10 años reforma telecom | Rediseño institucional: antes y después 

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Antes de la reforma de telecomunicaciones de 2013 obtener una nueva concesión de radio y televisión era imposible, los procesos concesionarios se pararon hacia mediados de los años noventa. La Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 (LFT-95) no incluyó la radio y televisión, manteniéndola en una legislación de los años sesenta. La autoridad para otorgar concesiones era del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a pesar de algunos esfuerzos, no se podía avanzar en este tema, por lo que la única manera de crecer en el mercado era mediante la adquisición de las concesiones existentes, eso sí, sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. 

Tener una concesión de televisión parecía un tema imposible de lograr y limitado a grandes empresas. Así se buscaban alternativas para poder generar mayor competencia y diversidad de fuentes de información, en un mundo en el cual la mayoría de las personas se informaban mediante la radio y la televisión. Por ello, tener nuevas cadenas de televisión se volvió un anhelo.

En materia de telecomunicaciones, la LFT-95 buscó avanzar y abrir la competencia en el sector, lo que dio origen a un órgano desconcentrado de la SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dotándole de una autonomía relativa, ya que al final del día seguía dependiendo de la SCT. 

Ello generó un problema de diferencia de opiniones entre las autoridades, que no pocas veces chocaban, generando problemas para avanzar, lo que se conoció como “la doble ventanilla”. Así, los concesionarios tenían que acudir a estas dos autoridades para tratar de que los temas avanzaran. 

Estos choques llegaron a ser tan fuertes que procesos de licitación de espectro debían rehacerse por diferencias de opinión entre la SCT y la Cofetel, incluso se llegó al extremo de acusaciones de que algunos comisionados habían sido capturados por la industria.  

Si a esto se le agrega que ante cada nuevo sexenio se generaba incertidumbre en las personas claves por parte del gobierno, esto se transformaba en ciclos políticos en los que había o no oportunidad para avanzar en las decisiones que debían ser tomadas en el sector.

¿Por qué era tan importante ese consenso?, porque cuando por fin lograban ponerse de acuerdo la SCT y la Cofetel, si esto no era del agrado de alguna empresa, ésta podría frenar la decisión mediante un amparo ante juzgados de lo administrativo que podrían estar en cualquier parte del país.  

Así, los abogados de la SCT y de la Cofetel iban de un lado al otro, litigando asuntos de naturaleza especializada ante jueces que no conocían del tema. Por ello, las decisiones de la autoridad tomaban mucho tiempo en avanzar o incluso quedaban detenidas indefinidamente.

Dentro de este universo de autoridades, se contaba también con la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), dependiente de la Secretaría de Economía, que hacía su mejor esfuerzo en materia de competencia en las telecomunicaciones, sin mucho éxito, por los omnipresentes amparos.  

En este escenario, Cofeco, Cofetel y SCT buscaban combinarse para poder incidir en materia de competencia en el sector, a través de opiniones para sus respectivos procesos.  

Sin embargo, muchas veces esas opiniones tendían a no avanzar, entre otras cosas porque dentro de los procesos de imposición de condiciones de la Cofeco, se buscaba un acuerdo con las empresas para la puesta en marcha de las condiciones, lo que “descafeinaba” el sentido original de las medidas.

En este sentido, en materia de competencia de telecomunicaciones y radiodifusión se contaba con dos agentes económicos con una muy fuerte presencia en cada uno de esos mercados, en un entorno regulatorio conocido que fortalecía sus posiciones y en el que siempre se podría buscar la intervención de los políticos en turno.

Antes de la reforma, la autoridad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión era el Poder Ejecutivo, se tenía discrecionalidad política, una doble ventanilla y diferencias entre implementación de medidas en materia de competencia económica.  

Por otra parte, los temas no avanzaban oportunamente dado el abuso del amparo y la falta de conocimiento por parte del Poder Judicial.

La reforma de telecomunicaciones del 11 de junio de 2013 se enfocó en avanzar en esta problemática estructural. Por ello, se creó como un órgano constitucional autónomo al regulador y autoridad de competencia de las telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Es claro que la primera intención era desvincular las decisiones de intereses políticos que promovían la discrecionalidad en las decisiones del Poder Ejecutivo.

Con este mismo propósito y el de ser independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, se estableció en la Constitución que su órgano de gobierno se forma por siete comisionados que deben cumplir con requisitos específicos, así como conocimiento y experiencia en la materia. 

Asimismo, se estableció un proceso de designación de comisionados apoyado en un Comité de Selección manejado por pares, esto es, otros órganos constitucionales autónomos. 

Este comité envía una propuesta de los tres a cinco aspirantes con las calificaciones aprobatorias más altas al Presidente de la República, quien debe seleccionar uno de ellos para proponérselo al Senado, que a su vez determina si ratifica a dicho candidato mediante mayoría calificada de dos terceras partes de los senadores presentes.

Otro de los elementos claves de la reforma de telecomunicaciones es que estableció que las resoluciones del IFT sólo podrían ser impugnadas mediante el amparo indirecto y no podrían ser objeto de suspensión

De igual forma, creó los Tribunales Colegiados y Juzgados Especializados en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica para atender la temática especializada del sector. Con ello, se rompió el ciclo de amparos para detener las decisiones de la autoridad.

El mayor valor que tuvo la reforma de telecomunicaciones es este cambio estructural de la autoridad para poder contar con procesos reglados, transparentes e independientes que han permitido que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión crezcan de manera acelerada en beneficio de la población, a partir de la puesta en operación de la reforma. 

Sin duda, el IFT y los juzgados especializados son la piedra angular de la reforma y un pilar indiscutible tanto para el presente como para el futuro.

Son claras las ventajas que esto ha ofrecido, más no por ello debemos considerar que todos los temas ya se han resuelto.  

La reforma impulsó también otros cambios anhelados que eran coyunturales, como la aparición de nuevas cadenas de televisión, la preponderancia, el must carry o la Red Compartida. 

Hoy es un nuevo momento de reflexión para evaluar qué ha funcionado y qué no y proyectar hacia dónde debemos ir en un mundo en el cual las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información son un motor indispensable para nuestro país.

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