En el mes de los balances, hay que decir que Uruguay tuvo mucho movimiento, pero más ruido que nueces en materia de telecomunicaciones. El fondo TIC que no prosperó, la Ley de Medios que no avanzó y una Ley de Urgente Consideración (LUC) que será revisada por plebiscito completaron el cronograma de medidas con potencial alcance en el sector en un país que, al momento, descansa sobre una base de conectividad robusta y nuevos avances en la idea de universalización. La portabilidad numérica antes de fin de año es una promesa que vence pronto, aunque las autoridades confían en cumplirla.
No sería justo hacer un balance sin decir lo bueno: Uruguay fue pionero en lanzar 5G –aunque de forma muy limitada– y es el único mercado de América Latina en donde no parece descabellada la meta de full fibra en 2023. El país, por lo general, se ubica por encima del resto en casi cualquier ranking sectorial en esta parte del mundo y avanza con ideas concretas y una estatal que destaca como una de las, sino la más robusta entre las que prestan servicios para clientes finales en la región.
Dicho esto, hay materias pendientes que estuvieron al menos en la agenda tras reclamos constantes de los involucrados. Generar obligaciones a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) para que comparta infraestructura a los privados estuvo en el listado de discusión de una Ley de Medios que se frenó, y lo mismo ocurrió con la opción de que prestadores de TV de paga puedan dar Internet en todo Uruguay, un reclamo que no pasa de moda y pasó al apartado de urgentes para un sector ávido de nuevos ingresos.
Por otra parte, la Rendición de Cuentas se trató con temas interesantes para la agenda de telecomunicaciones: la opción de que el Ejecutivo tenga injerencia directa en cambios de titularidad –un punto que se eliminó rápidamente– y un fondo TIC creado con recursos de procesos de asignación de espectro, entre otros, que quedó afuera de la versión final promulgada por presidencia hace algunas semanas. Sí se incluyó un registro No llame, que podría considerarse una buena noticia para los usuarios, pero no una política que vaya a cambiar radicalmente las reglas del juego.
El tercer punto fuerte fue la famosísima LUC (ley de urgente consideración). Se aprobó pero, tras un largo debate, 135 de sus artículos ahora podrán quedar fuera en un plebiscito que se celebrará en marzo. Entre los artículos en revisión está aquel por el que se aprobó la puesta en marcha de la portabilidad numérica para móviles en Uruguay, que iba a entrar en funcionamiento en octubre y ahora quedó como promesa para antes del brindis de fin de año. Ya hay administrador, contratos y acuerdo; el país puede cumplir con el objetivo y pretende hacerlo.
El fondo de esta cuestión ya se vislumbró en su etapa de discusión: Antel nunca estuvo de acuerdo con la entrada en vigencia de la portabilidad numérica. El operador mantuvo la postura de que sería un proceso caro y que demostró no cumplir con los objetivos que perseguía en los países en los que ya fue incorporado, entre ellos, prácticamente todos los de América Latina. Del otro lado, los operadores privados Claro y Movistar se mostraron más abiertos y listos para empezar a aprovechar la opción de mayor competencia.
Ahora, los defensores de eliminar artículos de la ley consideran que la luz verde para dar el nuevo derecho al usuario “rompe con la lógica de defender a nuestra Antel, ya que permitirá políticas agresivas de las multinacionales”. Agregan que esas supuestas “mejores condiciones”, en realidad “empeorarán” la situación del mercado, y defienden que “Antel deberá invertir mucho dinero en esto, en un contexto desfavorable”, mientras que “las multinacionales tienen la infraestructura para generar estas transformaciones y adaptarse al nuevo sistema”.
DPL News consultó sobre este punto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), desde donde confirmaron la meta y dieron nuevos detalles: “Estamos trabajando para que esté disponible antes de fin de año la portabilidad simple. La múltiple sería para una segunda etapa, que se espera sea en enero”, indicó en referencia a la opción de que se porten más de cinco líneas que estén bajo el contrato de una misma persona física y jurídica.
Pero, ¿qué ocurrirá si es LUC resulta a favor de quitar los artículos vinculados a esta iniciativa? La respuesta del regulador no deja lugar a dudas: “El referéndum no tiene efectos suspensivos, por lo que se sigue trabajando para garantizar el derecho de las personas. En caso de que gane el sí (la pregunta será si se está a favor de quitar los artículos), se perdería el derecho a la portabilidad. Quedaría sin efecto, pero no afectaría los derechos de quienes ya se hubieran portado”.
Así las cosas, Uruguay presenta índices envidiables para buena parte de la región, aunque no logró, al menos no este año, convertir oportunidades en beneficios directos en materia digital y responder a viejos reclamos de un mundo privado decepcionado por el trato diferencial a Antel.
Hay 5G, pero muy limitado y sin un proceso de adjudicación compatible; hay fibra, pero no obligaciones de compartición para la estatal; hay ideas de cambio, pero estas no se vieron reflejadas en los documentos finalmente aprobados. Uruguay tiene vocación de líder, pero corre el riesgo de pagar caro no traducir proyectos en acciones.
