España presenta su Carta de Derechos Digitales para una transformación sin daños colaterales
La campana del futuro ya sonó y, con la pandemia como catalizador, el reto de la transformación dejó de ser agenda del corto plazo para convertirse en parte de la lista de urgentes. En este contexto, España buscó expertos, consultó a interesados y acaba de presentar su Carta de Derechos Digitales. No es una ley, pero es más que un documento: es la generación de un marco adecuado para que lo que viene incluya y respete a todos.
Hace poco más de un año, España puso oficialmente en marcha el proceso de creación de la carta. Sin embargo, el trabajo inició mucho antes, explicó a DPL News José Luis Piñar, uno de los 17 expertos que participaron de la confección del documento. Piñar es catedrático en Derecho Administrativo y reconocido por su conocimiento en nuevas tecnologías. Se desempeñó como director de la Agencia de Protección de Datos de España y actualmente colabora como Of Counsel en el Despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Madrid.
“En 2017/2018 se generó un libro blanco que dio lugar a la publicación Sociedad Digital y Derecho. Hubo cambios de gobierno y eso no llegó a ver la luz de forma definitiva. Hace un año se volvió a confeccionar un grupo de expertos para lanzar un texto que plasmace el compromiso del gobierno con los derechos digitales. Utilizamos en parte el documento anterior para iniciar el recorrido y avanzamos”, explicó.
La idea es que cualquier normativa que se dicte en el país debería respetar lo que aquí se establece. Es un documento que hará las veces de guía en el compromiso del gobierno sobre los derechos digitales
La carta, contemplada en el Plan de Recuperación y en la Agenda España Digital 2025, pretende reforzar derechos, generar certidumbre sobre la nueva realidad y aumentar la confianza de las personas, sintetizó el gobierno. “No es un documento de meras intenciones, sino directrices del futuro sobre el respeto de los derechos digitales frente al reto de la digitalización de la sociedad en España”, agregó Piñar.
En tanto, el experto consideró que el texto es “una propuesta pionera que coloca a España entre los países que asumen un compromiso en esta materia. La idea es que cualquier normativa que se dicte en el país debería respetar lo que aquí se establece. Es un documento que hará las veces de guía en el compromiso del gobierno sobre los derechos digitales”.
Hay temas muy relevantes, por ejemplo, el del derecho a la identidad en el entorno digital, neuroderechos o acceso a Internet
El propio escrito indica que su objetivo es descriptivo –de los contextos y escenarios–, prospectivo –al anticipar futuros– y asertivo –por revalidar los principios que deberían aplicarse en entornos digitales presentes y futuros–. La carta (disponible aquí) se divide en capítulos y estos, a la vez, en apartados, que podrían resumirse de la siguiente forma:
- Derechos de Libertad
- Libertades del entorno digital
- Identidad
- Protección de datos
- Pseudonimato
- No localización
- Ciberseguridad
- Herencia digital
2. Derechos de Igualdad
- Igualdad y no discriminación
- Acceso a Internet
- Protección de menores
- Accesibilidad universal
- Reducción de brechas de acceso
3. Derechos de participación y de conformación del espacio público
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- Neutralidad de Internet
- Libre expresión e información
- Libre recepción de información veraz
- Participación ciudadana por medios digitales
- Educación digital
- Relacionamiento con las administraciones públicas
4. Derechos del entorno laboral y empresarial
- Ámbito laboral
- La empresa en el entorno digital
5. Derechos digitales en entornos específicos
- Acceso a datos de distinta índole
- Desarrollo tecnológico
- Protección de salud
- Creación y acceso a la cultura
- Inteligencia artificial
- Neurotecnologías
6. Garantías y eficacia.
- Garantía de derechos en entornos digitales
- Eficacia
“Hay temas muy relevantes, por ejemplo, el del derecho a la identidad en el entorno digital. Ese derecho deriva de la propia dignidad de la persona, pero no está recogido en prácticamente ningún texto constitucional y muy pocos a escala internacional. Fue muy debatido, incluso con propuestas que sugerían no incluir referencias a este aspecto, pero es muy importante”, aportó y valoró otros puntos, como el referido a neuroderechos o acceso a Internet, también discutido en etapas previas.
El ejecutivo se mostró satisfecho con el trabajo realizado en la materia y consideró que dos puntos fueron la clave para lograr el objetivo: la participación de expertos independientes, de solvencia, capaces de crear un grupo interdisciplinar para afrontar la elaboración y, por otra parte, el sometimiento del documento a consulta pública: “Fueron decenas las sugerencias –unas 250– y no pocas las que se han usado y enriquecido la versión final”, concluyó Piñar.