En el mundo han muerto alrededor de 20 millones de personas debido a la Covid-19, mientras que los contagios ascendieron a más de 750 millones, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y de Statista.

La pandemia por este coronavirus fue la oportunidad perfecta para que otro virus se dispersara: el de las fake news.

En el Reino Unido, hubo incidentes de quema de antenas de redes 5G debido a teorías conspirativas que afirmaban que estas propagaban el coronavirus.

Grupos de personas se organizaron a través de redes sociales para quemar antenas de 5G en diferentes ciudades del Reino Unido, pues la información falsa se propagó por Internet de manera muy rápida.

Estos actos de vandalismo fueron motivados por teorías infundadas que afirmaban que las antenas de 5G debilitaban el sistema inmunológico y contribuían a la propagación de la Covid-19.

Incluso, los ataques a las antenas de servicios móviles se extendieron desde el Reino Unido a otros países de Europa continental.

Las fake news se propagaron más desde que vivimos en la era digital, donde la facilidad de acceso a la información y la viralización de contenidos ha permitido la rápida distribución de noticias falsas.

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Y aunque estas han existido desde hace mucho tiempo, el auge de las redes sociales y las plataformas de medios digitales ha amplificado su alcance y su impacto negativo.

Las noticias falsas representan un peligro para la sociedad por varias razones. En primer lugar, socavan la confianza en los medios de comunicación y la información veraz. Al difundir información falsa, se distorsiona la realidad y se confunde a la audiencia.

Lo anterior puede llevar a una polarización de opiniones y a la creación de burbujas informativas, donde las personas sólo consumen y creen en información que refuerza sus propias creencias y prejuicios.

Joseph Goebbels, considerado el padre de la propaganda, dijo que “una mentira mil veces repetida, se convierte en verdad”, y eso pareciera que ocurre con las noticias falsas, pues cuando estas se comparten a través de redes, su alcance potencial se multiplica y las personas la creen.

Un estudio hecho por la firma de ciberseguridad Kaspersky advierte que en promedio, 70 por ciento de los latinoamericanos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet una noticia falsa de una verdadera.

Revela también que existen diferencias respecto a la información y educación que tienen las sociedades de los distintos países de la región. Por ejemplo, quienes menos logran identificar una fake news son los peruanos, con 79 por ciento, seguidos por los colombianos (73%) y los chilenos (70%). El 66 por ciento de los mexicanos y argentinos tampoco logran diferenciar entre una noticia falsa y una verdadera, mientras que lo mismo ocurre con 62 por ciento de los brasileños.

Las noticias falsas también pueden tener consecuencias graves en áreas como la salud, la política y la seguridad. Por ejemplo, la difusión de desinformación sobre tratamientos médicos puede poner en riesgo la salud y el bienestar de las personas.

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Un claro ejemplo ocurrió también durante la pandemia, ya que muchas personas creyeron en la información publicada en Internet que decía que el Dióxido de Cloro servía para curar la enfermedad.

Sin embargo, no existía un estudio que así lo demostrara, e incluso especialistas alertaron sobre complicaciones por el uso de esta sustancia, desde falla renal o hepática, y sangrado digestivo.

Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, realiza una analogía que es concluyente en la descripción de las noticias falsas.

“Tal como ocurre con los icebergs, en Internet no todo lo que vemos es lo que realmente es. En las oscuras profundidades del mar puede esconderse una enorme masa de hielo capaz de hundir nuestro barco de un solo golpe si creemos únicamente en lo que está a simple vista: su punta.

“En Internet, esa punta puede ser una noticia falsa, o una imagen que propagamos por nuestra oficina; cosas que pueden verse inocentes, pero que por pecar de ingenuos podrían generar enormes daños en nosotros y en nuestro entorno”, apunta.

En medio de una mayor cantidad de dispositivos y aplicaciones conectadas, que se extienden desde el smartphone en la palma de nuestra mano, pasando por el foco inteligente de nuestra casa hasta el auto que conducimos a la oficina, generamos una enorme cantidad de datos como nunca antes en la historia. Datos que bien pueden servir para recibir una mejora de estos servicios o dejar expuesta nuestra privacidad al contener información sobre nuestros hábitos y preferencias.

Aun cuando podamos caer en la trampa de creer que no tenemos información comprometedora o peligrosa, que a nadie le interesa conocer más sobre nuestros hábitos de navegación o que simplemente no guardamos secretos, la realidad es que estos datos son intrínsecamente valiosos, ya que forman parte de nuestra identidad en línea, pero también constituyen el pilar principal de la economía del Internet en la era de la Web 2.0.

Según un análisis de StockApps.com, de las cinco principales empresas digitales (Google, Twitter/X, Apple, Amazon y Facebook), Google recopila la mayor cantidad de datos sobre sus usuarios, 39 puntos de un total de 39. Esto incluye prácticamente cualquier dato, desde la ubicación específica de los usuarios hasta el historial de su navegador, además de actividad en sitios web o aplicaciones de terceros y los correos electrónicos en las cuentas de Gmail.

Por otro lado, aunque Twitter y Facebook se encuentran ligeramente por detrás de Google, el análisis también advierte que recolectan más información de la que requieren. En el caso de Facebook, se trata de información que los mismos usuarios publican.

El ranking tiende a variar según lo que se incluya en el análisis (aplicaciones de redes sociales, streaming, transporte, etc.), ya que otro estudio publicado por Clario, compañía especializada en privacidad y seguridad, encontró que Facebook se ubicaría en la cima de la recolección por tipo de datos, como ubicación, número telefónico o pasatiempos, pero excluyendo algunos como peso y altura, o alergias y salud.

Estos datos se convierten en un flujo de información constante que permite a los proveedores de servicios mejorar su oferta y adaptarla mejor a nuestros hábitos y necesidades. Además, el uso, análisis y transacción de esta información permite mantener la gratuidad de muchos de los servicios a los que hoy accedemos, desde un buscador, una red social, un servicio de mensajería instantánea o videojuegos.

La recolección de datos, cuando se hace de forma responsable, también ha ayudado al avance científico o al análisis de la economía y la sociedad, así como su uso en tareas de seguridad nacional.

En ese sentido, aunque la recolección de datos ha dado múltiples beneficios a los usuarios de Internet, no podemos olvidar que siguen siendo datos personales y que merecen ser protegidos como cualquier otra propiedad privada. Derivado de ello, se ha considerado a la privacidad en el mundo digital como un derecho humano, y para su resguardo se deben adoptar normas y regulaciones.

Al tratarse de información personal, incluyendo datos relevantes como cuentas bancarias o hábitos de compra, también pueden atraer la atención de terceros que pueden estar o no autorizados para el acceso de esta información con diversas intenciones de uso, y no siempre a favor del usuario.

Muchas de las compañías de Internet afirman que la recolección de datos se realiza bajo estrictos estándares de seguridad, a la vez que no se utilizan para individualizar, sino para la formación de grupos con intereses o hábitos similares que permita una entrega más específica de ofertas y publicidad.

Sin embargo, en los últimos años han surgido múltiples casos de hackeos y filtración de datos, además del uso indebido de los mismos con fines políticos o de robo de identidad, sumados a algunos conocidos casos de espionaje realizados por diversas instancias gubernamentales.

El sitio haveibeenpwned.com (se recomienda que el lector lo visite) lleva un registro de 679 sitios que han sufrido filtraciones de datos, desde compañías de Internet, hasta bancos y hoteles, que han impactado más de 12.5 mil millones de cuentas. Entre las filtraciones más grandes se encuentra la llamada Collection #I, una base de datos con 2.7 mil millones de registros y 773 millones de cuentas únicas de correos electrónicos con contraseña.

Asimismo, podemos citar otros casos públicos que no se trataron de una filtración, sino de un mal uso de los datos. El más sonado fue cuando Cambridge Analytica utilizó datos personales de usuarios de Facebook, sin el consentimiento de los usuarios o de la red social, para el direccionamiento de propaganda política durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Por otro lado, aun cuando las empresas afirman que se recolectan los datos más esenciales para la entrega de publicidad o mejora de los servicios, se han realizado estudios que demuestran que es relativamente fácil ligar estos datos supuestamente anónimos con personas en el mundo real.

En 2019, el New York Times recibió una base de datos compuesta por cerca de 50 mil millones de registros de ubicación de más de 12 millones de usuarios de teléfonos celulares, con lo que se podía vincular un determinado dispositivo con lugares destacados, como las residencias de Arnold Schwarzenegger y Johnny Depp, o hasta visitas a la Mansión Playboy. En 2021, el mismo medio recibió una base de datos con la localización de los teléfonos presentes durante la insurrección al Capitolio de los Estados Unidos.

Lo más escandaloso es que estas bases de datos no estaban en poder de las grandes tecnológicas o agencias gubernamentales, sino que eran recolectadas por empresas dedicadas a negociar con los datos de ubicación de los usuarios (muchas veces sin su consentimiento). Y aunque las empresas de tecnología afirman que los datos se comparten únicamente con socios relevantes, aún queda la pregunta en el aire sobre cómo se obtuvieron, qué tan fácil es el acceso a estos datos y exactamente cuál es el tratamiento que reciben.

En mayo de este año, Meta anunció su actualización de la política de privacidad de Facebook, la cual fue rediseñada para ayudar a los usuarios a entender qué tipos de datos se recopilan por el uso de sus servicios y cómo se utiliza dicha información. Afirma que “Meta no recopila, usa ni comparte tus datos de nuevas maneras en función de esta actualización de política y continuamos sin vender tu información”.

La importancia de la privacidad

La privacidad no es concepto único o estático que únicamente se refiera a ocultar o proteger datos, sino que muta según la propia naturaleza de los datos, el contexto o la aplicación. Habrá una parte de nuestra vida digital que podemos elegir vivirla en la esfera pública, como compartir la foto de nuestro último viaje a cualquiera que ingrese en una red social, o para un grupo de amigos y conocidos; pero habrá otros datos que reservaremos únicamente para nuestros ojos, como los detalles del costo de ese viaje –monto, método de pago, proveedor, etcétera–.

“El derecho a la vida privada es definido como una esfera de la vida en la que las personas pueden expresar su identidad y que varía con el paso del tiempo. Es como un globo que se expande o se contrae según el contexto particular de la persona y su sociedad, tanto por motivos internos como externos”, explica la asociación R3D.

El concepto de privacidad ha sufrido importantes cambios en los últimos años, especialmente a partir del mayor uso de las redes sociales, que constantemente nos incentivan a compartir cada segundo de nuestras vidas, pensamientos y experiencias. 

Es de esperar que la población más joven que creció en un mundo ya dominado por las redes sociales y donde sus fotos eran compartidas desde sus primeros días de vida, se sienta más cómoda con la compartición y recolección de datos, respecto a las generaciones de mayor edad.

Según una encuesta del Pew Research Center (PRC), entre la población estadounidense, los jóvenes de entre 18 y 29 años estuvieron más de acuerdo en decir que se benefician de la recopilación de datos que empresas (29%) y gobierno (32%) hacen sobre ellos. Estas cifras contrastan con la opinión de los adultos mayores de 65 años, quienes consideran que reciben menos beneficios de gobierno (17%) y empresas (19%).

El mismo patrón se encuentra respecto al control que se percibe sobre los datos que comparten. Según el PRC, 67 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años dicen tener algo o mucho control sobre quién tiene acceso a los datos de los sitios que visitan, contra sólo un 37 por ciento de la población mayor a 65 años. El 83 por ciento de los jóvenes también afirmó tener algo o mucho control de quién accede a datos sobre su ubicación física, contra un 60 por ciento de la población arriba de 65 años.

Aún cuando podamos dejarnos llevar por la clásica falacia de “no tengo nada que ocultar”, o caer en la trampa de que sólo los “malos” quieren privacidad, la realidad es que todos tenemos datos que preferimos reservar para nosotros mismos y es nuestro derecho resguardar esa información.

En la época actual en que miles de dispositivos y aplicaciones siguen cada uno de nuestros pasos en los mundos digital y físico, más que nunca es importante establecer los límites necesarios para resguardar nuestra privacidad en cualquier actividad que realicemos en línea, y que la recopilación de datos que se deba realizar esté apegada a principios de seguridad y prácticas de transparencia, de modo que sepamos claramente quién, cuándo, cómo y para qué se usa.

Cómo mantener la privacidad en línea:

1. Revisar las políticas de privacidad y protección de datos en las aplicaciones y servicios a los que accedemos.
2. Fortalecer y mantener actualizadas nuestras contraseñas, por ejemplo, mediante un gestor de contraseñas; así como usar autenticación de dos factores.
3. Leer los términos y condiciones de los servicios en línea que vayamos a utilizar.

Cada año, millones de personas son víctimas de robo de identidad, acoso cibernético o estafas por Internet, al grado de convertirse en un dolor de cabeza para los gobiernos, las grandes empresas y los usuarios.

El rápido crecimiento de la conectividad, el desarrollo tecnológico, el aumento de dispositivos conectados y la constante exposición de datos en línea, han traído consigo amenazas sin precedentes, es decir, oportunidades para que los delincuentes aumenten los ciberataques exponencialmente.

El cibercrimen se ha convertido en un tema importante en la era digital en la que vivimos. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) describe que, actualmente, un ciberdelincuente ya no es una persona que usa sudaderas con capucha y vive en el sótano de la casa de sus papás para realizar actos ilícitos, sino que ahora operan en grupos distribuidos en una red de proveedores, compradores y codificadores que aprovechan las nuevas tecnologías para atacar.

En los últimos años, los ciberataques han experimentado cambios. Estos son algunos de los más importantes en los últimos años y que han paralizando las actividades de grandes empresas y entidades gubernamentales:

En 2022, un grupo de ciberdelincuentes logró atacar a todo un país, Costa Rica, y provocar un caos en el gobierno. Los gobiernos de Brasil, México, Colombia y Perú también han sido objeto de la ciberdelincuencia.

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En el mismo año se registró la guerra híbrida de Rusia para desestabilizar a Ucrania, lo que provocó afectaciones a múltiples organizaciones gubernamentales, sin fines de lucro y de tecnología de la información, así como ataques a empresas como Rockstar y Uber.

En 2021, JBS, la procesadora de carne más grande del mundo, fue atacada con un ransomware que los obligó a frenar su producción en todo el mundo.

El mismo año, el operador de oleoductos Colonial Pipeline, en Estados Unidos, detuvo todas sus operaciones para hacer frente a la amenaza de ransomware.

En 2020, Twitter (ahora X) sufrió un ciberataque relacionado con la moneda virtual Bitcoin.

Empresas especializadas en la creación de soluciones de seguridad informática señalan que en el mundo digital se desarrollan diferentes patrones de delitos, entre los que destacan:

Phishing: un tipo de ataque de ingeniería social que se dirige al usuario y lo engaña mediante el envío de mensajes y correos electrónicos falsos para obtener información confidencial sobre el usuario.

Robo de identidad: cuando un ciberdelincuente utiliza los datos personales de otra persona, accede a información confidencial como números de tarjetas de crédito o fotografías personales para cometer un fraude o un delito.

Ataques DDoS: cuando un grupo de personas atacan a un servidor u ordenador desde muchos equipos a la vez, provocando que se colapse y deje de funcionar.

Acoso cibernético: los acosadores cibernéticos usan las redes sociales, los sitios web y los motores de búsqueda para intimidar a un usuario e infundir miedo. 

Ingeniería social: técnica que los ciberdelincuentes usan para ganarse la confianza del usuario y conseguir bajo la manipulación y el engaño datos confidenciales para vender o asegurar cuentas a su nombre.

Contenido prohibido/ilegal: los delincuentes comparten y distribuyen contenido inapropiado y ofensivo que incluye actividad sexual entre adultos, videos violentos y actividad delictiva. El contenido ilegal incluye materiales relacionados con el terrorismo y explotación infantil.

Estafas en línea: se presentan en forma de anuncios o correos electrónicos no deseados que incluyen promesas de recompensas u ofertas de cantidades de dinero.

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Kits de explotación: herramientas listas para usar y tener el control de las computadoras. Los delincuentes pueden comprar en línea y usar contra cualquier persona que tenga una computadora.

Cryptojacking: robo de criptomonedas o criptodivisas, se centra en el robo o secuestro de dispositivos de terceros con el fin de utilizarlos para minar estas criptomonedas.

Ciberespionaje: donde personas, grupos o empresas acceden a información secreta y/o sensible sin permiso del poseedor de la información.

Ataques de contraseña: intentos de robar o adivinar contraseñas para obtener acceso a un sistema o cuenta.

Malware: software o código informático diseñado para infectar, dañar o acceder a sistemas informáticos.

El malware puede clasificarse en las siguientes categorías:

Ataque de ransomware: malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos.

Spyware: se oculta en los dispositivos o red, controla su actividad y roba información confidencial como datos bancarios y contraseñas; se puede usar para cometer robo de identidad.

Gusanos: infecta un equipo y después se replica y se propaga al mayor número de dispositivos posible y permanece activo en todas las máquinas afectadas.

Adware: software no deseado que despliega publicidad invasiva en la computadora o teléfono que puede incluso conducir a sitios maliciosos.

Troyano: archivo, programa o fragmento de código que parece legítimo y seguro, engaña a las víctimas y toma el control de los dispositivos para causar cualquier tipo de daño.

Botnets: grupo de ordenadores controlados a distancia por un pirata informático que utiliza sus recursos combinados para llevar a cabo ataques contra sitios web, redes informáticas y servicios de Internet.

Cómo protegerse contra el cibercrimen

La seguridad cibernética no es simplemente un reto tecnológico, es un desafío para todos los que interactúan con ella. La protección al trabajo, la vida personal y los dispositivos digitales están entrelazados gracias a las redes sociales, el Internet de las Cosas y la conectividad.

Las compañías dedicadas a la seguridad recomiendan proteger los dispositivos, las redes y la información confidencial para evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia, ya que diariamente surgen nuevos tipos de delitos.

Estos son algunos consejos para proteger las computadoras y los datos personales 

• Mantener actualizado el software y el sistema operativo
• Utilizar contraseñas seguras
• Asegurar la red de Internet con una contraseña de cifrado fuerte y una VPN
• No compartir información personal en línea
• No abrir archivos adjuntos en correos electrónicos no deseados
• Tener cuidado con las redes Wi-Fi públicas
• No abrir enlaces o anuncios desconocidos
• No descargar contenido de dudosa procedencia
• Realizar copia de seguridad para respaldar la información
• Cultura de la ciberseguridad
• Proteger los datos financieros
• Asegurar la computadora y dispositivos móviles, colocando cortafuegos como la primera línea de ciberdefensa, utilizar software antivirus/malware, así como actualizar el sistema operativo

Ciertamente la tecnología facilita nuestra vida diaria, pero también nos hace propensos a amenazas digitales inesperadas y desconocidas. El cibercrimen se ha convertido en un gran negocio y el riesgo es una llamada de atención para los gobiernos y las empresas a nivel mundial. La prevención de amenazas a la seguridad cibernética es vital para disminuir los riesgos en la era digital.

En la era de la información y la tecnología, vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la digitalización ha transformado –como se repite a menudo– la forma como vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo.

Es indudable que la tecnología tiene beneficios y es una herramienta poderosa que puede mejorar la vida de las personas. La globalización de las comunicaciones y de la información ha hecho posible que personas de todo el orbe se conecten y compartan ideas, conocimientos y experiencias.

Sin embargo, bajo la superficie atractiva de esta revolución tecnológica se oculta un lado oscuro que a menudo pasa desapercibido: la colonización digital, una consecuencia de la globalización tecnológica.

¿Qué es el colonialismo digital?

Este fenómeno se refiere al poder y la influencia desproporcionada de las grandes empresas tecnológicas, de Internet y digitales en la cultura, la economía y la política de los países, generando dependencia y desequilibrios.

El término “colonialismo digital” describe cómo las grandes compañías y plataformas tecnológicas de países desarrollados como Estados Unidos y China, pero no exclusivamente, ejercen un control sobre la infraestructura, la economía y la cultura digital de países menos desarrollados, de manera análoga a cómo las potencias coloniales históricas controlaron territorios y recursos en el pasado.

Desde luego, el colonialismo digital es un concepto controvertido porque apela a un antecedente histórico de dominación de un país imperial sobre otro colonizado. En la era digital se traduce a las preocupaciones sobre el poder y la influencia de las grandes empresas tecnológicas y digitales globales y sus implicaciones en el resto de los países del mundo.

Quizá la diferencia más palpable con el colonialismo de los siglos precedentes, es que el colonialismo digital no sólo crea desequilibrios en las naciones menos desarrolladas, sino que también ejerce su influencia sobre países avanzados y con un desarrollo tecnológico considerable, pero que no tienen dentro de su economía y modo de desarrollo grandes corporaciones digitales que sean un contrapeso a las de Estados Unidos o China.

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El colonialismo digital implica una dependencia significativa de las tecnologías, plataformas y servicios ofrecidos por estas corporaciones tecnológicas extranjeras y sus respectivos países, lo cual lleva a múltiples desequilibrios y desafíos en diversas áreas.

Las grandes plataformas tecnológicas como Google, Amazon, Facebook (Meta) y Apple (las llamadas GAFA), pero no exclusivamente, han acumulado un inmenso poder económico y político en los últimos años, y son ampliamente aceptadas por la sociedad y los usuarios, lo cual no ocurría tan de buena gana con el colonialismo tradicional.

Su capacidad para desarrollar tecnología, fabricar equipos, recopilar datos, crear algoritmos sofisticados y ofrecer servicios digitales a gran escala les ha permitido influir en la vida cotidiana de miles de millones de personas en todo el mundo que utilizan sus productos, gadgets, redes sociales y servicios.

La colonización digital se manifiesta de varias formas, como la imposición de estándares, normas y valores culturales ajenos a las comunidades locales; la extracción y el uso de datos personales y colectivos sin el consentimiento o el beneficio para los usuarios; la creación de dependencia tecnológica y económica de los países periféricos hacia los países centrales; y la interferencia en los procesos democráticos y las decisiones políticas.

Es evidente que este poder tecnológico no está distribuido de manera equitativa y suele concentrarse en manos de unas pocas corporaciones con sede en unos pocos países desarrollados.

Características del colonialismo digital

Pero, ¿cuáles serían algunos rasgos distintivos del colonialismo digital?

La primera característica es que las grandes plataformas tecnológicas de países desarrollados dominan los servicios en línea, las redes sociales, el almacenamiento de datos y otros aspectos esenciales de la vida digital de las personas en los países en desarrollo.

Segundo, dichas naciones poco desarrolladas y sus ciudadanos pueden volverse dependientes de estas empresas para acceder a tecnologías y servicios esenciales, desde sistemas operativos y software hasta redes sociales y almacenamiento en la Nube. Esto puede limitar su capacidad para desarrollar y controlar su propia infraestructura tecnológica, en algo que se ha denominado “soberanía digital”.

El tercer aspecto a considerar es que las grandes empresas tecnológicas tienden a acumular enormes cantidades de datos de usuarios de todo el mundo. Este control de datos y metadatos puede tener implicaciones significativas en la privacidad y la seguridad de la información personal. Además de que les permite a las plataformas no sólo mejorar la calidad de sus servicios, también pueden diseñar nuevos modelos de negocio a partir de los datos conductuales de los usuarios, a veces sin su consentimiento.

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Un cuarto elemento es que la colonización digital puede afectar la cultura local y promover la homogeneización, ya que las plataformas globales a menudo promueven contenidos y valores occidentales –o incluso asiáticos– en detrimento de las culturas nacionales.

Sexto: las empresas tecnológicas extranjeras a menudo pueden eludir regulaciones locales y pagar impuestos mínimos, lo cual afecta negativamente la economía local y debilita la competencia con las empresas del territorio nacional.

Finalmente, el poder económico y la influencia política de las grandes empresas tecnológicas de Internet pueden ejercer una presión significativa sobre los gobiernos de los países, lo cual puede llevar a concesiones, políticas públicas y regulaciones que benefician a estas empresas en lugar de proteger el interés público.

Casos de colonialismo digital

Algunos ejemplos de colonialismo digital son la difusión de plataformas digitales como Meta, Google, Amazon o Netflix, que dominan el mercado global y ofrecen servicios y contenidos adaptados a sus intereses comerciales y culturales.

También la recolección masiva de datos por parte de estas empresas de Internet, que los utilizan para generar perfiles de los usuarios, personalizar la publicidad, influir en el comportamiento, ofrecerlos a terceros o cooperar con gobiernos autoritarios.

Uno de los aspectos más evidentes del colonialismo digital es la dependencia de los países en desarrollo de las infraestructuras, los dispositivos, los programas cibernéticos, las soluciones y los servicios tecnológicos provistos por las empresas tecnológicas, que por falta de condiciones estructurales carecen de un desarrollo óptimo de la ciencia y la tecnología, y ven limitada su capacidad de innovación.

Influencia cultural

Por lo tanto, la colonización digital tiene un impacto evidente en la cultura de las regiones menos desarrolladas del mundo. Es indudable que las plataformas y los servicios de las grandes empresas de Internet están moldeando las formas de comunicación, entretenimiento y consumo de información de las sociedades.

Un ejemplo incontrovertible es la influencia de las redes sociales en la cultura de los jóvenes de América Latina y el resto del mundo. Estas plataformas están impulsando la difusión de tendencias y valores culturales occidentales o asiáticos, lo cual desplaza las culturas locales.

Tampoco debemos radicalizar este punto: las propias plataformas de redes sociales como YouTube, Netflix, Spotify o TikTok han permitido la difusión de contenidos, valores y expresiones culturales que de otra manera no hubiera sucedido, gracias a la difusión que permiten tecnologías como los smartphones.

No obstante, las plataformas y servicios ofrecidos por las grandes empresas tecnológicas a menudo promueven una cultura global homogénea en detrimento de las expresiones locales, como es el caso de series y películas originales de Netflix, las cuales se producen bajo una lógica de consumo audiovisual global.

La predominancia de las redes sociales y el contenido generado por usuarios influencers, por mencionar otro caso, puede llevar a la pérdida de identidad cultural, la imitación y la promoción de valores en todo el mundo.

Además, estas plataformas tienen el poder de censurar, moderar o limitar la visibilidad de contenidos que no se ajusten a sus estándares, políticas de moderación o de la comunidad, lo cual afecta la libertad de expresión y la diversidad cultural.

Impacto económico

En el ámbito económico, el colonialismo digital puede tener efectos adversos en las economías locales. Las grandes empresas tecnológicas suelen eludir impuestos y regulaciones locales, lo que socava la capacidad de los gobiernos para recaudar ingresos y regular sus propios mercados.

Además, al controlar las plataformas y los servicios digitales que utilizan millones de personas, estas empresas pueden dictar las reglas del juego económico y favorecer a las empresas globales en detrimento de las pymes o startups locales.

Esto puede llevar a la concentración del poder económico digital en manos de unas pocas corporaciones extranjeras y debilitar la capacidad de las compañías locales para competir.

Efectos políticos

La colonización digital también tiene un impacto en la política de los países. Las herramientas digitales se expandieron por todos los aspectos existenciales y crearon una cotidianeidad reticular a través de la cual la comunicación fluye de forma instantánea e ininterrumpida.

Los líderes políticos y sus actos de comunicación hacia los gobernados también se ven presionados por la inmediatez de las redes sociales, a veces abrumados por una sobreinformación saturada de reacciones y toxicidad, a la cual los dirigentes políticos también contribuyen.

Las grandes empresas tecnológicas pueden influir en la opinión pública y la toma de decisiones políticas a través de la configuración de algoritmos y la difusión de desinformación, como ocurrió con la influencia de las redes sociales en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y el triunfo del ahora expresidente Donald Trump. Facebook, Twitter y YouTube fueron utilizadas para difundir noticias falsas y propaganda, lo cual tuvo un impacto significativo en el resultado de las elecciones.

Además, su poder económico les permite ejercer presión política sobre los gobiernos, las instituciones y los reguladores para obtener concesiones y ventajas regulatorias o legislativas. Esto puede llevar a un desequilibrio en el sistema político y socavar la democracia al permitir que el poder corporativo digital gobierne sobre el interés público.

¿Cómo enfrentar el colonialismo digital?

El colonialismo digital genera dependencia de las grandes empresas digitales que controlan aspectos clave de la vida moderna conectada, desde la comunicación hasta el acceso a la información y los servicios digitales esenciales.

Esta dependencia puede ser peligrosa, ya que estas plataformas tienen la capacidad de tomar decisiones unilaterales que afectan a millones de personas sin rendir cuentas a la sociedad en general.

Además, la concentración de riqueza, de poder y de influencia en manos de unas pocas corporaciones globales contribuye a la desigualdad económica y social en el mundo.

El colonialismo digital es un aspecto complejo que plantea serios desafíos porque la globalización es un fenómeno irreversible. Si bien la tecnología es una fuerza poderosa para el progreso y la innovación, es esencial reconocer y abordar el lado oscuro de la digitalización.

Lo anterior implica la necesidad de comprender cómo funciona la tecnología y usarla para promover la diversidad cultural, el derecho a la información, la libertad de expresión y la defensa de la innovación y el emprendedurismo locales.

Sólo a través de un enfoque equitativo y colaborativo podemos mitigar los efectos neocoloniales de la globalización tecnológica y digital y asegurar que la tecnología beneficie a todos, en lugar de concentrar el poder en manos de unos pocos.

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Para abordar estos desafíos, es importante que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil trabajen en la promoción de regulaciones con conocimiento de causa de la naturaleza de la tecnología y con un enfoque de derechos humanos, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo y una distribución justa de los beneficios de la era digital.

La colonización digital es un problema que pone en riesgo la diversidad cultural, la privacidad, la democracia y el desarrollo sostenible.

¿Es posible contrarrestar el colonialismo digital?

Es complejo porque vivimos en un mundo global e hiperconectado. Los países en desarrollo deben invertir en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación, para reducir su dependencia de las tecnologías extranjeras.

También se puede fomentar el desarrollo y el uso de tecnologías libres, abiertas y descentralizadas, que respeten los derechos humanos.

Es posible regular con conocimiento el poder de las grandes empresas tecnológicas, para evitar que abusen de su posición dominante.

Asimismo, se debe alfabetizar a la población sobre los riesgos del colonialismo digital y las oportunidades de la tecnología, así como sobre sus derechos y responsabilidades como ciudadanos digitales, para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre el uso de las tecnologías digitales.

Finalmente, es urgente apoyar la creación y la difusión de contenidos digitales en los idiomas locales, que reflejen la diversidad cultural y lingüística del mundo.

La sociedad del conocimiento es “una sociedad bien educada, que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu empresarial y el dinamismo de su economía”, así la define la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta descripción pretende atender las necesidades de la vida postmoderna en la que prevalecen los conocimientos y las habilidades humanas por encima de los trabajos de fuerza física y los trabajos repetitivos que hasta ahora fueron predominantes en algunas áreas de la sociedad.

Sin embargo, muchas personas alrededor del mundo temen por que la tecnología les quite el trabajo, y no es un temor del todo irreal.

Un estudio de McKinsey Global Institute (MGI) destaca que para 2030, entre 400 y 800 millones de personas serán desplazadas de sus puestos, ya que sus trabajos han sido automatizados.

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Rápidamente las herramientas de automatización se toman los trabajos del mundo en fábricas, limpieza, seguridad y análisis de datos, entre otros, con el fin llevar a cabo procesos más eficientes, ágiles y autónomos para optimizar costos en las industrias.

Con la promesa de fortalecer a la sociedad del conocimiento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asegura que la automatización creará unos 58 millones de nuevos empleos.

Si se comparan las cifras de MGI y el BID, aún está pendiente el empleo de entre 342 a 742 millones de personas, un escenario que sigue siendo desolador.

Tal y como sucedió durante la Primera Revolución Industrial en el siglo XVIII, algunos trabajos serán reemplazados por máquinas como consecuencia de la evolución misma. A su vez, otros tantos vinculados a esa nueva tecnología nacerán.

Así que evitar ser reemplazado es imposible.

Lo que sí se puede hacer es fortalecer a la sociedad del conocimiento para amplificar las ventajas de la tecnología en cada escenario laboral, pues hay aspectos que la tecnología y la automatización no han logrado penetrar.

Por ejemplo, el mundo ya conoce los vehículos autónomos, pero no existen motocicletas, ni bicicletas autónomas. También existe ChatGPT, que le explica a un usuario con claridad cuáles pueden ser la diferencias de celulares o escribe un texto para algún tema, pero sigue siendo incapaz de hablar con fluidez sobre temas actuales (cuando no existe suficiente información en la web) o de imprimir a los textos algún tipo de sentimiento; en este sentido, expresiones artísticas como la poesía y la literatura romántica resultan invisibles para estas herramientas o insípidas, cuando logran hacerlo.

Pero todo lo anterior son características naturales para las personas.

Así, el surgimiento de nuevos entornos laborales y la mejora de los actuales se dará gracias al uso de esta tecnología como un medio y no como el fin último de la transformación laboral. Además, debe hacerse desde la combinación con el capital humano de las empresas.

Es decir, no basta con incorporar una nueva tecnología en algún proceso de la empresa si no cuenta también con un análisis de su impacto y de los roles que van a ocupar las personas tras su implementación.

El rol de los sectores para crear la sociedad del conocimiento

El camino hacia una sociedad del conocimiento suena prometedor y lo es, pero no significa nada si las personas no desarrollan esos conocimientos; en cambio, se convierte en una bonita forma de llamar al desplazamiento laboral y a la ausencia de mano de obra para llevar a cabo ciertas tareas.

Para evitar que eso suceda, el sector público y privado tienen un rol indispensable en la creación y el fortalecimiento de las habilidades digitales que serán necesarias en la elaboración, el funcionamiento, la reparación y la subsistencia de este modelo.

Bajo el propósito de avanzar hacia un entorno laboral optimizado que contemple a todos los trabajadores e incluya la automatización y la tecnología, es necesario crear escenarios de trabajo vinculantes entre empresas y gobiernos.

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Lograrlo dependerá del diálogo constante entre industrias, en donde se compartan experiencia, buenas prácticas y se planteen alternativas sobre una posible regulación o la libertad de la exploración; es el camino ideal para conseguir un verdadero desarrollo social.

No obstante, el momento que enfrenta la sociedad actual respecto a la automatización sigue siendo un camino por descubrir.

Como sucede con muchas tecnologías, las dudas y respuestas se presentarán en el proceso y la evolución de la misma, por lo que será cuestión de tiempo encontrar nuevos caminos que permitan vincular mejor a cada sector y garantizar la protección de los trabajadores.

Por lo pronto, mientras el mundo transita este camino, el principal desafío es educar a la mayor cantidad de personas posible para que se sumen a este proceso y sea un camino que transiten todas las personas desde sus propias realidades.

Cuando Apple lanzó su tarjeta de crédito en 2019, usuarios, especialistas y legisladores de Estados Unidos se dieron cuenta de que la empresa de la manzana otorgaba líneas de crédito más bajas a las mujeres. Es decir, partía del sesgo de género referente a que las mujeres tenían menos posibilidades de pagar que los hombres.

Y no sólo es el caso de Apple: situaciones similares se han replicado en otros servicios financieros que utilizan algoritmos para determinar la asignación de préstamos, líneas de crédito, financiamientos, hipotecas y servicios relacionados.

Usualmente, los bancos utilizan sistemas de puntaje para decidir a quién es posible aprobar un crédito y qué tanto dinero prestarle, con base en su historial de pago y su carga de deuda. Ahora en la era digital, las empresas usan la Inteligencia Artificial (IA) para calcular una suerte de puntaje electrónico que permite calificar a las personas. 

El problema es que los criterios que usa la IA para determinar a quién sí y a quién no otorgar una línea de crédito no siempre son transparentes. En su libro Armas de destrucción matemática, Cathy O’Neil explica cómo a veces la solvencia de una persona se establece con base en una mezcolanza de datos como el código postal, los patrones de navegación o los hábitos de compra en línea.

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Si vives en un barrio popular según la ubicación desde donde te conectas a Internet o navegas desde una computadora antigua; o si eres ama de casa o una madre soltera (de acuerdo con los datos de tu comportamiento en línea), probablemente no tengas dinero suficiente para pagar. Eso es lo que dice el peligroso sesgo algorítmico.

Además de Cathy O’Neil, diversos estudios ―académicos y de gobiernos como el de Estados Unidos― han advertido los riesgos de que los sistemas de Inteligencia Artificial repliquen sesgos existentes en el mundo, relacionados con la desigualdad de género, el racismo o las clases sociales, por ejemplo.

Los sistemas de IA son tecnologías de procesamiento de la información que integran modelos y algoritmos, los cuales pueden aprender y realizar tareas cognitivas para predecir resultados y tomar decisiones, tanto en entornos virtuales como materiales, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Sesgos en la Inteligencia Artificial

¿Cómo puede discriminar la tecnología? ¿Los algoritmos son sexistas y misóginos? En estricto sentido, los sistemas de IA no reproducen por sí mismos los sesgos que permean en la sociedad, sino que son alimentados y entrenados con conjuntos de datos. Esto implica que si la información de la que se nutre en un principio es sesgada entonces el algoritmo también tendrá puntos ciegos.

¿Cómo abordar los sesgos de la IA?

Más allá del género, el sesgo algorítmico presenta riesgos para la seguridad, la justicia, o el ejercicio de derechos. Se han registrado casos en los que los sistemas de reconocimiento facial que usan la IA cometen más errores al identificar a personas de color con más frecuencia que a personas blancas. Esto puede desencadenar detenciones arbitrarias e inclusive impunidad.

Un estudio de Georgia Tech también encontró que algunos sistemas de Inteligencia Artificial implementados en los vehículos autónomos tenían un desempeño deficiente al detectar personas de piel oscura, lo cual puede poner en riesgo la vida de estos peatones.

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Los casos en los que se manifiesta el sesgo algorítmico parecen haber sido sacados de un capítulo de Black Mirror. Pero en realidad la Inteligencia Artificial es una tecnología muy poderosa que puede tener un impacto positivo en la productividad de los países, el crecimiento económico e incluso en la resolución de problemas sociales. Los sistemas de IA ya están siendo utilizados en estudios para prevenir enfermedades como el cáncer o el Alzheimer.

Sin embargo, el aprovechamiento ético e inclusivo de la Inteligencia Artificial depende de que los datos con los que son creados y entrenados los algoritmos sean lo suficientemente confiables, transparentes, diversos e inclusivos. 

Por ejemplo, si un producto o servicio está dirigido al público masivo en el ámbito de la salud, es importante que se tomen en cuenta los datos de mujeres, hombres, la comunidad sexo diversa, las personas afrodescendientes, los grupos indígenas, y un largo etcétera.

Abordar los sesgos en los algoritmos de la IA tiene que ser una tarea temprana, de la que los gobiernos, empresas, la academia y organizaciones tomen acción desde el momento uno; es decir, que se eviten y se prevengan, pues los daños generados a partir de esta visión con puntos ciegos pueden ser amplios: desde la discriminación hasta la exclusión social.

En ese análisis y toma de conciencia de los sesgos, las empresas tecnológicas juegan un rol esencial. En 2019, tras recibir críticas contra su tarjeta de crédito, Apple negó que su tecnología tuviera algún sesgo de género, ya que sostuvo que ser hombre o mujer ni siquiera era un elemento que se evaluara al brindar la tarjeta.

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La compañía tecnológica simplemente dijo que el género quedó fuera de la ecuación. Pero los algoritmos no pueden ignorar una realidad social, y Apple no explicó cómo estaba abordando esta problemática para que su tecnología fuera realmente inclusiva.

¿Cómo abordar los sesgos en los algoritmos?

1. Identificar los contextos en los que la IA puede ayudar a corregir los sesgos y aquellos en los que existen riesgos altos de exacerbar desigualdades sociales.
2. Establecer procesos y prácticas de prueba para mitigar los sesgos en los sistemas de IA.
3. Participar en la discusión rigurosa acerca de los potenciales sesgos en las decisiones humanas.
4. Explorar profundamente cómo humanos y máquinas pueden trabajar mejor juntos.
5. Invertir más en la investigación sobre los sesgos de los algoritmos, poner más datos a disposición de la investigación y adoptar un enfoque multidisciplinario.
6. Invertir más en la diversificación del campo de la Inteligencia Artificial.

Fuente: McKinsey

También es importante que los grupos técnicos encargados del entrenamiento de la Inteligencia Artificial sean diversos e inclusivos. Hoy en día las mujeres y las minorías étnicas y sexuales, al igual que otros grupos sociales, están subrepresentadas en los equipos de ingenieros y científicos de datos.

Cuando sólo el grupo con más privilegios en la sociedad se sienta a la mesa de las decisiones importantes, es probable que muchas problemáticas y variables queden fuera y se generen mecanismos de exclusión. Una aplicación de salud puede no tomar en cuenta que las mujeres menstrúan y pasan por la menopausia, por ejemplo, o que hay una mayor predisposición genética de ciertas etnias a determinados padecimientos.

Por eso, la Unesco elaboró una serie de recomendaciones para el uso ética de la IA. Especialmente, el organismo advierte la necesidad de abordar los riesgos de los sesgos algorítmicos durante todas las etapas de sus ciclos de vida: esto contempla la investigación, la concepción, el desarrollo, el despliegue y utilización.

Los sistemas de Inteligencia Artificial ya están presentes en casi cualquier ámbito de la vida: en la publicidad dirigida de las redes sociales, los asistentes de voz como Alexa o Siri, el sistema GPS de tu coche o en los comercios electrónicos. Su adopción seguirá creciendo, y al mismo tiempo debe haber un escrutinio riguroso sobre sus repercusiones éticas y de la responsabilidad empresarial de quienes implementan los algoritmos.

“¡Buenos días! Y si no los veo, buenas tardes y buenas noches”, saluda Truman Burbank dando inicio a la icónica The Truman Show. Todavía no percibe que toda su vida es transmitida en vivo las 24 horas a través de miles de cámaras escondidas dentro de una ciudad, su ciudad, que en realidad es un set de grabación, responsable del programa más visto de todos los tiempos.

En la ficción y en la realidad han ocurrido desde 1998 —año de estreno del film— hasta ahora más cambios tecnológicos y culturales que los que podrían mencionarse en un único texto, pero se intentará abordar uno en particular: la evolución de la vigilancia masiva, sus casos más resonantes y la lucha para que la tecnología no sea aliada de malas prácticas que pongan en riesgo los derechos básicos de las personas.

Vigilancia masiva

La vigilancia masiva consiste en el monitoreo, en el seguimiento a gran escala de la población, a través de la recolección de datos con uso de la tecnología; también se puede dar a través del seguimiento de las comunicaciones de las personas.

Hay distintos formatos en los cuales puede incorporarse, pero todos ellos tienen el potencial de atentar contra los derechos humanos, ya sea a partir de algo básico como el desconocimiento de las personas de las tareas realizadas en su entorno, por el uso indiscriminado de datos sin autorización e incluso por errores producto de arbitrariedades o malas interpretaciones de la realidad.

Todos estos puntos contrastan con la premisa de quienes justifican iniciativas de este tipo: el concepto de seguridad nacional y los mecanismos para defenderla deben contemplar, sin atenuantes, el resguardo de los derechos de las personas.

“Nuestra postura es que se desactiven estos sistemas”, respondió a DPL News la abogada y especialista en la materia, Francia Pietrasanta, quien desempeña funciones como oficial jurídica en Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Desde 2014, R3D, como se le conoce a la organización, desarrolla y aplica estrategias de investigación, incidencia y comunicación y litigio estratégico para “asegurar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la no discriminación, el acceso a las tecnologías de la información, al conocimiento y a la cultura libre”.

Funciona en México y, al mismo tiempo, presenta acuerdos de escala internacional y participa de foros de interés en todo el mundo.

Reconocimiento facial

Una cámara en la vía pública puede ser utilizada por los gobiernos como forma de control, sí, aunque su impacto en los derechos de las personas tiene, en general, un potencial menor que en las alternativas de reconocimiento facial.

Estas otras “ponen en riesgo muchos derechos a la vez”, indicó Pietrasanta, y detalló algunos: “derechos digitales, a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, incluso al debido proceso por su uso para detenciones arbitrarias resultado de sesgos, tanto en quienes crean los sistemas como por bases de datos entrenadas con cierto tipo de rostros”.

Entonces, ¿qué es el reconocimiento facial? Se trata de una tecnología de identificación biométrica que, a partir de ciertos rasgos característicos del rostro, busca establecer la identidad de una persona.

Es menos precisa que otras, como la lectura de huellas dactilares, pero no requiere contacto físico, lo que permite su despliegue, por ejemplo, en el espacio público con fines de vigilancia a gran escala y sin que quienes están siendo sujetos a su escrutinio sean necesariamente conscientes de ellos, inicia el documento Reconocimiento facial en América Latina, presentado por la organización de derechos digitales AlSur, de la que R3D es parte.

El mecanismo depende de tres sistemas: una forma de capturar imágenes, un software para analizarlas y una base de datos para hacer la comparación. En sus tres componentes hay peligro de arbitrariedad.

El informe mapea 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial en nueve países de América Latina. Del total, 22 se encontraban activos al momento de la publicación (2021), cinco fueron desactivados por orden judicial o fallas y el resto estaban en etapas de piloto o proceso de implementación. “El 60 por ciento de ellos no tiene base legal específica que la avale”, expuso Pietrasanta.

Algo más: la mayoría del porcentaje restante está compuesto por normativas que no refieren específicamente la utilización de reconocimiento facial o datos biométricos, sino que se trata de una “interpretación amplia de normativas referidas al uso de otro tipo de tecnologías que se quieren analogar al reconocimiento facial con argumentos dudosos o facultades específicas que podrían cumplirse mediante la utilización de reconocimiento facial”, analiza el reporte.

Entre las propuestas de reconocimiento facial que han sido incorporadas en América Latina, figuran en el informe un sistema puesto en marcha para el Tigre NeoCenter, en la localidad homónima de Buenos Aires, en Argentina; otro para el metro de São Paulo, en Brasil; un sistema para la televigilancia de la municipalidad de San Joaquín, en Chile; pruebas de implementación de cámaras de reconocimiento facial en Bogotá, Colombia, y la contratación de la china Dahua para la implementación de un sistema de videovigilancia en el estado de Coahuila, en México.

Fuera de la región, en tanto, Pietrasanta consideró que “Estados Unidos es un ejemplo para decir que esto no sirve, porque se produjeron casos de personas afrodescendientes utilizando sistemas arbitrarios”.

También mencionó como caso de análisis el del Reino Unido y, principalmente, China, donde “incluso se condiciona el acceso a servicios públicos a la entrega de datos biométricos”, como reconocimiento facial, huella dactilar y otros.

En ninguno de estos casos, claro, la responsabilidad no es de la tecnología sino de cómo se utiliza: “No estamos en contra de la tecnología. Tiene que servir para eficientizar tareas, no para amplificar y hacer perpetuas las brechas que han existido siempre”, cerró.