Desafíos en el liderazgo del sector digital
Paula Bertolini
El gobierno del presidente Gustavo Petro asumió el Ejecutivo en agosto de 2022 con desafíos en el liderazgo del sector digital.
Luego de los dilemas iniciales para nombrar a la cabeza del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y tener que desdecirse del nombramiento de Mery Gutiérrez, Petro nombró a Sandra Urrutia como titular del Ministerio.
Urrutia sorprendió y en muy poco tiempo marco una buena hoja de ruta, con diálogo y conciliación con el sector privado, con un Plan de Conectividad con la meta de llegar a 85 por ciento de la población en 4 años, con proyectos 5G y entendiendo la urgencia de atender los altos costos del espectro.
Pero la crisis política que se llevó puesto todo el gabinete en abril de 2023 también impactó en el Ministerio TIC, que quedó en manos de un reconocido político, Mauricio Lizcano, hombre que hasta ese momento no acreditaba experiencia en el sector tecnológico, pero sí con conocimiento político derivado de una larga carrera en la administración pública.
Si bien se temía perder todo lo avanzado con Urrutia, y pese a los pronósticos desalentadores propios de una situación política compleja, los primeros meses de Lizcano siguieron el rumbo de la planificación y administración que durante años ha caracterizado al MinTIC: mantuvo el Plan de Conectividad, promueve el ecosistema de innovación con distintas iniciativas y publicó el cronograma de la subasta 5G, cuyas bases estarían inspiradas en la subasta de Brasil (donde 90 por ciento del costo del espectro fueron obligaciones de hacer).
Por su vocación de izquierda, no se puede obviar la visión centrada en el enfoque social que el gobierno ha mostrado sobre el sector (incluso se temió la posibilidad del control de precios y la pérdida de independencia del regulador), con nuevas-viejas ideas como tener una empresa pública que se encargue de la conectividad o crear una red mayorista fija o móvil con participación estatal, cuyas experiencias de México y Perú han resultado inciertas, pero no significa que Colombia no tenga la capacidad de idear un modelo sostenible.
Esta visión por parte del ejecutivo centrada en lo social es motivo de preocupación para una parte de la industria. La primera alarma provino tras el anuncio de toma de control de las agencias reguladoras de servicios públicos y los precios de los mismos, en el marco de la aceleración de la inflación.
Habiendo sido declarados los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos en 2021, se temió que esta definición afectase al sector, aunque luego se especificó que la medida se limitaría a los servicios públicos “domiciliarios” (gas, luz y agua), lo cual tranquilizó a los inversionistas.
Petro ha enfatizado la necesidad de llevar “más fibra a más regiones”, cuando esta solución tecnológica no tendría por qué ser la más eficiente, según el caso, cuando existe una convergencia de tecnologías al servicio de la conectividad.
El propio Presidente ha mencionado algunas soluciones innovadoras para llegar a las zonas apartadas, como juntas vecinales cuya acción comunal pueda llevar fibra a las regiones y barrios donde no llegan los operadores.
También declaró que “5G en manos de operadores privados como hoy es la 4G, sólo va a llegar donde es rentable”, por lo que reclama una intervención estatal en el mercado móvil cuyo foco no es claro y acusó de los problemas de conectividad a “la mala gestión de los gobiernos anteriores” o “el ego de los operadores, que pudieron compartir redes, espectro y hacer cosas diferentes que les hubiera permitido llegar a nuevos lugares”.
No obstante, el presidente Petro parte de un diagnóstico acertado: la necesidad de cerrar la brecha digital, llevar conectividad a las zonas apartadas y entregar los beneficios de la digitalización a los sectores más vulnerables de la población.
Por su parte, el ministro Lizcano anunció que se apalancarán en la empresa pública de energía Ecopetrol para expandir la conectividad en el Pacífico, para lo cual se destinarán cuantiosos recursos públicos, como parte de la gran inversión que va a realizar el gobierno.
Lo cierto es que la necesidad de inversión en infraestructura digital es mayúscula. Hasta el momento no existe comparación entre la inversión en redes del sector privado, que fue de mil 500 millones de dólares en Colombia durante 2021, según la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), y el presupuesto del MinTIC, de 77 millones de dólares.
Desde la industria, los actores del sector privado se han mostrado abiertos al diálogo y a la búsqueda conjunta de soluciones hacia el objetivo común de conectar a los desconectados, aunque advierten la dimensión del reto de conectividad e insisten en que el alto costo del espectro es el escollo principal para el desarrollo del sector.
El sector, además, suma sus propios desafíos que arrastra el mercado colombiano, que cuenta con uno de los ARPU móvil más bajos de la región, una alta competencia en telefonía móvil con múltiples operadores, donde recientemente se sumó WOM y, por si fuera poco, el Estado es juez y parte, ya que tiene participación accionaria en Telefónica, Millicom, ETB, entre otros proveedores, pero también regula el sector.
En el umbral del atraso digital
Efrén Páez
El mercado de telecomunicaciones colombiano se ha caracterizado por la experimentación regulatoria y de mercado que han implementado diferentes gobiernos que, pese a algunos avances, no han logrado consolidarse bajo un plan de largo plazo que permita al país mejorar sustancialmente sus niveles de conectividad.
Si bien algunos de estos experimentos fueron incluso ejemplos a nivel internacional, el país se enfrenta actualmente al reciclaje de las ideas que amenazan con hundir los contados avances.
En múltiples ocasiones, incluidos expertos, organizaciones multilaterales o la propia industria, han advertido sobre las distorsiones que permanecen en el mercado colombiano, sin que pudieran ser resueltas por ninguna de las leyes o políticas públicas ejecutadas a lo largo de los años.
Entre estas distorsiones se encuentran que el Estado permanece como ente regulador y regulado, al contar con participación accionaria en diferentes empresas (Tigo, Movistar, ETB); también la permanencia de múltiples órganos reguladores, de los cuales ninguno cuenta con verdadera autonomía; además de ciertas decisiones cuestionables: un laudo que impactó la inversión para el sector y la polémica decisión de considerar a WOM como un supuesto nuevo operador.
Desde 2019, la entrada de Novator Partners al mercado colombiano, que opera la controversial marca WOM, se ha mantenido envuelta en la polémica: desde su participación en la licitación de espectro, cuando dejó de pagar un bloque al señalar que su apuesta había sido un error de dedo, hasta el conflicto por definir si haber adquirido Avantel le permitía aprovechar los beneficios regulatorios para nuevos entrantes.
El reporte de la Economía Móvil publicado por la GSMA adelanta el atraso al cual se podría enfrentar el país frente a sus pares latinoamericanos, tanto a nivel de penetración de servicios, como de dispositivos.
Según el informe, la penetración de smartphones en el país sudamericano podría quedarse por debajo del promedio de la región en 82 por ciento en 2025; mientras que si se considera el total de suscriptores móviles, se lograría una penetración de 74 por ciento, en línea con el promedio, pero por debajo de los líderes Chile (81%), Guatemala (81%), México (78%) y Brasil (76%).
En cuanto a la penetración de 4G, la GSMA espera que el país gane al menos 26 puntos porcentuales hacia 2025, lo que sin duda representa un importante avance, pero aún se mantendría por debajo de los líderes Brasil (78%), Chile y Argentina (77%), quienes además acelerarían su avance en 5G.
De hecho, Colombia sería uno de los países más atrasados de la región, con apenas una penetración de 4 por ciento en 5G, frente al 17 por ciento de Brasil, 14 por ciento en Chile y México y 10 por ciento de Argentina, con base en estimaciones de la GSMA.
Cabe recordar que el acceso a servicios y dispositivos móviles de última generación como 4G/5G va más allá de un sistema de comunicación inalámbrico para los usuarios. Su verdadero valor se consolida cuando estas herramientas se integran a los procesos de productividad de otras industrias fuera de las telecomunicaciones que, en consecuencia, impulsan la actividad económica en general.
Uno de los aspectos clave en la expansión y actualización de las redes de telecomunicaciones es el componente de inversión.
Según datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), los operadores de telecomunicaciones aceleraron sus planes de expansión de infraestructura, que se reflejó en un alza de la inversión de 27.3 por ciento en 2021 hasta un total de 7 billones de pesos colombianos (1.5 mil millones de dólares).
La inversión se habría visto impulsada por el reto que representó la pandemia en términos del alza en el tráfico y la mayor demanda del servicio de Internet.
En ese sentido, será fundamental mantener el impulso logrado a partir de los procesos de digitalización del último par de años.
Según datos del reporte del Observatorio de Inversión, se estima que las empresas proveedoras destinaron en promedio 23.2 por ciento de sus ingresos operacionales para la inversión, 3.4 puntos porcentuales por arriba de lo registrado un año antes.
En este contexto, el reto del gobierno de Petro es colocar los incentivos adecuados para mantener el ritmo de la inversión privada en telecomunicaciones, considerando que ésta supera en casi 55 veces la inversión ejercida por el MinTIC de 126 mil 375 millones de pesos.
Cabe señalar que uno de los desafíos particulares a los que se enfrentan los operadores en el mercado colombiano es la tendencia a la baja de los ingresos por usuario, lo cual dificulta mantener un ritmo constante de inversión o extender la cobertura de las redes más allá de los centros urbanos más poblados.
Según datos de la CRC, el ingreso promedio mensual por acceso (ARPU) de Internet móvil bajo la modalidad de cargo fijo (pospago) al tercer trimestre de 2022 se redujo 6.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, y es menor en 16.16 por ciento respecto al tercer trimestre de 2020.
El ARPU en la modalidad bajo demanda (prepago) se ha mantenido relativamente estable, pero también con una tendencia a la baja, 0.7 por ciento menos respecto al tercer trimestre de 2021, y 9.9 por ciento por debajo de lo registrado el mismo periodo de 2020.
Por otro lado, la constante fragmentación a la que se enfrenta el mercado móvil colombiano, donde existen cerca de seis operadores con red propia (si se considera que Avantel y WOM aún están en proceso de integración), es un obstáculo para lograr operadores de gran escala que permitan reducir los costos de la red y un mejor aprovechamiento de recursos escasos como el espectro radioeléctrico, en línea con la tendencia internacional.
Por este motivo, Tigo y Movistar anunciaron recientemente un acuerdo para compartir infraestructura móvil. Este anuncio puede venir acompañado de otras decisiones y estrategias para reducir y compartir los costos de desplegar redes de telecomunicaciones en Colombia, como la cuestionable pero entendible devolución de espectro radioeléctrico al Estado, o bien abstenerse de participar en futuras licitaciones de espectro en tanto los costos del mismo no garanticen sostenibilidad en las operaciones.
Incluso, la Comisión Europea (CE), que por muchos años favoreció la presencia de múltiples operadores, ha reconocido que la alta fragmentación del mercado de telecomunicaciones es un posible freno a la expansión de la inversión en telecomunicaciones.
Operadores como Deutsche Telekom, Telefónica y Orange consideran que la consolidación del mercado permitiría acelerar los esfuerzos de conectividad.
Factores como un entorno de certidumbre legislativa, mayor cantidad de espectro a precios adecuados para la inversión en infraestructura, un entorno de competencia favorable, la inversión en colaboración sin sustitución con el gobierno y una regulación moderna, flexible y a prueba de futuro, permitirían que Colombia mantenga el impulso para mejorar sus niveles de conectividad.k+
El costo del espectro, el talón de Aquiles de Colombia
Violeta Contreras
Panorama actual del espectro
Colombia tiene un doble reto en materia de espectro en la actualidad: por un lado, la renovación de licencias que vencerán entre 2023 y el próximo año; por otro lado, la preparación y lanzamiento de la subasta 5G para estar a la vanguardia tecnológica.
En la asignación del recurso radioeléctrico, el país se ha quedado por detrás de otros países que ya realizaron licitaciones para la tecnología de quinta generación, especialmente Chile y Brasil. Pero la intención del gobierno es remontar en la carrera lo más pronto posible.
La más reciente subasta de espectro se realizó a finales de 2019 cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) puso a disposición frecuencias en las bandas de 700 MHz, 1.9 GHz y 2.5 GHz.
Después de ese hecho, la asignación de espectro en el país ascendía a 445 MHz, equivalente a apenas 25 por ciento de lo recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para 2020.
Pero esa cantidad incluso se ha alterado debido a algunas devoluciones por parte de los operadores.
En 2022, Telefónica regresó al Estado una concesión temporal que tenía en la banda de 2.5 GHz, porque el alto precio fijado para este recurso resultaba oneroso y prohibitivo para su operación en el territorio colombiano.
La Ley de Modernización TIC de 2019 trajo avances importantes para el sector. En materia de espectro, las licencias pasaron a tener una duración de 20 años, lo cual da mayor certidumbre a los operadores para la planeación de sus inversiones a largo plazo.
Por otra parte, abrió el camino para que más adelante se aprobara una modalidad para que los concesionarios puedan pagar hasta 60 por ciento del valor del espectro a través de proyectos de conectividad (una suerte de pago en especie).
Uno de los elementos que será clave para impulsar o trabar los procesos de licitación y renegociación de los permisos en el futuro es, precisamente, el costo del recurso radioeléctrico.
Aunque desde la emisión de la ley de 2019 se ha destacado por su política digital, Colombia ha sido de los mercados con el espectro radioeléctrico más caro de América Latina, sólo superado por México, donde los operadores también han realizado considerables devoluciones del recurso espectral.
De acuerdo con la GSMA, el precio de este recurso ha sido hasta dos veces más costoso en el país respecto al promedio regional.
El impacto de esa situación se refleja en un retraso de conectividad de dos años, pues la asociación estima que con tarifas más asequibles del espectro se hubieran podido conectar a 4G a 2 millones de colombianos adicionales en 2019.
El costo de las frecuencias también afecta negativamente la capacidad de las empresas de telecomunicaciones para mejorar la calidad de los servicios. La velocidad de acceso a la banda ancha sería mayor si los valores del espectro fueran más bajos.
Pero ahora el gobierno de Petro, con Mauricio Lizcano al frente del MinTIC, busca revertir ese panorama y establecer tarifas por el espectro en sintonía con su política pública a favor de la conectividad con sentido social.
El ministro adelantó que ya se reunió con Alexandre Freire, consejero director de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, para explorar la posibilidad de que Colombia se inspire en el modelo brasileño para la subasta 5G en Colombia.
En Brasil, 90 por ciento del costo del espectro se destinó a obligaciones de hacer; es decir, que los operadores, a cambio de las frecuencias, invierten en mejorar la conectividad para un mayor número de personas en zonas alejadas del país.
Sin embargo, no se ha confirmado el porcentaje exacto de compromisos de cobertura que tendría Colombia. Se publicará que el anuncio ocurra el 1 de septiembre de 2023.
Además del precio del espectro radioeléctrico, en los procesos de asignación también es relevante promover condiciones que incentiven las inversiones y la innovación. Es decir, se deben tomar en cuenta todos los elementos incluidos en una licitación, como las obligaciones de cobertura en muchos casos.
Renovaciones
Hacia 2027, Colombia deberá renovar 70 por ciento del total de espectro asignado actualmente, pues una buena parte de las licencias fueron otorgadas cuando el plazo de los títulos eran menores a 20 años. Un informe del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) señala que se reasignarán las siguientes frecuencias en los años que vienen:
| Renovaciones de licencias | |||
| Licencias | Capacidad aproximada | Año de vencimiento | Observaciones |
| AWS | 90 MHz | 2023 | Otorgadas en 2013 por 10 años. |
| 2.5 GHz | 100 MHz | 2023 | Otorgadas en 2013 por 10 años. |
| 850 MHz y 1.9 GHz | 80 MHz | 2024 | Licencias de América Móvil y Telefónica. |
| 850 MHz, 1.8 GHz Y 2.1 GHz | 130 MHz | 2026-2027 | Otorgadas por 15 años. |
Además de esta lista, en 2021 el MinTIC renovó licencias de América Móvil y Telefónica en la banda de 1.9 GHz. Sin embargo, las empresas apelaron las resoluciones de la dependencia debido a que consideraron que los precios del espectro eran demasiado caros. Un año después ganaron los recursos, obligando al Ministerio a reducir el costo 19 por ciento.
Pese al reajuste que se hizo, el estudio de cet.la advierte que el valor del recurso radioeléctrico en esas licencias quedó dos veces por encima de la media internacional. Asimismo, el alto precio que se ha negociado en el país fue lo que llevó a Telefónica a devolver su licencia en la banda de 2.5 GHz.
Las principales empresas de telecomunicaciones han advertido en numerosas ocasiones que las renovaciones que vienen en estos años son igual o quizás más importantes que una nueva licitación, pues deberán desembolsar importantes recursos para asegurar el espectro que hoy utilizan para brindar servicios.
En ese sentido, de las renovaciones de licencias dependerá en parte que el gobierno de Gustavo Petro alcance su objetivo de conectividad.
El Ministerio TIC tiene la ardua tarea de lograr que 85 por ciento de la población tenga acceso a Internet para el final de la administración.
La Asociación de la Industria Móvil en Colombia (Asomóvil), la Asociación de Tecnologías de Información y Comunicaciones (AsoTIC) y la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) coinciden en que el espectro caro puede ser el principal obstáculo para llegar a esa meta en 2025.
No sólo estarían en apuros las grandes empresas, también los operadores de menor tamaño que brindan servicios en comunidades más pequeñas. A ello debe sumarse la crisis económica y la alta presión inflacionaria.
Por esas razones, cet.la recomienda a los países de América Latina que adopten mejores prácticas en la renegociación de licencias de uso del espectro con el fin de brindar más certidumbre y transparencia sobre el proceso.
El primer paso, según la institución, es reconocer el espectro como un insumo esencial para las redes y para satisfacer el acelerado incremento en el tráfico de datos en Internet.
Igualmente, el Centro señala que generalmente en la región se aprovechan los momentos de renovación para definir nuevos términos y condiciones más onerosos, lo cual retrasa las decisiones de negocio del sector.
En el camino de definir el costo del espectro y condicionamiento adicionales, es importante tomar en cuenta que no se trata de una oportunidad para hacer más ingresos, sino que es el primer eslabón que da forma a muchas de las decisiones trascendentes en la cadena de valor de los servicios de telecomunicaciones.
Por ejemplo, si un país mantiene un espectro demasiado costoso es probable que eso encarezca también el precio de la banda ancha para los usuarios finales. Si bien los operadores explotan el recurso y las frecuencias, finalmente el espectro radioeléctrico es para que la población se comunique y tenga acceso a servicios digitales. Sin duda, un espectro radioeléctrico a precios más razonables puede favorecer el éxito de la política de conectividad social del gobierno del Presidente Petro a través del trabajo especializado del MinTIC.
Subasta 5G
Otro hito que marcará el rumbo de Colombia en materia TIC es la subasta 5G. El MinTIC prevé llevarla a cabo en 2023. En marzo, la exministra Sandra Urrutia adelantó que el borrador de la licitación se daría a conocer entre abril y junio. Sin embargo, la salida de Urrutia del gabinete de Petro y otros cambios en el Ministerio modificaron esa fecha.
Lo que se sabe hasta ahora de los preparativos del concurso público es que se pondrían a disposición frecuencias en la banda de 700 MHz, 1.9 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz y en las ondas milimétricas de 26 GHz.
El nuevo ministro TIC, Mauricio Lizcano, publicó una nueva agenda de subasta de espectro el 14 de junio. Se prevé que la subasta 5G se realizará el 20 de diciembre de 2023.
Para cumplir esta fecha se publicará el primer borrador de la resolución, que incluirá las condiciones técnicas, jurídicas y los mecanismos de la subasta, el 1 de agosto, y un mes después, el 1 de septiembre, se presentará la segunda parte del borrador de la resolución que incluirá el precio de la reserva, las obligaciones de hacer y las garantías correspondientes. La resolución definitiva se daría a conocer el 17 de octubre.
Desde 2022, la institución sectorial junto con la Agencia Nacional del Espectro y la Comisión de Regulación de Comunicaciones han hecho algunos avances para abrir camino a la licitación.
En junio, el Ministerio TIC emitió nuevos topes de tenencia espectral: aumentó la cantidad de espectro para servicios móviles que se puede tener en las bandas medias (1 GHz a menos de 3 GHz) y bajas (menores a 1 GHz), y creó una categoría para las bandas medias altas (entre 3 GHz y 6 GHz).
También se otorgaron licencias temporales para que las empresas pudieran desarrollar programas piloto de la tecnología 5G previo a su lanzamiento masivo y comercial. La CRC también está implementando un sandbox regulatorio en el cual eventualmente podrían ingresar proyectos relacionados con 5G.
Concretar la licitación también fue un objetivo de la administración anterior de Iván Duque. En ese entonces, se proyectaba hacerla en 2021. Los planes no prosperaron según lo previsto. Esta vez, el Ministerio TIC tiene la posibilidad de lanzar la subasta, de lo contrario el país quedaría rezagado en su desarrollo digital en comparación con otros países de la región y el mundo.
Durante lo que va de 2023, el gobierno ya realizó algunas consultas públicas para sondear el interés de la industria en las bandas disponibles para 5G. Hay 9 empresas de telecomunicaciones que quieren adquirir espectro en las bandas de 700 MHz, 1.9 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz y 26 GHz. Se trata de Claro, Tigo, Telefónica, WOM, ETB, OSC Top Solutions Group, Colombia WB Hots SAS, Global Play y EGC Colombia.
Además, nueve compañías están interesadas en la banda AWS-3 para el despliegue de servicios 5G y 4G: Claro, Telefónica, Tigo, WOM, ETB, Media Commerce Partners, Metronet, Ingfracol y Speednet.
El interés y el apetito de la industria en nuevas licitaciones de espectro existe, pero también en los procesos de consulta pública ha predominado una preocupación latente relacionada con el costo del recurso radioeléctrico y las condiciones para acceder a él.
La participación de los operadores dependerá de que el enfoque de la subasta no sea recaudatorio, sino que se priorice una visión técnica y social.
En la licitación de 2019, aunque entró un nuevo operador al mercado, una de las principales empresas de telecomunicaciones, Telefónica, no compró espectro, lamentando que los precios eran prohibitivos. Además, quedaron algunos segmentos de frecuencias desiertos. No repetir esa historia puede ser la clave del éxito para la licitación 5G durante la administración del presidente Petro.
Proyectos TIC para llegar a toda Colombia
Sharon Durán
La democratización de las TIC y la conectividad con propósito o significativa son las banderas del Ministerio TIC que responden a los objetivos de conectividad que planteó Gustavo Petro dentro de sus propuestas de campaña, las cuales buscan el cierre de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas e incrementar el acceso a la conectividad de 60 a 85 por ciento de la población al finalizar el cuatrienio.
Para cumplir este objetivo, bajo el liderazgo de Sandra Urrutia, se realizaron los Dialogos Regionales Vinculantes, donde se entregaron Laboratorios de Innovación en colegios ubicados en las zonas más alejadas del país, con el fin de fortalecer las habilidades digitales de los estudiantes desde edades tempranas.
Mauricio Lizcano continuó esta labor: ha visitado el Pacífico, el Bolívar, Antioquia y comunidades indígenas del Guainía. Aunque no lleva por nombre “Diálogo Regional Vinculante”, las visitas de Lizcano tienen una dinámica muy similar que pretende acercarse a las necesidades de la población y determinar cuál es la tecnología ideal en cada territorio.
Otra acción importante para alcanzar la meta de conectar 85 por ciento de la población colombiana es la formalización de los proveedores de servicios de Internet rurales (ISP por sus siglas en inglés).
En el momento en el cual los ciudadanos entendieron que la conectividad no debe ser un privilegio sino que es un derecho, se gestaron movimientos comunitarios que garantizan el acceso.
Ahora, en zonas alejadas de cada región de Colombia las comunidades encontraron la manera de brindar Internet para que los niños estudien, las personas trabajen y hasta se realicen pagos en línea.
Sus acciones han contribuido con el cierre de la brecha digital porque además de solucionar un problema, son personas que conocen su territorio y su comunidad. Un proceso de aprendizaje que le tomaría mucho tiempo a otras empresas. Por lo tanto, el MinTIC inició el proceso de identificación y formalización de los ISP en todo el país.
De acuerdo con cifras del Ministerio, en Colombia existen 3 mil 73 operadores de servicios de Internet: 995 ubicados en la región central y Bogotá, 554 en la región Caribe, 527 en el Pacífico, 463 en el Eje Cafetero y Antioquia, 306 en la Amazonía y 238 en los Llanos y la Orinoquía.
El ministro Lizcano ha sido claro con los ISP al resaltar que “su trabajo es importante para el país y que los ISP son socios fundamentales del proyecto de conectividad del Gobierno Petro”.
Sin embargo, no se conoce con exactitud la estrategia que adelanta el gobierno para avanzar con la formalización ni qué va a suceder después.
Lo anterior significa que detalles como los recursos del Estado, el valor de dichos recursos, el tipo de acompañamiento que tendrán y el trato que recibirán los ISP por parte de otras instituciones como la CRC, siguen siendo una incógnita para los colombianos y la industria.
Durante su campaña, Petro propuso el uso de software libre y tecnologías emergentes como Blockchain, metaverso, Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning.
Estas tecnologías necesitan grandes capacidades de procesamiento de cómputo, almacenamiento en la Nube, conectividad a través de la fibra óptica y redes 5G. Esta última tecnología es una deuda que el Estado ha tenido con el país desde hace dos gobiernos.
Y aunque las fechas se han modificado, Colombia continúa siendo un territorio prometedor para 5G.
Ahora, se espera realizar la subasta el 20 de diciembre y se espera que esté inspirada en el modelo brasileño, lo que ayudaría a garantizar un precio del espectro más accesible y alcanzar la cobertura que el gobierno se propone (85% o más), gracias a obligaciones de hacer.
Por otro lado, habrá que observar cómo se desarrollan otras alianzas que inició el Ministerio TIC con empresas privadas, como Cisco, y con otros países como República Dominicana. Estas alianzas obtienen beneficios mutuos y trabajan en propósitos comunes como la capacitación y el cierre de las brechas digitales.
El más reciente acuerdo se firmó con Huawei con el objetivo de fortalecer las habilidades digitales de los colombianos y crear nuevos espacios que atiendan las necesidades del futuro, incluida la alfabetización{on y la inclusión digital de género.
Por otro lado, ya se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual contempla diez puntos, con lo que el país tiene oficialmente una hoja de ruta para la gestión del gobierno nacional.
Un asunto muy sensible ocurrió luego de la gestión de Karen Abudinen en el MinTIC, durante el gobierno de Iván Duque, que dejó un déficit de 70 billones de pesos colombianos para el sector y para el país, de los cuales ni siquiera se recuperaron los 9 mil millones que esperaba el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en agosto de 2022.
Al respecto, Lizcano aclaró que “si la Unión Temporal Centros Poblados quiere resarcir a las víctimas, que en este caso es toda Colombia, deberán hacerlo regresando el dinero, por medio de un cheque de gerencia. Nosotros no vamos a recibir ningún lote, ni unas antenas viejas porque, primero, no conocemos la procedencia lícita de esos bienes, y porque el Ministerio no tiene nada qué hacer con eso”.
Colombia avanza hacia un camino más claro y se espera que las fechas de la subasta se cumplan para lograr los propósitos de conectividad social que se ha trazado el gobierno de Petro y beneficiar, finalmente, a la población.
Esto sólo es posible si se priorizan los asuntos de conectividad no sólo como un servicio esencial y prioritario para la población, sino como un derecho fundamental que garantiza el acceso a otros derechos del entorno digital.
