“¡Buenos días! Y si no los veo, buenas tardes y buenas noches”, saluda Truman Burbank dando inicio a la icónica The Truman Show. Todavía no percibe que toda su vida es transmitida en vivo las 24 horas a través de miles de cámaras escondidas dentro de una ciudad, su ciudad, que en realidad es un set de grabación, responsable del programa más visto de todos los tiempos.
En la ficción y en la realidad han ocurrido desde 1998 —año de estreno del film— hasta ahora más cambios tecnológicos y culturales que los que podrían mencionarse en un único texto, pero se intentará abordar uno en particular: la evolución de la vigilancia masiva, sus casos más resonantes y la lucha para que la tecnología no sea aliada de malas prácticas que pongan en riesgo los derechos básicos de las personas.
Vigilancia masiva
La vigilancia masiva consiste en el monitoreo, en el seguimiento a gran escala de la población, a través de la recolección de datos con uso de la tecnología; también se puede dar a través del seguimiento de las comunicaciones de las personas.
Hay distintos formatos en los cuales puede incorporarse, pero todos ellos tienen el potencial de atentar contra los derechos humanos, ya sea a partir de algo básico como el desconocimiento de las personas de las tareas realizadas en su entorno, por el uso indiscriminado de datos sin autorización e incluso por errores producto de arbitrariedades o malas interpretaciones de la realidad.
Todos estos puntos contrastan con la premisa de quienes justifican iniciativas de este tipo: el concepto de seguridad nacional y los mecanismos para defenderla deben contemplar, sin atenuantes, el resguardo de los derechos de las personas.
| “Quienes están mirando estos datos están buscando criminales. Tú podrías ser la persona más inocente del mundo, pero si alguien programado para buscar patrones de criminalidad mira tus datos no va a encontrarte a vos, va a encontrar a un criminal.” Edward Snowden, ex analista de la CIA y de la NSA (fuente: Amnistía Internacional). |
“Nuestra postura es que se desactiven estos sistemas”, respondió a DPL News la abogada y especialista en la materia, Francia Pietrasanta, quien desempeña funciones como oficial jurídica en Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Desde 2014, R3D, como se le conoce a la organización, desarrolla y aplica estrategias de investigación, incidencia y comunicación y litigio estratégico para “asegurar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la no discriminación, el acceso a las tecnologías de la información, al conocimiento y a la cultura libre”.
Funciona en México y, al mismo tiempo, presenta acuerdos de escala internacional y participa de foros de interés en todo el mundo.
Reconocimiento facial
Una cámara en la vía pública puede ser utilizada por los gobiernos como forma de control, sí, aunque su impacto en los derechos de las personas tiene, en general, un potencial menor que en las alternativas de reconocimiento facial.
Estas otras “ponen en riesgo muchos derechos a la vez”, indicó Pietrasanta, y detalló algunos: “derechos digitales, a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, incluso al debido proceso por su uso para detenciones arbitrarias resultado de sesgos, tanto en quienes crean los sistemas como por bases de datos entrenadas con cierto tipo de rostros”.
Entonces, ¿qué es el reconocimiento facial? Se trata de una tecnología de identificación biométrica que, a partir de ciertos rasgos característicos del rostro, busca establecer la identidad de una persona.
Es menos precisa que otras, como la lectura de huellas dactilares, pero no requiere contacto físico, lo que permite su despliegue, por ejemplo, en el espacio público con fines de vigilancia a gran escala y sin que quienes están siendo sujetos a su escrutinio sean necesariamente conscientes de ellos, inicia el documento Reconocimiento facial en América Latina, presentado por la organización de derechos digitales AlSur, de la que R3D es parte.
El mecanismo depende de tres sistemas: una forma de capturar imágenes, un software para analizarlas y una base de datos para hacer la comparación. En sus tres componentes hay peligro de arbitrariedad.
El informe mapea 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial en nueve países de América Latina. Del total, 22 se encontraban activos al momento de la publicación (2021), cinco fueron desactivados por orden judicial o fallas y el resto estaban en etapas de piloto o proceso de implementación. “El 60 por ciento de ellos no tiene base legal específica que la avale”, expuso Pietrasanta.
Algo más: la mayoría del porcentaje restante está compuesto por normativas que no refieren específicamente la utilización de reconocimiento facial o datos biométricos, sino que se trata de una “interpretación amplia de normativas referidas al uso de otro tipo de tecnologías que se quieren analogar al reconocimiento facial con argumentos dudosos o facultades específicas que podrían cumplirse mediante la utilización de reconocimiento facial”, analiza el reporte.
Entre las propuestas de reconocimiento facial que han sido incorporadas en América Latina, figuran en el informe un sistema puesto en marcha para el Tigre NeoCenter, en la localidad homónima de Buenos Aires, en Argentina; otro para el metro de São Paulo, en Brasil; un sistema para la televigilancia de la municipalidad de San Joaquín, en Chile; pruebas de implementación de cámaras de reconocimiento facial en Bogotá, Colombia, y la contratación de la china Dahua para la implementación de un sistema de videovigilancia en el estado de Coahuila, en México.
Fuera de la región, en tanto, Pietrasanta consideró que “Estados Unidos es un ejemplo para decir que esto no sirve, porque se produjeron casos de personas afrodescendientes utilizando sistemas arbitrarios”.
También mencionó como caso de análisis el del Reino Unido y, principalmente, China, donde “incluso se condiciona el acceso a servicios públicos a la entrega de datos biométricos”, como reconocimiento facial, huella dactilar y otros.
En ninguno de estos casos, claro, la responsabilidad no es de la tecnología sino de cómo se utiliza: “No estamos en contra de la tecnología. Tiene que servir para eficientizar tareas, no para amplificar y hacer perpetuas las brechas que han existido siempre”, cerró.
