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¿Qué tan públicos son los medios públicos en México? ¿Realmente sirven a la ciudadanía o más bien a otros poderes? La reforma constitucional de 2013 buscó cambiar en el plano jurídico la situación de los medios públicos, que durante décadas estuvieron abiertamente supeditados al gobierno en turno.
En ella, se sentaron las bases para promover un modelo de comunicación más democrático, plural y equilibrado en el país, que se inclinara por servir a la sociedad y no al poder político. Se reconoció en el artículo 6° (fracción III) de la Constitución Política que la radiodifusión es un servicio público de interés general.
Así, otorgó al Estado la obligación de garantizar su prestación en condiciones de competencia y calidad, de forma que se brinden los beneficios de la cultura a toda la población y se preserve la pluralidad y veracidad de la información.
También el artículo 10 transitorio contempla que “los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”.
La reforma dio visos de cambios sustanciales en el modelo de comunicación tal y como se conocía. Sin embargo, como lo explica Javier Esteinou,[1] las leyes secundarias que vinieron después dejaron relegado el apoyo sustancial del Estado a las concesiones de uso público y social.
El apoyo a los medios públicos, señala, quedó en un limbo jurídico. Las leyes secundarias no especificaron los instrumentos que tendrían para cumplir con las obligaciones que dispuso la reforma. Y, aunque ha habido avances, el cambio de fondo que se esperaba en el modelo de comunicación no se dio y no se ha dado hasta ahora.
Hoy los medios públicos difícilmente pueden verse como un contrapeso y con una visión más equilibrada del acontecer social, político y económico. La estructura de estos medios y la dependencia financiera del presupuesto fijado por el Estado hacen que sean más susceptibles a replicar la visión del poder político en turno.
Muchos de los medios públicos en el país pertenecen a los gobiernos estatales y federal o son de alguna forma controlados por ellos, a través del presupuesto o de las personas que nombran para dirigirlos. No necesariamente significa que sean medios oficiales, pero compromete su independencia y los principios trazados en la reforma.
Por ejemplo, en noviembre de 2022, los medios públicos se volcaron a cubrir la Marcha por la Cuarta Transformación (4T) en la Ciudad de México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para “festejar” los primeros cuatro años de su gobierno junto a miles de simpatizantes.
Si bien por sí mismo el hecho es noticioso, la cobertura de los medios públicos se olvidó de la imparcialidad y la pluralidad, y en su lugar el Canal 11, Canal 14, Canal 22, Capital 21, Radio Educación e Imer hicieron mancuerna en una transmisión de más de siete horas en la que se disolvieron las fronteras entre información, opinión y hasta propaganda, como lo advirtió Ernesto Villanueva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su columna en la revista Proceso.
Celebración, festejo, fiesta y apoyo fueron las palabras recurrentes que usaron los reporteros y conductores de los medios para describir la marcha. Se entrevistaron a personas que únicamente hablaron de forma positiva del gobierno y al aire se leyeron sólo opiniones de respaldo por parte de organizaciones nacionales y figuras públicas.
Incluso, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, al aire se incluyó a sí mismo muchas veces entre los simpatizantes que apoyan el gobierno de la 4T mediante afirmaciones como “somos muchos” o “estamos viviendo el renacimiento de una sociedad de derechos”.
Quedó claro en ese momento la influencia del poder político sobre los medios públicos para promocionar un evento. Esta “cobertura especial” fue un ejemplo de lo que no se debe hacer, alejándose de las mejores prácticas recomendadas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unicef), como la independencia editorial y la pluralidad.
Sin embargo, el problema no es exclusivo de México sino que se trata de un adolecimiento general en América Latina, donde las fuerzas políticas influyen profundamente en la cultura mediática, como explican Martín Becerra y Silvio Waisbord.[2]
La falta de autonomía sobre los contenidos y de capacidad para la gestión financiera no es un problema menor en la democracia, pues impide que los medios logren mayor alcance social, credibilidad y relevancia entre las audiencias.
No hay que dejar de lado que se han logrado avances importantes, sobre todo en cuanto a la producción de contenido. En la actualidad, existe una mayor apertura en los medios públicos a la diversidad y pluralidad en temas como la igualdad de género, las masculinidades, la sexualidad y la comunidad LGBTIQ+. También ya cuentan con defensores de las audiencias, quienes se encargan de atender y dar voz a las peticiones, comentarios, quejas y observaciones de las audiencias.
Pero, además de la independencia editorial y financiera, aún caminan lento en otras áreas como la modernización tecnológica y la innovación, que les permitiría crear más programas y contenidos relevantes y atractivos para la sociedad.
Contenido
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Qué tan públicos son los medios públicos en México a 10 años de la reforma
Los derechos de las audiencias: una década de un derecho en pugna
Reconocimientos Internacionales a la Reforma de Telecomunicaciones de México
[1] Esteinou, J. (2015). “Los medios de comunicación de Estado dentro de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones en México”, CONEICC, recuperado el 18 de mayo de https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/411375
[2] Becerra, M. & Waisbord, S. (2015). Principios y “buenas prácticas” para los medios públicos en América Latina, Unesco, recuperado el 17 de mayo de 2023 de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234746
