Abordar no es regular: debate normativo sobre Inteligencia Artificial en América Latina
En un sector repleto de tendencias y conceptos de moda, la Inteligencia Artificial ha sabido mantenerse en el foco de atención. Esta explosión ha motivado a las autoridades de todas las latitudes a revisar el contexto y poner manos a la obra en un análisis minucioso, o no tanto, de si corresponde o no dar un marco normativo que asegure el desarrollo saludable de IA.
En cuestiones tecnológicas, América Latina cumple siempre con una condición que es arma de doble filo: llegar más tarde que el resto es, en ocasiones, igual a retraso, y, en otras, una posibilidad de recoger experiencias y evitar errores que ya se han cometido. O ambas. La IA parece ser otro escenario para probar la teoría.
Aun cuando no hay una definición precisa y totalmente consensuada de lo que es Inteligencia Artificial y sus alcances, el mundo se ha movido hacia iniciativas que prometen asegurar que su desarrollo tenga lugar sin obstaculizar el disfrute de derechos fundamentales de las personas, revisar su evolución para mitigar los riesgos y abogar por la defensa de principios como la fiabilidad y la transparencia.
En una etapa más incipiente que en otros sitios, teniendo en cuenta que por ejemplo la Unión Europea ya tiene su propia ley de Inteligencia Artificial y pide a cada rato que sus principios sean considerados en cualquier avance normativo que suceda en el mundo, América Latina se enfrenta a la discusión que sobrevuela: ¿qué es un desarrollo saludable de IA y cómo asegurarlo?
Líderes de discusión IA en América Latina
Con el debate abierto, Chile es protagonista de la discusión sobre Inteligencia Artificial en América Latina. Su contexto favorece esta posición: se trata de un país con buenos índices de conectividad y eso funciona de escenario ideal para la constitución y desarrollo de sistemas de IA. Tal así que Chile obtuvo el primer puesto en el ranking regional IA en el Índice Latinoamericano de IA (ILIA); se ubicó en primer lugar en la dimensión de factores habilitantes y gobernanza.
En 2021, Chile presentó una Política Nacional de Inteligencia Artificial, un instrumento que contenía directrices, lineamientos y principios, además de acciones prioritarias desde políticas públicas hasta herramientas para fomentar el desarrollo desde el sector privado. Se estructuró bajo tres ejes fundamentales: factores habilitantes, como talento humano; desarrollo y adopción y, en tercer lugar, ética, aspectos normativos y efectos socioeconómicos.
“Notamos que esa política quedaba un poco corta e iniciamos un trabajo colaborativo para su actualización”, dijo a DPL News la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, en el marco de la presentación al Congreso Nacional de un nuevo proyecto para regular IA. El texto creará, de prosperar sin cambios, un modelo de clasificación de uso de IA basado en riesgos y generará una institucionalidad en la materia. Se incluye un tercer componente con foco en innovación, adopción y fomento de uso por parte de pequeñas empresas.
Para Etcheverry, “América Latina debe abordar los desafíos tecnológicos como bloque”. La funcionaria también dio una recomendación a los países de la región que se involucren en proyectos de este tipo: “No se trata tanto de un debate sobre tecnología, sino mucho más de lo que como sociedad consideremos que es bueno para nuestro futuro, funcionamiento y desarrollo. Es un debate mucho más vinculado a valores, a principios y empatía”.
Ese enfoque conjunto, o la iniciativa de hacerlo, quedó plasmado el año pasado en la Declaración de Santiago para promover una IA ética en América Latina y el Caribe, en la que los 20 países firmantes advirtieron que las oportunidades y riesgos alrededor de la IA exigen que los Estados se anticipen e impulsen el diseño e implementación de políticas, planes y estrategias nacionales, regionales e internacionales, para el diseño, desarrollo y uso seguro, ético y responsable de esta tecnología, así como el establecimiento de marcos institucionales nacionales efectivos.
Brasil resultó segundo en el ranking ILIA. El tamaño de su mercado ha obligado al país a actuar antes que el resto en algunos procesos regulatorios y sus decisiones son, en ocasiones, tomadas como pista de la posición que podría tomar la región como bloque. Ya existe una Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial (EBIA), lanzada en 2021, y hay proyectos en curso de convertirse en marco normativo en la materia.
El plan local es generar reglas enfocadas en la protección de los derechos humanos y en pos de la innovación sin restringir la tecnología. Habla de las formas de uso y de los actores que son parte en el ecosistema. Mientras se debate la iniciativa en el Congreso, se presentó el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial, que, independiente de la discusión legislativa, prevé una inversión de unos 4 mil millones de dólares entre 2024 y 2028.
Si bien es Brasil quien alberga el mayor número de patentes y empresas de IA en América Latina, México lideró el crecimiento en los últimos años. El país superó la barrera de los mil millones de dólares en levantamiento de capital y sus empresas IA son líderes en recaudación de fondos. Quizás este desarrollo es el que invitó a que también sea escenario de un álgido debate regulatorio.
También durante el año pasado, la Unesco garantizó su ayuda a la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) para elaborar un diagnóstico y una propuesta de estrategia para la adopción de IA en México. En mayo, la Alianza presentó su proyecto para construir una Agenda Nacional de IA, que incluyó entre las propuestas la de incorporar acciones de IA como parte del Plan Nacional de Desarrollo, propiciar la integración de habilidades y conocimientos en IA en la educación y asegurar la generación de profesionales especializados.
El Congreso de Perú aprobó a mediados de 2023 una ley enfocada en promover el uso de Inteligencia Artificial, y otros países de la región han también avanzado en estrategias con el ojo puesto en un seguimiento y análisis minucioso de los acontecimientos, como la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Colombia o la Estrategia de IA de Uruguay, aprobada en 2020 y actualmente en proceso de revisión.
El gobierno de Javier Milei, en Argentina, se ha puesto como objetivo ser cuarto polo de IA en el mundo. La iniciativa, que considera que el podio está actualmente conformado por Europa, Estados Unidos y China —no necesariamente en ese orden—, ha sido bandera de la administración actual con giras y diálogo constante del Jefe de Estado con referentes en Inteligencia Artificial. En paralelo, el Congreso analiza una serie de proyectos para regular en la materia, un término que es mala palabra para Milei.
Así, con distintos abordajes y acercamientos, los países de América Latina trabajan en interiorizarse sobre los desafíos que propone la Inteligencia Artificial, su alcance y sus riesgos, y actúan con proyectos que más que soluciones a un problema no completamente identificado parecen casi una demostración de que se está revisando en el tema. ¿Qué es desarrollo saludable para la Inteligencia Artificial? ¿De quiénes depende garantizarlo? ¿Cuáles son sus riesgos? Las regulaciones o sus acercamientos han funcionado, al menos por ahora, como sinónimo de abordar y no de resolver. ¿Hay algo que solucionar o sería intentar arreglar algo que, al menos todavía, no está roto? El desafío sigue vigente.