
Uno de los principales objetivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión expedida en 2014 fue incentivar la competencia en ambos mercados tras varios años de haber intentado reducir la influencia y tamaño de las compañías dominantes: América Móvil en telecomunicaciones y Grupo Televisa en radiodifusión.
La intención de la reforma en materia de telecomunicaciones fue introducir más competencia en todos los servicios. Este sector, en particular, se caracteriza por la existencia de altas economías de escala y economías de red, que naturalmente llevan a la concentración de los jugadores en el mercado, por lo que la tendencia a nivel mundial es ejercer una vigilancia de cerca del mercado para evitar la existencia de prácticas anticompetitivas.
Para impulsar la competencia en el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, la ley introdujo múltiples cambios a la legislación mexicana, de los cuales se podría apuntar a dos como los más relevantes: primero, la creación del IFT como órgano regulador autónomo, especializado y con facultades en el área de competencia economica; y segundo, la introducción del concepto de preponderancia, enfocada en remediar la existencia de grandes grupos económicos.
Por un lado, la creación del IFT fue un paso importante en la legislación mexicana, mediante el cual permitía al país cumplir con los requerimientos impuestos por tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá- y las recomendaciones de la OCDE, a la vez que se fortalecía la regulación y vigilancia del sector, mediante la introducción de un órgano autónomo, acompañado de tribunales especializados en la materia.
En el segundo caso, las medidas de preponderancia se concibieron a partir de identificar la existencia de grandes grupos económicos en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Ambos grupos enfrentaron por varios años múltiples juicios y cuestionamientos sobre su papel en el desarrollo de estos mercados, sin que se lograran concretar medidas que permitieran reducir su influencia y participación.
En ese sentido, la legislación mexicana optó por una medida que permitiera una rápida y fácil identificación de “preponderancia”, definida por la participación de mercado -por usuarios, capacidad o tráfico- y que impusiera medidas asimétricas a cada agente definidas por el propio Instituto.
En conjunto a las medidas de preponderancia definidas en exclusiva para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, la ley también dotó al IFT de facultades para vigilar la competencia en el sector bajo los términos de la Ley Federal de Competencia Económica, lo cual incluye determinar la existencia de agentes con poder sustancial de mercado, identificar la existencia de prácticas monopólicas absolutas y relativas, evaluar las concentraciones en telecomunicaciones y radiodifusión, e imponer sanciones y multas, entre otras.
Asimismo, para incentivar la competencia en ambos sectores se introdujeron otras medidas como la emisión de títulos de concesión únicas para impulsar los servicios convergentes, la emisión de una nueva licitación pública para la instalación de una nueva cadena de radiodifusión, la creación de la Red Compartida, la definición de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), así como herramientas para protección al consumidor como revisión y publicación de tarifas.
El conjunto de estas medidas comenzó a dar resultados casi de forma inmediata, que se reflejaron en una baja de los precios de diferentes segmentos, además de la aparición de Grupo Imagen como la nueva cadena de televisión a nivel nacional en México, así como la entrada del operador estadounidense AT&T, mediante la adquisición de Iusacell y Nextel.
Los operadores en prácticamente todos los servicios se vieron obligados a ajustar sus tarifas y servicios que les permitan mantener la preferencia de los usuarios. La alta demanda de servicios móviles y la mayor competencia ante la entrada de un jugador internacional, provocaron que las tarifas de este rubro fueran las más dinámicas.
En general, los precios de los servicios de comunicaciones registraron una caída de 29 por ciento desde 2013 hasta 2022, según cifras del INEGI y el IFT. Este cambio fue impulsado principalmente por una caída en los precios de los servicios móviles de 36.36 por ciento en los últimos 10 años, en conjunto con la desaparición de las tarifas de larga distancia nacional e internacional.
A partir del 2018, el IFT comenzó también a medir los precios de la oferta de paquetes triple play, los cuales, han reportado una caída de 11.08 por ciento desde entonces hasta 2022.
Por el contrario, el servicio de TV de paga mantiene una tendencia al alza tras registrar un incremento de precios de 25 por ciento desde diciembre de 2013 hasta diciembre de 2022, mientras que el servicio fijo de Internet también registró un alza de 17.17 por ciento. El servicio telefónico fijo, que empezó su medición en 2018, se ha mantenido prácticamente sin cambios desde entonces.
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