Reforma Jorge F. Negrete P.

La política industrial digital es la política con mayor relevancia e impacto en la competitiva economía global y llega con una fuerza y discurso propio de un tsunami geopolítico digital.

Ha dejado de ser una política de nicho para convertirse en el eje central de las estrategias de los bloques geopolíticos que quieren liderar la tecnología digital. No se trata de promover la innovación y el desarrollo tecnológico, se trata de una intervención estratégica desde el Estado y el gobierno para rediseñar la estructura de los mercados y asegurar la competitividad en una economía de semiconductores, Inteligencia Artificial (IA) y el dominio de los algoritmos.

¿En qué consiste la política industrial digital? Hay un origen y comienza todo con la política industrial, hija de la revolución industrial. A finales del siglo 19 y principios del 20, las políticas de los gobiernos se centraron en el acero, el carbón, las fábricas de automóviles, aviones y productos que precisaban de la mano de obra y las máquinas de reproducción masiva.

La Comunidad Europea nace en 1951 cuando se firma el Tratado de París, creando la “Comunidad Europea del Carbón y del Acero”, integrada por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Eventualmente, los seis países fundadores crean la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El Estado y el mercado unidos para masificar la producción, distribución y consumo de productos industriales a escala masiva.

La política tecnológica, en su versión digital, es una estrategia coordinada por el Estado para desarrollar capacidades de desarrollo e innovación estratégicas y críticas. Nace la intervención económica por medio del derecho económico y la rectoría del Estado.

Hablamos de facultades expresas y robustas que gobiernos de libre mercado o con intervención estatal gestionan para generar un financiamiento y dirección compulsiva que consolide un liderazgo tecnológico o mejore la competitividad. Se trata de:

1. Subsidios e incentivos directos: financiamiento masivo para la fabricación de hardware (semiconductores) y el desarrollo de software (IA, computación cuántica).

2. Soberanía e infraestructura digital: despliegue de redes 5G/6G, Centros de Datos y Nube.

3. Regulación estratégica: leyes que protegen y promueven la industria y empresas tecnológicas locales.

4. Formación, educación y capacitación: programas educativos masivos para cerrar la brecha de habilidades STEM.

Después de 4 décadas de globalización, las grandes potencias comprenden que el mercado no garantiza la seguridad nacional. Existe una fragilidad en las cadenas de suministro y los semiconductores demostraron que depender de una sola región (Taiwán o Corea del Sur) es un riesgo.

Pero el más grande disruptor es la IA, como ventaja competitiva y gran habilitador tecnológico en la política industrial. Quien domine la IA dominará la productividad industrial, robótica y económica del futuro. Es el nuevo motor tecnológico del siglo XXI. Hay un retorno global hacia el “Estado promotor”. Si tu competidor está subsidiando su industria, no intervenir en la misma magnitud equivale a una capitulación industrial.

La política industrial digital no se puede separar de la seguridad nacional, sin ella condenamos al fracaso a países y bloques económicos. Esto ha transformado el mapa global en algo que llamo triángulo de la geopolítica digital y que he explicado: Europa busca soberanía digital con su robusta regulación digital y AI Act; EUA, busca un liderazgo en diseño y retorno de la manufactura con más de 5 acciones ejecutivas y su Chips and Science Act, y China busca autosuficiencia tecnológica total y control de materias primas con Made in China y su reciente AI 2030.

La política industrial digital es el nuevo campo de batalla. Ya ha sido advertido por el INADI en México.

Quien no diseñe su propia estrategia corre el riesgo de convertirse en testigo de las decisiones tomadas en Washington, Beijing o Bruselas.

Presidente de Digital Policy & Law Group
X / @fenegretep

OpenAI presentó una propuesta de marco estratégico titulado “Política Industrial para la era de la Inteligencia: ideas para mantener en primer lugar a las personas”, en el que advierte que el mundo está iniciando la transición hacia la Superinteligencia Artificial con sistemas capaces de superar el intelecto humano más brillante.

La compañía sostiene que este avance tecnológico, similar en impacto a la invención del motor de combustión o la electricidad, requiere de una intervención política ambiciosa y proactiva para garantizar que los beneficios se distribuyan de manera equitativa y no queden concentrados en unas pocas manos.

“La transición a la superinteligencia requerirá una forma aún más ambiciosa de política industrial, una que refleje la capacidad de las sociedades democráticas para actuar colectivamente, a escala, para dar forma a su futuro económico”, advirtió OpenAI en su documento.

El documento enfatiza la necesidad de un “nuevo contrato social” que modernice las protecciones laborales y las instituciones públicas frente a un cambio que podría desplazar industrias enteras. 

Por ejemplo, OpenAI propone dar voz formal a los trabajadores en los procesos de implementación de Inteligencia Artificial (IA) y sugiere que las empresas reinviertan las ganancias de eficiencia en dividendos para los empleados, como la reducción de la jornada laboral a cuatro días sin pérdida de salario o el aumento de beneficios en salud y jubilación.

“Si la IA termina controlada por unos pocos y beneficia sólo a unos pocos, mientras que la mayoría de las personas carecen de acceso a las oportunidades impulsadas por la IA, habremos fallado en cumplir su promesa.

“Incentivar a los empleadores y sindicatos a realizar pilotos de semana laboral de 32 horas/cuatro días con límite de tiempo, sin pérdida de salario, que mantengan constantes los niveles de producción y servicio”, es parte de lo que propone OpenAI.

Para evitar una brecha de desigualdad insalvable, la propuesta incluye la creación de un “Fondo de Riqueza Pública” que otorgue a cada ciudadano una participación directa en el crecimiento económico impulsado por la IA.

Este fondo, alimentado por el éxito de las empresas del sector, permitiría que la prosperidad material llegue incluso a quienes no están invertidos en los mercados financieros, complementando reformas fiscales que graven el capital de forma más efectiva a medida que el trabajo humano tradicional se transforma, señala el documento. 

En el ámbito de la seguridad, OpenAI propone un sistema de monitoreo post-despliegue inspirado en sectores como la aviación o la medicina. Esto incluye la creación de “libros de jugadas” para la contención de modelos peligrosos que pudieran replicarse de forma autónoma o ser utilizados por actores malintencionados en ataques cibernéticos o biológicos. 

La infraestructura también ocupa un lugar central en la agenda propuesta por OpenAI, con un llamado a establecer asociaciones público-privadas que aceleren la expansión de la red eléctrica para alimentar los Centros de Datos necesarios. 

OpenAI insiste en que estas instalaciones deben “pagar su propio camino” en términos energéticos para evitar que los hogares subsidien su consumo, al tiempo que deben generar ingresos fiscales y empleos locales de calidad.

Asimismo, se propone democratizar el acceso a la tecnología mediante un “Derecho a la IA“, tratando el acceso a modelos fundacionales como un servicio esencial similar a la alfabetización o el Internet. 

OpenAI reconoció que no posee todas las respuestas, por lo que hizo un llamado al diálogo global a través de procesos democráticos que den poder real a la gente.

¿Puede un país insertarse en la economía del futuro sin una estrategia digital clara? La respuesta parece obvia, pero en México aún no hay una política pública que articule el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) con la transformación industrial y la productividad nacional.

Durante la presentación virtual del libro Inteligencia Artificial: hacia una nueva era en la historia de la humanidad, especialistas del ámbito académico y tecnológico coincidieron en que México necesita con urgencia una política industrial de IA.

Para ellos, no se trata sólo de sumarse a una tendencia tecnológica, sino de evitar una nueva brecha estructural que limite nuestro crecimiento económico en las próximas décadas, por lo que consideraron que México no puede seguir rezagado frente a la revolución tecnológica que redefine el futuro económico del mundo.

La discusión sobre el libro se convirtió en un llamado a establecer una política industrial de IA que permita al país impulsar su desarrollo económico, social y tecnológico.

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Rosario Castañón Ibarra, directora de Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que la IA es mucho más que algoritmos: es una ciencia cognitiva que integra desde el Aprendizaje Automático hasta la robótica avanzada, con impactos tangibles en la industria, como la mejora de procesos de manufactura, mantenimiento predictivo y optimización de cadenas de suministro.

Pero México enfrenta enormes retos. Con políticas públicas poco articuladas y un sistema de innovación débil, el país se encuentra en el lugar 56 de 174 en el Índice de Preparación para la IA del Fondo Monetario Internacional, detrás incluso de economías más pequeñas como Chile y Uruguay, explicó la experta.

“El desarrollo de la economía digital no ha sido una prioridad en la política nacional”, afirmó Castañón, y recalcó la urgencia de una política industrial que contemple desde incentivos fiscales y fondos de investigación conjunta, hasta infraestructura sólida en conectividad, ciberseguridad y formación de talento.

IA, capitalismo y justicia social

Clemente Ruiz Durán, excoordinador del Programa de Economía de la UNAM, aportó una mirada crítica y estructural al fenómeno. La Inteligencia Artificial, dijo, está reconfigurando el capitalismo, acelerando los mercados, concentrando el poder económico y consolidando monopolios digitales.

Desde su perspectiva, la IA no sólo es una herramienta para realizar tareas, sino que tiene el potencial de moldear los futuros posibles. “Los algoritmos deciden campañas, predicen elecciones y pueden profundizar desigualdades si no se democratiza su acceso”, advirtió.

Aun así, Ruiz se muestra optimista, y considera que es posible desarrollar un modelo de IA inclusivo, que permita transformar sectores clave como la salud, la agricultura o la energía. Pero para lograrlo es imprescindible “que la tecnología esté al servicio de la humanidad y no al revés”.

Los riesgos de no actuar sobre la IA

Julen Besasaluce, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, enfatizó que la revolución digital exige liderazgo estatal y políticas activas frente a desafíos complejos como la concentración de poder en pocas empresas, el desplazamiento laboral de las personas en ciertas áreas debido a la automatización, y los efectos ambientales derivados del alto consumo energético de los sistemas de IA.

El especialista alertó también sobre la “ventaja acumulativa” de los países líderes en IA, que ya concentran infraestructura, experiencia institucional y patentes, lo que amplía la brecha con naciones rezagadas.

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A su juicio, se necesitan medidas claras: interoperabilidad tecnológica, vigilancia a mercados digitales, regulación ambiental y coordinación internacional, para aprovechar los beneficios de la Inteligencia Artificial pero también mitigar los posibles riesgos sociales y económicos.

De lo contrario, las potenciales oportunidades que presenta la IA no se materializarán para todos y se profundizarán desigualdades entre países y grupos sociales.

Un punto de inflexión para México

En conjunto, las intervenciones dibujaron un panorama claro: México está en un momento decisivo. O se actúa con visión, estrategia y compromiso para construir una política digital con el foco en la IA que impulse la productividad, el bienestar y la soberanía tecnológica, o el país seguirá siendo un espectador en la carrera global por el futuro.

Las herramientas existen. El reto es político y colaborativo.

El próximo 27 de octubre se elegirá nuevo presidente en Uruguay. El ganador, que asumirá al frente del Ejecutivo en marzo, tendrá entre sus desafíos mantener al país con números verdes en materia de conectividad en un entorno de mayor competencia y decidir sobre el rol de la estatal Antel en el ecosistema. ¿Qué proponen los principales candidatos en materia TIC?

Tras las elecciones primarias de junio, se definieron los candidatos que competirán en las urnas:

• Yamandú Orsi – Carolina Cosse. El Frente Amplio obtuvo algo más de 418 mil votos en las primarias. El exintendente de Canelones obtuvo más del 60 por ciento de esos votos y eligió a Cosse, la segunda más votada en el partido, como compañera de fórmula. Cosse es ingeniera eléctrica y, además de intendente de Montevideo, fue presidenta de Antel.

• Álvaro Luis Delgado – Valeria Shirley. El exsecretario de la Presidencia se llevó tres de cada cuatro votos en la interna en la que el Partido Nacional obtuvo unos 331 mil 500 votos. La continuidad del gobierno actual está representada en esta fórmula, que la completa Shirley, exdirigente sindical.

• Andrés Ojeda – Robert Silva García. Ojeda se quedó con casi 40 por ciento de los 103 mil 600 votos que obtuvo el tradicional Partido Colorado. También participó de la interna, entre otros, el expresidente de Antel, Gabriel Gurméndez.

• Guido Manini Ríos – Lorena Quintana. El Partido Cabildo Abierto quedó en cuarto lugar entre las fórmulas. El senador Manini Ríos obtuvo 17 mil 800 votos en las primarias.

La lista de candidatos se completa con Gustavo Salle Lorier (Partido Identidad Soberana), Pablo Mieres Gómez (Partido Independiente), Walter Martínez (Partido Asamblea Popular), Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista), César Vega (Partido Radical Intransigente), Guillermo Franchi (Partido por los Cambios Necesarios) y Martín Pérez Banchero (Partido Avanzar Republicano).

Frente Amplio

Yamandú Orsi puntualizó en campaña una serie de acciones que serán eje de su administración si triunfa en las urnas. Entre ellas mencionó la generación de una nueva política industrial con el sector privado para áreas como las TIC, bioeconomía y energía; la promoción de parques tecnológicos dedicados a ciencia de datos, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas (IoT). También creará una Secretaría en Presidencia para coordinar la agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Frente Amplio compartió a este medio un documento en el que aparecen las bases programáticas del Partido para conducir el país hasta 2030. Allí figura como acción prioritaria “garantizar la soberanía por parte del Estado en lo que refiere a la política de telecomunicaciones con el liderazgo de Antel, con objetivo de consolidar a Uruguay como centro regional de excelencia en la provisión de servicios como Internet, IA, ciberseguridad y 5G, entre otros”.

En otro fragmento, el texto insiste en la importancia de “proteger la infraestructura nacional, administrar de forma igualitaria el espectro radioeléctrico y la posición orbital satelital uruguaya”, además de jerarquizar el rol de Antel en la implementación de políticas de desarrollo en el marco de la economía digital.

También figura la necesidad de “imponer legislaciones o mecanismos de defensa de la soberanía nacional” para lo que se buscará, entre otras acciones, “imponer una ley que disponga los mecanismos de regulación de las empresas tecnológicas de gran porte internacional”. Luego, más directamente, señala que se avanzará en la regulación de servicios de plataformas digitales de streaming en consulta con actores de la industria.

Al mismo tiempo, se trabajará en impulsar el desarrollo de servicios globales de exportación en tanto contribuyan a la estructura productiva y generación de empleo y se buscará fortalecer la industria nacional.

El Frente Amplio promete apoyar la ciencia, tecnología e innovación a través de acciones como la promoción al acceso a educación de calidad y al conocimiento avanzado, y el uso de investigación y desarrollo para resolver desafíos nacionales. También dispondrá de programas para la creación de startups y evalúa –atención– una política de exoneraciones impositivas a las empresas de TIC que tendrá lugar “en función de los objetivos del modelo de desarrollo”. 

Bajo la premisa de que “la innovación es un proceso colectivo”, se buscará impulsar una segunda generación de transformación digital en la que la agenda y el gobierno Digital “sean pilares de la participación democrática, la seguridad de la información y la eficiencia de la administración pública”. Además, se trabajará en desarrollar la alfabetización digital y “profundizar la cultura digital que se instaló con el Plan Ceibal e Ibirapitá y todos sus desarrollos”. El frente hoy opositor entiende que, como Antel es “la principal empresa de telecomunicaciones”, Antel TV debe ser la “plataforma de streaming nacional”.

Entre las bases para que la transformación digital impulse el crecimiento aparecen acciones específicas relacionadas con el sector, tales como acelerar la adopción 5G y establecer las condiciones para el despliegue de futuras tecnologías, al tiempo de “estar atento a la variedad de soluciones técnicas actuales y futuras” como WiFi 6, acceso satelital y redes autogestionadas. Habla de exploración y adopción de nuevas tecnologías como blockchain y señala como relevante la regulación y control de sistemas de Inteligencia Artificial.

“La protección de los derechos de la población será uno de los ejes fundamentales de la política regulatoria en el mundo digital”, predica el documento.

Respecto de la ciberseguridad, se indica que se seguirán profundizando medidas afines al desarrollo de una política integral de normativas, aplicaciones, equipamiento, infraestructura y formación civil y militar en materia de ciberdefensa. Estas acciones se llevarán adelante en coordinación con el Ministerio del Interior, en lo que refiere a ciberseguridad, y el Ministerio de Defensa, ante posibles amenazas sobre la soberanía nacional.

Partido Nacional

“Uruguay destaca en tecnología y el mundo digital, con récord de exportaciones en servicios no tradicionales, principalmente software. La facturación del sector representa el 4 por ciento del PBI y el empleo se duplicó en la última década, lo que se debe a la combinación de un sector emprendedor, incentivos fiscales y una visión de avanzar en la economía del conocimiento”, señala el documento que contiene la agenda de Álvaro Delgado en materia TIC. Agrega como desafío que el país “dé el próximo salto” en la materia.

En el listado de acciones figura el impulso a la internacionalización de pymes tecnológicas y la coordinación con embajadas de países como Estados Unidos, China, Alemania y Brasil para misiones de tipo tecnológica. También se trabajará en potenciar el programa Uruguay Innovation Hub y revisar con países limítrofes y otros la eliminación de retenciones a la exportación de servicios. Se propone que “más fondos de inversión vean a Uruguay como el polo de innovación de América Latina”.

El Partido Nacional promete avanzar en nuevas herramientas de alfabetización digital –también impulsar programas de fomento de transferencia del conocimiento académico al mundo emprendedor– e institucionalizar mesas de regulación innovadora para incentivar la transformación digital del Estado. Buscará también la implementación de herramientas tecnológicas de avanzada para un mejor desempeño del gobierno y de las empresas en verticales clave como el turismo o el agronegocio.

En lo relacionado estrictamente al sector, el plan es “continuar incentivando la inversión en infraestructura digital, profundizar la conectividad en el interior y mantener el liderazgo en América Latina”. También hay acciones más específicas, como fomentar la variedad de dispositivos, atender a los usos internacionales del espectro y facilitar la compartición de infraestructura, así como dar seguridad y previsibilidad en licencias y autorizaciones para asegurar las inversiones a largo plazo.

Apoyar el desarrollo de centros de datos y garantizar la neutralidad tecnológica también son parte de la lista; también asegurar una revisión periódica de los precios de interconexión.

En sintonía con las medidas tomadas por Lacalle Pou, la agenda del Partido Nacional incluye la necesidad de “facilitar el desarrollo de redes neutrales que brinden servicios mayoristas de telecomunicaciones, para optimizar la inversión y evitar duplicaciones, rentabilizando las redes”.

En el programa también se aborda la importancia de la sistematización de datos e indicadores para la toma de decisiones y la adecuación del sector público a la Agenda Digital y a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Se señala, además, como prioritario “reforzar la infraestructura de ciberseguridad del país, que es una preocupación creciente a nivel de los gobiernos y de mayor relevancia cuando, como en Uruguay, existe una amplia cobertura y acceso a servicios basados en TIC”.

Partido Colorado

Para el Partido Colorado, el desafío en materia de telecomunicaciones es “consolidar a Uruguay como un líder, donde los servicios de calidad no sólo mejoren la vida de sus ciudadanos, sino que también potencien las oportunidades laborales y faciliten la inserción de las empresas en el mercado global. Esto requerirá un entorno competitivo dinámico, en el cual Antel continúe desempeñando un rol protagónico como actor innovador y eficiente”.

Tras el debate en torno a la nueva Ley de Medios, el Partido Colorado abogará por una nueva ley específica de telecomunicaciones, que funcione como “marco estable sobre el futuro del sector en el país en aspectos como la neutralidad de la red, la reglamentación de calidad de servicios y la subasta de segmentos del espectro, entre otros”. También promete abordar una legislación digital que, “inspirados en las experiencias de Europa y Estados Unidos, contemple la privacidad, la libertad de expresión, el acceso igualitario a la tecnología, la transparencia de los procesos automatizados y la protección contra los monopolios tecnológicos”.

Andrés Ojeda considera que Antel en ocasiones “excedió su rol como empresa pública, transformándose en hacedor de política”. Por ello, propone delimitar los cometidos de cada actor público en el marco institucional de la siguiente forma: Dinatel será formulador de la política de telecomunicaciones, Ursec regulador del mercado y Antel una empresa que presta servicios. Agrega, además, que impulsará acuerdos de la empresa pública con privados.

Respecto a la seguridad en entornos digitales, la propuesta del tercer partido más votado en las primarias es una actualización de la legislación que promueva la ciberseguridad y la protección de los activos de información del Estado. Se establecerá, además, una hoja de ruta para digitalizar la mayor cantidad de trámites estatales y concentrarlos en plataformas específicas para reducir tiempo y costos.

Entre las propuestas también aparecen otras acciones con vínculo potencial con el sector, como la idea de una regulación que promueva la innovación o fomentar la producción con inteligencia, con uso de tecnología de avanzada. También se buscará posicionar a Uruguay como hub logístico de comercio electrónico transfronterizo B2B y se generará “una política clara de captación” de la cadena de valor de nuevas industrias, entre las que se menciona la de semiconductores.

Cabildo Abierto

Con un fuerte componente de seguridad en su programa, Cabildo Abierto inicia su recorrido para el sector hablando de ciberseguridad. Propone la conformación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la adopción de nuevas políticas en la materia y legislar sobre Inteligencia Artificial, su empleo y aplicación en seguridad, para evitar sesgos que puedan ser violatorios de derechos individuales, además de garantizar el correcto tratamiento de datos personales. 

Manini Rios insiste en la utilización de la tecnología como “multiplicador de la seguridad” y la importancia de su uso para el control de patentes o la detección de disparos en zonas específicas, la conformación de comandos aéreos y la implementación de tecnologías de avanzada para un sistema de gestión de fronteras.

El candidato considera crucial establecer una legislación que regule de manera equitativa y eficiente los medios tradicionales y las plataformas digitales, y hace énfasis en asegurar entornos seguros a partir de, por ejemplo, instrumentos de protección a la infancia. En este punto también señala como relevante “evitar la extranjerización de las licencias (de espectro radioeléctrico) y su concentración excesiva”.

Más tarde promete avanzar en propuestas sugeridas por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), entre las que menciona consolidar la institucionalidad asociada a la innovación, posicionar a Uruguay como hub tecnológico e incentivar la colaboración entre universidades, centros de investigación e industria asociada; también avanzar en la formación en disciplinas STEM desde edades tempranas.

Desafíos

Las cifras oficiales posicionan a Uruguay en buen sitio dentro de la región si se contemplan índices clave de conectividad, como penetración de banda ancha, despliegue de fibra óptica y 5G. El país también destaca en materias relacionadas como Inteligencia Artificial, adopción de herramientas tecnológicas para el relacionamiento Estado-ciudadano y ciberseguridad. Aun así, la realidad del sector en el país presenta retos compartidos por América Latina y algunos propios de un país que camina a su tiempo hacia la plena competencia.

“Son posibles mejoras en la eficiencia y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones; el servicio de banda ancha fija se encuentra dentro del grupo de países más caros de América Latina”, señalaron desde Asiet ante la consulta de DPL News. Agregaron que “las decisiones menores de apertura durante el actual periodo de gobierno no han corregido sustancialmente las asimetrías competitivas centrales” que existen en el mercado.

Según datos recientes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), hubo al momento unos 80 pedidos y se otorgaron 50 autorizaciones para que operadores puedan ofrecer Internet en Uruguay, una posibilidad que se abrió a partir de cambios en la ley de Medios. De acuerdo con la entidad, al menos ocho de estos prestadores ya ofrecen servicios y cuentan con planes comerciales disponibles. Estas licencias (clase B) se dan siempre atendiendo las zonas de cobertura para la que previamente fueron autorizados los prestadores.

Todavía falta. La nueva Ley de Medios, promulgada en los últimos días por Lacalle Pou, despeja dudas en que cualquier prestador de televisión puede pedir dar Internet en Uruguay pero, aunque lo han solicitado, operadores con pisada nacional todavía no recibieron autorización. En palabras de Asiet, “continuar limitando artificialmente la obtención y cantidad de licencias es un trato discriminatorio que resulta en una desventaja competitiva y una pérdida de bienestar para los consumidores, además de ser potencialmente violatorio de los tratados de protección de inversiones y de la normativa local de competencia”.

El trato diferencial a Antel es otro viejo reclamo de los privados en Uruguay, pues “los desequilibrios no se circunscriben sólo al espacio de mercado de servicios de Internet fijo sino que tienen consecuencias en el mercado móvil, donde no hay condiciones equitativas entre los operadores respecto del acceso del espectro radioeléctrico, uso eficiente de su infraestructura instalada o complementariedad de su oferta de servicios móviles, fijos y audiovisuales”.

En 2023, cayó por primera vez en la década el número de abonados de banda ancha fija en Uruguay y también hubo una baja en la cantidad de líneas fijas en funcionamiento, algo que no sucedía hace cuatro años. El próximo gobierno tendrá entre sus funciones analizar qué está ocurriendo en los hogares, que han optado por la desconexión —¿por precio?— de servicios fijos, mientras hubo récord de suscriptores de banda ancha móvil. Una opción: el precio está generando migración a móvil de abonados que tradicionalmente utilizaban servicios fijos en sus hogares. El país es el segundo de América Latina con GB de datos móviles más barato, detrás de Colombia.

Según el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), para que Uruguay alcance los indicadores de conectividad de los países de la OCDE hacia 2030, se necesita un esfuerzo inversor adicional de más de 300 millones de dólares respecto del escenario de inversión proyectado con el marco actual; esto es igual a un 22 por ciento más con respecto a la tendencia esperada. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) también ha reparado en dificultades relativas al régimen regulatorio y el entorno de competencia en el país.

En cuanto a los retos compartidos por América Latina, Uruguay debe, como otros, revisar iniciativas que promuevan la conectividad, como políticas de espectro en la que se priorice la cobertura y el desarrollo por sobre la recaudación fiscal, la inspección del marco vigente para asegurar su adaptación a la nueva realidad de los mercados, reducción fiscal o más acciones para combatir la piratería. El próximo gobierno también iniciará funciones en pleno debate sobre qué hacer ante el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la implementación de Fair Share, o un campo de juego más equilibrado para todos los actores del ecosistema.

Las encuestas previas marcan una ventaja del Frente Amplio de casi 20 puntos sobre el hoy oficialista Partido Nacional. Según las reglas locales, si ninguna de las fórmulas obtiene la mitad más uno de los votos, habrá segunda vuelta entre los dos candidatos más votados el 24 de noviembre. Quien triunfe gobernará Uruguay hasta marzo de 2030.

Alexânia, Goiás-. El CEO de Furukawa Electric Latam, Foad Shaikhzadeh, criticó duramente el dumping de fibra óptica en Brasil durante una rueda de prensa en el Furukawa Summit 2024.

Hace un año y medio, el fabricante de cables ópticos y Prysmian iniciaron un proceso contra los precios practicados por los fabricantes chinos. Este proceso está detenido “por cuestiones técnicas” y amenaza con un posible cierre de la fábrica de Prysmian en Sorocaba, São Paulo.

Citando cifras, el ejecutivo expuso que de los casi 700 mil kilómetros de capacidad de producción mundial de cables de fibra, China, por sí sola, produce alrededor de 400 mil. El CEO recordó que Europa fue la primera en iniciar el proceso de dumping contra China, que también vio su acceso al mercado desplomarse debido a los embargos al 5G.

En este sentido, Shaikhzadeh defendió la implementación de una política industrial clara y robusta para el sector de telecomunicaciones, en favor del mercado brasileño. Añadió que Furukawa, a pesar de ser una empresa global, está comprometida con Brasil y con el desarrollo de la industria nacional de telecomunicaciones.

“Brasil necesita una política industrial que defienda la producción local y fomente la innovación. No podemos permitir que el dumping destruya la industria nacional y ponga en riesgo el futuro del país”, enfatizó.

Sobre el reciente cierre de la fábrica de Corning en Brasil en abril, despidiendo a más de mil empleados, también lo atribuyó a la opresión del mercado chino, aunque Corning no fabricara fibra y estuviera más enfocada en displays en el país.

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Otro aspecto destacado por el CEO fue la importancia de la Ley de Informática y del Programa Brasileño de Petróleo y Gas Natural (PPB) para el desarrollo de la industria nacional, defendiendo la manutención y el mejoramiento de estos programas, que proporcionan beneficios fiscales e incentivos a la investigación y desarrollo (I+D).

“Estos programas necesitan ser mantenidos y mejorados para que Brasil continúe siendo un jugador importante en este mercado”, dijo. Shaikhzadeh también abordó otros temas como la expansión internacional de Furukawa y la pérdida de alrededor de 30 por ciento en el último año fiscal, un hecho inédito para la empresa en 20 años.

La facturación global del grupo en 2022 fue de R$ 7 mil millones, mientras que las operaciones en Brasil fueron de R$ 300 millones. La mayor participación es del grupo de comunicación de Furukawa, generando R$ 1 millón.

Alexânia, Goiás-. O CEO da Furukawa Eletric LatAm, Foad Shaikhzadeh, criticou duramente o dumping de fibra óptica no Brasil em coletiva de imprensa durante o Furukawa Summit 2024. 

Há um ano e meio, a fabricante de cabos ópticos e a Prysmian entraram com um processo contra os preços praticados pelas fabricantes chinesas. Processo este que está parado “por questões técnicas” e que ameaça um possível fechamento da fábrica da Prysmian, em Sorocaba, São Paulo.

Citando números, o executivo expôs que dos quase 700 mil quilômetros de capacidade de produção mundial de cabo de fibra, a China, sozinha, produz cerca de 400 mil. O CEO relembrou que a Europa foi a primeira a começar com o processo de dumping contra a China que também por embargos ao 5G, viu seu acesso de mercado despencar. 

Neste sentido, Shaikhzadeh defendeu a implementação de uma política industrial clara e robusta para o setor de telecomunicações, em favor do mercado brasileiro. Fazendo um adendo, afirmou que a Furukawa, apesar de ser uma empresa global, está comprometida com o Brasil e com o desenvolvimento da indústria nacional de telecomunicações.

“O Brasil precisa de uma política industrial que defenda a produção local e incentive a inovação. Não podemos permitir que o dumping destrua a indústria nacional e coloque em risco o futuro do país”, enfatizou.

Sobre o recente fechamento da fábrica da Corning no Brasil em abril, dispensando mais de mil funcionários, ele também atribuiu à opressão do mercado chinês – embora a Corning não fabricasse fibra e fosse mais focada em displays no país.

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Um outro aspecto destacado pelo CEO, foi a importância da Lei de Informática e do Programa Brasileiro de Petróleo e Gás Natural (PPB) para o desenvolvimento da indústria nacional, defendendo a manutenção e o aprimoramento desses programas, que proporcionam benefícios fiscais e incentivos à pesquisa e desenvolvimento (P&D).

“Esses programas precisam ser mantidos e aprimorados para que o Brasil continue a ser um player importante nesse mercado”, disse. Shaikhzadeh também abordou outros temas como a expansão internacional da Furukawa e o prejuízo em torno de 30% no último ano fiscal, fato inédito para a empresa em 20 anos.

O faturamento global do grupo em 2022 foi de R$ 7 bilhões, enquanto as operações no Brasil foram de R$300 milhões. A maior participação é do grupo de comunicação da Furukawa, rendendo R$ 1 milhão.

Pat Gelsinger, CEO de Intel, expresó su orgullo por la Ley CHIPS firmada por Joe Biden en agosto de 2022, la cual busca impulsar la producción de semiconductores en Estados Unidos.

“Cuando pienso en la Ley CHIPS, la llamo la política industrial más importante desde la Segunda Guerra Mundial”, aseveró Gelsinger en el marco de Intel Vision 2024.

Mencionó que todo lo digital funciona con semiconductores, lo que significa que el mundo es cada vez más crítico con lo que hace Intel.

“Estamos evolucionando en Intel de una manera fundamental, hacia los sistemas para la era de la IA. Intel será el socio de fabricación de chips para empresas de todo el mundo. Hoy estamos en el periodo de innovación más intenso del que jamás haya formado parte la industria tecnológica”, añadió Gelsinger.

Asimismo, señaló que están ampliando su programa de desarrolladores de PC con IA. Dijo que más de 500 modelos de IA ahora están optimizados para Core Ultra. Además, están trabajando con socios como Dell, HP y Lenovo.

El CEO de Intel aseveró que ahora es el momento de crear plataformas abiertas para la IA empresarial, a propósito de Gaudi 3.

“Estamos trabajando para abordar requisitos clave que incluyen cómo implementar de manera eficiente, utilizar infraestructura existente, integración perfecta con el software empresarial y físico que tiene hoy, con alto grado de confiabilidad, disponibilidad, seguridad, problemas de soporte”, dijo Gelsinger.

Agregó que Intel no es el único que ve esos cambios, ya que cuentan con apoyo de empresas como SAP, IBM, Red Hat, VMware y más.

“Hemos estado impulsando más nuestra plataforma central de CPU, nuevas capacidades como AMX (Advanced Matrix Extensions) e impulsando estándares para Big Data, Aprendizaje Automático clásico e inferencia. La máquina de innovación Xeon no se desacelera y hoy cubriremos un poco de eso. Y estamos viendo esta evolución muy rápida de las cargas de trabajo de IA”, apuntó.

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Durante el lanzamiento del programa Nueva Industria Brasil, este 22 de enero, se anunciaron 11 convocatorias públicas para el Programa Finep Más Innovación, que realizará inversiones millonarias en diversas áreas como semiconductores e Inteligencia Artificial, como parte de la nueva política industrial que tendrá una inversión total de 300 mil millones de reales (60 mil 500 millones de dólares) hasta 2026.

La iniciativa será ejecutada por la Finep (Financiadora de Estudios e Proyectos) en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). De las 11 convocatorias, 10 son de subvención económica (recursos no reembolsables para empresas) y una de recursos no reembolsables para ICTs (Instituto Científico y Tecnológico) del complejo de la salud, totalizando 2.18 mil millones de reales.

Este valor específico es la aportación que se pondrá a disposición para financiar proyectos innovadores en áreas como Cadenas Agroindustriales Sostenibles, Complejo Económico Industrial de la Salud, Infraestructura Sostenible para Ciudades, Transformación Digital de la Industria, Bioeconomía, Energías Renovables y Tecnologías de Interés para la Soberanía y Defensa Nacionales.

Los detalles de la distribución de los recursos se pueden consultar en el sitio web de la Finep.

Los recursos, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), se operarán de manera continua, aceptando propuestas hasta que el presupuesto esté comprometido en su totalidad.

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La definición de los temas prioritarios contó con la colaboración de expertos e instituciones como BNDES, CNI y varios ministerios. Las convocatorias involucran colaboraciones técnicas con ministerios sectoriales y el BNDES.

Finep Más Innovación es parte del programa de innovación más grande de la historia, con un monto total de 66 mil millones de reales (R$) para los próximos cuatro años, distribuidos en modalidades reembolsables y no reembolsables. Este programa forma parte de los R$ 300 mil millones destinados a Nueva Industria Brasil, siendo R$ 41 mil millones de Finep y el resto del BNDES.

Convocatorias destacadas:

Dentro de la misión de transformación digital de la industria para aumentar la productividad, la inversión para la producción de semiconductores será de 100 millones de reales (subvención económica, no reembolsable para empresas).

Este monto está destinado a apoyar los segmentos de diseño, fabricación de semiconductores (front-end) y encapsulamiento y prueba (back-end) para ampliar la participación de la industria nacional de semiconductores en comparación con la mundial.

Para Inteligencia Artificial Generativa y comunicaciones avanzadas, se destinarán 170 millones de reales.

El programa “Nueva Industria Brasil”, lanzado este 22 de enero, tiene como objetivo impulsar la digitalización de la industria nacional y el desarrollo sostenible hasta 2033. La iniciativa contempla diversas estrategias para fortalecer sectores clave de la economía, como la agroindustria, la infraestructura urbana (telecomunicaciones), la tecnología de la información, la salud, la bioeconomía y la defensa.

Con una inversión de 300 mil millones de reales (60 mil 500 millones de dólares) hasta 2026 (R$ 21 mil millones no reembolsables), provenientes de financiamientos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), de la Finep (Financiadora de Estudios y Proyectos) y de la Embrapii (Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial), el programa busca impulsar la innovación y la digitalización mediante seis misiones específicas.

Algunas de ellas incluyen:

• Digitalizar 90% de las industrias brasileñas.
• Triplicar la participación de la producción nacional en el segmento de nuevas tecnologías.
• Priorizar la tecnología nacional con autonomía del 50% en la producción de tecnologías críticas para la defensa.

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También se utilizarán 4 mil millones de reales del Fust (Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones) con tasa referencial (intereses reducidos) para la expansión de banda ancha y conectividad, dentro del eje “Industria Más Productiva”, que requerirá un total de R$ 182 mil millones.

En el eje “Industria Más Innovadora y Digital”, se invertirán R$ 66 mil millones, enfocados en la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Industrial y Tecnológico (FNDIT), entre otras medidas.

Se destaca también la creación de la Estrategia Nacional de Centros de Datos y Servicios de Computación en la Nube, con el objetivo de atraer inversiones y promover la infraestructura necesaria para el procesamiento y difusión de datos en el país.

Telecomunicaciones en primer plano

En la nueva política industrial, el sector de las telecomunicaciones adquiere cierta prioridad. El gobierno regulará el Decreto Nº 10.480, de septiembre de 2020, que prevé la colaboración entre las redes de telecomunicaciones y la implementación conjunta de infraestructura en proyectos de interés público, como carreteras, ferrocarriles, sistemas de transporte público y líneas de transmisión de energía.

La reanudación de concursos para las agencias reguladoras, como la Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones), es otra medida que busca garantizar la calidad y eficiencia de los servicios prestados a la población.

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Ciudades inteligentes

En cuanto a la movilidad urbana, el programa propone soluciones que incluyen el desarrollo de sistemas inteligentes para el desplazamiento de personas y mercancías, la aviación del futuro, la economía circular para residuos urbanos e industriales, y soluciones sostenibles para el saneamiento y la vivienda popular.

Además, la política busca fortalecer la presencia de las empresas brasileñas en las cadenas productivas de energías renovables, como la fotovoltaica solar, la termosolar y la eólica, incentivando el desarrollo tecnológico en estos sectores.

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Ante el avance de otros países en la regulación y adopción de la Inteligencia Artificial (IA), México necesita una política de Industria 4.0 que tome en cuenta la IA para que pueda destacar en el desarrollo de esta tecnología y no sólo se limite a replicar lo que hacen las superpotencias ―como China y EE.UU.―, advirtió Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.

“En México tenemos la disyuntiva de decidir si queremos desarrollar Inteligencia Artificial o vamos a ofrecer nuestra fuerza de trabajo como calificadores de datos para las grandes empresas tecnológicas, tal y como ya sucede en otros países, innovando trágicamente una nueva forma de colonialismo en la que se emplean las personas en condiciones muchas veces indignas y con salarios por supuesto bajos”.

“Para que México participe plenamente de esta Cuarta Revolución necesitamos una estrategia de política industrial 4.0, que facilite a las empresas una adopción dinámica de la Inteligencia Artificial”, afirmó durante un foro del Senado y la Unesco para anunciar que trabajarán juntos en la elaboración de una estrategia nacional de IA.

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Además de este enfoque centrado en el uso industrial de la tecnología, el senador dijo que es necesario adoptar una visión ética y de derechos, lo cual implica anticipar y mitigar los posibles riesgos que plantea la IA para la privacidad, la democracia, la inclusión, el trabajo o la educación.

“Necesitamos sentido de urgencia ante lo acelerado y desigual del desarrollo de esta tecnología, que tiene el potencial de organizar a los factores de producción, cambiar la forma de producir, abrir nuevas actividades y también la de modificar la articulación de la vida cotidiana de las personas y sus relaciones con el gobierno”, comentó.

El legislador agregó que el gobierno debe tomar un rol más activo en la adopción de la Inteligencia Artificial. En 2019, detalló, México asumió el compromiso ante la Organización Mundial del Comercio de utilizar la IA en el servicio público, y legislar y diseñar políticas públicas para regular esa tecnología.

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Sin embargo, advirtió, “actualmente el gobierno mexicano parece no tener claras las prioridades actuales y futuras. Un problema estructural es que en México no existen leyes que regulen la Inteligencia Artificial, pero tampoco abundan los espacios para la capacitación de profesionales en tecnologías de la información”.

Para Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el país cuenta con enorme potencial para liderar el desarrollo de la IA, pero requiere más inversión, investigación y desarrollo, capacitación de talento humano y colaboración entre el sector público y privado para detonar dicho potencial.

Además, el presidente del IFT expuso que la infraestructura será otro de los factores que definirán la posición de México en la adopción de la IA, pues las redes 5G, los centros de datos, la capacidad de cómputo y la fibra óptica serán la base que harán posible el funcionamiento de los sistemas de Inteligencia Artificial.