¡Buen martes! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude por tu vacuna de refuerzo el día que te corresponda. Mientras tanto, conoce las noticias más importantes del ecosistema digital de América Latina:

1. Gustavo Petro posesiona a Sandra Urrutia como ministra TIC de Colombia

Este lunes 5 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le tomó juramento a la abogada Sandra Milena Urrutia Pérez, para liderar el Ministerio de las TIC el próximo cuatrienio.

2. Ganó el rechazo en el plebiscito constitucional de Chile: ¿qué sigue?

Pese al deseo de la ciudadanía por tener una nueva Constitución, las críticas al texto elaborado por la Convención, a los procesos, a los representantes y las noticias influyeron en que el 62% rechazara la propuesta de Carta Magna.

3. Claro, TIM y Vivo activan 5G en 3 capitales del Noreste de Brasil

Los operadores Claro, TIM y Vivo lanzaron 5G en la banda de 3.5 GHz en otras tres capitales brasileñas este lunes 5 de septiembre: Fortaleza, en el estado de Ceará; Natal, en Río Grande del Norte; y Recife, en Pernambuco. Consulta aquí la versión en portugués. 

4. Tribunal aprueba venta de base de clientes de Oi TV a Sky Brasil

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ) aprobó la venta de la cartera de clientes de TV de paga de Oi a Sky Brasil por 786 millones de reales (152.2 millones de dólares). Consulta aquí la versión en portugués. 

5. Samsung sufre hackeo en EE. UU. que vulnera información de usuarios

Samsung sufrió un incidente de ciberseguridad que afectó la información sensible de sus usuarios en Estados Unidos. La compañía surcoreana aseguró que el ataque no vulneró los números del Seguro Social ni tarjetas de crédito y débito.

A nivel nacional e internacional, el plebiscito constitucional en Chile dejó un sabor agridulce. En una elección democrática, 62 por ciento de la ciudadanía rechazó la propuesta para crear una nueva Carta Magna, que dejaría atrás el sistema jurídico heredado por la dictadura de Augusto Pinochet.

Casi 13 millones de personas se volcaron a las urnas el domingo 4 de septiembre. La participación fue histórica, en parte debido a que se implementó el voto obligatorio. En las 16 regiones que conforman el país, ganó el ‘rechazo’, y sólo en el extranjero la mayoría aprobó el texto elaborado por la Convención Constitucional.

Fuente: Servicio Electoral de Chile

El borrador planteaba reconocer que Chile es un Estado “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”; garantizar la libre determinación de los pueblos y su coexistencia en un plano de igualdad; velar por la paridad de género en las instituciones y garantizar el derecho de las mujeres al aborto y una vida libre de violencia; así como proteger la biodiversidad y combatir la crisis climática, entre un amplio abánico de derechos sociales.

Por ello, el espíritu de la propuesta constitucional era calificado como plurinacional, ecológico y feminista. Además de esos tres elementos, otro de sus rasgos destacados era el de ser una iniciativa vanguardista en materia de derechos digitales, pues incluía más de una decena de artículos que buscaban garantizar, entre otras cosas, la conectividad universal, la protección de datos personales, la seguridad digital y la educación digital.

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La propuesta constitucional tenía elementos innovadores y de avanzada que incluso fueron destacados por especialistas a nivel internacional. Previo al plebiscito, un grupo de especialistas, científicos sociales, constitucionalistas y académicos publicaron una carta de apoyo al texto.

“Nosotros, economistas y cientistas sociales de alrededor del mundo, respaldamos el visionario documento que la Convención Constitucional ha producido para asegurar crecimiento sustentable y prosperidad compartida para Chile”, señala el documento.

Sin embargo, también hubo importantes críticas al texto, a los procesos, a los representantes constituyentes, desinformación y otros factores que influyeron en que la sociedad chilena diera un abrumador rechazo a la iniciativa.

Qué influyó en el rechazo

Uno de los elementos de mayor discrepancia fue el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional, pues para muchos eso daba demasiada preeminencia a los pueblos indígenas, incluso una situación de “privilegio” y representaba el riesgo de dividir al país. Mientras que quienes apoyaban el carácter plurinacional argumentaban que era una necesidad, dada la exclusión histórica que han vivido los pueblos originarios.

También se criticó la intención de eliminar el Senado y reemplazarlo por una Cámara de las Regiones, “un órgano deliberativo, paritario y plurinacional”. Algunos legisladores señalaron que esa propuesta buscaba favorecer al gobierno de Gabriel Boric, ya que en la actualidad carece de mayoría en el Senado.

Y otros elementos que generaron preocupación y rechazó fueron que se contemplaba la reelección presidencial inmediata (la reelección diferida ya existe en el país); el poder de veto de los pueblos indígenas acerca de temas de participación territorial que les afecten, y la despenalización del aborto, por ejemplo.

En cuanto a los procesos, de manera gradual fue mermando el apoyo de la ciudadanía a la Convención Constitucional, un organismo que fue creado especialmente para redactar la propuesta de una nueva Carga Magna. Las encuestas mostraron que, conforme se acercaba el momento de presentar la iniciativa final, crecía la desconfianza hacia esta asamblea.

Al interior de la Convención, también se observó falta de acuerdos, polarización, diálogos estancados, e incluso mentiras por parte de algunos representantes –el constituyente Rodrigo Rojas Vade, por ejemplo, inventó que padecía cáncer–, lo cual afectó la percepción de credibilidad entre la población.

Y otro de los factores que llevaron al rechazo fue el alto grado de desinformación que se registró alrededor de la nueva Constitución. El debate público en las calles y en el entorno digital estuvo contaminado por noticias falsas y engañosas difundidas de manera masiva, especialmente por la derecha chilena.

La organización Derechos Digitales y Datavoz realizó una encuesta que mostraba que un 58 por ciento de las personas había consumido información falsa acerca del trabajo constituyente, la cual provenía principalmente de las redes sociales (48%).

Tres de cada 10 personas inclusive reconocieron haber compartido alguna información falsa sobre la propuesta constitucional. La desinformación se originó desde diferentes frentes. Por ejemplo, la exsenadora Ena Von Baer dijo que la Convención Constitucional quería cambiar el himno, la bandera y el nombre de Chile.

En las redes sociales, también circulaba la supuesta idea de que se permitiría el aborto hasta los nueve meses de embarazo; que el texto no protegía la propiedad privada; o que en el plebiscito también participarían personas migrantes provenientes de Venezuela u otros países a pesar de tener muy poco tiempo en el país.

Si bien diferentes organizaciones y medios de comunicación llevaron a cabo una ardua labor para verificar la información y desmentir las noticias falsas, no fue suficiente para detener el acelerado ritmo de la viralidad en el entorno digital. Chile se enfrentó al desafío de crear y votar un nuevo texto constitucional en la era de las fake news.

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Qué sigue ahora

“Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto, llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la decisión que haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro, porque es un futuro esplendor el que nos espera”, dijo el presidente Gabriel Boric tras conocer los resultados del plebiscito.

Con el triunfo del rechazo, la Constitución actual de Chile seguirá vigente aunque no es el fin del debate. El mandatario anunció que impulsará un nuevo proceso constitucional, lo cual implicaría obtener la aprobación del Congreso para instaurar una segunda Convención Constituyente que redacte una nueva propuesta.

Además, Gabriel Boric anunció que hará cambios en su Gabinete, mediante lo cual buscará hacer frente a los desafíos de crear un nuevo camino constitucional y atender todas las demandas de la población.

También existe la posibilidad de reformar el sistema constitucional actual. La coalición de derecha, Chile Vamos, se comprometió a modificar la Carta Magna vigente. En adelante, las negociaciones y los consensos políticos serán complejos, pues, mientras el gobierno lo tiene la izquierda, la derecha detenta la mayoría en el Congreso.

Cualquiera que sea el camino a seguir, las y los especialistas esperan que los postulados sobre derechos digitales sobrevivan y se incluyan en un nuevo proyecto constitucional, e incluso sean un referente para América Latina, debido a que, en medio de la polarización, fueron de las propuestas que ganaron más consenso.

A menos de una semana del plebiscito que determinará si se aprueba o no una nueva Constitución en Chile, las opiniones de la ciudadanía están divididas entre el ‘apruebo’ y el ‘rechazo’. Las encuestas más recientes muestran que el voto en contra podría ganar el 4 de septiembre, con un 45.8 por ciento de la preferencia frente a 32.9 por ciento que daría su voto a favor (según el pronóstico Pulso Ciudadano).

El referéndum acapara los titulares en los medios chilenos y las conversaciones en los hogares, el trabajo o prácticamente cualquier lugar del espacio público, pero ya no con el mismo espíritu entusiasta de 2020, cuando casi cuatro quintas partes del electorado apoyó la idea de crear una nueva Carta Magna, en la que ha sido, hasta ahora, la mayor votación de la historia del país.

Las circunstancias actualmente son otras. El deseo de dar un giro al texto constitucional prevalece. Sin embargo, esta vez no hay consenso y, al parecer, con cualquiera de las opciones que resulte triunfante, una u otra mitad de la ciudadanía quedaría descontenta.

Pese al entorno de polarización que se ha gestado en los últimos meses, hay algunos planteamientos dentro de la propuesta que redactó la Convención Constitucional sobre los que sí existe mayor anuencia. Ese es el caso de los derechos digitales, resaltó Danielle Zaror, doctora en Derecho por la Universidad de Chile y especialista en tecnología y regulación.

Los referentes a los derechos digitales son de los artículos de la Constitución con más alto consenso, al igual que aquellos que abordan el cuidado al medio ambiente. Las personas coinciden en que el desarrollo tecnológico presenta desafíos para garantizar el ejercicio de derechos, brindar protecciones y crear nuevos marcos de entendimiento, señaló Zaror en entrevista con DPL News.

Además, las voces expertas del sector destacan que, de ganar el ‘apruebo’, el nuevo texto constitucional pondría al país a la vanguardia en materia de derechos digitales. Patricia Peña, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, aseguró que podría tratarse de un hito en el reconocimiento de estos derechos, lo cual potenciaría políticas públicas y nuevos modelos para avanzar hacia una sociedad digital más inclusiva.

El nuevo texto constitucional pondría al país a la vanguardia en materia de derechos digitales.

Rodrigo Ramírez Pino, coordinador del Programa Políticas Públicas para el Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe de Flacso-Chile, resaltó que el texto plantea garantizar que las personas ejerzan sus derechos en el espacio digital, brindando certezas regulatorias y promoviendo el ecosistema tecnológico.

En un artículo de opinión, el experto afirma que “el borrador articula que el Estado en su modernización promoverá un ecosistema tecnológico y sus avances e innovación capaz de canalizar la fuerza transformadora del desarrollo y la digitalización para el bienestar colectivo, donde debe incorporar los avances tecnológicos, la innovación, la investigación científica y el mejor uso de los recursos”.

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Entre los 388 artículos que componen el borrador de la Constitución, al menos una decena de ellos están relacionados directamente con los llamados derechos digitales y el impacto de las TIC sobre las garantías tradicionales:

Artículo 86

• Toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación.
• El Estado debe promover y participar en el desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y TIC.
• Es deber del Estado superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital y en sus dispositivos e infraestructuras.
• El Estado debe garantizar el cumplimiento del principio de neutralidad en la red.
• La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público.
• Corresponderá a la ley determinar la utilización y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Artículo 87

• Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de datos personales, incluida la facultad de conocer, decidir y controlar el uso de los datos que le conciernen.
• El tratamiento de datos personales sólo podrá efectuarse en los casos que establezca la ley.

Artículo 88

Toda persona tiene derecho a la protección y promoción de la seguridad informática. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas idóneas y necesarias para garantizarla.

Artículo 89

Toda persona tiene derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado deberá proteger especialmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades y disidencias sexuales y de género.

Artículo 376

Existirá un órgano autónomo denominado Agencia Nacional de Protección de Datos, con facultades de normar, investigar, fiscalizar y sancionar a entidades públicas y privadas.

Artículo 90

Toda persona tiene derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios. El Estado asegura que toda persona pueda ejercer sus derechos en los espacios digitales, para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos.

Artículo 46

Toda persona trabajadora tiene derecho al descanso, el disfrute del tiempo libre y la desconexión digital.

Artículo 52

El Estado debe garantizar la protección y el acceso equitativo a servicios básicos, incluyendo la conectividad.

Artículo 70

Toda documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus metadatos. La interceptación, la captura, la apertura, el registro o la revisión sólo se podrá realizar con orden judicial previa.

Artículo 85

Existirán medios de comunicación e información públicos, en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento.

Artículo 152

Los poderes públicos deberán facilitar la participación y deliberación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país, a través de diferentes medios, incluso los digitales.

Artículo 216

Las municipalidades proveerán los mecanismos, los espacios, los recursos, la alfabetización digital, la formación y la educación cívica y todo aquello que sea necesario para concretar la participación ciudadana.

Artículo 220

Entre las competencias de una región autónoma, está la planificación e implementación de la conectividad física y digital.

Derechos digitales para el futuro

Todas “estas normas tienen una identidad de sociedad del futuro”, resaltó Danielle Zaror. Y en esa premisa coinciden también la mayoría de las voces expertas en esta materia.

Un par de representantes constituyentes –que participaron en la redacción del proyecto, pero prefieren no hablar de manera pública debido al entorno de polarización– señalaron que fue un acierto reconocer los cambios tecnológicos en la propuesta de la Carta Magna, y confirman que ha sido una de las materias en las que se tuvo más consenso en el debate.

Aunque cada vez se vuelve más complejo abordar los desafíos que generan las tecnologías en la garantía de derechos y obligaciones del Estado, la propuesta constitucional fue capaz de recoger varias de las temáticas más importantes, por lo que se trata de un articulado “de vanguardia”, puntualizó Vladimir Garay, Director de Incidencia de la organización Derechos Digitales, durante un conversatorio en línea.

Derechos Digitales realizó un estudio para conocer las percepciones de la ciudadanía respecto a los derechos fundamentales en la era digital. A grosso modo, el informe destaca que las personas consideran que el acceso a Internet es una condición necesaria para acceder a diversos derechos sociales, pero también el entorno digital presenta riesgos, por lo que es necesaria su regulación.

Las personas consideran que el acceso a Internet es una condición necesaria para acceder a diversos derechos sociales.

La organización llevó a cabo grupos focales con diferentes grupos sociales, incluyendo mujeres, personas adultas mayores y la comunidad sexodiversa. En estos espacios conversacionales, las personas mostraron sus expectativas sobre que Internet es una llave para otros derechos, especialmente el de la educación.

Tras los meses más álgidos de la pandemia por la Covid-19 y el confinamiento, para la población se hizo evidente la relevancia de las tecnologías en su vida diaria, ya que la conectividad posibilitó su acceso a la educación a través de las clases en línea o herramientas digitales. Y quien no estuvo conectado, también se vio imposibilitado de ejercer ese derecho.

En ese contexto, las personas también reflexionaron que parte de sus vivencias en el entorno digital han sido de desigualdad; por ejemplo, al no tener las condiciones socioeconómicas o tecnológicas para acceder a Internet debido a los altos precios, la falta de cobertura o la carencia de habilidades digitales. Y, además, las mujeres y la comunidad LGBTQ+ señalaron que la violencia digital les impide apropiarse del espacio digital.

Por la importancia que la ciudadanía ya otorga al entorno digital y el ejercicio de derechos en ese espacio, Patricia Peña, también integrante del directorio de Internet Society Chile, afirmó que el texto del borrador de la Carta Magna logra comprender que los derechos digitales necesitan ser consagrados como garantías fundamentales y colectivas, pues la tecnología no sólo tiene que ver con el desarrollo económico.

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Sin embargo, los especialistas advierten que el reconocimiento del impacto de las tecnologías en los derechos existentes y la identificación de nuevos derechos sólo es un punto de partida, pues se requieren políticas públicas y programas para que toda la sociedad pueda beneficiarse de la conectividad o sus datos personales estén realmente protegidos, por ejemplo.

Asimismo, se requieren abordar los nuevos riesgos que presentan las tecnologías digitales, como la profundización de brechas entre quienes pueden o no acceder a Internet; los sesgos en los algoritmos raciales o de género de la Inteligencia Artificial; o incluso la vigilancia del Estado sobre la ciudadanía usando herramientas tecnológicas.

En espera de los resultados del plebiscito, también se encuentran proyectos de ley que se están tramitando en el Senado. Por ejemplo, uno para legislar y tipificar la violencia digital, otro para regular las plataformas digitales y uno más para declarar a Internet como un servicio público. Probablemente, los frutos de la votación guíen el destino de esas propuestas.

Independientemente de lo que suceda el 4 de septiembre, si gana el ‘apruebo’ o el ‘rechazo’, este corpus de derechos digitales abre un camino que no se agota en el proceso constitucional chileno, sino que influirá en los procesos políticos y normativos que de ahora en adelante surjan en el país y en América Latina, aseguró Vladimir Garay.

El especialista resaltó que el borrador de la Constitución plantea una mirada novedosa al ponderar las tecnologías como habilitadoras de derechos fundamentales en un contexto cada vez más cambiante.

Zaror, en tanto, consideró que, cualquiera que sea el resultado en el plebiscito, estos contenidos son indiscutidos y, en caso de que la ciudadanía se decante por el ‘rechazo, sobrevivirán para lo que sigue: los caminos previstos, en ese escenario, son posibles modificaciones a la Constitución actual, o iniciar incluso un nuevo proceso constituyente.

Independientemente de lo que suceda el 4 de septiembre, el corpus de derechos digitales sobrevivirá e influirá en los procesos políticos y normativos futuros en el país y en América Latina.

¡Buen martes! Este 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, te invitamos a conocer las noticias más relevantes sobre el ecosistema digital que te presentamos en el DPL News Express:

1. Redes 5G generarán hiper personalización de servicios: Capgemini

Las redes 5G revolucionarán la economía en todo el mundo, y en la medida que avance su desarrollo, también lo harán nuevos servicios con un alto grado de personalización, aseguró Ramón Álvarez, vicepresidente de Capgemini para América del Norte, en entrevista con DPL News.

2. Arsat no va a conectar hogares: Matías Tombolini

Durante su presentación en el Internet Day, organizado por la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Matías Tombolini, presidente de Arsat, aseguró que “no están yendo al hogar con fibra óptica”, en relación a la inquietud que tenía la industria de que la empresa pública cambiara su modelo de negocio mayorista por ofrecer servicios al usuario final.

3. Chile tiene borrador de nueva Constitución: esto dice sobre TIC y derechos digitales

El sábado 14 de mayo la Convención Constitucional de Chile terminó de votar los 499 artículos que conforman el primer borrador de la nueva Constitución, la cual contiene más de una decena de artículos relacionados con los derechos digitales y abordan las implicaciones de las TIC en la promoción de deberes y derechos.

4. 5 ciudades colombianas implementarán pilotos para resolver problemas a través de las TIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) de Colombia eligió a Tunja, Armenia, Corozal, Barrancabermeja y a la Gobernación del Valle del Cauca para adelantar proyectos pilotos sobre ciudades y territorios inteligentes, con el objetivo de solucionar retos y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de las tecnologías.

5. Spotify se compromete a combatir las noticias falsas en Brasil

Spotify se sumó al grupo de aplicaciones que han hecho convenios con el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil contra la desinformación. El TSE y Spotify firmaron un memorando, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, con el objetivo de garantizar la integridad de las Elecciones Generales. Consulta aquí la versión en portugués.

6. Samsung negocia aumentar precios de fabricación de chips

Samsung Electronics Co. está dialogando con sus clientes de fundición sobre la posibilidad de cobrar hasta un 20 por ciento más por la fabricación de semiconductores este año, con lo que se une a un impulso de toda la industria para aumentar los precios y cubrir los crecientes costos de los materiales y logística.

Después de sesiones maratónicas por diferentes regiones del país, la Convención Constitucional de Chile terminó el sábado 14 de mayo de votar los 499 artículos que conforman el primer borrador de la nueva Constitución, la cual se espera que promueva una nueva etapa en la democracia del país.

Más de una decena de artículos del documento están relacionados con los derechos digitales y abordan las implicaciones de las TIC en la promoción de deberes y derechos, como lo habían estado impulsando representantes constituyentes, la academia, especialistas y la sociedad civil.

En el Capítulo 7 sobre los Sistemas de Conocimientos, el borrador de la Carta Magna incluye los siguientes artículos acerca del entorno digital, su impacto en el reconocimiento de nuevos derechos y en la transformación de otros ya existentes:

• 466. Todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las TIC.
• 467. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructura. Debe promover el desarrollo de las telecomunicaciones, la conectividad y las TIC.
• 468. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red.
• 469. El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas, a los servicios básicos de comunicación.
• 470. Toda persona tiene el derecho a la educación digital, y al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico. El Estado creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos para ello.
• 471. Todas las personas tienen el derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. Se deberá diseñar políticas públicas y medidas para garantizarlo.
• 480. Derecho a la protección de datos personales. Todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos, a conocer, decidir y controlar el uso de las informaciones que les conciernen.
• 481. Derecho a la seguridad informática. Todas las personas tienen el derecho a la protección y promoción de la seguridad informática. El Estado y los particulares deberán adoptar medidas de seguridad cibernética.
• 487. La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, independientemente de su régimen patrimonial.
• 488. Corresponderá a la ley determinar el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico.
• 492. Agencia Nacional de Protección de Datos. Existirá un órgano autónomo que velará por la promoción y protección de los datos personales, con facultades de investigar, normar, fiscalizar y sancionar respecto de entidades públicas y privadas.

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Entre el articulado de la propuesta, destaca el derecho de acceso a las TIC y a la conectividad, un reclamo que se ha generalizado alrededor del mundo. Algunas naciones como México ya reconocen esta garantía en su Constitución, mientras que otros como Colombia han aprobado leyes particulares para garantizar la provisión de este servicio, pues consideran que las TIC no sólo brindan beneficios por sí mismas sino que habilitan otros derechos.

Otro de los puntos importantes en el borrador es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos como un órgano autónomo.

Asimismo, en el Capítulo 3, referente a los Principios Constitucionales, el borrador reconoce el derecho a la participación ciudadana digital de manera transparente, segura y accesible, para lo cual se deberán generar herramientas y mecanismos digitales.

Y establece que el Estado será el garante de la conectividad del país, en coordinación con los gobiernos regionales. Por ello, tendrá que fomentar la conectividad regional con especial atención a territorios aislados, rurales y de difícil acceso.

Por otro lado, el borrador de la nueva Constitución abarca la libertad de prensa y los medios públicos. El artículo 489 señala que existirán medios de comunicación públicos e independientes en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades de los diversos grupos de la población.

También se destaca el reconocimiento a que todas las personas tienen derecho a fundar y mantener medios de comunicación; el respeto a la diversidad de prensa y la prohibición de la censura previa, y las restricciones a la concentración de la propiedad de los medios.

Luego de que la Convención Constitucional terminó de debatir el articulado del proyecto y presentó el primer borrador, el siguiente paso será que la Comisión de Armonización estudie el documento y desarrolle mejoras y ajustes de forma.Después se convocará a un plebiscito ratificatorio de una nueva Constitución. Para poder aprobarse la Carta Magna, la propuesta deberá contar con la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Si así sucede, se procederá a la promulgación del proyecto que busca dejar atrás la herencia de Augusto Pinochet.

La iniciativa de norma para reconocer el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la ciberseguridad en la nueva Constitución de Chile seguirá su curso de discusión hacia el Pleno de la Convención Constitucional.

Por unanimidad, la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios de la Convención aprobó en general la propuesta presentada por un grupo de académicos y académicas del Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Ahora la iniciativa popular será analizada en detalle y podrá pasar a ser debatida por el Pleno de la Convención, para su posible inclusión en el texto final de la nueva Carta Magna del país sudamericano.

El proyecto de norma busca que la Constitución integre un artículo para salvaguardar la privacidad, protección de datos y seguridad cibernética de las personas, familias y comunidades.

La iniciativa formulada por los y las especialistas del CEDI también promueve la creación de un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica para velar por el respeto efectivo de este derecho, y el desarrollo de un marco normativo moderno en materia de privacidad, datos personales y ciberseguridad en el entorno digital.

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Durante el periodo de recepción, que concluyó el primero de febrero, fueron enviadas a la Convención Constitucional un total de 77 propuestas populares de norma y una más presentada por el pueblo afrochileno.

Varias decenas de proyectos buscaban ser admitidos para su análisis en la Convención, pero sólo lograron pasar aquellas que reunieron al menos 15 mil apoyos a través de la plataforma digital de participación popular. La del CEDI fue una de ellas.

El respaldo a esta iniciativa refleja el deseo de la ciudadanía de que la Convención Constitucional reconozca los derechos digitales en la nueva Carta Magna. Un estudio de La Vulca y la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica muestra que casi dos terceras partes (66%) de las personas considera que los derechos digitales deben establecerse en la Constitución.

Si bien la población todavía no comprende por completo el significado de los derechos digitales, creen que son relevantes en su vida, a medida que el uso de las tecnologías impacta cada vez más en la sociedad y la economía.

Te compartimos los temas y acontecimientos digitales más destacados seleccionados por DPL News, para que comiences la semana actualizado en información tecnológica.

Slim aún puede “prender” su servicio de TV en México

Muchos se fueron con la “pantalla” de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le había negado a Claro TV la autorización de ofrecer el servicio de televisión restringida en México, y así lo informaron durante la semana.

Sin embargo, no fue así. Lo que tres de cinco comisionados del órgano regulador votaron fue la negativa a discutir el proyecto. Consideraron que estaba mal sustentado, por lo que determinaron que deberá rehacerse para discutirse. Con ello, Claro TV continúa en la pelea para que le aprueben su solicitud.

No hay que perder de vista la presión que ha realizado AT&T México que, de acuerdo con Carlos Slim Domit, son quienes están detrás de las declaraciones de la USTR en Estados Unidos sobre su presunta preocupación de que le otorguen el permiso a la empresa mexicana.

Lo que la USTR no mencionó fue su preocupación por la concentración que existe en el mercado de televisión de paga y que es el servicio que más ha aumentado sus tarifas año con año desde, por lo menos, la reforma de 2013 de las telecomunicaciones en México.

Por cierto, tampoco le preocupa que sea el único país en América Latina que no tiene convergencia, algo que ellos mismos promueven en el mercado estadounidense. 

¿Qué espera Telcel para prender su red 5G en México? 

La respuesta a esa pregunta la dio Daniel Hajj, CEO de América Móvil: “estamos esperando la autorización del IFT y pensamos que se va a dar pronto. Hemos venido avanzando en el despliegue de la red (5G), por lo que esperamos lanzarla muy pronto”.

Telcel se encuentra a la espera de que pueda ampliarse la modalidad de uso de la banda de 3.5 GHz. El pasado 1 de octubre de 2021, directivos de Telcel y el Pleno del IFT se reunieron por videoconferencia para tratar dicho asunto. Al parecer, ya no tardan mucho en definir la autorización, pues el IFT lo decidirá en los próximos días.

AT&T dio a conocer que comenzó el despliegue de su red 5G en México y que la desarrollarán en los próximos tres años. En el caso de Telcel, desde hace varios meses anunció su desarrollo a través de las conferencias con analistas. De cualquier modo, sabremos pronto quién ganará la carrera, y será claramente quien más inversiones ponga sobre la mesa.

Asiet: se requieren políticas públicas proinversión para cerrar la brecha digital en América Latina

En diálogo con DPL News, el nuevo presidente del directorio de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), Horacio Romanelli, aseguró que el principal desafío de América Latina es cerrar la brecha digital, la cual tiene dos componentes: uno de infraestructura y otro de uso.

El director de Asuntos Regulatorios para América Latina de Millicom explicó que eso sólo podrá resolverse a través de inversiones, por lo que deben existir las condiciones regulatorias y las políticas públicas necesarias en los países de la región, las cuales deben ser proinversión y se dividen en tres vertientes principales: fiscalidad, infraestructura y espectro.

Advirtió que, en concordancia con la tendencia global, la economía de la región será digital y la transformación digital de las empresas requerirá conectividad, por lo que las telecomunicaciones son una base transversal que multiplica la productividad de las industrias.

Colombia | Claro y WOM llegan a un acuerdo de interconexión

Claro y WOM llegaron a un acuerdo para la ampliación de la interconexión y el Roaming Automático Nacional en Colombia, con el fin de garantizar el enlace de llamadas y buscar una solución rápida en beneficio de los usuarios.

Aunque este convenio, cuyos términos no han sido revelados, representa una dosis de calma, los conflictos entre las compañías seguirán siendo noticia. Claro afirmó que mantendrá en pie las denuncias que presentó contra WOM, pues lo acusa de cometer fraude al hacer pasar el tráfico de usuarios de Avantel como si fuera propio.

Lo anterior supondría que Avantel se ha beneficiado de tarifas preferenciales 45 por ciento más baratas, las cuales están diseñadas para los nuevos operadores en el mercado (en este caso, WOM) y no para las compañías establecidas con varios años en el país. WOM niega las acusaciones y sostiene que la confusión del tráfico se debió a “errores técnicos en el proceso de portabilidad numérica”.

Envían propuestas digitales para la nueva Constitución de Chile

Un grupo de académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile envió una propuesta para reconocer el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la ciberseguridad en la nueva Constitución que está redactando la Convención Constitucional.

La iniciativa ingresó a través de la Plataforma Digital de Participación Popular, donde la ciudadanía debe mostrar su apoyo. Las propuestas necesitan al menos 15 mil respaldos para que puedan ser analizadas por la Convención. Hasta la tarde del viernes 28 de enero, el documento de las 11 académicas y académicos tenía más de 7 mil 800 apoyos.

El proyecto busca que Chile cuente con un marco normativo moderno que proteja la privacidad, los datos personales y la ciberseguridad de las personas en el ámbito digital y se cree un organismo autónomo que vele por este derecho. En la plataforma existen otras iniciativas populares que promueven el reconocimiento de los derechos digitales.

Perú ya tiene nuevo viceministro de Comunicaciones

El viernes 21 de enero, Virgilio Fredy Tito Chura fue designado viceministro de Comunicaciones de Perú.

Mediante la Resolución Suprema Nº. 001-2022-MTC, el presidente Pedro Castillo Terrones y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, confirmaron al sucesor de Carlos Alberto Sotelo López, luego de dos meses de que el cargo estuviera vacante.

Virgilio Fredy Tito Chura es un ingeniero electrónico especializado en Inteligencia Artificial y Redes. Es el tercero que ocupa el cargo durante el primer semestre del gobierno de Castillo en Perú.

Un grupo de 11 especialistas del Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile enviaron a la Convención Constitucional una propuesta para reconocer el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la ciberseguridad en la nueva Constitución.

Las y los académicos plantean que la Carta Magna integre un artículo para salvaguardar estos tres ámbitos relacionados con la protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, familias y comunidades.

También apunta a reconocer la protección, promoción y respeto el derecho a la autodeterminación informática de los individuos, incluido el derecho a la protección de sus datos personales, y el derecho a la seguridad informática, garantizando que los sistemas informáticos que administran los datos sean resilientes, confidenciales e íntegros.

El documento presentado a la Convención promueve la creación de un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica para velar por el respeto efectivo de este derecho, ya que hasta ahora no existe alguna entidad con esa competencia.

Chile debería contar con un marco normativo moderno que proteja la privacidad, los datos personales y la ciberseguridad de las personas en el ámbito digital, debido a la especial importancia que cobran frente a la acelerada adopción de tecnologías digitales, sostiene el proyecto.

Los especialistas del CEDI argumentan que “la recolección —muchas veces indebida— de grandes volúmenes de datos personales en cada una de las interacciones digitales hace que su abordaje deba ser analizado no sólo desde el impacto en el individuo, sino también desde sus repercusiones políticas, sociales, comunitarias y, en última línea, considerando los efectos en la democracia”.

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Por esa razón, instan a la población a apoyar la propuesta y a los representantes en la Convención Constitucional a incluir en la nueva Carta Magna este derecho compuesto por tres aristas, como lo están haciendo otros países de América Latina y Europa en sus marcos normativos.

Además, los académicos apuntan que la privacidad, en el contexto digital, debe ser analizada como una respuesta a la vigilancia estatal, pues el desarrollo tecnológico ha impulsado nuevas formas de videovigilancia, reconocimiento facial y controles automatizados orientados al control social.

El equipo de expertos del CEDI de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile envió su iniciativa popular de norma a la Convención Constitucional el 17 de enero, a través de la Plataforma Digital de Participación Popular, y hasta el jueves había recibido mil 315 apoyos de la ciudadanía.

Hasta el 20 de enero de 2022, se podían ingresar iniciativas populares que buscan ser estudiadas por los representantes constituyentes. El sistema recibió más de mil proyectos, los cuales requieren al menos 15 mil firmas de la población chilena para ser discutidas por la comisión correspondiente.

La propuesta del CEDI no fue la única que se vincula al desarrollo digital. En el catálogo de la plataforma existen varias más que buscan el respaldo de la ciudadanía. Por ejemplo, otras promueven el derecho a la inclusión digital, a la privacidad en Internet, al voto digital y la identidad digital, aunque varias de ellas no rebasan más de 100 apoyos.

¡Buen lunes! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude a vacunarte el día que te corresponda de acuerdo con el plan de vacunación de  tu país. Mientras tanto, comienza la semana leyendo las noticias más relevantes sobre el ecosistema digital. Aquí te las presentamos:

1. #Entrevista | 5 incógnitas sobre el cambio de paradigma en los viajes espaciales

Para Ana Cristina Olvera Peláez, periodista, conductora, divulgadora y promotora de ciencia independiente, quien incluso ha colaborado con la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), el nuevo paradigma de los viajes espaciales tiene dos vertientes principales.

2. Perú reporta desaceleración del PIB telecom en lo que va de 2021

El PIB de telecomunicaciones de Perú mantiene una tendencia descendente en lo que va de 2021, aún afectada por la desaceleración de la economía en general provocada por la persistencia de la pandemia de Covid-19.

3. Chile aprueba una Comisión de Conocimiento, Ciencia y Tecnología para la nueva Constitución

Por unanimidad, el pasado jueves la Convención Constitucional aprobó incluir la creación de una Comisión de Conocimiento, Ciencia y Tecnología en el reglamento del órgano que está diseñando la nueva Carta Magna de Chile.

4. Claro y Telefónica negocian la renovación de sus concesiones en Ecuador

Desde el pasado miércoles, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador inició el proceso de negociación para renovar las concesiones para la prestación de servicios móviles con Claro y Telefónica.

5. Día del Gamer: jugar videojuegos ha dejado de ser un pasatiempo para convertirse en una profesión

Desde 2008, cada 29 de agosto se celebra en todo el mundo el Día del Gamer, una fecha en la que se reconoce la importancia del mundo de los videojuegos y de su comunidad que no para de crecer. Ahora más de 3 mil millones de jugadores en todo el mundo. 

6. DPL News Weekly

En esta edición del suplemento semanal de DPL News, encontrarás la información más precisa sobre la aprobación del aviso de la subasta 5G por parte del Tribunal de Cuentas brasileño, el dilema que enfrenta WOM en Colombia y los acuerdos que el gobierno de ese país logró en su reciente visita a Corea del Sur. 

Por unanimidad, la Convención Constitucional aprobó este jueves incluir la creación de una Comisión de Conocimiento, Ciencia y Tecnología en el reglamento del órgano que está diseñando la nueva Carta Magna de Chile.

La futura comisión se propondrá abordar temáticas e ideas relacionadas con el conocimiento, la ciencia y la tecnología, al igual que las culturas, artes y el patrimonio desde una mirada diversa y tomando en cuenta la visión de los diferentes territorios del país.

Cristina Dorador, constituyente por el Distrito 3, presentó la iniciativa para integrar la nueva comisión ante la Comisión de Reglamento de la Convención el lunes, apoyada por otros representantes como Carolina Vilches (Distrito 6), Damaris Abarca (Distrito 15), Alejandra Flores (Distrito 2) y Gloria Alvarado (Distrito 16).

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Además, respaldaron la propuesta 68 organizaciones del país sudamericano dedicadas a la investigación, la conservación del medio ambiente, las humanidades, las artes y la tecnología.

“Por primera vez, en una instancia orgánica como esta, se logra poner el conocimiento en el lugar que se merece. A partir de ahí, podemos pensar y diseñar el Chile del futuro, a partir del conocimiento, de los saberes”, afirmó Dorador, quien es científica y doctora en Ciencias Naturales.

En septiembre, el Pleno de la Convención Constitucional abordará el proyecto final del reglamento, donde se propone el establecimiento de las comisiones temáticas, y lo pondrá a votación. Se espera que las comisiones definitivas queden instaladas en octubre.