El gobierno ecuatoriano mantiene su plan de inversión de 48 millones de dólares hasta 2025 para ampliar la conectividad digital en el país. Esta inversión estará destinada a la expansión de puntos de acceso gratuito WiFi. Además, en su Agenda de Transformación Digital 2022-2025, el gobierno prometió promover el desarrollo de infraestructura digital como soporte de la conectividad y los sistemas de información. En este campo, el Mintel trabajará junto con otras dependencias para aumentar el acceso a las redes de banda ancha de alta capacidad y de forma asequible, poniendo énfasis en las zonas rurales.
Por ahora no se vislumbra la posibilidad de 5G en Ecuador, ni por iniciativa del gobierno a una licitación ni tampoco por pruebas de los operadores. Esto podría causar que el país quede rezagado frente a otras naciones de la región que sí avanzaron y avanzarán en 2023 en la nueva tecnología.
En cuestiones regulatorias, en 2023 se verán debates por la fiscalidad del sector. El plan de ingresos y gastos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2023 señala que el Estado ecuatoriano se encuentra en proceso de renegociación de los contratos con las telefónicas privadas que operan en el país: Otecel (Movistar) y Conecel (Claro).
Según Finanzas, estos contratos contendrán los términos y condiciones de los derechos de concesión en los ámbitos económico, técnico y jurídico, relacionados con el mejoramiento de la conectividad y reducción de la brecha digital en Ecuador, aspectos que se comprometerán a cumplir los operadores a partir de 2023.
El proyecto señala que por este concepto se estiman ingresos por renovación de contratos de concesiones de telecomunicaciones por un valor aproximado de 101 millones de dólares, un monto que resulta demasiado alto para los operadores ecuatorianos.
Otro tema que podría perjudicar al sector en 2023 es la derogación de la Ley de Desarrollo Económico. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó derogar la reforma tributaria que impulsó el presidente Guillermo Lasso, vigente desde noviembre de 2021. Si bien aún no está confirmado el veto de Lasso, si sale adelante la derogación a la reforma, se podría eliminar la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Desde diciembre de 2021 los operadores eliminaron de sus tarifas el ICE a los servicios de telefonía móvil y fija.
También resta ver qué ocurrirá con la empresa pública CNT. Antes de que asumiera Lasso, la empresa estaba en proceso de elegir un operador privado para su gestión. Con la llegada del nuevo gobierno, el proceso se paralizó, aunque desde la administración mantienen la propuesta de elegir la mejor opción para la compañía.
