Jorge Bravo | El Economista

Los derechos de las audiencias regresaron al centro del debate público. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene en consulta pública nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuesta que actualiza el marco regulatorio conforme a la nueva de 2025, pero que ha despertado preocupación por sus alcances en el derecho a la información y la libertad de expresión.

El documento tiene semejanza con los lineamientos que en su momento emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) previo a su extinción. Sin embargo, el cambio no está sólo en el texto, sino en el contexto político e institucional en el que ahora deberán aplicarse. Conviene recordar que los derechos de las audiencias son constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su validez después de un largo litigio. Esos derechos finalmente quedaron incorporados en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025.

Las audiencias tienen derecho a recibir contenidos plurales, que la publicidad no se disfrace de información, a ejercer el derecho de réplica, a contar con mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad, disponer de defensorías que atiendan sus quejas y que los radiodifusores tengan un código de ética. Estos mecanismos fortalecen la calidad de los medios electrónicos.

El riesgo es cuando la protección de esos derechos se convierte en un espacio abierto para interpretar contenidos periodísticos. Entre los 14 derechos previstos en los lineamientos existe uno que sobresale por su potencial impacto sobre el ejercicio periodístico: los concesionarios deberán facilitar elementos para diferenciar entre la información noticiosa y la opinión de quienes participan en los programas, especialmente en los espacios informativos.

Aunque yo comparto ese derecho, hay que reconocer que el periodismo moderno rara vez presenta una frontera absoluta entre hechos y opiniones. Un conductor puede contextualizar una noticia, un analista puede interpretar un dato y un entrevistador puede cuestionar una declaración pública. El orden de las notas o la selección de las fuentes constituye una decisión editorial. Establecer una línea objetiva entre información y opinión es sencillo sobre el papel, pero complejo cuando se traslada a la práctica cotidiana de la radio y la televisión.

El riesgo aparece cuando una autoridad administrativa como la CRT debe decidir si un programa o comunicador cumplió o no con esa diferenciación. Aquí surge la diferencia más importante respecto de los lineamientos emitidos por el IFT, que también fueron objeto de rechazo.

Cuando el IFT elaboró sus lineamientos existía un regulador constitucional autónomo. Su diseño institucional buscaba reducir la influencia del gobierno sobre decisiones relacionadas con los medios de comunicación. Hoy la realidad es distinta porque la CRT forma parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La ley reconoce independencia técnica de la CRT, pero ya no se trata de un regulador autónomo, sino que depende directamente del Ejecutivo Federal.

Ese cambio de diseño institucional modifica inevitablemente la percepción sobre cualquier facultad de supervisión relacionada con contenidos. No se trata de afirmar que la CRT ejercerá censura. De hecho, los lineamientos reiteran que no podrán restringir la libertad de expresión, la libertad editorial ni la libertad programática.

Sin embargo, sería ingenuo suponer que la regulación opere mediante censura directa. Su efecto es sutil. La supervisión permanente, los procedimientos administrativos, las multas y la incertidumbre regulatoria producen un efecto inhibidor sobre los medios. Ese fenómeno se conoce como “chilling effect” o “efecto disuasorio”, cuando los medios moderan ciertos contenidos para evitar conflictos con la autoridad, en lugar de que la libertad de expresión esté plenamente garantizada.

Los nuevos lineamientos recurren a expresiones como “información veraz”, “pluralismo”, “diversidad”, “fortalecimiento democrático” o “diferenciación entre información y opinión”. Todos esos principios son legítimos, pero ninguno posee una definición absoluta. Su alcance depende de quien los interprete, primero el defensor de las audiencias, después la CRT.

Los lineamientos no descansan sobre reglas objetivas sino que dependen del criterio de la autoridad administrativa. Más que crear nuevas prohibiciones, los lineamientos fortalecen un esquema basado en la interpretación y, por lo tanto, se abre la oportunidad de que los derechos de las audiencias y los lineamientos se conviertan en una herramienta y estrategia para coartar la libertad de expresión ante opiniones que puedan incomodar al régimen.

También amplían el universo de sujetos regulados. Ya no sólo alcanzan a los concesionarios de radio, televisión abierta y TV restringida. Ahora incluyen a las programadoras. Desarrollan con mayor detalle las reglas relacionadas con publicidad integrada, contenidos de marca, emplazamiento de productos y espacios comercializados. Son temas relevantes para la transparencia frente a las audiencias, pero reflejan una supervisión administrativa más amplia que la precedente.

Todo ello ocurre en un contexto político distinto. Durante la 4T, desde la conferencia matutina se han emitido descalificaciones frecuentes contra medios electrónicos, concesionarios, acoso a periodistas y comunicadores. Ese ambiente hostil vuelve inevitable que cualquier ampliación de facultades regulatorias sea observada con desconfianza.

La consulta pública convocada por la CRT rebasa el ámbito técnico. El debate es definir el alcance de la autoridad encargada de tutelar los derechos de las audiencias sin afectar la libertad de expresión. La propuesta de la CRT introduce ambigüedad normativa, regulación basada en interpretación, ampliación de la supervisión administrativa y un régimen de sanciones entre 0.01 y 1% de los ingresos de los medios y programadoras, tan amplio como la interpretación que se quiera dar a las quejas.

El gobierno no debe decidir dónde termina un hecho y comienza una opinión. Tampoco acosar a los periodistas. El objetivo debe ser garantizar que sean las audiencias, con información plural, medios libres y periodismo profesional, quienes formen su propio juicio.

El Heraldo de México

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó en su XVIII Sesión Ordinaria someter a Consulta Pública el Anteproyecto de Lineamientos Generales para garantizar los Derechos de las Audiencias, en atención a la resolución del juicio de amparo 653/2019 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

El Anteproyecto elaborado por la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT (UMCA) tiene por objeto regular, en el marco de competencia del Instituto, los Códigos de Ética que deben emitir los Concesionarios del Servicio de Radiodifusión, los Concesionarios del Servicio de Televisión y Audio Restringidos y los Programadores, así como la regulación relativa a los Defensores de las Audiencias, los cuales deben asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6°. y 7°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Leer más: https://heraldodemexico.com.mx/edicion-impresa/2024/7/22/el-pleno-del-ift-aprobo-someter-consulta-publica-el-anteproyecto-de-lineamientos-generales-para-garantizar-los-derechos-de-las-audiencias-623179.html

Históricamente, a pesar de su importancia, los derechos de las audiencias han sido poco reconocidos, respetados y comprendidos en México. Por eso, la reforma de junio de 2013 fue un parteaguas en esta materia, pues incluyó los derechos de las audiencias en el artículo 6° de la Constitución, donde también se establece el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.

Al elevar los derechos de las audiencias a rango constitucional, la reforma también dispuso que el Estado estableciera los mecanismos necesarios para proteger y garantizar este derecho. Sin embargo, hasta ese entonces todavía no había una certeza de lo que significan los derechos de las audiencias. Estaba plasmado en la Carta Magna, pero sin ninguna definición o alguna interpretación sobre a lo que se refería. La reforma fue apenas la primera aparición de este concepto en el marco jurídico mexicano.

Para Narciso Guzmán Huerta, la vaga definición de los derechos de las audiencias en el decreto generaba incertidumbre jurídica acerca de quiénes eran los titulares de dicha garantía. Fue hasta julio de 2014 cuando hubo más luz acerca del tema. Ese año, se emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR).

La ley incluyó un capítulo (IV) dedicado especialmente a los derechos de las audiencias, en el cual se define que este derecho abarca recibir contenidos plurales y diversos; que reflejen diferentes ideas y opiniones de acuerdo con el ánimo demócratico; que diferencien entre información y opinión; que mantengan la misma calidad de audio y video; que respeten los derechos humanos; que respeten los horarios, y además determinó que los medios deben brindar el derecho de réplica a las audiencias.

Asimismo, la ley de 2014 atribuyó al recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones la tarea de vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias, por lo que ordenó a este organismo la elaboración de lineamientos en la materia, los cuales deben ser cumplidos por todos los concesionarios de radiodifusión o televisión o audio restringidos.

Esta legislación también dio paso a la creación de la figura de defensoría de las audiencias, que es responsable de recibir y dar seguimiento de forma imparcial los comentarios, peticiones y quejas de las audiencias acerca de los contenidos.

Pero el reconocimiento de los derechos de las audiencias no ha sido un camino en línea recta ni progresivo. Cuando el IFT publicó por fin los lineamientos, los concesionarios de radio y televisión no estuvieron de acuerdo con las obligaciones que les atribuía la ley, y argumentaron que los derechos de las audiencias eran improcedentes e, incluso, atentaban contra la libertad de expresión y la libertad de empresa.

También han sostenido que impiden una transmisión adecuada de la programación, pues resulta, según ellos, imposible distinguir entre opinión e información y diferenciar entre propaganda y publicidad en todo momento.

El descontento de los grandes empresarios desató una ola de descalificaciones y desinformación en los medios de comunicación de los que son dueños. Se generó y difundió una extensa campaña en contra de estos derechos, en la que participaron empresarios, líderes de los medios, funcionarios, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y hasta organizaciones internacionales.

Más tarde en 2017, el poder mediático terminó por ejercer la presión suficiente que dio impulso a una serie de controversias constitucionales contra los lineamientos de derechos de las audiencias. Aunque fue el gobierno de Enrique Peña Nieto el que respaldó el reconocimiento de estos derechos, después fue el propio encargado de sepultarlos.

Tanto la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo como los legisladores interpusieron inconformidades a los lineamientos, reclamando que los derechos de las audiencias sólo podían ser normados por el Ejecutivo. Eso terminó por dar cabida a la aprobación de la llamada contrarreforma, la cual derogó la disposición que obligaba a diferenciar entre opinión e información en los contenidos y, entre otras cosas, determinó que los concesionarios serían los encargados de “autorregularse”.

Desde entonces, la lucha por la defensa de los derechos de las audiencias ha sido ardua y ha nadado a contracorriente sostenida por la sociedad civil, las organizaciones sociales y la academia. La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) promovió amparos contra la reforma de 2017, que más tarde fueron confirmados por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En 2022, la Corte invalidó la contrarreforma de 2017 al considerar que el proceso para su aprobación fue desaseado e irregular. La sentencia judicial confirmó que los senadores promovieron cambios de forma viciada sólo para congraciarse con los dueños de las televisoras y radiodifusoras. Así, volvió a quedar vigente la LFTR de 2014 y se restauraron los derechos de las audiencias.

Aunque el fallo de la Suprema Corte fue un triunfo para las audiencias, la lucha aún no ha terminado. El IFT todavía no emite los lineamientos que establezcan la manera como los concesionarios de radio y TV deberán cumplir con la legislación en la materia.

El órgano regulador considera que no está claro qué artículos están vigentes (los de 2014 o 2017) y probablemente no publicará los lineamientos hasta que no se resuelva esa confusión. Y sobre todo, podría demorar más en un momento en el que el Instituto se encuentra debilitado ante la falta de tres comisionadas en el Pleno. Por otro lado, existe también la posibilidad de que el Senado impulse una nueva reforma a la ley secundaria. 

Mientras las tensiones continúan en el campo jurídico y mediático, en la práctica los derechos de las audiencias han avanzado pero a un paso muy lento. Los medios públicos o descentralizados como Canal Once, Televisión Educativa y el Imer cuentan con sus defensorías de las audiencias, pero las televisoras y radios comerciales en su mayoría no disponen de esta figura o carecen de los canales adecuados para facilitar el contacto de las audiencias con quien debería ser su voz en los contenidos.

En tanto esa situación no cambie y se garantice el pleno ejercicio de estos derechos, los contenidos que se transmiten en la televisión, tanto abierta como restringida, seguirán siendo poco sustanciosos, sin pluralidad y diversidad, de baja calidad y alejados de una visión de los derechos humanos. Además, al día de hoy todavía existe un importante desafío para socializar entre las audiencias cuáles son sus derechos y qué vías están disponibles para ejercerlos. 

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¡Excelente miércoles! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude por tu vacuna de refuerzo el día que te corresponda. Mientras tanto, descubre las noticias más importantes del ecosistema digital de América Latina en el último DPL News Express de agosto:

1. Rumbo al plebiscito constitucional: lo que se juega Chile en derechos digitales

Los derechos digitales forman parte de los artículos de la Constitución con más alto consenso entre la ciudadanía. Por ello, especialistas consideran que, independientemente de lo que suceda el 4 de septiembre, este corpus sobrevivirá e influirá en los procesos políticos y normativos de Chile y América Latina.

2. WOM y Avantel completan su fusión en Colombia

Después de más de un año de haber iniciado los trámites, WOM Colombia anunció que su fusión con Avantel ya es un hecho, por lo que a partir del 26 de septiembre habrán algunos cambios para los usuarios heredados.

3. Presidentes de la Comunidad Andina subrayan necesidad de digitalización

En la XXII Reunión del Consejo Presidencial Andino, los mandatarios de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador subrayaron la necesidad de digitalización que tiene la región y reconocieron los avances que han hecho los países en la materia.

4. Simplificación normativa y revisión ex post, pilares de eficacia regulatoria telecom: Osiptel

En el 17° Taller Internacional de Regulación de la CRC, el Presidente Ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente Schwarz, explicó que la simplificación normativa y la evaluación ex post son dos pilares fundamentales de la eficacia regulatoria en telecomunicaciones.

5. Subasta 2.5 GHz en Estados Unidos recaudó 427 mdd

Luego de un mes de rondas, finalizó la Subasta 108 en Estados Unidos, donde la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) puso a disposición la banda de 2.5 GHz (2,496–2,690 MHz) para 5G.

6. México | Lo que debes saber de la decisión de la SCJN sobre las audiencias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que existieron violaciones “graves” al proceso legislativo en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de México, hecha en 2017, respecto a los derechos de las audiencias.

7. Repartidores de plataformas rechazan sindicalismo y piden preservar flexibilidad

Luego de que algunos grupos de colaboradores de las plataformas digitales de transporte y entrega a domicilio presentaron un documento en el cual piden una legislación laboral, los colectivos Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos advirtieron que esa propuesta no les representa e, incluso, pone en riesgo la flexibilidad de su ocupación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que existieron violaciones “graves” al proceso legislativo en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de México, hecha en 2017, respecto a los derechos de las audiencias.

Por ello, el Pleno declaró la invalidez de dicho decreto. Especialistas aseguran que regresa la validez que tenía la Ley antes de 2017.

Esta reforma delegó en los concesionarios la protección de las audiencias, además de que derogó los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que definían la defensa de las audiencias.

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La Suprema Corte dijo esta semana que se incumplieron reglas mínimas legislativas cuando se realizó la reforma a la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017.

“La SCJN consideró que no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, al haberse incumplido reglas mínimas, tanto en las comisiones como en el pleno del órgano legislativo, que permitieran a las mayorías y minorías legislativas expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública.

“En consecuencia, el Pleno declaró la invalidez del referido Decreto, con efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de la Unión”, señaló la SCJN.

La voz de los expertos

Irene Levy, especialista en telecomunicaciones

“Esto significa que una vez que la SCJN notifique esta resolución al Legislativo, todas las reformas del 31 de octubre de 2017 quedan inválidas y prevalece lo que estaba antes, es decir, los artículos de 2014 con obligaciones a radiodifusión y derechos de las audiencias.

“También reviven las atribuciones del IFT, incluso si quisieran podrían revivir los lineamientos de ese momento (eso no va a pasar). La Corte no entró al fondo ni de si se viola la libertad de expresión, ni de los lineamientos, ni nada; invalidó por violaciones al proceso”.

Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA)

“Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este 29 de agosto, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sigue estableciendo la importancia de los Derechos de las Audiencias. No hay censura, prevalecen las responsabilidades de los medios con quien los sintoniza”.

Defensoría de las Audiencias Canal 22

“Día importante, histórico, para los derechos de las audiencias. La contrarreforma en esta materia fue declarada inconstitucional por la SCJN. De esta manera, regresamos al escenario de 2014 y han sido restituidos los derechos expulsados y facultades del IFT en esta materia”.

Michel Hernández, director de Observatel

“Está circulando la versión de que lo resuelto hoy (29 de agosto del 2022) por la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la reforma que obligaba a distinguir entre opinión e información en medios, pero esa obligación venía en la Ley Telecom original de 2014 y lo que se invalidó hoy (29 agosto) fue la reforma de 2017 que la eliminó.

“La decisión de hoy de la SCJN en materia de audiencias, es también un llamado de atención al Congreso para que respete el proceso legislativo. Aunque esta resolución se refiere a reformas de 2017, el fast-track y las aplanadoras han sido el sello de la casa en legislaturas pasadas”.

El Universal – Javier Tejado Dondé

Desde 2013, varios activistas han pretendido sobrerregular el tema de los Derechos de las Audiencias; algunos de ellos por razones correctas, y otros más en la búsqueda de controlar a la radiodifusión. Varias de estas personas, con la llegada de la 4T, se convirtieron en funcionarios públicos federales y trabajan en los medios que ésta controla. Y, en lugar de ampliar las audiencias de los medios públicos, han optado por generar desde éstos propaganda acorde al régimen. Tan es así, que en su mayoría han sido sancionados reiteradamente por el TEPJF al hacer ejercicios propagandísticos en lugar de periodísticos, lo que ha afectado a sus audiencias, mismas que han migrado a los medios privados.

En la coyuntura de polarización del país, varios funcionarios federales han seguido tratando de sobrerregular a los medios, en particular, al obligar a los noticieros a diferenciar entre la opinión y la información que dan sus comunicadores -lo que no se ve en ninguna parte del mundo- y también a buscar que sea el Estado y no cada medio de comunicación el que nombre a los defensores de audiencia de cada estación.

Con la llegada de la pandemia en 2019, el consumo de los mexicanos de contenidos provenientes desde el extranjero (TV restringida y plataformas OTT) se acrecentó. Eso fue un duro golpe para algunos medios mexicanos y, obviamente, estos temas de los derechos de las audiencias no aplican para los medios que se originen en el extranjero. Así, los medios mexicanos no solo están en una desventaja económica frente a los foráneos, sino también con enormes cargas regulatorias, como spots oficiales, electorales y, encima de ello, hay quienes buscan regular nuevos derechos de audiencias.

Ayer, la SCJN invalidó por “vicios procedimentales” la reforma que sobre derecho de las audiencias se aprobó en 2017. Algunos ministros, como el presidente Arturo Zaldívar, y los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán hicieron pronunciamientos expresos para defender la libertad de expresión, pero habrá que esperar la resolución pública para saber los alcances de la sentencia. Sin embargo, sin esperar a ver qué diría el pleno de la Corte, desde el pasado periodo legislativo hay tres iniciativas presentadas por Morena con las que buscan acotar severamente la libertad de expresión de los comunicadores de la radio y la televisión.

Lo que ha venido sucediendo es grave: primero, en todas las instancias de litigio nunca se le permitió a la radiodifusión privada ser parte de los juicios para defenderse, con lo que se ignoraron los efectos de las decisiones judiciales en los medios privados y sus millones de audiencias; segundo, muchos meses antes de que la Corte emitiera su fallo en el pleno, desde marzo de este año, Morena tenía ya presentadas las iniciativas para cercenar la libertad de expresión de los medios de comunicación electrónicos.

En las siguientes semanas se dará una de las batallas más grandes por la libertad de expresión en México, en donde, por lo menos, queda claro que varios directivos de medios públicos y una parte de la bancada de Morena están por restringirla. El pleno de la SCJN no avaló argumentos censores, como sí paso en algunas instancias federales de menor nivel, así que la estrategia que traían los diputados de decir que lo que estaban legislando era por mandato de la Corte se les ha venido abajo. Desde luego, el bloque oficialista en el Congreso tiene las mayorías para legislar sobre la radio y la televisión en México, pero con el fallo de ayer, si atentan contra la libertad de expresión en el país, ellos serán los únicos responsables.

CAMBIANDO DE TEMA
Documentos en poder de esta columna dejan ver que la Segob, a cargo entonces del hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, sí empezó la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa desde el mismo 26 de septiembre de 2014. De hecho, la Policía Federal que le reportaba realizó al 17 de octubre una búsqueda por 52 lugares. De igual manera, la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, inició la búsqueda un día después de atraer el caso. En concreto, en la iglesia de San Gabrielito, donde pensaban encontrar a algunos normalistas en sus bodegas. Con los argumentos que la FGR ha dado para arrestar a Murillo Karam por la muerte de 43 normalistas, centrados en la negligencia, ¿estarán varios funcionarios de la 4T en riesgo de ir a la cárcel, pues en su guardia murieron 600 mil mexicanos a causa del Covid?

La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar a cinco cableoperadores a dar Internet fue sólo el comienzo de una nueva etapa de debate sectorial en Uruguay. Ahora, el gobierno presentó su proyecto de Rendición de Cuentas e incluyó en él, tal como lo había prometido, la propuesta de derogar la Ley de Medios vigente. Aunque la iniciativa es la de mayor impacto, no es la única que atañe al mercado y que, por incorporación u omisión, avivará las llamas en una discusión que recién comienza.

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Fue el pasado 30 de junio que el gobierno envió al Parlamento su propuesta para que sea discutida por la Cámara de Diputados primero y el Senado después. Son 304 artículos que, según sus defensores, garantizarán un refuerzo para los sectores como la educación, ciencia y tecnología y la educación pública. En la exposición de motivos hay un apartado específico de innovación y se contempla a las telecomunicaciones dentro de las misiones en materia de infraestructura. También se proponen cambios en la Ley de Protección de Datos Personales.

Derogación de la Ley de Medios

El artículo 206 es el que estará en el centro del debate en materia sectorial. Es el que proclama expresamente la derogación de la Ley 19,307, así como sus disposiciones modificatorias, concordantes y reglamentarias. En el siguiente apartado (207) se restablece la vigencia de las disposiciones afectadas por dicha ley y en el posterior (208) se indica que las concesiones otorgadas durante su vigencia se mantendrán en los términos establecidos en los actos administrativos correspondientes.

La derogación de la Ley de Medios promulgada por la administración de José Mujica fue una de las promesas del gobierno actual, incluso desde antes de convertirse en oficialismo. La discusión parlamentaria promete poner trabas a la continuidad de estos artículos dentro de la propuesta pero, si prospera, redundará, por ejemplo, en que ya no exista la prohibición para que cableoperadores ofrezcan Internet, en que no haya limitaciones a la titularidad de servicios de TV para abonados y que ya no exista el límite de 25 por ciento que hasta ahora aplica como máximo de suscriptores que podrá tener un único operador del servicio.

Lo que sigue llena, al menos parcialmente, los espacios que dejaría la eliminación de la normativa vigente. El artículo 210 proclama que las personas con discapacidad deberán tener derecho a la accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual para lo que, entre otros aspectos, se incorporarán sistemas de subtítulos, lenguaje de señas o autodescripción (artículo 211), en especial los contenidos de interés general como informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes. Además, se avanzará en fomentar la producción de contenidos nacionales y la formación de profesionales afines, según el borrador.

Otro punto relevante: aunque quede sin efecto la Ley de Medios, seguirá vigente su artículo 39, pues el proyecto de Rendición de Cuentas propone que se mantenga la transmisión de partidos de las selecciones de fútbol y básquet por TV abierta. ¿Cómo lo especifica? Advierte que “no correrá exclusividad de transmisión” en encuentros internacionales de estos seleccionados. Esos eventos, si son transmitidos por TV, “deberán estar disponibles a través de un servicio de radiodifusión de TV abierta”. Tendrá que estar disponible en vivo y en directo –no diferido–.

Bloqueo de contenido ilegal

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) podrá solicitar la inhabilitación en tiempo real del acceso a contenidos ilegales de eventos deportivos en directo en línea, indica el artículo 215. Para esto debe haber una denuncia del titular de los derechos o su representante, a partir de la cual se podrán dictar medidas cautelares de bloqueo que se ejecutarán temporalmente, por un plazo no mayor a 30 días. Los proveedores de acceso a Internet o intermediarios deberán retirar las emisiones ilegales lo más rápido posible hasta un máximo de 30 minutos desde la notificación.

Sobre este punto, se agrega que “a efectos de evitar el bloqueo de contenido legal, la Ursec deberá promover el bloqueo del acceso completo a un servidor que aloja servicios y contenidos legales, sino únicamente al contenido ilegal”. También se pregonará la cooperación entre ISP y titulares de derechos. El artículo previo, el 214, hace énfasis en que si bien los intermediarios o ISP no son responsables por los datos almacenados o transmitidos, “deben actuar con prontitud para retirar el contenido o hacer que el acceso a él resulte imposible” en cuanto tenga conocimiento de que se haya ordenado retirarlo. Más tarde se busca sustituir el artículo 712 de la Ley 19,924, que atañe a la difusión de contenidos a través de Internet o red similar con fines comerciales por parte de personas no legitimadas a ofrecer dicho contenido.

Planes para Antel y otros

En la exposición de motivos hay detalles sobre los planes para la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel),  empresa en la que, según el texto, se alcanzó un 37 por ciento de ejecución del plan previsto de inversiones para la actual administración –de 811 millones de dólares. La estatal apuntará a ampliar sus redes para alcanzar nuevos clientes; proyecta seguir con el despliegue de fibra óptica, con foco en el interior del país y se propone “comenzar a adquirir parte del equipamiento necesario para avanzar en el despliegue de la tecnología 5G”.

También en la exposición de motivos, el apartado con foco en la innovación señala que “teniendo en cuenta las capacidades existentes en el país, se entiende que hay áreas donde el país debe apostar a fortalecer y desarrollar ecosistemas dinámicos y empresas de alto valor agregado”. En consecuencia, se propone priorizar tres segmentos: la tecnología digital aplicada a innovación; la biotecnología, aplicada a la salud humana y animal, nuevos materiales y alimentos avanzados, la vacuna y la farmacéutica y la tecnología verde: las energías renovables, los nuevos combustibles y nuevos materiales asociados a la economía circular.

Hay otros artículos con impacto indirecto en el sector, entre ellos los significan la reasignación de presupuesto para áreas audiovisuales, el que crea un fondo con destino a la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación liderado por jóvenes y aquél por el que se da al Ejecutivo facultad para constituir el Fondo de Desarrollo Audiovisual y Cultural para los Medios Públicos. También se indica que los funcionarios públicos con más de cinco años de actividad en Ursec podrán solicitar su incorporación definitiva.

El apartado 290, en tanto, indica que la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, conjuntamente con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) suscribirán un acuerdo de complementación técnica y de servicio de tecnología para asegurar la continuidad operativa y los planes de trabajo en el marco del Programa Salud.uy. Se encomienda, en este sentido, al Ejecutivo que determine la fecha de suscripción del acuerdo entre las partes.

Quejas

“Nos preocupan los artículos 214, 215 y 216”, dijo a DPL News Raúl Echeberría, director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI). “El objetivo es compartido pero, tal como fueron propuestos, aportan más riesgos y problemas que beneficios”, indicó para luego agregar que “si bien es claro que se busca atacar la transmisión ilegal de señales televisivas, el texto actual refiere a un conjunto mucho más amplio de contenidos audiovisuales, lo cual es negativo”.

Para la asociación, los puntos abordados en esos ítem requieren “mucha más discusión”. Adicionalmente, considera que los mecanismos de bloqueo de contenidos en tiempo real “no ofrecen suficientes garantías y ponen responsabilidad excesiva en los hombros de distintos participantes de la cadena”. La propuesta de ALAI es no modificar al momento el artículo 721 de la ley 19,924 ni agregar nuevos mecanismos que ya fueron considerados y desechados tras el debate de esa normativa.

En los mismos artículos (y en otros) concentraron sus quejas otras entidades. El Director Ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, señaló en su cuenta de Twitter que la propuesta da “más poderes al regulador para ordenar a redes sociales y telefónicas a eliminar contenidos audiovisuales y bloquear cuentas y sitios Web sin orden judicial”. En este contexto, coincidió en que “la Rendición de Cuentas no es el lugar (ni da tiempo suficiente) para analizar y debatir cuestiones tan complejas”. También señaló que derogar la Ley de Medios generaría un serio retroceso en materia de libertad de expresión.

“No obstante, tal como se propone el artículado, es importantísimo que se generen mayores instancias de cooperación público-privada y entre los privados en ese tema. En eso estamos totalmente de acuerdo con el gobierno”, retomó Echeberría, que se mostró optimista en poder conversar sus comentarios en las instancias venideras. Mientras tanto, analizarán las implicancias de otros artículos, como aquellos que introducen modificaciones a la ley de protección de datos personales. “La discusión recién comienza, hay tiempo para tener posiciones más concluyentes”, concluyó.

También presentó su postura la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias (AMDA), la cual consideró que “la derogación de la ley de Medios implicaría un grave retroceso en distintos ámbitos: mayor concentración de medios en pocas manos, discrecionalidad y, por tanto, menos transparencia en el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión; eliminación del derecho a la objeción de conciencia, se acabaría la autonomía de los medios públicos y regresarían las obsoletas facultades para cerrar medios de comunicación que, por ejemplo, afecten 'la imagen y el prestigio de la República'”.

En una carta firmada por su presidenta, Beatriz Solíz Leree, la entidad hizo énfasis en un punto que fue el más discutido fuera del debate puntual en materia sectorial: “Como lo han advertido diversas organizaciones en la sociedad de Uruguay, (de aprobarse el proyecto) se restituirían normas aprobadas durante la dictadura en los años setenta y ochenta y que son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información que se han impulsado a través de distintos mecanismos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CICH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

En cuanto a los derechos de las audiencias, agregó AMDA, “una mayor concentración (...) y el debilitamiento en la autonomía de los medios públicos tiene una afectación muy grave en la pluralidad, diversidad y la inclusión de los contenidos y es fuente para alentar lo que ha combatido desde hace décadas como los discursos de odio y discriminación, entre otros. (...) También se modificaría el reconocimiento de los derechos de las audiencias y las bases fundamentales para su tutela”. En este contexto, la asociación pidió que “se impida esta acción antidemocrática y la reforma a la ley de Medios sólo se centró en los artículos que de acuerdo a la Corte tuvieron problemas de inconstitucionalidad”.

Impacto por omisión

No aparecen en la propuesta dos artículos que sí fueron parte de la partida el año pasado, pero que no se mantuvieron tras el trámite parlamentario. No figura en esta nueva propuesta la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones ni tampoco aparece el apartado que disponía que las transferencias en la titularidad de los servicios de comunicaciones –incluido acciones– deberían contar con previa autorización del Poder Ejecutivo.

También hay que hablar de omisión de un viejo reclamo de los privados: la propuesta del gobierno ni siquiera menciona la posibilidad de incluir obligaciones de compartición a Antel. El punto quedará, al menos con esta redacción, entre los pendientes de una eventual nueva Ley de Medios, que se ha debatido también largamente en Uruguay aun con otra normativa como parte de la legislación vigente.

Lo cierto es que hay una larga lista de artículos del proyecto de Rendición de Cuentas que rozan el sector. El corto tiempo que existe para el debate y lo complejo de los temas a tratar –y que estos no han podido resolverse en discusiones más específicas– es el alma de las quejas y un arma que podría terminar por declinar la posibilidad de que los ítems mencionados permanezcan en el documento definitivo. Los que sí sean incorporados se sumarán a la normativa del sector, que está en proceso de cambios en Uruguay.