Brasilia. La discusión sobre la neutralidad de red volvió a la agenda de las telecomunicaciones. El presidente de Telebrasil y CEO de TIM Brasil, Alberto Griselli, afirmó en conversación con periodistas que el modelo actual previsto en el artículo 9º del Marco Civil de Internet está “obsoleto” frente a las nuevas demandas traídas por la Inteligencia Artificial y los servicios digitales más sofisticados.

Para el ejecutivo, el principio de tratar todo el tráfico de manera igualitaria ya no acompaña las exigencias técnicas y económicas de la nueva generación de aplicaciones digitales, especialmente en servicios críticos que requerirán baja latencia, alta confiabilidad y priorización de red.

“Hoy estamos hablando de una ley totalmente democrática, donde todos son tratados de la misma manera. En el futuro tendremos necesidad de tratar de maneras diferentes situaciones diferentes”, señaló durante la conferencia en el Painel Telebrasil.

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Griselli defendió una flexibilización de las reglas de neutralidad para permitir modelos diferenciados de gestión y cobro de la red según el tipo de servicio prestado. Citó como ejemplo aplicaciones vinculadas a Inteligencia Artificial, autos conectados y drones, que exigirían estándares distintos de conectividad en comparación con servicios tradicionales de streaming consumidos por el usuario común.

Aunque evitó utilizar el término “Fair Share” cuando fue mencionado —asociado a la defensa de las telcos de que las Big Tech contribuyan al financiamiento de la infraestructura—, Griselli afirmó que el sector busca una “isonomía” regulatoria entre plataformas digitales y operadoras de telecomunicaciones.

El ejecutivo sostuvo además que hoy existen diferencias relevantes en tributación, obligaciones regulatorias, relación con los consumidores y contribuciones sectoriales. “Estamos sujetos a un conjunto de regulaciones que nos corresponden. La idea es tener un tratamiento isonómico moderno frente a la evolución del sector”, aseveró.

El ejecutivo indicó que el cambio podría ocurrir primero en la práctica, antes de cualquier modificación formal en la legislación. Agregó que mecanismos como el network slicing ya permiten crear segmentos específicos de la red para determinados servicios, incluso con posibilidad de cobro diferenciado.

Telecomunicaciones como política de Estado

Al defender una actualización regulatoria, Griselli declaró que el sector de telecomunicaciones ya se consolidó como una política de Estado en Brasil. Explicó que el avance de la conectividad desde la privatización demuestra que el país logró construir una infraestructura amplia y relativamente accesible incluso frente a dimensiones continentales.

“Brasil tiene hoy una disponibilidad muy alta de servicio”, dijo. Destacó que el 4G ya cubre todos los municipios brasileños y que la cobertura del 5G está cerca de alcanzar al 70% de la población.

En la evaluación del presidente de Telebrasil, el modelo brasileño se convirtió en una referencia internacional en algunos aspectos, especialmente después de la subasta no recaudatoria de 5G, que destinó recursos a compromisos de cobertura en lugar de maximización fiscal.

También señaló que el país posee una tradición de compartición de infraestructura entre operadoras, algo que considera esencial para la viabilidad económica de la expansión de las redes en áreas rurales y menos densamente pobladas.

A pesar de ello, Griselli advirtió que el éxito alcanzado hasta ahora “no garantiza el éxito futuro”. Para el directivo, Brasil necesitará adaptar su arquitectura regulatoria al nuevo ciclo tecnológico marcado por la Inteligencia Artificial y por la convergencia entre telecomunicaciones, plataformas digitales y servicios.

“La regulación hoy sigue siendo bastante verticalizada. El mundo está avanzando hacia algo más horizontal”, afirmó.

El ejecutivo también volvió a criticar el peso de la carga tributaria sobre el sector y defendió cambios en fondos sectoriales como el Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust) y el Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones (Fistel). Expuso que el modelo actual termina contradiciendo el carácter esencial de los servicios de telecomunicaciones.

Por último, sobre seguridad regulatoria, Griselli mostró preocupación por las incertidumbres relacionadas con la renovación de frecuencias como la banda de 850 MHz. En la evaluación del presidente de Telebrasil, las decisiones sobre espectro deben tratarse dentro de una lógica de largo plazo, ya que impactan directamente en los ciclos de inversión de las operadoras.

La Corte Constitucional de Colombia declaró como inconstitucional la práctica de “zero rating”, un mecanismo mediante el cual se otorga acceso gratuito y sin consumir datos a aplicaciones específicas como Facebook, WhatsApp y correo electrónico, entre otras, por considerarla una violación al principio de la neutralidad de la red.

La decisión, que quedó en firme bajo la sentencia C-206 de 2025 y respaldada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Natalia Ángel Cabo, se adoptó tras revisar una demanda contra el numeral 1 del artículo 56 de la ley Ley 1450 de 2011, la cual determina que “los prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de lo segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación”.

Según el alto tribunal, la práctica de zero rating que utilizan los operadores puede llegar a desconocer el principio de neutralidad de la red y generar desigualdades sobre el respeto al pluralismo informativo y la libertad de expresión.

De acuerdo con esta decisión, los operadores móviles no pueden seguir imponiendo contenidos o aplicaciones específicas sin el consentimiento expreso de los usuarios.

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Sin embargo, la decisión no obliga a los operadores a dejar de ofrecer planes con beneficios de este tipo, pero sí exige que sean los usuarios quienes elijan libremente.

“Lo más importante es que el usuario tenga la posibilidad de escoger tranquilamente y pueda a su turno, disponer de todos los mecanismos en igualdad de condiciones para acceder a un servicio que es esencial hoy en día”, afirmó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, según la prensa local.

Además, el alto tribunal enfatizó que “la protección a la libertad de expresión y el pluralismo informativo se traslada al entorno digital, por lo que el Estado no sólo debe impedir censura directa o indirecta, sino también evitar desigualdades en el acceso, producción y consumo de información en la red”.

La Corte Constitucional aún no ha publicado el texto completo de la sentencia y se espera que las compañías de telecomunicaciones abandonen esta práctica a partir de mayo de 2026, puesto que esta decisión difiere su obligatoriedad en un año.

Proceso Jorge Bravo

En lugar de responder a las demandas de conectividad, inclusión digital y libertad de expresión, la iniciativa de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión está diseñada para concentrar poder, censurar y restringir, no para ampliar derechos, fomentar pluralidad ni promover un ecosistema digital convergente.

Presentada y aprobada en comisiones legislativas a un ritmo acelerado, la iniciativa representa un retroceso en el marco jurídico de telecomunicaciones y radiodifusión en México. El país enfrenta una encrucijada: abrazar la digitalización con base en derechos o volver a modelos centralistas y oficialistas que priorizan la verticalidad del poder por encima de los servicios públicos de interés general.

Uno de los ejes más preocupantes de la propuesta es la concentración de poder y atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un órgano subordinado al Ejecutivo federal que concentrará funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona.

Este diseño institucional rompe con el principio de independencia regulatoria, pone en entredicho la imparcialidad en la toma de decisiones y contradice lo estipulado por el T-MEC, que exige que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente.

La propuesta legal contempla la facultad de la ATDT para bloquear plataformas digitales mediante lineamientos administrativos. Cualquier aplicación o servicio digital podría ser bloqueado. Esto no sólo vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información: representa una peligrosa concentración de poder que coloca en manos de una autoridad administrativa la capacidad de silenciar voces, controlar el acceso a contenidos y limitar derechos habilitados por internet como educación, salud, cultura o movilidad.

Este afán controlador se confirma en otro apartado: la exigencia de autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos audiovisuales patrocinados por gobiernos extranjeros. La censura previa es rechazada por tratados internacionales de derechos humanos. Introducirla en pleno siglo XXI revela una visión anacrónica, autoritaria y profundamente desconectada del ecosistema informativo global.

Otro punto grave es la eliminación del régimen de propiedad cruzada de medios. La legislación vigente contiene disposiciones destinadas a evitar la concentración de frecuencias y mercados, elementos esenciales para preservar la pluralidad informativa. Suprimir estas salvaguardas legales abre la puerta a una mayor concentración mediática y de frecuencias, debilitando la diversidad de voces y contenidos en un país que ya enfrenta serios desafíos en materia de pluralismo informativo.

La iniciativa también amenaza la neutralidad de la red. Al suprimir los lineamientos técnicos que garantizaban que los proveedores de servicios de internet no discriminaran contenidos ni limitaran el acceso o la velocidad contratada. La neutralidad de la red es una condición para garantizar que todos los usuarios tengan acceso igualitario a los contenidos y servicios disponibles en línea.

No se detiene ahí: la ley contempla un registro de usuarios móviles, un intento ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte por poner en riesgo la privacidad, la protección de datos personales y abrir la puerta al ciberespionaje institucional.

En el ámbito de la radiodifusión pública, la iniciativa elimina los principios establecidos en la reforma constitucional de 2013: independencia editorial, autonomía financiera, participación ciudadana y acceso a tecnologías. La omisión no es casual; busca consolidar medios oficialistas bajo control vertical, debilitando su misión como garantes del derecho a la información plural y culturalmente diverso.

A los medios comunitarios, sociales, indígenas y afromexicanos se les apoya con migajas. Aunque se les reserva 10% del espectro en FM y una mínima capacidad de comercialización de 40 segundos por hora, estos medios requieren más espacio en el espectro, mayor acceso a financiamiento público federal y libertad de organización para representar genuinamente la voz de las comunidades que sirven.

En cuanto al acceso a servicios digitales, la propuesta no soluciona uno de los principales obstáculos a la conectividad en México: el costo elevadísimo del espectro radioeléctrico, uno de los más caros del mundo.

Espectro caro equivale a conectividad limitada y exclusión digital. Si el Estado realmente quiere cerrar la brecha digital, debe repensar su política fiscal en esta materia. Más que recaudar a corto plazo, el verdadero beneficio económico y social del espectro está en su uso intensivo para habilitar redes, servicios e innovación en todo el territorio.

Por si fuera poco, los operadores públicos como CFE Telecom e Internet para Todos están compitiendo en mercados urbanos y rentables, en lugar de concentrarse en su misión social: llevar conectividad a las comunidades rurales, marginadas y desconectadas. Se desvirtúa así su razón de ser y se desperdician o trasladan a actores privados recursos públicos que deberían destinarse a cerrar la brecha digital del país. Las redes públicas deben operar con total transparencia, bajo objetivos medibles de cobertura y sin ninguna posibilidad de censura de contenidos o plataformas digitales.

México necesita una política digital basada en derechos, no en controles. Necesita instituciones técnicas, independientes, que regulen con base en evidencia y no en intereses políticos. Necesita fortalecer su ecosistema de medios públicos y comunitarios, ampliar el acceso al espectro y garantizar una internet abierta, plural, incluyente y segura.

La nueva ley telecom no responde a estos desafíos. Aún hay tiempo para corregir el rumbo. La digitalización del país no puede construirse sobre una arquitectura legal diseñada para controlar, cuando lo que urge es conectar, digitalizar, habilitar y democratizar el acceso a las tecnologías. Porque sin inclusión digital, no hay democracia plena.

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X: @beltmondi

El pago de las Big Tech por el tráfico de datos (tema que agita discusiones regulatorias en Brasil y en el mundo) no violaría la neutralidad de la red. Esta es la evaluación del profesor Ricardo Campos, doctor en derecho e investigador de la Universidad Goethe de Frankfurt y autor del libro La Nueva Relación entre Infraestructura y Servicios Digitales.

Según el especialista, el principio de neutralidad, que garantiza un trato igualitario para los datos en Internet, no debe ser invocado como una barrera absoluta a nuevas formas de organización del ecosistema.

“Todo en el derecho debe ser visto a partir de la situación, de la estructura del mercado de forma concreta y no de forma abstracta, como un principio casi sacrosanto”, afirma Campos. El especialista defiende que es necesario evaluar si una medida específica de retribución viola o no la neutralidad, y no descartar el debate basándose sólo en principios abstractos.

Para el jurista, el centro de la discusión está menos en el “si” puede haber un pago, y más en el “cómo” debe estructurarse para garantizar legitimidad, transparencia y proporcionalidad.

Advierte que el modelo debe ser cuidadosamente diseñado para evitar abusos y preservar la libertad en la red. “Hay que saber si esa medida concreta diferencia velocidades a partir del contenido”, explicó, al señalar lo que realmente caracterizaría una violación de la neutralidad de la red.

La propuesta de que las plataformas digitales deben hacerse cargo de parte de los costos que generan sobre la infraestructura de telecomunicaciones, ya está sobre la mesa de los reguladores de países como Alemania, Corea del Sur y miembros de la Unión Europea.

En Brasil, el tema gana fuerza ante los argumentos de los operadores, que alegan un desequilibrio entre las inversiones necesarias para el despliegue y actualización de la infraestructura de telecomunicaciones, el retorno de esta inversión para los operadores y el aporte de las grandes plataformas que obtienen la mayor parte del valor agregado en el ecosistema digital.

La demanda de datos sólo crece -y se concentra-, impulsada justamente por servicios como streaming y redes sociales, lo que requiere una expansión continua de la red por parte de los operadores, aseguran ellos.

En este sentido, Campos señala que el modelo de financiación actual de la infraestructura fue concebido en otra era y necesita ser repensado. “Nuestro modelo actual de financiación es un modelo cuyo costo recae sólo sobre las empresas de telecomunicaciones”, dijo, al defender la actualización de las responsabilidades financieras ante el actual ecosistema digital.

“Hoy tenemos un diagnóstico de qué empresas, de hecho, se benefician de la infraestructura, pero necesitamos que esas empresas contribuyan.” Según el autor, las plataformas digitales ya no pueden ser vistas sólo como simples usuarias de la red: “Tenemos que dejar de tratarlas como agentes económicos tradicionales. Hoy cumplen una función estructural dentro del ecosistema de comunicación”.

Para el jurista, la regulación debe reconocer el cambio en la propia definición de infraestructura y servicios digitales. “Lo que antes era típico de los operadores de telecomunicaciones hoy también lo ejercen las plataformas digitales, que centralizan la distribución de contenido, publicidad y atención”, afirmó. “Necesitamos una regulación proporcional, sensible a las diferencias de poder e impacto”.

Hablando sobre el “cómo”

Campos discrepa de la idea de establecer tarifas rígidas o tableadas. Él defiende un modelo basado en acuerdos privados entre operadores y plataformas, con mecanismos transparentes y proporcionales.

“Me alejaría del establecimiento de tarifas rígidas y claras. Mi posición es que debemos crear mecanismos para fomentar acuerdos entre las empresas que hoy cumplen la función de financiar la infraestructura física […] con las aplicaciones de Internet que tienen una expresión muy exuberante.”

En Europa, donde el debate regulatorio está más avanzado, la Comisión Europea estudia desde 2012 modelos de remuneración justa de la infraestructura digital. Aunque aún no ha adoptado una propuesta formal, el organismo reconoce la presión sobre el sector de telecomunicaciones y discute alternativas que no comprometan la neutralidad de la red o la innovación.

Para Campos, Brasil puede desarrollar una solución propia, sin desconectarse del debate internacional. “Brasil tiene una dimensión continental. Los costos de infraestructura física son diferentes de casi todos los países del mundo”, dijo. Además, cree que el país puede beneficiarse al adaptar modelos extranjeros a sus especificidades.

Finalmente, el investigador considera que el futuro de Internet como infraestructura democrática depende de la capacidad de actualizar la regulación, involucrando a todos los actores del ecosistema.

“Es importante siempre tener como horizonte regulatorio el fomento a la innovación, la entrada de nuevos jugadores, nuevas empresas. Regular no significa sólo restringir, limitar, obligar, sino mantener caminos abiertos para nuevas ideas y nuevos modelos de negocio.”

El proyecto de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que envió Claudia Sheinbaum al Senado, deja en la ambigüedad la neutralidad de la red, ya que elimina las explicaciones del principio establecidos en la norma vigente, elimina algunos criterios y deja la puerta abierta a emitir nuevos lineamientos.

La neutralidad de la red es el principio que prohíbe a los proveedores de servicios de Internet bloquear, ralentizar o priorizar ciertos contenidos o servicios en función de pagos u otras consideraciones.

Como en casi toda la nueva ley, será la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la encargada de elaborar los lineamientos de carácter general que los concesionarios y autorizados deberán seguir para prestar el servicio de acceso a Internet.

“Dichos lineamientos serán emitidos conforme a principios de libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia y derechos establecidos en la Constitución, en esta Ley, en las recomendaciones de organismos internacionales expertos en la materia, en los tratados y acuerdos internacionales suscriptos por México”.

En el artículo 108 establece que los concesionarios y los autorizados deberán prestar el servicio de acceso a Internet respetando la capacidad, velocidad y calidad contratada por el usuario, con independencia del contenido, origen, destino, terminal o aplicación, así como de los servicios que se provean a través de Internet.

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Sin embargo, la iniciativa elimina tres criterios: gestión de tráfico, calidad y desarrollo sostenido de la infraestructura, al tiempo que elimina las explicaciones de cada uno de los criterios de la neutralidad de la red.

En los argumentos de la norma, el Ejecutivo reconoce que el desarrollo de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA), la Internet de las Cosas (IoT) y las redes 5G plantean desafíos significativos para la neutralidad de la red. “Estas innovaciones requieren un manejo eficiente del tráfico de datos, lo que ha generado debates sobre la priorización de ciertos servicios y la necesidad de preservar el acceso equitativo a la información”.

Por tanto, asegura, regular adecuadamente la neutralidad de la red no sólo garantizará una Internet libre y abierta, también contribuirá a la reducción de desigualdades digitales y al fortalecimiento del desarrollo social.

Algunas asociaciones que defienden la neutralidad de la red, como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), solicitaron preservar y proteger los principios de neutralidad de la red. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló que “la nueva ley telecom debilita los lineamientos a los cuales deberán sujetarse los proveedores de Internet en materia de neutralidad de la red, al suprimir las definiciones de dichos parámetros”.

En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente contempla el principio de neutralidad de la red, aunque no de forma obligatoria. En el artículo 145 establece que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deben tratar de forma no discriminatoria el tráfico que cursa por sus redes.

También establece que no podrán privilegiar el tráfico de datos de ningún tipo de contenido, aplicación o servicio, excepto cuando sea necesario por cuestiones técnicas de gestión de red justificadas; y que podrán realizar prácticas de gestión de tráfico siempre y cuando no afecten la calidad del servicio de manera injustificada, estén justificadas por razones técnicas o de eficiencia operativa; y sean transparentes y proporcionales.

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Luego, en 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó los lineamientos de la neutralidad de la red, basados en los principios de libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia e información, gestión de tráfico, calidad y fomento del crecimiento sostenido de la infraestructura de telecomunicaciones. Los lineamientos incluyen gestión de tráfico y administración de red en casos fortuitos en los que los operadores deban degradar, restringir o bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios, para asegurar el funcionamiento, seguridad e integridad de la red.

En ese momento, los lineamientos también habían sido criticados por asociaciones como ALAI y R3D por incumplir con la neutralidad de la red.

En América Latina, el debate sobre la neutralidad de la red comenzó a mencionarse estos últimos años asociado a la discusión sobre la contribución justa. Mientras las asociaciones de la comunidad de Internet defienden la libertad que genera la neutralidad de la red, los operadores, como Claro Brasil, han mencionado la necesidad de acabar con este principio para que las empresas puedan buscar acuerdos comerciales con las Big Tech.

Incluso, Carlos Baigorri, presidente de la Anatel de Brasil, regulador que está más cerca de tener una norma sobre Fair Share o contribución justa, dijo en 2024: “mi visión personal, no de Anatel, es que la neutralidad de la red es una medida proteccionista creada para proteger los intereses de las compañías norteamericanas y no tiene nada que ver con derechos fundamentales”.

La eliminación de los lineamientos de neutralidad de la red en la propuesta de ley no implica necesariamente su desaparición, pero sí genera incertidumbre sobre su aplicación futura.

Delegar su regulación a la ATDT puede abrir la puerta a un enfoque más flexible y adaptado a las nuevas tecnologías, pero también exige altos estándares de transparencia y vigilancia pública para evitar abusos.

En un entorno donde confluyen el interés por garantizar derechos digitales y la necesidad de gestionar redes cada vez más complejas, el reto estará en encontrar un equilibrio que preserve la equidad sin frenar la innovación.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la neutralidad de la red podría enfrentar nuevas amenazas debido a su postura histórica hacia la desregulación del sector tecnológico y de telecomunicaciones.

La neutralidad de la red es el principio que prohíbe a los proveedores de servicios de Internet bloquear, ralentizar o priorizar ciertos contenidos o servicios en función de pagos u otras consideraciones.

Una bandera de los demócratas frente al gobierno estadounidense fue la defensa de la neutralidad de la red. Tan es así que a principios de 2024, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) reclasificó a los servicios de banda ancha como telecomunicaciones (y no de información) para establecer criterios más estrictos de regulación y supervisión para garantizar la neutralidad de la red. En su primera presidencia, Trump y el entonces presidente de la FCC, Ajit Pai, habían revertido la decisión de Barack Obama y habían reclasificado a la banda ancha con el Título I (de información) para derogar la neutralidad de la red.

Y si bien diversos legisladores han presentado diferentes iniciativas que buscan una solución permanente al debate sobre la neutralidad, para evitar estos cambios en cada administración, no se ha logrado avanzar.

Otro elemento que podría facilitar ir hacia este camino es la designación de Brendan Carr al frente de la FCC. El comisionado, que es miembro de la FCC desde 2017, se opuso a la decisión de clasificar al servicio de banda ancha como servicio de telecomunicaciones, a la vez que se ha mostrado a favor del llamado Fair Share, para que las grandes tecnológicas aporten recursos para la expansión de las redes de telecomunicaciones. También ha respaldado la idea de que las Big Tech contribuyan al fondo de servicio universal.

En ese sentido, Carr ha sido un duro crítico de la posición de las grandes tecnológicas, tanto en su participación al despliegue de infraestructura para conectividad, como en su papel de proveedores de redes sociales y sitios de información.

En América Latina, el debate sobre la neutralidad de la red comenzó a mencionarse estos últimos años asociado a la discusión sobre el Fair Share. Mientras las asociaciones de la comunidad de Internet defienden la libertad que genera la neutralidad de la red, los operadores, como Claro Brasil, han mencionado la necesidad de acabar con este principio para que las empresas puedan buscar acuerdos comerciales con las Big Tech. Incluso, Carlos Baigorri, presidente de la Anatel de Brasil, regulador que está más cerca de tener una norma sobre Fair Share, dijo el 2024: “Mi visión personal, no de Anatel, es que la neutralidad de la red es una medida proteccionista creada para proteger los intereses de las compañías norteamericanas y no tiene nada que ver con derechos fundamentales”.

En definitiva, la eliminación de la neutralidad de la red podría estimular la inversión en infraestructura, aunque también supone el riesgo de crear un entorno de Internet más controlado y menos inclusivo que podría traer preocupaciones sobre los derechos de los usuarios y el libre flujo de información.

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Un tribunal federal determinó el jueves que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) carecía de autoridad para restablecer las reglas de neutralidad de la red en Estados Unidos, como lo hizo el año pasado.

Este fallo del Tribunal de Apelaciones del 6° Circuito revoca la votación de la FCC para restaurar la neutralidad de la red y representa un duro revés para los demócratas, quienes han pugnado por estas medidas como una vía necesaria para garantizar una Internet abierta.

De acuerdo con el dictamen, el regulador estadounidense no tiene la autoridad legal “para imponer sus políticas deseadas de neutralidad de la red”.

Así, el tribunal dio la razón a los argumentos de los proveedores de servicios de banda ancha en contra de la regulación, ya que estos consideran que se les debe permitir administrar sus negocios según los requerimientos del mercado.

La neutralidad de la red es un principio que señala que los proveedores de Internet y el gobierno deben tratar todo el tráfico de la misma manera, con el fin de que los usuarios puedan acceder a cualquier servicio legal de manera indiscriminada.

En cuanto a las normas en la materia, estas exigen a las empresas que traten a los datos y a los usuarios de Internet de forma igualitaria, en lugar de restringir el acceso, reducir la velocidad o bloquear el contenido.

Además, la regulación de neutralidad de la red prohíbe entablar acuerdos especiales en los que los proveedores de servicios de Internet concedan velocidades de red mejoradas o acceso a usuarios de forma privilegiada.

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En abril del año pasado, la mayoría de los comisionados de la FCC votaron a favor de restaurar esta normativa, que fue implementada durante el gobierno del demócrata Barack Obama y luego derogada durante la administración de Donald Trump.

La Comisión aprobó la reclasificación del servicio de banda ancha como un servicio de telecomunicaciones, y no de información, bajo el Título II de la Ley de Comunicaciones de Estados Unidos.

Bajo el Título II de dicha ley, los proveedores de telecomunicaciones se consideran “operadores comunes”, lo que significa que están sujetos a normativas y obligaciones más estrictas para prestar servicios al público, incluyendo la neutralidad de la red.

Traer de vuelta la neutralidad de la red fue una de las luchas de los demócratas en la FCC, cuya mayoría en el voto definió la aprobación. Por ello, el fallo del tribunal es un duro golpe para el legado de Jessica Rosenworcel, actual presidenta del organismo, previo al cambio de gobierno.

“Los consumidores de todo el país nos han dicho una y otra vez que quieren una Internet rápida, abierta y justa. Con esta decisión, queda claro que el Congreso ahora debe atender su llamado, asumir la responsabilidad de la neutralidad de la red e incorporar los principios de una Internet abierta en la ley federal”, advirtió Rosenworcel tras conocer el dictamen.

Anna M. Gómez, también comisionada demócrata, se unió al llamado de Jessica Rosenworcel, para que el Congreso actúe y ponga fin a este debate. Igualmente, pidió que se proteja a los consumidores, se promueva la competencia y el liderazgo económico.

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“Hay un principio en el centro del debate sobre la Internet abierta en el que todos estamos de acuerdo: el acceso de banda ancha a Internet es esencial para la vida moderna. Sigo convencida de que son necesarias las medidas de protección adecuadas para garantizar que este servicio crítico siga siendo accesible y seguro para todos”, afirmó.

Sin embargo, los republicanos celebraron el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Brendan Carr, quien asumirá como presidente de la FCC con la entrada del gobierno de Donald Trump, dijo que la decisión judicial “es una buena victoria para el país”.

Carr consideró que la administración de Biden “ha trabajado para expandir el control del gobierno sobre cada característica del ecosistema de Internet”, adoptando “regulaciones de gran alcance que otorgan a la Comisión poderes casi ilimitados sobre Internet”.

“La decisión del presidente Biden de imponer estas regulaciones del Título II representó una ruptura con el consenso bipartidista establecido por un Congreso republicano y un presidente demócrata y consagrado en la ley hace casi treinta años, un consenso que proporcionó un marco regulatorio estable que permitió que Internet en Estados Unidos floreciera”, agregó.

La historia de la neutralidad de la red en EE. UU. ha sido de un constante enfrentamiento entre las visiones demócrata y republicana. La regulación en esta materia ha llegado varias veces a los tribunales. Ahora, y al menos durante los siguientes años del gobierno de Trump, estas normas quedarían guardadas en el cajón a nivel federal.

Entre los nombramientos propuestos por el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, caracterizados principalmente por celebridades y amigos de campaña, se incluye ahora Brendan Carr, actual comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), quien asumirá la presidencia de este organismo. Carr se ha caracterizado por sus constantes críticas a las grandes tecnológicas (Big Tech), y por haber sido el autor del capítulo referente a telecomunicaciones del proyecto ultraconservador 2025.

Carr ingresó a la FCC en 2017 al ser propuesto como comisionado por Trump durante su primer mandato, por lo que para el segundo mandato ha sido propuesto para asumir la presidencia del organismo en sustitución de Jessica Rosenworcel. Trump aún podrá nombrar a un comisionado adicional de la FCC.

Al pertenecer al bando republicano, el comisionado se ha caracterizado principalmente por su posición conservadora alrededor de ciertos temas polémicos como la neutralidad de la red, al criticar que el servicio de banda ancha sea clasificado como servicio de telecomunicaciones y no como de información; a la vez que se ha mostrado a favor del llamado ‘Fair Share’, para que las grandes tecnológicas aporten recursos para la expansión de las redes de telecomunicaciones.

En ese sentido, Carr ha sido un duro crítico de la posición de las grandes tecnológicas, tanto en su participación al despliegue de infraestructura para conectividad, como en su papel de proveedores de redes sociales y sitios de información.

La semana pasada, Carr publicó una carta abierta enviada a los CEOs de Facebook, Alphabet, Apple y Microsoft, en la que acusa a estas compañías de haber ejercido prácticas que limitaban la libertad de expresión en redes y medios de información, y ser parte de un “cártel de censura” supuestamente liderado por la organización NewsGuard. En ese sentido, el comisionado solicitó información a estas compañías sobre los trabajos y servicios que tengan relacionados con esta organización.

El senador demócrata Ed Markey dijo que la carta de Carr equivalía a “un regulador amenazando implícitamente a las empresas privadas por su discurso”, según cita Reuters. “La FCC bajo Trump está preparada para convertirse en la Comisión Federal de Censura”, añade.

El capítulo referente a la FCC, escrito por Carr, incluido en el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation propone reformar la Sección 230 de la Ley de Decencia en Comunicaciones (CDA, por sus siglas en inglés) para eliminar criterios de inmunidad a redes sociales. Actualmente, esta ley evita que las redes sociales sean legalmente responsables por el contenido que se publica por terceros en sus plataformas.

El comisionado también propone una reforma a la ley para evitar que las redes sociales tengan “carta blanca” para eliminar contenido y añadir medidas para evitar discriminación en contra de puntos de vista políticos.

Carr también criticó la posición que ciertas compañías de información y noticias tomaron durante la campaña de Trump, como ABC de Disney, NBC de Comcast y CBS de Paramount, y sugirió que podrían incluso perder su licencia de transmisión. El comisionado criticó a la NBC por permitir que la aspirante demócrata Kamala Harris apareciera en el programa de comedia “Saturday Night Live” justo antes de las elecciones.

Por otro lado, el comisionado ha apoyado abiertamente la empresa satelital de Elon Musk, SpaceX, al considerar que los satélites de órbita baja son una relevante alternativa para el cierre de la brecha digital. El Proyecto 2025, por ejemplo, recomienda que la FCC “agilice su labor de apoyo a esta nueva tecnología actuando con mayor rapidez en su revisión y aprobación de las solicitudes de lanzamiento de nuevos satélites”.

El comisionado criticó duramente la posición de la FCC para evitar restablecer subsidios cercanos a los 900 millones de dólares en favor de SpaceX bajo el programa de conectividad rural. Carr consideró que se trató de un “acoso regulatorio” en contra de las empresas de Musk.

Otro de los puntos incluidos en el Proyecto 2025 y que serán clave de la FCC bajo el mandato de Carr es el conflicto geopolítico en contra de China por el liderazgo tecnológico. El proyecto buscará redoblar esfuerzos en ciertas iniciativas clave como atender los riesgos por el crecimiento de TikTok, cerrar la posibilidad de operación de operadores de telecomunicaciones chinos en Estados Unidos, y proveer más fondos para la iniciativa de “quitar y reemplazar” equipo de Huawei de las redes rurales.

El proyecto también incluye nuevas iniciativas, entre las que destacan la “Iniciativa de Estándares Limpios” que buscaría reducir la influencia de China en el desarrollo de estándares tecnológicos. Hasta el momento, aunque los Estados Unidos impusieron múltiples restricciones para evitar el uso de proveedores chinos en el país, ambas naciones aún participan en grupos globales de estandarización como la UIT o el 3GPP.

Sin embargo, esta nueva iniciativa podría crear un nuevo frente de batalla de los Estados Unidos para evitar que China participe en estos grupos, ampliando los riesgos por un posible “desacoplamiento tecnológico”.

La contribución justa en la construcción de redes (Fair Share) y el papel de la neutralidad de la red fueron los principales términos discutidos en el 19° Taller Internacional de Regulación organizado por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) de Colombia, realizado en Cartagena.

Carlos Baigorri, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, defendió la necesidad de modernizar la regulación y plantear la discusión del Fair Share en América Latina: “La discusión necesita ser vista desde un contexto más amplio, las regulaciones fueron creadas hace 20 años atrás, cuando las redes de telecomunicaciones eran el medio y el fin del ecosistema; hoy es mucho más complejo”.

“Es muy difícil modernizar la reglamentación cuando tienes que reglamentar un ecosistema complejo con diversos personajes y el Estado únicamente te da acceso sobre un conjunto limitado que es la base del ecosistema, pero es tan sólo un agente del ecosistema. Por eso en Brasil estamos planteando desde el Congreso y con el gobierno que es un momento donde los Estados nacionales necesitan resignificar su papel en el ecosistema digital y dejar de ver tan sólo a las telecomunicaciones como algo a ser regulado. Para garantizar la eficiencia, todos los agentes deben estar coordinándose con algún tipo de reglamentación”, afirmó Baigorri.

Concretamente sobre el Fair Share, sostuvo: “No creo que sea un debate sobre quién gana más dinero, tampoco creo que sea sobre derechos fundamentales, es una discusión simple de cómo crear incentivos para que el ecosistema como un todo funcione de la forma más eficiente”. Asimismo, reiteró la necesidad de crear un mercado único digital para América Latina.

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“Cuando un agente está completamente desregulado, va a luchar para que no tenga regulación. Y el agente que está regulado buscará que esa regulación sea lo mejor posible. El ecosistema digital latinoamericano es frágil, porque descansa en los operadores, que son los que desarrollan la infraestructura. La base de todo el desarrollo digital está en las redes de telecomunicaciones, y si los actores de esta capa del ecosistema están en este momento en una situación de que su retorno de inversión es menor que el costo de capital, estamos ante una situación de fragilidad”, afirmó Maryleana Méndez, secretaria General de Asiet.

Los avances para la sostenibilidad del ecosistema, dijo Méndez, son: mejora regulatoria, facilidades en el espectro y lograr la contribución de los actores del ecosistema. “América Latina lo necesita para garantizar a los usuarios las redes del futuro”.

Para Mercedes Aramendía, titular de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones de Uruguay (Ursec), todos están de acuerdo en modernizar y simplificar la regulación, pero no es una tarea fácil. “Hay muchos acuerdos en la industria, hay diferencias naturales donde tenemos que trabajar (…); se le carga mucho al regulador. Si hay un problema específico buscamos una solución específica, pero la regulación no va a hacer magia”.

Según Raúl Echeberría, director ejecutivo de la Asociación Latinoaméricana de Internet (ALAI), la discusión del Fair Share se está dando por la sustentabilidad de sólo una parte de toda la infraestructura de Internet, que es la última milla de las redes móviles.

“Si vamos a discutir de sustentabilidad, deberíamos discutir sobre la sustentabilidad de todo el ecosistema, porque cualquier parte del ecosistema es importante, como el negocio de las CDN que da una rentabilidad muy baja”. Recordó otro tipo de colaboración que tiene la industria, como los acuerdos de peering.

“No veo falla del mercado, el mercado de la última milla es un mercado de demanda constante, donde no hay escasez de recursos, tenemos planes que exceden a nuestras necesidades, y además la fijación de precios es libre, y los demás actores del ecosistema no intervienen en la fijación de precios (…). No veo la necesidad de intervención regulatoria”, agregó Echeberría.

Neutralidad de la red

Mercedes Aramendía sostuvo que entre los principios fundamentales que hay que mantener está la neutralidad de la red. “No podemos estar discriminando el tráfico o llegando a afectar derechos o el acceso a las personas a determinado servicio”.

Sobre este punto, Carlos Baigorri discrepó: “Recuerdo cuando en 2009 toda la comunidad de Internet se fue al Congreso de Brasil a defender la neutralidad de red. Y yo me preguntaba qué falla de mercado estamos solucionando con la neutralidad de red. Y el sector de Internet decía que no había falla, pero que era una vacuna para que la falla no aparezca. Bueno, si vamos a defender que sólo tenemos intervenciones en el mercado cuando hay fallas de mercado muy identificadas, que me expliquen cuál es la falla de mercado que la neutralidad de red está concertando. Y si no la tenemos, vamos todos juntos contra la neutralidad de red, así somos coherentes con nuestros argumentos”.

“Mi visión personal, no de Anatel, es que la neutralidad de red es una medida proteccionista creada para proteger los intereses de las compañías norteamericanas y no tiene nada que ver con derechos fundamentales”, agregó Baigorri.

Maryleana Méndez se preguntó qué pasa con la neutralidad de red en términos de priorización de tráfico con la llegada de 5G: “Técnicamente y tecnológicamente la neutralidad de red desapareció, no podríamos pretender que haya neutralidad de red si el tráfico que estoy priorizando es tráfico asociado a una cirugía remota o consulta médica, no puede tener la misma prioridad que un correo electrónico. Tecnológicamente el network slicing está hecho para eso, para dividir cierto tipo de tráfico”.

La restauración de la neutralidad de la red en Estados Unidos se está tambaleando en medio de una batalla legal. El jueves, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito suspendió nuevamente la aplicación de las normas en la materia.

El Sexto Circuito dijo que probablemente las empresas de banda ancha que impugnaron la regulación de la neutralidad de la red tendrán éxito en demostrar el mérito de sus argumentos.

Además, los tres jueces que decidieron sobre el caso concluyeron que la no suspensión de la normativa, en tanto no haya una resolución final, podría generar daños a los proveedores de banda ancha y al interés público.

“Los peticionarios han demostrado ‘una posibilidad de daño irreparable’”, advierte el fallo. Entre ellos, retrasos en lanzamientos de productos y desventajas en la negociación de acuerdos de interconexión.

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De acuerdo con el fallo del tribunal, también “la regla implica una cuestión importante” y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) “excedió su autoridad al promulgarla”.

“Una agencia puede emitir regulaciones únicamente en la medida en que el Congreso lo permita (…). La neutralidad de la red es probablemente una cuestión importante que requiere una clara autorización del Congreso”, explica el documento.

Con estos argumentos, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito pone pausa el regreso de la neutralidad de la red en Estados Unidos, luego de que la FCC votara en abril a favor de la restauración.

La neutralidad de la red se refiere a que los proveedores de Internet y el gobierno deben tratar todo el tráfico de la misma manera, con el fin de que los usuarios puedan acceder a cualquier servicio legal de manera indiscriminada.

La Comisión aprobó la reclasificación de los servicios de banda ancha bajo el Título II de la Ley de Comunicaciones de Estados Unidos, lo cual impone criterios más estrictos de regulación y supervisión para garantizar la neutralidad de la red.

Esto traería de vuelta la regulación que fue implementada durante el gobierno de Barack Obama y luego derogada en la administración de Donald Trump. Con el triunfo de Joe Biden y la mayoría demócrata en la FCC, revivió la intención de traer de vuelta la normativa.

Sin embargo, la neutralidad de la red es una discusión que se ha mantenido desde finales de los años 90 y es un tema que despierta mucha controversia en el sector de comunicaciones de Estados Unidos.

Incluso, cuando la neutralidad de la red estaba vigente, tuvo que enfrentar varios desafíos legales. Y cuando se derogó, algunos estados, como California, optaron por emitir su propia regulación en la materia.

Esta es la segunda vez que el tribunal bloquea temporalmente la aplicación de la regulación de la neutralidad de la red. El 12 de julio, los jueces suspendieron la entrada en vigor hasta el 5 de agosto, tiempo en el cual evaluarían los recursos legales de los proveedores de banda ancha.

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Ahora, nuevamente, se congela el regreso de la neutralidad de la red, en vista de que han encontrado planteamientos plausibles en las demandas de la industria.

Tras darse a conocer el fallo, la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, dijo que “el público estadounidense quiere una Internet que sea rápida, abierta y justa. La decisión de hoy del Sexto Circuito es un revés”.

También el comisionado Geoffrey Starks se pronunció al respecto y afirmó que estaba en desacuerdo con la decisión del tribunal.

“Los precedentes anteriores, incluidos el Tribunal Supremo y el Circuito de D.C., apoyaron a la agencia en su capacidad de proteger a los consumidores. Las voces del pueblo estadounidense son claras: quieren controlar sus opciones en línea”, señaló.

Ambos comisionados de la FCC advirtieron que no abandonarán la lucha por traer de vuelta la neutralidad de la red a Estados Unidos, por lo que aún se espera una extensa batalla en los tribunales.