Proponen incluir el derecho a la privacidad, protección de datos y ciberseguridad en nueva Constitución de Chile
Un grupo de 11 especialistas del Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile enviaron a la Convención Constitucional una propuesta para reconocer el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la ciberseguridad en la nueva Constitución.
Las y los académicos plantean que la Carta Magna integre un artículo para salvaguardar estos tres ámbitos relacionados con la protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, familias y comunidades.
También apunta a reconocer la protección, promoción y respeto el derecho a la autodeterminación informática de los individuos, incluido el derecho a la protección de sus datos personales, y el derecho a la seguridad informática, garantizando que los sistemas informáticos que administran los datos sean resilientes, confidenciales e íntegros.
El documento presentado a la Convención promueve la creación de un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica para velar por el respeto efectivo de este derecho, ya que hasta ahora no existe alguna entidad con esa competencia.
Chile debería contar con un marco normativo moderno que proteja la privacidad, los datos personales y la ciberseguridad de las personas en el ámbito digital, debido a la especial importancia que cobran frente a la acelerada adopción de tecnologías digitales, sostiene el proyecto.
Los especialistas del CEDI argumentan que “la recolección —muchas veces indebida— de grandes volúmenes de datos personales en cada una de las interacciones digitales hace que su abordaje deba ser analizado no sólo desde el impacto en el individuo, sino también desde sus repercusiones políticas, sociales, comunitarias y, en última línea, considerando los efectos en la democracia”.
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Por esa razón, instan a la población a apoyar la propuesta y a los representantes en la Convención Constitucional a incluir en la nueva Carta Magna este derecho compuesto por tres aristas, como lo están haciendo otros países de América Latina y Europa en sus marcos normativos.
Además, los académicos apuntan que la privacidad, en el contexto digital, debe ser analizada como una respuesta a la vigilancia estatal, pues el desarrollo tecnológico ha impulsado nuevas formas de videovigilancia, reconocimiento facial y controles automatizados orientados al control social.
El equipo de expertos del CEDI de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile envió su iniciativa popular de norma a la Convención Constitucional el 17 de enero, a través de la Plataforma Digital de Participación Popular, y hasta el jueves había recibido mil 315 apoyos de la ciudadanía.
Hasta el 20 de enero de 2022, se podían ingresar iniciativas populares que buscan ser estudiadas por los representantes constituyentes. El sistema recibió más de mil proyectos, los cuales requieren al menos 15 mil firmas de la población chilena para ser discutidas por la comisión correspondiente.
La propuesta del CEDI no fue la única que se vincula al desarrollo digital. En el catálogo de la plataforma existen varias más que buscan el respaldo de la ciudadanía. Por ejemplo, otras promueven el derecho a la inclusión digital, a la privacidad en Internet, al voto digital y la identidad digital, aunque varias de ellas no rebasan más de 100 apoyos.