunos sectores”.

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Aclaró, también, que desde su curul tiene diferencias con el tema de la subordinación y la existencia de laboralidad en la relación entre la plataforma y el trabajador, pero consideró que se ha avanzado. Mañana habrá más avances en materia de plataformas digitales”.

Antecedentes

La reforma laboral, que fue presentada en febrero de 2023, convertía a los repartidores en empleados dependientes de una empresa y limitaba la libertad de este modelo de trabajo. En junio de ese año, la propuesta se hundió por falta de quórum para votar a favor o en contra del proyecto.

Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro dejó claro que lo volvería a presentar durante la segunda mitad de 2023. En su momento, expertos del sector alertaron sobre los riesgos que podría tener la desaparición de este modelo de trabajo que brinda ingresos permanente o adicionales para unos 120 mil domiciliarios.

La reforma laboral no verá la luz en Colombia, al menos no este semestre, luego de que la Comisión VII de la Cámara de Representantes no alcanzara el quórum necesario para abrir su debate y votación, que estaba citado para el martes 20 de junio.

Si bien la ponencia de la reforma se aprobó el pasado jueves 15 de junio, no fue suficiente para ejecutar el proyecto, pues con esa aprobación apenas se daba vía libre a los debates que debían iniciar ayer, pero que no se realizaron por la ausencia de más de la mitad de los representantes citados al recinto.

Entre otras cosas, el proyecto tenía la intención de establecer una relación laboral dependiente entre las plataformas digitales como Rappi, DiDi y iFood y las personas repartidoras, para obligar a las empresas a afiliar a los colaboradores a la seguridad social.

En conversación con DPL News, José Daniel López, director Ejecutivo de Alianza IN, destacó que, desde la agremiación, la reforma laboral era una oportunidad de formalización para los más de 120 mil repartidores que hay en Colombia, por lo que se presentaron más de 20 propuestas al gobierno para integrarlos en un esquema en el que empresas y personas participaran en el pago de seguridad social.

Por su parte, Carlos Augusto Chacón, director Ejecutivo del Instituto de Ciencia Política (ICP) celebró la noticia.

“Resulta muy afortunado que la Reforma no haya pasado, principalmente porque no se compadece de la realidad laboral colombiana“, dijo Chacón a DPL News.

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Ante el hundimiento de la reforma, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que esto “demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico”, y advirtió que “el gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”.

A la posición de Petro se sumó María Fernanda Carrascal, representante de la Cámara y ponente del proyecto, quien mencionó que “la reforma laboral va porque va, aunque la tengamos que presentar nuevamente durante el segundo semestre de 2023”.

Así, el gobierno explora nuevos caminos para presentar el proyecto nuevamente o incluirlo en los temas a tratar durante las sesiones extras.

Al respecto, Chacón hizo un llamado al gobierno para realizar ajustes en caso de que decidan tramitar la reforma laboral durante el segundo semestre de 2023.

“Si el gobierno quiere volver a tramitar la reforma laboral debería enfocarse en aportar con soluciones que atiendan las necesidades de los trabajadores y que tenga en cuenta las nuevas dinámicas que responden a la Cuarta Revolución tecnológica. Aspectos que la reforma que se hundió en el congreso no contemplaba”, dijo.

A su vez, ambos organismos reiteraron su disposición para construir nuevas soluciones respecto a la reforma laboral.

“Desde Alianza IN seguimos con disposición y con las ganas de construir conjuntamente para proteger con seguridad social a los repartidores que hay en Colombia”, aseguró López.

“Cuando arranque la nueva legislatura presentaremos un paquete de iniciativas sobre qué debería contener una reforma laboral que responda a la realidad del país porque consideramos que este debate debe ser muy nutrido en el congreso”, concluyó Chacón.

Tal vez sea esta la oportunidad que tiene el gobierno para repensar algunos de los títulos de la reforma y trabajar en los diálogos entre industria que son necesarios para crear políticas que atiendan realmente las necesidades de los trabajadores de las plataformas digitales fuera de los esquemas tradicionales del código laboral.

En el actual panorama laboral, las plataformas digitales han surgido como un nuevo formato para generar ingresos de manera independiente, brindando flexibilidad horaria y la posibilidad de complementar otras actividades. 

En este contexto, Colombia está considerando implementar una reforma laboral que la coloca en el reto de considerar las particularidades de las plataformas digitales y garantizar un equilibrio entre la flexibilidad que ofrecen y la protección de los trabajadores.

Para comprender los desafíos y las lecciones aprendidas de otras experiencias en propuestas similares es necesario revisar propuestas realizadas en España, el estado de California, Perú y Chile, ya que pueden servir de insumos relevantes en la discusión local.

En España, la Ley Rider, implementada en 2021, estableció que los repartidores son asalariados y no autónomos, sometiéndolos a la legislación laboral. 

Aunque esta medida buscaba brindar mayor protección a los trabajadores, su implementación fue cuestionada debido a la rigidez e ineficiencia que generó en el ecosistema. 

La empresa Deliveroo anunció su salida del mercado español tras la emisión de la norma generando la pérdida de ingresos de 4 mil repartidores. En el caso de Uber Eats se calcula que se perdieron 3 mil trabajadores autónomos.

En el estado de California, Estados Unidos, el California Bill Assembly 5 (AB5) estableció un test para clasificar a los trabajadores como independientes, lo cual generó inseguridad jurídica y afectó a 70 mil conductores de camiones, enfrentándolos a la posibilidad de perder sus ingresos como independientes. 

Como se puede ver, esta medida no brindó un modelo acorde a las particularidades de las plataformas digitales ni protección adecuada a los repartidores y conductores. Además, puso en peligro miles de empleos y la cadena logística del estado.

En Perú, el Congreso ha venido discutiendo diversos proyectos de ley con fórmulas que proponen vínculos laborales absolutos entre los repartidores y las plataformas, nuevas figuras como la del “trabajador digital independiente” y una tercera propuesta enfocada únicamente en el tema pensionario. 

Si bien dichos proyectos no han llegado a ser aprobados por el Congreso, un punto importante de la discusión ha girado en torno al impacto de dichas propuestas en las medianas y pequeñas empresas que vendan sus productos a un gran universo de consumidores a través de plataformas digitales sin importar la distancia. 

Un dato relevante es que, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, 39 por ciento de los comercios aliados en Perú tienen menos de cinco trabajadores.

Lo anterior demuestra que la aplicación de una regla laboral rígida que desconozca el modelo operativo de plataformas digitales puede tener efectos muy negativos en todo el ecosistema de emprendimiento que habilitan, generando pérdidas de ingresos y empleos para repartidores, menos alternativas en los consumidores e impacto en pequeñas y medianas empresas. 

En contraste, la ley chilena, promulgada en marzo de 2022, reconoció la existencia de trabajadores dependientes e independientes en las plataformas digitales. Esta ley establece un piso mínimo de garantías para todos ellos, incluido el tiempo máximo de conexión continua, el derecho a la desconexión, canales para atención de quejas y reclamos y cobertura de seguridad social, lo cual intenta proteger a los trabajadores sin limitar la innovación y la flexibilidad de las plataformas.

Sin duda, el caso  chileno demuestra que el único camino no está en fijar una regla de laboralidad rígida sino más bien la cotización al sistema de pensiones. 

Ante estas contingencias y lecciones aprendidas, es esencial que Colombia aborde la reforma laboral en plataformas digitales de manera integral y equilibrada. 

Es necesario reconocer la importancia de la flexibilidad que brindan estas plataformas, permitiendo a los trabajadores tener mayor control sobre su tiempo y la posibilidad de complementar ingresos. 

En vez de replicar sin mayor análisis normativas que no han tenido el éxito esperado en otras latitudes, urge  entender las nuevas realidades que se forman en nuestro contexto particular a partir de la innovación y la economía digital. 

Lo anterior es más importante dado el estatus que ostenta Colombia como referente internacional en materia de tecnologías de la información y hub empresarial de las principales empresas de tecnología globales, al gozar de un ecosistema de emprendimiento tecnológico bastante robusto frente a sus pares regionales.  

En ese contexto, se necesita regulación habilitadora y no prohibitiva de modelos de negocio disruptivos.  

Es fundamental que el gobierno promueva el diálogo y el consenso con miras a generar un acuerdo que realmente beneficie a todos los involucrados y encuentre un verdadero equilibrio entre la estabilidad y la formalidad sin necesidad de sacrificar el empleo. 

Esta reforma laboral para plataformas digitales debería ser una oportunidad para consolidar a Colombia como referente regional y mundial con una regulación que equilibra flexibilidad y la protección de los derechos laborales. 

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En el primer capítulo de la segunda temporada abordamos las consecuencias que tendría en las plataformas digitales la propuesta de reforma laboral colombiana. También hablaremos sobre la música digital con Ximena Díaz, gerente de Marketing para Latinoamérica en Sonos.

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Te compartimos los temas y acontecimientos digitales más destacados seleccionados por DPL News, para que comiences la semana actualizado en información tecnológica.

Cinco acciones para incluir a 200 millones de latinoamericanos a la economía digital

Firmas de telecomunicaciones, tecnología e industria audiovisual con presencia en América Latina definieron en Washington, Estados Unidos, propuestas para los gobiernos con el ojo puesto en incluir a 200 millones de latinoamericanos a la economía digital. Se expresaron ideas como fortalecer las alianzas público-privadas y la necesidad de avanzar hacia una regulación inteligente que funcione a favor del cierre de la brecha digital.

El pedido se concentra en estas cinco acciones:

1. Desarrollo de una regulación moderna, liviana y flexible.
2. Promoción del despliegue de infraestructura digital.
3. Adecuación de las políticas y prácticas de gestión del espectro.
4. Reducción de cargas tributarias y eliminación de ineficiencias en el marco fiscal.
5. Generación de asociaciones público-privadas para el desarrollo de capacidades y habilidades en el entorno digital.

El acuerdo se alcanzó en una reunión de trabajo en la sede del Wilson Center, parte de la serie Going Digital in Latin America del programa think-tank, en un encuentro realizado con el apoyo de Asiet y patrocinado por Vrio Corp. Participaron, además de ejecutivos de la industria de telecomunicaciones, representantes de gobiernos y del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uruguay | La nueva fecha de la subasta 5G será el 9 de mayo

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) modificó el cronograma de la subasta de espectro en la banda de 3.5 GHz, la primera compatible con 5G en  Uruguay. Ahora la fecha prevista para la instancia final del procedimiento será el 9 de mayo, casi dos semanas después de lo previsto inicialmente. La decisión responde a que se consideró la solicitud de América Móvil de que se amplíe el plazo previsto para la presentación de antecedentes y garantías.

Se pondrán en juego dos bloques de 100 MHz en 3.5 GHz —otro igual quedará reservado para Antel— por un precio base de 28 millones de dólares. Habrá obligaciones de cobertura que podrán completarse con 4G, y las concesiones serán por 25 años, con opción de renovar bajo ciertas condiciones.

Tanto Movistar como Claro señalaron que evalúan presentar acciones contra el proceso. Los privados se quejaron de aspectos como el precio de los bloques y las ventajas competitivas con las que contará la estatal, como saber qué bloque le será asignado. Dedicado también dijo que impugnará el pliego definitivo, en su caso por las condiciones estipuladas para participar, que lo dejaron fuera de puja.

Colombia | Reforma laboral a plataformas destruiría fuentes de ingresos de repartidores: ICP

En los próximos días la Cámara de Representantes de la República de Colombia iniciará los debates de la reforma laboral que se revisa en el legislativo desde el 16 de marzo de 2023.

En DPL News consultamos a Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política (ICP), quien destaca que la naturaleza de la contratación mediada por plataformas digitales no ha sido suficientemente estudiada como para ser regulada.

Además, asegura que la reforma laboral desconoce los modelos de negocio de la Cuarta Revolución Digital y que destruiría la mayoría de las fuentes de ingresos de los repartidores.

Paraguay | Escasas propuestas digitales en plan de gobierno de los candidatos a la presidencia

El sector digital y de las telecomunicaciones no ocupa un lugar prominente en el plan de gobierno de los candidatos que se disputarán la presidencia de Paraguay el próximo 30 de abril. El candidato puntero, según la mayoría de las encuestas, Santiago Peña, del Partido Colorado, ha planteado distintas propuestas relacionadas con el empleo, la economía, la energía y apoyos sociales a la población, además de ‘mejorar la infraestructura’, aunque no ha señalado ninguna propuesta concreta sobre el ámbito telecom.

El segundo lugar en intención del voto, Efraín Alegre, del Partido Liberal, sí tiene un plan de conectividad nacional: WIFI NDE RÓGAPE, que consiste en subsidiar 50 por ciento del costo fijo de Internet con los proveedores para conectar a 100 mil hogares con banda ancha de calidad y que 500 mil paraguayos puedan acceder a programas de refuerzo escolar, capacitación profesional y servicios públicos.

Por otro lado, la cuestión digital es transversal al plan de Euclides Acevedo, candidato del Movimiento Nueva República, ya que forma parte de diversos ejes de gobierno: en Inversión en Infraestructura de Impacto Social, propone la inclusión digital de los ciudadanos, principalmente de estudiantes y egresados, así como el desarrollo de ciudades digitales y la transformación digital.

Lo que Brasil puede aprender de la Ley de Servicios Digitales de Europa

(Contenido en portugués)^[1]

El gobierno brasileño se ha inspirado en la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA) para su propia regulación de plataformas digitales. La acción puede ser positiva, por ejemplo, con la corregulación, pero también puede ser cuestionable, como responsabilizar a las plataformas por el contenido de terceros.

Según João Victor Archegas, investigador de Derecho y Tecnología de ITS Rio, el mecanismo de “aviso y acción” de la DSA alienta a las empresas a eliminar más contenido para evitar responsabilidades y coloca a la plataforma en la posición de aplicación de la ley.

DPL News hizo una comparación entre el DSA y las propuestas brasileñas -el reemplazo del diputado Orlando Silva presentado en 2022 y la sugerencia del Ejecutivo este año 2023-, con el objetivo de entender qué puede servir de modelo para Brasil.

Costa Rica | La limitante del ICE y Racsa para desplegar 5G

Los planes de Grupo ICE para desplegar redes privadas 5G en Costa Rica, usando el espectro de 3.5 GHz, podrían verse obstaculizados si una investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Miccit) no falla a su favor.

Orlando Vega Quesada, viceministro de Telecomunicaciones, dijo a DPL News que la dependencia aún tiene en marcha un proceso administrativo para determinar si Racsa ―filial de ICE― incumplió con sus obligaciones contractuales, legales y prestacionales respecto de las frecuencias de 3.5 a 3.6 GHz.

Esto “podría eventualmente derivar en modificaciones a la situación registral de este segmento de frecuencias”, impidiendo que Racsa use ese espectro para implementar 5G, como anunció en marzo. Sin embargo, la indagatoria no ha concluido y si el proceso llega a lo contencioso podría alargarse incluso años.

Chile | Subtel autoriza a Claro utilizar su espectro en 3.5 GHz para 5G

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile autorizó de forma provisoria que Claro utilice parte del espectro con el que ya cuenta en la banda de 3.5 GHz para ofrecer 5G comercial en el país. Tras idas y vueltas, el operador podrá finalmente sumarse a la carrera de la que ya participan Entel, Movistar y WOM.

Para su decisión, el regulador tomó la recomendación del Tribunal de la Libre Competencia y la Corte Suprema que, a pesar del reclamo de los competidores de la firma, sugirió que se vele por la existencia de al menos cuatro operadores en ese mercado para asegurar competitividad y potenciar una mejor oferta para los usuarios móviles.

En búsqueda de evitar que adquiera una ventaja en su estructura de costo por no haber pagado dinero en la subasta, la filial local de América Móvil tendrá que presentar un proyecto técnico similar al que presentó en el concurso de 2020 y un plan de inversión adicional para conectar con 5G a diferentes localidades del país con acceso deficiente o nulo.

^[1] O que o Brasil pode aprender com a Lei de Serviços Digitais da Europa

O governo brasileiro tem se inspirado na Lei de Serviços Digitais (DSA) europeia para fazer a sua própria regulação de plataformas digitais. A ação pode ser positiva, por exemplo com a corregulação, mas também pode ser questionável, como na responsabilização das plataformas pelo conteúdo de terceiros.

Segundo João Victor Archegas, pesquisador de Direito e Tecnologia do ITS Rio, o mecanismo de “notificação e ação” da DSA incentiva as empresas a remover mais conteúdo para evitar a responsabilização e coloca a plataforma na posição de aplicadora da lei.

A DPL News fez uma comparação entre a DSA e as propostas brasileiras – o substitutivo do deputado Orlando Silva apresentado no ano passado e a sugestão do Executivo deste ano –, com o objetivo de entender o que pode servir de modelo para o Brasil.