A medida que la Inteligencia Artificial (IA) se expande desde casos de uso empresariales hasta aplicaciones cotidianas, las redes de telecomunicaciones podrían enfrentar un crecimiento en el tráfico ascendente que requerirá que los operadores cambien la forma en que gestionan la capacidad de sus redes.

Un análisis de Ookla señala que la información que los dispositivos envían hacia la red está dejando de ser una preocupación marginal para las empresas de telecomunicaciones, y pronto podría convertirse en un factor central del diseño y la inversión en infraestructura digital.

Durante años, las redes se han optimizado en torno al tráfico de descarga, debido al consumo intensivo de contenido como video y páginas web. Pero con la proliferación de aplicaciones de IA, como las gafas inteligentes o los chatbots, la balanza está cambiando.

La calidad y capacidad de los enlaces ascendentes jugarán un papel tan decisivo como la velocidad de descarga en la percepción de usuario y en la operatividad de nuevos servicios digitales, explica Ookla.

Muchas tecnologías de IA no sólo reciben datos, sino que generan y envían grandes volúmenes de información desde el dispositivo hacia servidores remotos para su procesamiento, una dinámica que invierte la lógica tradicional de consumo de datos.

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Las herramientas de generación de contenido, transmisión de video en tiempo real, Realidad Aumentada o sistemas de diagnóstico y automatización industrial requieren que los dispositivos suban datos continuamente, lo cual demanda mayor capacidad de subida y redes más adaptativas.

De acuerdo con Ookla, las aplicaciones de IA transformarán la forma en que se usan las redes y también las características del tráfico de datos. Por ejemplo, una investigación de Ericsson mostró que, aunque el tráfico total generado por la IA todavía representa una fracción del volumen general, su proporción de enlaces ascendentes es significativamente más alta que la media habitual en las redes móviles. 

Además, la GSMA plantea tres escenarios para el crecimiento futuro del tráfico en las redes móviles a nivel mundial. Si bien vislumbra un panorama de bajo crecimiento, en los posibles escenarios de crecimiento medio y alto, el tráfico de subida aumentaría a alrededor del 25% y el 35%, respectivamente, para 2040 debido a la IA.

Este cambio plantea retos concretos para la infraestructura actual. Las redes 5G, orientadas originalmente hacia la descarga, podrían enfrentar cuellos de botella si no se ajustan para soportar cargas de subida más intensas y latencias más bajas, condiciones fundamentales para aplicaciones IA sensibles al tiempo de respuesta.

Por ello, algunos operadores ya hablan de la necesidad de rediseñar las redes, adoptan tecnologías como 5G-Advanced y apuestan por una mayor agregación de espectro y arquitecturas más flexibles, que les permita reasignar recursos en tiempo real según el perfil de tráfico generado por la IA.

Telcos deben prepararse para la IA

Sin embargo, Ookla puntualiza que aún existen muchas incógnitas respecto al impacto de la IA en el tráfico ascendente. Incluso, señala la firma de investigación, existe la posibilidad de que la mayoría de las futuras solicitudes de IA se respondan mediante software integrado en los teléfonos de los usuarios, eliminando así por completo la necesidad de una conexión de red.

”Aún existe mucha incertidumbre sobre los parámetros y el alcance del tráfico de IA en una red inalámbrica. Por ejemplo, no está claro cuánto procesamiento de IA se realizará finalmente en los dispositivos de los usuarios ni cuánto deberá enrutarse a través de una conexión de red a un servicio de computación en la Nube. Esta pregunta es fundamental para pronosticar las futuras demandas de red de la IA”, detalla Ookla.

También son una incógnita cuestiones como el rol que desempeñará 5G en la Inteligencia Artificial, o cuántas solicitudes de IA se enrutarán a través de conexiones cableadas y redes WiFi.

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En la actualidad, los operadores chinos como China Telecom y China Unicom asignan una porción mayor de su capacidad de red a las conexiones de enlace ascendente de los usuarios. Mientras tanto, las telcos estadounidenses como Verizon, AT&T y T-Mobile probablemente asignan una porción más pequeña de su capacidad de red a las conexiones de subida.

Pero en general, a nivel global, Ookla observa que en ningún país el porcentaje de capacidad asignada al enlace ascendente ha aumentado significativamente. Por ahora, las inversiones de los operadores se concentran en la capacidad de descarga.

Aunque hay varias incógnitas, Ookla advierte que los operadores de 5G deben comenzar a considerar cómo la IA podría afectar el uso de sus redes, ya que necesitan garantizar conexiones de datos rápidas, eficientes y flexibles.

Brasilia. Un estudio de Asiet (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones) mostró que en América Latina será necesaria una inversión de 17,000 mil millones de dólares para cerrar las brechas digitales y un total de 49,000 millones de dólares hasta 2030 para hacer frente a las necesidades derivadas del crecimiento acelerado del tráfico de red, impulsado por los grandes proveedores de servicios OTT.

“Es importante entender y establecer que el mercado de conectividad funciona como un mercado de dos lados, donde los proveedores de red ofrecen servicio tanto a los usuarios finales para tener conectividad, como a las grandes plataformas para que puedan brindar sus servicios”, subrayó Pablo García de Castro, director regional de Asiet, durante su presentación en Painel Telebrasil 2025.

Para el especialista, este punto es fundamental para el desarrollo de políticas públicas bien estructuradas que corrijan asimetrías históricas que depositan una mayor carga regulatoria sobre los operadores, que va desde la fiscalización hasta la calidad y la atención al usuario.

El informe evidenció, además, un desequilibrio en la rentabilidad de los actores, ya que el mercado no regulado (plataformas) ha crecido vertiginosamente, mientras que los regulados sufren una caída en su capacidad de recuperar ingresos y retorno sobre las inversiones. “Por eso, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué cambios son necesarios para que exista un equilibrio en el ecosistema digital respecto a la capacidad de inversión de sus diferentes agentes?”, planteó García de Castro.

Algunas sugerencias propuestas con base en ejemplos de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) ya fueron puestas sobre la mesa en Brasil en recaudación de subsidios, como proponer una menor carga regulatoria a los operadores.

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La cuestión, sin embargo, es delicada en un contexto en el que la etiqueta de “tasa de red” prendió en el Congreso, resultando en algunos proyectos de ley que buscan frenar cualquier obligatoriedad de inversión por parte de las Big Tech.

Aunque los operadores insisten en la igualdad dentro del ecosistema, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) ha suavizado el discurso y aún se espera una respuesta definitiva en el Reglamento de Usuarios de Red.

En la misma mesa que García de Castro, José Borges, superintendente de Competencia de la Agencia, afirmó que no se percibe esa explosión de tráfico y que el sector de telecomunicaciones en Brasil se encuentra en un momento de madurez, en el que busca otras formas de rentabilizar las redes con nuevas fuentes de ingresos.

“La mayoría de las empresas, principalmente las grandes y medianas, están apostando por la venta de Servicios de Valor Agregado (SVA), y un porcentaje significativo de los ingresos ya proviene de allí”, afirmó. “No estamos viendo esos cuellos de botella en forma de conectividad; es necesario establecer nuevos arreglos entre los actores”, puntualizó.

La visión fue reforzada por Renato Paschoareli, director senior de Alvarez & Marsal, quien destacó la importancia de una regulación más adaptable a la evolución tecnológica y de la previsibilidad para atraer capital. Señaló que una regulación excesivamente ex-ante postergó debates que podrían haberse simplificado. “La rentabilidad es un pilar necesario para todo. El capital sólo ingresa si hay previsibilidad, pero si esta no existe, entra más caro”, advirtió. Para el ejecutivo, únicamente con previsibilidad, equilibrio entre reglas ex-ante y ex-post, y una mayor interconexión entre sectores será posible garantizar inversiones sostenibles en infraestructura.

En una carta dirigida a altos funcionarios del gobierno colombiano, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad técnica expresaron su preocupación sobre los riesgos de implementar tarifas obligatorias por el tráfico en redes de telecomunicaciones.

Las organizaciones sostienen que el ecosistema digital del país ha demostrado ser eficiente, competitivo y centrado en el usuario. Por el contrario, propuestas como imponer pagos obligatorios por el tráfico en las redes de telecomunicaciones pueden “perjudicar a los usuarios y socavar los esfuerzos de Colombia en inclusión, innovación y desarrollo digital”. 

Dentro de los firmantes se encuentran Internet Society Colombia, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Colombiana de Inteligencia Artificial, la Alianza por una Internet Abierta en América Latina y el Caribe (AIA-LAC), la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, Computer and Communications Industry Association (CCIA Europe), Information Technology Industry Council, la Asociación Nacional de Proveedores de Internet de Colombia (NAISP) y LAC-ISP.

Las asociaciones describen 10 argumentos técnicos de por qué consideran un error la propuesta de fijar una tarifa.

El primer argumento es que en Colombia existen múltiples acuerdos de colaboración voluntarios y no hay evidencia de saturación de las redes. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) afirmó que no hay sobreuso en las redes y los datos muestran un crecimiento moderado y manejable del tráfico hacia plataformas.

Además, señalan, el sector de telecomunicaciones en Colombia sigue siendo rentable y cuenta con una inversión estable, ya que el margen EBITDA promedio fue de 40% entre 2019 y 2023, y las inversiones del sector se han mantenido sin afectar su sostenibilidad.

El tercer argumento es que el sistema actual funciona con acuerdos voluntarios de tránsito y colaboración técnica, como el peering (acuerdo entre dos o más redes de telecomunicaciones para intercambiar tráfico entre sí), los cuales son “pilares de la Internet global” y han permitido el desarrollo eficiente de redes sin necesidad de medidas coercitivas. “El 99.9996% de los acuerdos de interconexión en el mundo son simétricos y voluntarios”, detalla la carta.

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El contenido digital también genera valor y demanda compartida, pues las plataformas digitales impulsan el uso de Internet, al punto que los propios operadores móviles integran este contenido en los planes y paquetes que ofrecen a los usuarios.

El quinto argumento es que las plataformas también invierten en infraestructura crítica. “Entre 2011 y 2021, las OTTs invirtieron más de 883,000 millones de dólares en infraestructura global (cables submarinos, Centros de Datos, CDNs y servicios en la Nube), generando importantes ahorros operativos para los operadores”, explica la carta.

Además, aseguran que no hay evidencia técnica ni económica que justifique una tarifa de red. Al respecto, la carta hace referencia al caso de Corea del Sur, donde se impusieron tarifas de este tipo y, en consecuencia, “se redujo la competencia, se afectó la calidad del servicio y varias plataformas abandonaron el mercado”.

Por otro lado, advierten que la imposición de estas tarifas puede perjudicar a pequeños proveedores de Internet, especialmente en zonas rurales y apartadas.

“La conectividad no depende sólo de redes tradicionales”, es el octavo argumento de la carta, haciendo referencia a los modelos comunitarios, inalámbricos y satelitales que son parte del ecosistema de la conectividad y sobre la cual hacen un llamado a tener una política inclusiva que apoye esta diversidad. 

A esto se suma la brecha de uso que necesita enfoques integrales, donde además de cobertura se requiere contenido relevante, habilidades digitales, apropiación tecnológica y asequibilidad.

El último argumento es el impacto negativo sobre los usuarios y la equidad digital, pues para las asociasiones “imponer tarifas por uso penaliza a los usuarios que ya pagan por conectarse, encarece los servicios digitales y limita la innovación”, aseguran.

Al cierre de la carta, las asociaciones firmantes hacen un llamado para enfrentar los desafíos estructurales en Colombia con mecanismos como la reducción del costo del espectro radioeléctrico, hacer un mejor uso del Fondo de Servicio Universal y fortalecer la competencia.

“Forzar transferencias entre actores puede parecer una solución fácil, pero tendría efectos negativos para el desarrollo, la innovación y los usuarios”, afirman.

Un proyecto legislativo busca obligar a las empresas proveedoras de servicios de Internet (ISP) a conservar los datos de tráfico durante seis meses a fin de facilitar el acceso a información clave en investigaciones judiciales asociadas a la pornografía infantil en Paraguay.

El proyecto de Ley “que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía relativa a niños y adolescentes y otros hechos punibles”, presentado por el diputado Rodrigo Blanco en 2022, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y el pasado 17 de marzo obtuvo un dictamen favorable con modificaciones de forma por la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro de la Cámara de Senadores.

Esta semana fue analizado en la Comisión de Derechos Humanos, donde se propuso cambiarle el nombre para reflejar mejor la realidad actual, marcada por una era digital en la que, a juicio de sus integrantes, las plataformas y redes sociales facilitan la comisión de diversos delitos, algunos de los cuales ya están tipificados en el Código Penal.

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“Este proyecto de ley establece la obligatoriedad de conservar datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y otros delitos conexos. Buscamos ampliar el alcance de esta ley sin desviar su objetivo principal”, declaró la senadora Lizarella Valiente, vicepresidenta de la Comisión.

La reunión contó con la participación de empresas proveedoras de servicios de Internet, el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, así como los directores de las comisiones de Derechos Humanos y Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

Antecedentes y recomendaciones

En septiembre de 2024, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) estableció, mediante un decreto, la obligación de los proveedores de Internet de almacenar datos de conexión por al menos seis meses, sin incluir el contenido de las comunicaciones.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) también ha emitido recomendaciones al proyecto, que fueron retomadas por el Senado.

Pendientes y futuro

En el análisis de esta semana, Valiente destacó la urgencia de aprobar una ley de protección de datos personales, dado que el resguardo de dicha información es un derecho constitucional.

“Estamos trabajando para aprobar esta iniciativa, que tiene una fecha límite de sanción. Luego impulsaremos un proyecto de ley que garantice la protección de datos personales”, afirmó la senadora.

Finalmente, anunció que la Comisión recomendará la aprobación del proyecto con modificaciones consensuadas con todas las partes involucradas, incluyendo a proveedores de Internet y el Ministerio Público. “Esta ley será una herramienta fundamental para las investigaciones de hechos punibles”, concluyó.

Un tribunal federal determinó el jueves que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) carecía de autoridad para restablecer las reglas de neutralidad de la red en Estados Unidos, como lo hizo el año pasado.

Este fallo del Tribunal de Apelaciones del 6° Circuito revoca la votación de la FCC para restaurar la neutralidad de la red y representa un duro revés para los demócratas, quienes han pugnado por estas medidas como una vía necesaria para garantizar una Internet abierta.

De acuerdo con el dictamen, el regulador estadounidense no tiene la autoridad legal “para imponer sus políticas deseadas de neutralidad de la red”.

Así, el tribunal dio la razón a los argumentos de los proveedores de servicios de banda ancha en contra de la regulación, ya que estos consideran que se les debe permitir administrar sus negocios según los requerimientos del mercado.

La neutralidad de la red es un principio que señala que los proveedores de Internet y el gobierno deben tratar todo el tráfico de la misma manera, con el fin de que los usuarios puedan acceder a cualquier servicio legal de manera indiscriminada.

En cuanto a las normas en la materia, estas exigen a las empresas que traten a los datos y a los usuarios de Internet de forma igualitaria, en lugar de restringir el acceso, reducir la velocidad o bloquear el contenido.

Además, la regulación de neutralidad de la red prohíbe entablar acuerdos especiales en los que los proveedores de servicios de Internet concedan velocidades de red mejoradas o acceso a usuarios de forma privilegiada.

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En abril del año pasado, la mayoría de los comisionados de la FCC votaron a favor de restaurar esta normativa, que fue implementada durante el gobierno del demócrata Barack Obama y luego derogada durante la administración de Donald Trump.

La Comisión aprobó la reclasificación del servicio de banda ancha como un servicio de telecomunicaciones, y no de información, bajo el Título II de la Ley de Comunicaciones de Estados Unidos.

Bajo el Título II de dicha ley, los proveedores de telecomunicaciones se consideran “operadores comunes”, lo que significa que están sujetos a normativas y obligaciones más estrictas para prestar servicios al público, incluyendo la neutralidad de la red.

Traer de vuelta la neutralidad de la red fue una de las luchas de los demócratas en la FCC, cuya mayoría en el voto definió la aprobación. Por ello, el fallo del tribunal es un duro golpe para el legado de Jessica Rosenworcel, actual presidenta del organismo, previo al cambio de gobierno.

“Los consumidores de todo el país nos han dicho una y otra vez que quieren una Internet rápida, abierta y justa. Con esta decisión, queda claro que el Congreso ahora debe atender su llamado, asumir la responsabilidad de la neutralidad de la red e incorporar los principios de una Internet abierta en la ley federal”, advirtió Rosenworcel tras conocer el dictamen.

Anna M. Gómez, también comisionada demócrata, se unió al llamado de Jessica Rosenworcel, para que el Congreso actúe y ponga fin a este debate. Igualmente, pidió que se proteja a los consumidores, se promueva la competencia y el liderazgo económico.

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“Hay un principio en el centro del debate sobre la Internet abierta en el que todos estamos de acuerdo: el acceso de banda ancha a Internet es esencial para la vida moderna. Sigo convencida de que son necesarias las medidas de protección adecuadas para garantizar que este servicio crítico siga siendo accesible y seguro para todos”, afirmó.

Sin embargo, los republicanos celebraron el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Brendan Carr, quien asumirá como presidente de la FCC con la entrada del gobierno de Donald Trump, dijo que la decisión judicial “es una buena victoria para el país”.

Carr consideró que la administración de Biden “ha trabajado para expandir el control del gobierno sobre cada característica del ecosistema de Internet”, adoptando “regulaciones de gran alcance que otorgan a la Comisión poderes casi ilimitados sobre Internet”.

“La decisión del presidente Biden de imponer estas regulaciones del Título II representó una ruptura con el consenso bipartidista establecido por un Congreso republicano y un presidente demócrata y consagrado en la ley hace casi treinta años, un consenso que proporcionó un marco regulatorio estable que permitió que Internet en Estados Unidos floreciera”, agregó.

La historia de la neutralidad de la red en EE. UU. ha sido de un constante enfrentamiento entre las visiones demócrata y republicana. La regulación en esta materia ha llegado varias veces a los tribunales. Ahora, y al menos durante los siguientes años del gobierno de Trump, estas normas quedarían guardadas en el cajón a nivel federal.

En medio de los múltiples debates y argumentos a favor y en contra del Fair Share, la GSMA realizó un estudio en el que examina los principales mitos y realidades en torno a la distribución justa de los costos de sostenimiento de las redes de telecomunicaciones.

Particularmente, la asociación mundial de operadores móviles explora la viabilidad de un escenario en el que se fijen pagos para el uso de la red por parte de los grandes generadores de tráfico, es decir, las Big Tech.

Los pagos, según la GSMA, podrían ser una solución basada en el mercado que podría ayudar a lograr las metas de inversiones, de conectividad y de inclusión digital que tiene la industria. Y, al mismo tiempo, permitiría mejorar los resultados para los consumidores alrededor del mundo.

De acuerdo con el estudio, existen seis preguntas clave respecto al uso de la red por parte de las Big Tech, cuyas respuestas han estado impregnadas de algunos mitos, por lo que la asociación se dio a la tarea de confrontarlas con las realidades desde su punto de vista.

1. ¿La cantidad de tráfico de la red es un driver en el costo de la red?

Mito

Algunos grandes generadores de tráfico (GGT) argumentan que la cantidad de tráfico no es un driver de los costos de despliegue y operación de la red, ya que los costos de interconexión son insignificantes o marginales. Además, se señala que el costo por unidad de tráfico en las redes fijas ha disminuido de manera sostenida con el tiempo.

Realidad

Según la GSMA, la cantidad de tráfico de la red sí influye en el costo de la red. Tanto los gastos de capital para desplegar la red como el gasto operativo se ven influenciados por la capacidad necesaria, así que una mayor capacidad afecta de manera directa el costo de la red. 

El tráfico de datos puede aumentar el consumo de energía de los equipos ya instalados. También eleva el costo de los equipos de red y centros de datos, cuya capacidad debe potenciarse según las necesidades de crecimiento.

A largo plazo, las demandas de tráfico adicionales sólo se pueden cubrir mediante grandes inversiones, como estaciones base extra, generaciones de tecnología móvil más eficientes y licencias de espectro, que representan altos costos iniciales para los operadores.

2. Los operadores de red ya les cobran a los consumidores el acceso a Internet. ¿Imponer contribuciones a las empresas de Internet con base en la distribución del tráfico no sería cobrar dos veces por el mismo servicio?

Mito

Los GGT argumentan que los ISP ya les cobran a sus suscriptores el acceso a Internet y, por lo tanto, no deberían hacer contribuciones. Cualquier pago que efectúen equivaldría a cobrar dos veces el servicio que los consumidores ya pagaron.

Realidad

De acuerdo con la GSMA, “las redes son un mercado de dos caras: los consumidores las usan para acceder a contenido, mientras que los proveedores de contenido las utilizan para llegar a los consumidores”.

En ese sentido, la asociación señala que Fair Share no representa un pago doble en sí mismo, sino una manera en la que ambos lados o caras del mercado compartan los costos, como sucede en el mercado de tarjetas de crédito (consumidores y vendedores) o la industria editorial (lectores y anunciantes).

La naturaleza de las redes conecta a ambos lados del mercado, permitiendo a los consumidores acceder al contenido y a los distribuidores de contenido llegar al público.

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3. ¿Cuál es la ventaja de cobrarles a los GGT por la distribución del tráfico, en comparación con cobrar el monto total solamente a los consumidores?

Mito

Dado que los consumidores inician el tráfico, los proveedores de servicio de Internet (ISP) deberían cobrarles según el tráfico que generen. Así, serían los ISP y las empresas de red las responsables de cobrar a los consumidores para recuperar el costo y brindar los incentivos necesarios para un uso eficiente.

Realidad

La GSMA argumenta que, en los hechos, cobrar por el uso de la red a las Big Tech puede generar incentivos para promover la eficiencia de la red. En cambio, “los incentivos no pueden extenderse a los consumidores, ya que ellos tienen un control limitado del consumo y la transmisión de datos”.

A diferencia de los consumidores finales, los GGT tienen la habilidad y el conocimiento experto para gestionar los flujos de datos de manera eficiente; por ejemplo, administrando la manera en que sus propios servicios generan el tráfico de datos. 

La GSMA advierte en su estudio que una gran porción del tráfico, como los anuncios o los videos precargados por las plataformas de Internet, es no solicitada. Si se optimiza ese tráfico, en conjunto con otras medidas, se podría lograr mayor eficiencia.

4. Los GGT pagan los servidores y sus propias redes de distribución de contenido. ¿No es ese incentivo suficiente para distribuir el contenido a los consumidores de manera eficiente?

Mito

Los GGT ya invierten en cables submarinos, centros de datos y red de distribución de contenidos (CDN). Estas inversiones ya incorporan y compensan completamente el costo de su tráfico, les quitan la carga a las redes de los ISP. Para las Big Tech, esta es una manera en la que comparten la responsabilidad de los costos del tráfico.

Realidad

“Si bien los GGT cuentan con algunos incentivos propios para usar partes de las redes con eficiencia, estos no son adecuados para facilitar una gestión eficiente del tráfico total”, por lo que esas inversiones no resuelven la problemática de fondo, a decir de la GSMA.

Todavía existe una asimetría de los costos: el 80 por ciento del total de los costos de las redes proviene de las redes de acceso, financiadas y administradas por los ISP. En ese sentido, las inversiones de las plataformas de Internet son limitadas y se enfocan en optimizar la transmisión de datos de sus servidores de caché hacia las redes de los ISP, beneficiándolas a ellas mismas.

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5. ¿Por qué son tan poco frecuentes los pagos directos hoy en día?

Mito

Algunos análisis sugieren que los mercados son una fuente del modelo predominante, en el que los consumidores pagan los costos de los operadores de red a través de sus suscripciones, mientras que los proveedores de contenido no pagan por el tráfico de manera directa. Este arreglo es un resultado eficiente impulsado por el mercado.

Realidad

Mientras el argumento opuesto es que se trata de una solución de mercado, los operadores de telecomunicaciones sostienen que son las regulaciones las que han limitado la adopción de cobros por el uso de la red.

Por ejemplo, regulaciones como la neutralidad de la red, las obligaciones de servicio universal y de calidad, y normas sobre peering e interconexión.

Estas regulaciones no permiten que los operadores de red negocien acuerdos equilibrados que extiendan a los GGT los incentivos para usar las redes eficientemente.

6. ¿Los pagos directos generarían discriminación en Internet y crearían obstáculos de entrada para actores más pequeños?

Mito

Los cobros a las Big Tech son contrarios a la neutralidad de la red y pueden resultar en una discriminación injusta de los servicios en línea. Exigir que estas empresas hagan contribuciones monetarias generará costos de transacción sustanciales. Y en consecuencia, podría afectar la diversidad de contenido y volverse una barrera de entrada para negocios más pequeños.

Realidad

Contrario a este planteamiento, la GSMA asegura que los pagos por parte de los GGT no entran en conflicto con los principios de la Internet abierta. 

“La compensación por el tráfico generado se puede aplicar de manera equitativa por cada unidad de tráfico de datos, en lugar de por un tipo de tráfico específico o un proveedor determinado”, y sólo a los proveedores de contenido de gran escala.

Esto, a su vez, posibilitaría que los servicios más pequeños innoven y desarrollen sus servicios sin una carga transaccional adicional.

Frente a su exponencial crecimiento, las contingencias y el contexto sociopolítico, promover un Internet más diverso, inclusivo, seguro y resiliente es el desafío actual y futuro de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN).

Así lo expresaron la presidenta de la Junta Directiva de la ICANN, Tripti Sinha, y la presidenta y directora ejecutiva interina, Sally Costerton, durante la inauguración del Foro de la Comunidad ICANN 76, que se lleva a cabo en Cancún, México.

La pandemia de la enfermedad de Covid-19 evidenció la esencialidad de Internet para que las personas se mantuvieran conectadas, activas y tuvieran acceso a servicios e información importante en materia de salud, educación, trabajo y mucho más.

En ese contexto, la misión de la ICANN ha sido garantizar el funcionamiento adecuado, eficiente, estable y seguro de Internet, ya que se observó un incremento considerable en el tráfico de datos en la red y en las conexiones, dijo Tripti Sinha.

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Por esa razón, la organización abrió un Programa de Asistencia de Emergencia para Acceso Continuo a Internet, mediante el cual proporciona fondos para que las poblaciones tengan acceso a Internet en situaciones críticas como la pandemia y desastres naturales, cuando los operadores locales no cuenten con recursos para asegurar la prestación del servicio.

El proyecto también busca brindar respuestas ante crisis humanitarias y problemas geopolíticos, como la emergencia en Ucrania, donde se ha registrado el desplazamiento de millones de personas debido a la guerra con Rusia,

Sinha resaltó la necesidad de que los esfuerzos de la ICANN para impulsar el desarrollo y la expansión de Internet tengan un enfoque global y también local, y ponderar que la accesibilidad es un factor determinante para potenciar la inclusión digital en la actualidad.

La presidenta de la Junta Directiva, además, comentó que se están creando legislaciones y regulaciones sobre el funcionamiento de Internet, la privacidad y la seguridad cibernética en diferentes partes del mundo. Ante todos estos planteamientos, el reto es velar por la interoperabilidad, pues la fragmentación de Internet sería contraproducente.

“A veces podemos estar en desacuerdo sobre qué camino tomar, pero en lo que todos podemos estar de acuerdo es en el objetivo de garantizar una Internet global y unificada”, afirmó Tripti Sinha.

En tanto, la directora ejecutiva interina y presidenta de la ICANN coincidió con Sinha en que es necesario resguardar la estructura de Internet abierta e interoperable como lo ha hecho la Corporación en los últimos 25 años, ya que existen algunos actores que quieren fragmentar Internet.

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“Aunque Internet ha experimentado un significativo crecimiento de usuarios y tráfico, los cambios han reforzado nuestra resiliencia e impulsado a encontrar innovadoras soluciones para los nuevos problemas que aparecen”, señaló Sally Costerton.

Sin embargo, para dar caro a los nuevos riesgos y desafíos que aparecen en el mundo digital, Costerton consideró que la ICANN debe expandir su comunidad, y sobre todo integrar a miembros más jóvenes y de todas las regiones del mundo para lograr una visión más diversa sobre las problemáticas actuales.

Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, también asistió a la inauguración del Foro de la Comunidad ICANN 76. El funcionario resaltó la labor de la organización en la elaboración de indicadores que han guiado la toma de decisiones de política pública del gobierno federal, especialmente en materia de digitalización y conectividad.

Y advirtió que, a pesar del crecimiento en el acceso a Internet y las tecnologías, aún existe una brecha importante de personas que todavía no se benefician de Internet, además de que aparecen nuevos desafíos como la ciberseguridad, que se deben resolver para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente del ecosistema.

Orange se mostró preocupado por la distribución de obligaciones que corren para los distintos actores de la industria. Y es que el operador estima en 15 mil millones de euros la inversión adicional para absorber el crecimiento de tráfico en los próximos cuatro años en Europa y considera que las telco están “condenadas a invertir” mientras que no ocurre lo mismo con otros agentes que utilizan la red para prestar sus servicios.

La CEO de la empresa, Christel Heydemann, se quejó de que ese crecimiento de tráfico, que se estima crecerá tres a cinco veces hasta 2028, es “esencialmente generado por cinco jugadores que nos obligan a invertir” al tiempo que “imponen ciertos comportamientos a los usuarios”, dijo la ejecutiva en declaraciones tomadas por Bloomberg. Su discurso tuvo lugar en el marco de la conferencia económica en Air-en-Provence, en Francia.

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La Unión Europea comenzó a evaluar las obligaciones que corren para las empresas que utilizan las redes desplegadas por operadores, en sus directrices en materia de telecomunicaciones y servicios audiovisuales que ya se convirtieron en leyes locales en sitios como España.“Esta lucha será muy complicada pero existencial”, consideró por su parte el Director Financiero de Orange, Ramón Fernández.

Esta semana, Nokia lanzó dos nuevas ofertas de software como servicio (SaaS, por sus iniciales en inglés) enfocadas en ayudar a los proveedores de telecomunicaciones a mejorar sus operaciones, la eficiencia energética y la experiencia de las personas usuarias.

Se trata de Nokia AVA for Energy, una solución que aplica la Inteligencia Artificial (IA) en el monitoreo de los patrones del tráfico de la red, con el objetivo de gestionar los recursos de conectividad según el nivel de uso. Así, por ejemplo, reducirá los recursos cuando detecte una baja demanda.

Nokia explicó que, a través del monitoreo constante del tráfico de la red con apoyo de la IA, se pueden realizar ajustes en las operaciones en tiempo real, lo cual permite ahorrar entre dos a cinco veces más energía, en comparación con los sistemas de software que no aprovechan la Inteligencia Artificial para ejecutar cortes temporales de recursos en ciertos horarios.

Además, Nokia AVA for Energy puede detectar anomalías en las operaciones de las redes y comparar el grado de eficiencia energética de la infraestructura pasiva, como en baterías, unidades de aire acondicionado y fuentes de alimentación.

Se espera que este servicio de software permita a las empresas de telecomunicaciones mejorar su eficiencia energética y así reducir las emisiones de carbono de sus operaciones y de toda la cadena de valor.

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Por otro lado, la otra nueva oferta de la compañía finesa es Nokia Home Device Management, una plataforma de administración de dispositivos de hogares inteligentes, como los electrodomésticos conectados.

Los hogares inteligentes cuentan con diferentes equipos conectados: decodificadores WiFi, puertas de enlace residencial o dispositivos 5G para el hogar. Por medio de este servicio de software, los proveedores pueden administrar todos los dispositivos conectados de forma remota para brindar una conectividad eficiente y confiable.

Nokia detalló que su solución admite los dispositivos domésticos de cualquier compañía y, aunado a ello, permite a los operadores estandarizar y automatizar el proceso de recopilación de datos que se generan en los entornos de hogares inteligentes.

La empresa con sede en Finlandia destacó que la tecnología de SaaS es clave para impulsar el desarrollo de 5G alrededor del mundo, ya que representa beneficios de ahorros de costos, mayor integración y adaptabilidad a las necesidades operativas.

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Una reciente investigación de Analysis Mason muestra que el modelo de software como servicio genera un 25 por ciento de ahorros en costos en Tecnologías de la Información durante cinco años de adopción.

“La convergencia del software nativo en la Nube, la colaboración hiperescaladora y 5G hace que el caso comercial de SaaS sea muy convincente”, resaltó Hamdy Farid, vicepresidente Sénior de Aplicaciones Comerciales de Nokia.

En ese sentido, Farid afirmó que los nuevos servicios SaaS de Nokia acelerarán el tiempo de generación de valor asociados a los nuevos servicios de quinta generación, reducirán la complejidad y automatizarán el ciclo de vida de las nuevas aplicaciones y servicios.

Tras haberse reunido ayer por la tarde, Claro y WOM lograron un acuerdo para la ampliación de la interconexión y el Roaming Automático Nacional en Colombia, poniéndole una dosis de sosiego a una disputa entre las compañías que aún continúa.

Claro citó a WOM a un Comité Mixto de Interconexión para resolver el conflicto entre ambas acerca de las condiciones de acceso a su red, pues acusa al operador de haber hecho pasar tráfico de Avantel como si fuera propio con el fin de pagar tarifas preferenciales.

Después del encuentro de este miércoles, Claro dijo que se llegó a un acuerdo “con el propósito de garantizar el enlace de llamadas y buscar una solución rápida en beneficio de los usuarios”. Los detalles del convenio no han sido revelados.

Sin embargo, aclaró que la empresa mantendrá el curso de las denuncias contra WOM que presentó ante las autoridades colombianas, ya que asegura que este operador y Avantel están cometiendo fraude al no diferenciar el tráfico de ambas redes, lo cual implicaría que avanzaron en una integración tecnológica sin informar al gobierno ni a los reguladores.

WOM y Avantel solicitaron la fusión de sus operaciones, pero el proceso aún no tiene luz verde. Claro alega que estas dos empresas ya están combinando el tráfico de sus usuarios, lo cual permitiría que Avantel pague tarifas un 45 por ciento más baratas pese a que ese precio diferencial sólo está permitido para operadores nuevos en el mercado.

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En octubre de 2021, Claro dio a conocer que había tramitado una denuncia ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones por las supuestas malas prácticas de WOM y Avantel, que luego escaló al Ministerio TIC y a la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Esta situación está generando un perjuicio a Claro y los colombianos por cuanto los tráficos no están diferenciados y se están aprovechando de las tarifas reducidas de operador entrante”, afirmó Claro Colombia.

Partners, controlador de WOM y Avantel, negó esta situación, y dijo que se registraron “errores técnicos en el proceso de portabilidad numérica” de algunos clientes, lo cual habría generado confusión. En este conflicto, WOM señaló en ocasiones anteriores que Claro le estaba negando los servicios de interconexión y roaming nacional de manera “anticompetitiva”.