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Aunque los servicios de telecomunicaciones también adquirieron el carácter de servicio público luego de la emisión de la Ley 2108 de 2021, fuentes del gobierno y la industria señalan que el anuncio del mandatario no afectaría a los servicios como el Internet, debido a que no se consideran públicos domiciliarios.
Frente al alza de la inflación, la cual este mes se prevé que llegue al 13.36 por ciento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que tomará las facultades de administración y control de los servicios públicos como el agua y la luz.
Petro dijo que el artículo 370 de la Constitución y el 68 de la Ley 142 de 1994, mediante la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, le dan la atribución para retomar dichas funciones “temporalmente en defensa del usuario”.
La medida del mandatario se da en un contexto de una acelerada subida en los precios. En 2022, Colombia registró el nivel de inflación más alto en su historia desde marzo de 1999.
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De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, los precios de los servicios de comunicaciones incrementaron 0.25 por ciento el año pasado. En realidad, estos servicios son de los que se han mantenido más estables, mientras que otros como los alimentos y la salud se han elevado en picada.
Sin embargo, el cambio de año también trajo consigo ajustes de precios y un impacto en los bolsillos de la población colombiana. El gobierno ha buscado acuerdos con el sector privado, especialmente con las empresas de energía eléctrica, pero esto no ha detenido el incremento de las tarifas.
Tras el anuncio de Gustavo Petro, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, advirtió que la decisión del mandatario colombiano “sería un retroceso sin precedentes para el país”.
“Lo peor que se puede hacer es tomar decisiones dictatoriales que no estén a la luz de lo jurídico (…). El error más grande es repetir la historia de países que tienen falencias en materias de servicios públicos”, consideró.
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Gustavo Petro justificó su medida en el artículo 370 de la Constitución y en el artículo 68 de la Ley 142, los cuales establecen que corresponde al presidente señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. No obstante, desde 1994 estas funciones han estado a cargo de organismos independientes como lo es la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Camilo Sánchez afirmó que la toma del control de los servicios públicos por parte del presidente “puede representar un quiebre para las empresas y los ciudadanos podrán llegar a carecer de servicios públicos de buena calidad”.
En ese sentido, el presidente de la Andesco pidió a Gustavo Petro que aclare cómo sería el proceso de regulación que tiene previsto llevar a cabo al retomar las funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y Gas y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
La medida anunciada por Petro generó preocupación en el sector privado, pues se teme que la intervención del gobierno en las tarifas de los servicios resulte contraproducente. También ha habido reacciones contrarias por parte de la ciudadanía y funcionarios afines al gobierno, quienes consideran que ayudará a aminorar el impacto en los bolsillos de los colombianos.
