Mientras a nivel nacional diversos países avanzan en modernizar su regulación laboral a la luz del impacto de la tecnología en la vida humana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el primer convenio internacional sobre los trabajadores de plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi.

Tras dos años de negociaciones, el convenio busca regular y garantizar el trabajo decente ante la transformación del mundo laboral impulsada por las plataformas, incluyendo a los repartidores y conductores de aplicación.

Aprobado durante la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, se trata del primer marco normativo internacional específico para abordar las condiciones laborales en un ecosistema impulsado por plataformas digitales, sistemas automatizados e Inteligencia Artificial.

La OIT reconoce que estas plataformas han generado nuevas oportunidades para empresas, emprendimientos y trabajadores, y han abierto caminos hacia la formalización laboral.

Sin embargo, también advierte que persisten importantes brechas de trabajo decente, relacionadas con la precariedad, clasificación laboral, protección social y transparencia en la toma de decisiones automatizadas.

“La naturaleza y el crecimiento de la economía de plataformas, en particular de las plataformas digitales de trabajo, están transformando significativamente el mundo del trabajo”, señala el documento.

Uno de los principales cambios que introduce el convenio es el reconocimiento de que las plataformas digitales no sólo funcionan como espacios de intermediación, sino como actores que organizan y facilitan el trabajo mediante tecnologías digitales y sistemas automatizados de toma de decisiones.

Esta premisa es especialmente trascendente, ya que durante los últimos años se ha sostenido un amplio debate sobre si las plataformas son intermediarias que conectan a oferentes y demandantes o, de lo contrario, actores directos que tienen control sobre la experiencia, los precios y las condiciones laborales.

La norma define al trabajador de plataforma como cualquier persona que sea empleada o contratada para realizar actividades organizadas o facilitadas por una plataforma a cambio de una remuneración, sin importar cómo esté clasificada formalmente su relación laboral.

A la luz de este concepto, el convenio establece que los países deberán garantizar una clasificación correcta de la situación laboral, tomando en cuenta principalmente las condiciones reales en las que se realiza el trabajo, la remuneración y otros elementos objetivos de la relación laboral.

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Algoritmos bajo supervisión: transparencia y revisión humana

El nuevo marco internacional adoptado por la OIT aborda el uso de la Inteligencia Artificial y sistemas automatizados en la gestión laboral.

Las plataformas deberán informar a los trabajadores sobre el uso de algoritmos o sistemas automatizados para supervisar, evaluar o tomar decisiones laborales; así como el impacto que estas herramientas pueden tener sobre sus condiciones de trabajo o acceso a nuevas oportunidades laborales.

Además, cuando una decisión sea generada automáticamente —por ejemplo, la suspensión de una cuenta o la pérdida de acceso a una plataforma—, los trabajadores tendrán derecho a solicitar una explicación escrita y una revisión de la decisión cuando corresponda.

La norma también exige que exista “una intervención humana apropiada” en los procesos donde los sistemas automatizados tomen decisiones relevantes sobre los trabajadores.

Salarios, pagos y seguridad social

El convenio también establece obligaciones para garantizar condiciones económicas más transparentes. Los Estados deberán adoptar medidas para asegurar que los pagos a trabajadores de plataformas se realicen de manera puntual, íntegra y mediante medios legales.

Para quienes tengan una relación laboral reconocida, la remuneración no podrá estar por debajo del salario mínimo aplicable cuando exista una regulación vigente. Además, los trabajadores deberán recibir compensación por gastos asociados a la realización de sus actividades cuando corresponda según la legislación nacional.

En materia de protección social, la OIT establece que los trabajadores de plataformas deberán tener acceso a seguridad social en condiciones equivalentes a otros trabajadores con la misma clasificación laboral.

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Protección de datos y derechos digitales

Por otro lado, el convenio incorpora reglas sobre datos personales. Los Estados deberán garantizar que la información recopilada por las plataformas sea utilizada únicamente para fines legítimos, no sea procesada de manera incompatible con los derechos laborales y pueda ser consultada, corregida o eliminada por los trabajadores cuando corresponda.

Esta medida es especialmente relevante ante el creciente uso de sistemas de monitoreo digital que recopilan información sobre productividad, ubicación, desempeño y comportamiento de los trabajadores.

Seguridad laboral, violencia digital y derecho a la desconexión

Aunque las plataformas suelen asociarse con flexibilidad laboral, la OIT considera que los trabajadores de aplicaciones también enfrentan riesgos físicos y digitales, como accidentes, enfermedades y otros daños relacionados con su actividad. Por lo tanto, el convenio obliga a los Estados a establecer medidas para prevenir estos riesgos.

Las y los trabajadores de plataformas digitales también están expuestos a situaciones de violencia y acoso, por lo que se requiere implementar medidas para protegerlos, incluso de aquellas agresiones cometidas en línea o por terceros como los clientes.

Por último, los trabajadores tendrán derecho a retirarse de situaciones laborales que representen un peligro grave e inminente para su salud o vida sin sufrir consecuencias injustificadas.

¿Por qué es relevante el convenio de la OIT?

La regulación del trabajo de plataformas digitales representa un desafío para los países, debido a que muchas plataformas digitales operan más allá de las fronteras nacionales.

Es común que una plataforma tenga su sede en Silicon Valley o Europa, mientras el cliente esté en Japón y el desarrollador o repartidor en América Latina. Al reconocer esta naturaleza transfronteriza, el convenio sienta las bases para una cooperación internacional indispensable que evite la evasión de responsabilidades legales. 

También establece medidas específicas para prevenir abusos contra trabajadores migrantes y refugiados que participen en la economía de plataformas.

Y salvo excepciones muy específicas, las condiciones laborales se regirán por la legislación del país donde se realice efectivamente el trabajo, lo que impide que las plataformas impongan cláusulas para litigar en paraísos fiscales o jurisdicciones extranjeras favorables a la empresa.

¿Cuándo entrará en vigor?

El convenio será obligatorio únicamente para los países miembros de la OIT que decidan ratificarlo, y entrará en vigor 12 meses después de que al menos dos Estados hayan registrado formalmente sus ratificaciones.

La Organización Internacional del Trabajo invitó a sus Estados miembros a ratificar y aplicar el nuevo instrumento mediante mecanismos nacionales y cooperación bilateral, regional e internacional.

El Economista

El programa piloto de incorporación a la seguridad social para repartidores y conductores de plataformas digitales concluyó en diciembre de 2025 con un avance parcial en materia de formalización laboral. 

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Los últimos 25 días han sido un suplicio para mí y mi familia, pues por cuestiones de salud de una familiar hemos tenido que utilizar los servicios del Hospital General Regional No.2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que si tuviera una pizca de digitalización hubiera sido menos caótico, estresante y doloroso.

Muchos problemas se solucionarían si en el IMSS hubiera transformación digital, porque aunque digan que sí hay, no es verdad. Quienes utilizamos estos servicios nos damos cuenta de que este sistema de salud sigue operando con papel.

Para facilitarles la lectura, voy a hacer una lista sobre cómo el servicio del IMSS sería de calidad “si hubiera digitalización” en diversos procesos, de acuerdo con mi experiencia:

1. Si hubiera digitalización, no me habrían pedido el Carnet físico de mi familiar, pues sigue siendo un pequeño librito de papel en donde vienen sus datos personales.

2. Al llegar al hospital únicamente me hubieran pedido una vez el número de seguridad de mi familiar, y no las casi 10 veces que lo hicieron.

3. No me habrían preguntado más de 10 veces qué le pasó a mi familiar. Lo hacen cada vez que vas a ventanilla, en el triage, en rayos X, con el médico, las enfermeras… muchísimas veces.

4. Si hubiera digitalización, el control de los pacientes en urgencias sería más expedito y no tendrían que esperar horas para ser atendidos (además de la falta de personal médico, claro).

5. Cuando internaron a mi familiar, hubiera sabido en tiempo real si continuaba en urgencias, si la llevaron a un piso donde están pacientes de internamiento, si la atendieron o no, y no hubiera tenido que esperar horas para enterarme.

6. Si hubiera digitalización en el IMSS no tendrían que darme un pase de visita impreso (es como una tarjetita), sino que en la app podría tener un código QR que podría ser escaneado para que me permitan el acceso.

7. Si hubiera digitalización, NO LE HABRÍAN DADO MEDICINAS A MI FAMILIAR DE UN PACIENTE QUE YA SALIÓ DEL HOSPITAL el día anterior al que llegamos nosotros.

8. Si hubiera digitalización, hubiera podido emitir una queja a través de la app, sobre lo que ocurrió del punto 7, y no habría tenido que ir a cuatro ventanillas distintas para que al final me dijeran que eso era algo NORMAL, pero que qué bueno que no le pasó nada a mi paciente. Claro, la queja la anotó el administrativo en su máquina de escribir invisible.

9. Las enfermeras y enfermeros no utilizarían hojas y pluma para anotar los signos vitales (los toman varias veces al día); los medicamentos y horarios de los pacientes; las indicaciones de los médicos, que en nuestro caso eran varios porque necesitamos de ortopedistas, geriatra, médico general, laboratoristas, etcétera.

10. Mi familiar no habría esperado 14 días para ser operada por una fractura de fémur. O al menos hubiéramos sabido cómo iba el proceso, por qué no la operan y no estar en incertidumbre tanto de mi paciente, como de nosotros los familiares.

11. Si hubiera digitalización en el IMSS, las recetas estarían en una app, con firmas digitales de los médicos, para poder irlas a cambiar a su farmacia. Hoy siguen usando unas recetas rositas que tienen papel calca. Recuerdo que desde que era niño yo veía que utilizaban esas mismas (tengo 42 años).

12. Mi familiar habría salido antes del hospital y no hubiera esperado tres días más, de forma innecesaria, porque no había quién entregara una hoja de alta. Por cierto, ya que hubo un médico que la hiciera, este se tardó desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para poder entregarla.

Hay muchísimos ejemplos más de procesos que serían diferentes si el sistema del IMSS estuviera digitalizado.

Lo que yo viví es lo que viven miles de personas a diario por la deficiencia del sistema de salud, que bien podría mejorar cambiando a una modernización verdadera en beneficio de pacientes y personal médico también que se rifa diariamente (la mayoría, aunque algunos son muy prepotentes).

¿Ustedes creen que algún día podamos tener un IMSS realmente digital?

Nos leemos la próxima #BigTech

Ciudad de México. DiDi ha incorporado a más de 700 mil conductores y repartidores al programa piloto de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), convirtiéndose en la plataforma con mayor participación en esta iniciativa que surge tras la reforma laboral en materia de plataformas digitales en México.

Así lo dio a conocer Juan Andrés Panamá, director General de DiDi en México e Hispanoamérica, en el marco de su evento Impulso DiDi.

El 6 de agosto pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 1,046,237 personas que trabajan en las plataformas digitales se registraron en el piloto de seguridad social del IMSS en julio, el primer mes de implementación del prototipo.

Lo afirmado por Andrés Panamá significaría que DiDi es la plataforma digital con más repartidores y conductores en el programa del IMSS.

Juan Andrés Panamá destacó que la plataforma está trabajando con el gobierno para reconocer las diferentes modalidades de trabajo de quienes utilizan su aplicación.

Este proceso, señaló, ha sido posible gracias a los cambios regulatorios que permiten diferenciar entre quienes trabajan de tiempo completo y quienes lo hacen de manera parcial en la plataforma, reconociendo la flexibilidad e independencia de esta modalidad de trabajo.

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Panamá resaltó que esta flexibilidad ha facilitado las conversaciones con el gobierno para diseñar un modelo que brinde protección social sin afectar la dinámica del negocio, que aporta más de 118,000 millones de pesos a la economía nacional.

El piloto del IMSS, que comenzó el 1° de julio de este año, busca extender la cobertura de seguridad social a trabajadores de plataformas digitales, incluyendo seguro de enfermedades, accidentes, vacaciones, acceso al Infonavit y reparto de utilidades, que cumplan con el requisito de generar por lo menos un salario mínimo.

Quienes no generan ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual cuentan con seguro por accidentes durante el tiempo de conexión a la plataforma, pero no el resto de beneficios.

La integración de los sistemas tecnológicos de DiDi con los del IMSS ha sido uno de los mayores retos, dado que el volumen de beneficiarios es comparable al de los mayores empleadores del país.

FEMSA tiene alrededor de 388,000 empleados en el país; los empleados de América Móvil rondan los 178,679, y Grupo Bimbo emplea a unas 152,366 personas, por ejemplo.

Sin embargo, probablemente las 700,000 personas registradas por DiDi en el piloto no accederán a la seguridad social, dado que una buena parte se dedica a esta actividad de manera parcial o complementaria.

En este periodo de prueba del IMSS, que durará hasta diciembre, se explorará cuántos trabajadores de las aplicaciones realmente cumplen con los requisitos de afiliación. Se espera que el gobierno dé a conocer los ingresos reportados por repartidores y conductores en las próximas semanas.

DiDi descarta subir precios por reforma laboral

Panamá destacó que la prioridad de la empresa es informar a los socios conductores y repartidores sobre cómo funciona el programa y que sean ellos quienes decidan la mejor forma de conectarse para maximizar beneficios.

Aunque la reforma implica costos adicionales, la compañía no ha incrementado tarifas específicamente por esta razón, manteniendo su estrategia de ajuste de precios según la demanda estacional.

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Por el momento, Juan Andrés Panamá descartó que DiDi planee ajustar sus tarifas debido a la reforma laboral, como ya lo hizo Uber semanas atrás.

”Nosotros siempre estamos viendo cómo adaptar las tarifas, los precios a lo que se está viendo en el mercado. Lo que tú ves en vacaciones de verano es diferente a lo que ves en diciembre, pero específicamente no vamos a cobrar más por la reforma laboral”.

“Sí, genera más costos que tenemos que ver cómo distribuirlos, pero es más que nada enfocándonos en dónde vemos el valor que queremos crear”, detalló.

Durante el primer mes de operación, 1,046,237 personas que trabajan en las plataformas digitales se han registrado en el piloto de seguridad social del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de México, reveló el titular de la institución, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina de este miércoles de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El piloto reportó en julio la existencia de 1,291,365 puestos de trabajo vinculados a las aplicaciones y el registro de 1,046,237 personas. Esto significa que el 80% de repartidores y conductores sólo trabajan en una plataforma, y el 20% restante se conecta a dos o más.

Claudia Sheinbaum destacó que los resultados del piloto hasta ahora reflejan una “formalización histórica de trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones”, que antes eran considerados socios de las plataformas.

“Se reconoce un trabajo que ha crecido en nuestro país, pero, sobre todo, ellas y ellos tienen hoy seguridad social. Es quizá una de las reformas más importantes no solamente en México sino en el mundo, porque lo que hicimos en México no hay en ningún otro país”, dijo la mandataria.

77% tiene a las apps como principal fuente de ingresos

De acuerdo con los datos del IMSS presentados por Robledo, 56% de quienes trabajan en las plataformas de transporte y reparto de comida y productos tienen menos de 35 años de edad, con una mayor proporción de hombres (90%) frente a las mujeres trabajadoras (10%).

Para el 77% de repartidores y conductores, las plataformas digitales son su principal o única fuente de ingresos, pues los datos del piloto muestran que sólo el 23% tienen acceso a la seguridad social a través de otro empleo, señaló Robledo.

Los registros a la prueba piloto del IMSS reflejan una distribución equilibrada entre plataformas de transporte y plataformas de reparto: 51.5% corresponden a las primeras y 58.5% al delivery.

Julio fue el primer mes en el que se implementó el piloto para la prestación de seguridad social a trabajadores de las plataformas. En total, las pruebas durarán 6 meses hasta diciembre de este año.

Durante este tiempo, se pondrá a prueba el funcionamiento del nuevo esquema para garantizar derechos laborales en favor de repartidores y conductores que alcancen al menos un salario mínimo mensual, es decir, al menos 8,480 pesos.

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Quienes cumplan con dicho requisito accederán a beneficios como su afiliación al IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como aguinaldo, vacaciones, utilidades y protocolos de protección ante accidentes.

Sin embargo, todos los trabajadores de las aplicaciones, aunque no generen ingresos de al menos un salario mínimo, estarán protegidos ante accidentes laborales, destacó Quiahuitl Chávez, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Aún no se conocen los montos de ingresos que tienen los repartidores y conductores de las plataformas digitales, lo que determinará cuántas personas tendrán acceso a todos los beneficios de seguridad social. El titular del IMSS dijo que esa información se dará a conocer en las próximas semanas.

Reforma laboral de plataformas digitales

La implementación del piloto del IMSS es resultado de la reforma laboral en materia de plataformas digitales que se aprobó en diciembre de 2024. La reforma adicionó un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo, en donde se reconoce a los repartidores y conductores de aplicación como trabajadores de las plataformas.

De esta manera, se establecen obligaciones para las empresas de plataformas digitales, las cuales ahora deben brindar acceso a la seguridad social sin afectar la flexibilidad e independencia de esta modalidad de trabajo.

Plataformas como DiDi, Uber, Rappi, Mensajeros Urbanos y LalaMove ya están participando en la prueba del IMSS, en la que esperan que se sienten las bases más adecuadas para que la prestación de seguridad social sea exitosa.

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Si bien el acceso a la seguridad social para los repartidores y conductores es considerada una conquista laboral por el gobierno de México, su ejecución en la práctica trae consigo varios retos debido a la naturaleza flexible y discontinua de este modelo de trabajo.

Incluso, podría incrementar los costos operativos de las plataformas y un ajuste de precios para los usuarios finales. Tras el inicio del piloto, Uber subió sus tarifas debido a los costos asociados a la reforma laboral.

Durante los próximos meses, el IMSS e Infonavit aplicarán e informarán paso a paso los mecanismos de inscripción y pago. Y se espera que la implementación definitiva de la seguridad social para repartidores y conductores inicie en  enero de 2026.

Este miércoles 25 de junio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó la Reforma Laboral, con lo que quedan en firme las nuevas condiciones laborales de los repartidores de plataformas digitales en el país.

Con 59 votos a favor y 16 en contra en la plenaria del Senado y con 126 a favor y 2 en contra en la Cámara de Representantes, la Reforma Laboral fue aprobada el pasado viernes 20 de junio. La nueva normativa reconoce los derechos laborales de los repartidores y establece un marco normativo que regula su vinculación y garantiza su acceso a la seguridad social.

En el evento donde se firmó la sanción, Petro invitó a la ciudadanía a contribuir para que esta reforma “no sea letra muerta”, refiriéndose a la necesidad de que el articulado de la ley se cumpla. Además, calificó la realidad de la Reforma Laboral como “un logro de los trabajadores y las trabajadoras del pueblo colombiano”.

AlianzaIN, el gremio de las plataformas digitales en Colombia, calificó como “un hito” la decisión del legislativo y aseguró que “los repartidores de apps contarán con seguridad social compartida con las plataformas, sin perder su independencia”.

Con la Reforma Laboral, las empresas de plataformas digitales asumirán el pago del 60% de la cotización en salud y pensión, además del 100% del pago a riesgos laborales. El porcentaje del pago dependerá de la base de los ingresos generados y las horas trabajadas.

Las partes –empresa de plataformas y repartidores– también podrán pactar contratos de trabajo tradicional, con horario y subordinación, etc. Este era uno de los puntos álgidos de la primera versión de la reforma y que en esta versión se realizará de manera voluntaria.

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“Este es un cambio responsable, que mejorará la calidad de vida de cientos de miles de repartidores. Nos sentimos profundamente orgullosos de contribuir a que este hito internacional esté a punto de convertirse en realidad”, celebró AlianzaIN.

Otro de los artículos que ya habían sido aprobados desde el año pasado es la implementación de un sistema que garantice la identificación de los trabajadores digitales, asegurando el respeto al derecho de habeas data, el cual obliga a las plataformas a informar sobre las modalidades de suscripción, términos y condiciones y sobre los derechos de los trabajadores.

También propone que las plataformas digitales de reparto se registren ante el Ministerio del Trabajo y reporten trimestralmente el número de empleados activos en sus modalidades de trabajo dependiente y autónomo.

Además, obliga a las plataformas digitales de reparto a informar a sus trabajadores sobre los sistemas automatizados que utilizan para supervisar, evaluar y tomar decisiones que afecten las condiciones de trabajo de los colaboradores. Esto incluye aspectos como acceso a pedidos, ingresos, seguridad y salud, tiempo de trabajo, promoción y situación contractual.

En el marco del evento de sanción presidencial, el dirigente del país, invitó a la ciudadanía a contribuir para que esta reforma “no sea letra muerta”, refiriéndose a la necesidad de que el articulado de la ley se cumpla. Además, calificó la realidad de la Reforma Laboral como “un logro de los trabajadores y las trabajadoras del pueblo colombiano”.

Tras la sanción presidencial de este miércoles, la nueva ley entrará en vigor seis meses después de su publicación oficial, es decir, hacia diciembre de este año.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para desarrollar de manera conjunta una regulación del trabajo en plataformas digitales que garantice la seguridad social para repartidores y conductores y, al mismo tiempo, preserve la flexibilidad e innovación de este modelo de negocios.

“Creemos que la regulación debe ofrecer seguridad y estabilidad tanto para quienes generan ingresos a través de estas plataformas como para las empresas tecnológicas, sin que constituyan barreras a la innovación”, expresó la organización.

En opinión de ALAI, cualquier proyecto de ley que busque regular el trabajo en la economía digital tiene que proteger la flexibilidad y libertad propias de este modelo colaborativo, el cual permite a repartidores y conductores generar ingresos a través de las plataformas mientras también ejercen otras actividades, personales o profesionales.

Las plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi han diversificado las oportunidades para generar ingresos y han sido un motor clave para la competitividad y el crecimiento económico de toda la región, además de que han ayudado a pequeños negocios y restaurantes a incrementar sus ingresos, dijo la ALAI.

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Por eso, “es esencial que cualquier regulación reconozca la naturaleza transformadora de la economía colaborativa, la cual ha permitido a millones de personas generar ingresos de manera flexible, independiente y con libertad horaria y geográfica”, enfatizó.

El llamado de la ALAI a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, se da luego de que el gobierno presentara un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo, de manera que se dé seguridad social a los repartidores y conductores de las aplicaciones.

La iniciativa plantea que existe una relación de subordinación entre las plataformas y sus colaboradores, por lo que obliga a las primeras a brindar todas las prestaciones sociales a los repartidores y conductores.

Si bien la propuesta reconoce que el trabajo por medio de plataformas digitales es flexible y discontinuo, y busca mantener esas cualidades, las empresas tecnológicas advirtieron que la regulación que se quiere implementar es insostenible e incluso terminaría por hacer inviable esta alternativa para la generación de ingresos.

Una gran parte de quienes usan las plataformas para generar ingresos lo hace de manera complementaria, es decir, en paralelo a otras actividades económicas, por lo que no quiere ser empleado subordinado de las aplicaciones ni que sus ingresos netos disminuyan debido a las retenciones sociales que ahora deberán cubrir, según un estudio de Buendía & Márquez.

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Pero el gobierno federal considera que es necesario establecer una relación laboral entre plataformas y repartidores y conductores para garantizar la protección social y evitar la precarización de esta fuente de ingresos.

Los repartidores, especialmente los congregados en el colectivo Ni Un Repartidor Menos, también han mostrado su desacuerdo con la iniciativa del gobierno federal, pues consideran que sus necesidades no han sido escuchadas.

En ese sentido, la ALAI pide al gobierno que se entable un diálogo abierto para “crear un marco normativo que fomente el desarrollo económico, social y humano del país, sin perder de vista la importancia de la innovación y la adaptación a las nuevas formas de generación de ingreso que ofrece la economía digital”.

La International Chamber of Commerce México (ICC México) pide “no apresurarse” para emitir una nueva ley para conductores y repartidores de plataformas, y analizar todas las perspectivas, incluida la económica. La organización emitió una serie de recomendaciones para la nueva reforma, incluyendo no cambiar la independencia de los trabajadores y considerar los gastos operativos de los socios antes de exigir pagos de asistencia social.

Hace un par de semanas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la esperada reforma para regularizar el trabajo de los conductores y repartidores de plataformas. Entre los principales cambios introducidos por la ley, se incluye el concepto de “relación laboral subordinada”, lo que implica el pago de salarios, indemnizaciones y otras cuotas como la seguridad social. Aunque la ley busca atender algunas demandas de los socios de plataformas, la introducción de conceptos tradicionales del trabajo también podría limitar los beneficios que ofrecen estas nuevas aplicaciones.

Ante los cambios, “la ICC México advierte que la implementación de esta reforma podría limitar la independencia que caracteriza a estas fuentes de ingresos y propone considerar detenidamente los diferentes enfoques que para regular la relación entre plataformas y trabajadores han adoptado otros países”.

La organización refiere que el caso de España, donde se emitió la llamada Ley Rider, adoptó un modelo laboral tradicional, lo que provocó la reducción de las fuentes de ingresos para miles de personas repartidoras. En contraste, California y Chile han construido soluciones que combinan la independencia con el acceso a la seguridad social, apunta.

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Con base en estas experiencias, la ICC México indica que regular este modelo bajo un esquema tradicional podría resultar en la pérdida de empleos como resultado de una contracción del tamaño del sector. Asimismo, alerta que otros negocios como restaurantes y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) también podrían verse afectados por la reforma propuesta.

“Un aumento en los costos de los servicios de las plataformas podría traducirse en una disminución en las ventas en un 30 por ciento para estos negocios, afectando la economía local y la generación de empleo”, calcula la organización.

Por ello, considera necesario encontrar un equilibrio que facilite el acceso a la seguridad social sin comprometer su independencia y flexibilidad, a la vez que se impulse el desarrollo y fortalecimiento de las plataformas para que continúen siendo un pilar en el desarrollo económico del país. La organización emitió cuatro recomendaciones principales para mantener este equilibrio:

La principal recomendación de la organización es la de preservar la figura de trabajadores independientes. Al respecto, señala que “la ley debe incluir una definición precisa de los criterios que distingan entre aquellos trabajadores independientes que prestan servicios ocasionalmente, de aquellos que serán considerados trabajadores bajo el nuevo modelo planteado por la reforma”.

La reforma publicada por la presidencia de México integra los conceptos de “relación laboral subordinada” y “trabajador de plataformas digitales”, los que presuntamente se harían efectivos una vez que los socios de plataformas logren generar un salario mínimo al mes.

La organización también recomienda que se deben reconocer los gastos operativos. Explica que se debe reconocer que los repartidores y conductores invierten en vehículos, gasolina, mantenimiento, teléfonos inteligentes con plan de datos y otros gastos operativos, por lo que la base de contribución a la seguridad social debe ser calculada sobre sus ganancias netas.

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La ley establece que “el salario en el trabajo en plataformas se fijará por tarea, servicio, obra o trabajo realizado”. Es decir, la ley equipara el pago de una tarifa por viaje a un salario, del cual se tendrán que descontar cuotas para el pago de seguridad social, así como vacaciones y aguinaldo.

La ICC recomienda también la integración de un esquema fiscal justo, y apunta que se debería evitar modificar el régimen fiscal especial para repartidores y conductores a un esquema tradicional que incrementaría drásticamente su carga impositiva.

Finalmente, recomienda contemplar mecanismos que den certeza y claridad sobre la operación de la plataforma, sin que ello comprometa la propiedad intelectual con la que operan las empresas de tecnología.

“Dado que el futuro de la regulación del trabajo en plataformas digitales en México está en juego, la ICC México hace un llamado a la colaboración y el diálogo entre todos los actores involucrados en este proceso, reconociendo que es esencial que se consideren las experiencias de otros países donde se han llevado a cabo procesos de diálogo constructivos que han resultado en soluciones efectivas”.

Proceso Jorge Bravo

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presentaron en la conferencia matutina una iniciativa para formalizar la actividad de personas trabajadoras de plataformas digitales. Pese a su enfoque en la protección laboral, la reforma tiene puntos cuestionables que pondrían en riesgo los beneficios que estas plataformas han traído a miles de personas y la sociedad en general.

La iniciativa modifica la Ley Federal del Trabajo e incluye un capítulo especial para repartidores y choferes de plataformas. Regula su relación laboral y propone la “subordinación discontinua y acotada al tiempo trabajado”, para que mantengan “flexibilidad” en sus horarios y apps donde operan.

Las plataformas deben integrarse a un programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social que garantice la cobertura de salud para quienes superen el salario mínimo. Paradójicamente, la iniciativa obliga la subordinación, pero prohíbe que las plataformas exijan disponibilidad constante. Se supervisará que los mecanismos de control no se gestionen sólo mediante algoritmos, sino con intervención humana. Entonces, para qué sirve la tecnología.

El gobierno ha justificado la iniciativa como una medida para dignificar el trabajo y garantizar derechos como la seguridad social. Detrás de este discurso que se lee muy bonito, se ocultan los costos y los verdaderos impactos tanto a trabajadores como a plataformas.

El principal problema es que la reforma surge de una suposición equivocada: encajar el trabajo en plataformas en un esquema tradicional de empleo subordinado.

La iniciativa dice reconocer la flexibilidad y autonomía del trabajo en plataformas, pero al imponer la subordinación, mina la viabilidad de este modelo de negocio que ha otorgado oportunidades de ingresos a miles de personas, en los momentos más difíciles como la pandemia, y como no lo ha hecho ninguna política laboral. 

Son cerca de 658 mil personas que han encontrado en las plataformas –y no gracias a una política pública del gobierno– una oportunidad para mejorar sus ingresos. La iniciativa es ciega y sorda a las necesidades de las personas, la tecnología y el modelo de negocio.

Una encuesta de Buendía & Márquez reveló que 95% de los conductores y repartidores valora mucho la independencia y flexibilidad para generar ganancias. Estas opiniones de los interesados no son tomadas en cuenta al forzar la subordinación. 

Las plataformas como DiDi, Uber y Rappi han proliferado porque ofrecen un tipo de empleo que escapa a los esquemas laborales tradicionales. La posibilidad de que las personas decidan libremente cuándo, cuánto y cómo trabajar es el principal atractivo para repartidores y choferes; 50% de los repartidores trabaja menos de cuatro horas al día, una jornada que no encuentra cabida en un empleo convencional.

Las plataformas cumplen una importante función social: ayudan a paliar la pobreza. Estudios de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indican que los ingresos que los repartidores y choferes generan en estas plataformas superan los salarios de trabajos tradicionales. 

Al imponer un esquema de seguridad social y subordinación, el gobierno limita la capacidad de estas apps para ofrecer empleo flexible y accesible.

La solución no es la subordinación, sino un esquema de seguridad social universal que no comprometa la flexibilidad del trabajo en plataformas. 

La iniciativa va contra las plataformas que habilitan derechos fundamentales como movilidad o trabajo, pero no regula ni otorga seguridad social a otras modalidades de trabajo como tiendas de autoservicio o farmacias que ofrecen un servicio idéntico, tampoco a los taxistas o los despachadores de las gasolineras de Pemex, quienes tampoco tienen seguridad social, ni seguro contra accidentes ni declaran al fisco, como sí lo hacen quienes utilizan las plataformas de movilidad para generar ingresos adicionales. También hay trabajadores freelance, como profesores o periodistas que trabajan por horas, pero no reciben a cambio una compensación por seguridad social. 

La iniciativa ignora que los repartidores eligen voluntariamente este tipo de trabajo debido a la flexibilidad y la posibilidad de combinarlo con otras actividades. La autoridad no se percata de que el trabajo en plataformas es complementario. Las personas no otorgan exclusividad a una sola plataforma, se conectan a todas buscando la mejor oferta, por lo que no existe un solo “patrón” sino varios. 

En lugar de regular la relación laboral, deben generarse alternativas que ofrezcan seguridad social sin cambiar la naturaleza autónoma del trabajo. En vez de imponer obligaciones que frenarían el uso de plataformas, el gobierno podría apostar por esquemas de contribuciones voluntarias a la seguridad social, donde los trabajadores puedan elegir aportar a su salud y pensión sin perder autonomía. Este enfoque ya ha sido explorado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante programas piloto para trabajadores independientes, demostrando que es posible generar protección social sin necesidad de imponer relaciones laborales tradicionales y subordinadas.

Otra desventaja es que encarecería el modelo de negocio. El gobierno no menciona que la imposición de seguridad social aumentaría significativamente los costos operativos, afectando tanto a empresas como a trabajadores. Las plataformas han funcionado bajo un esquema de costos controlados, como que los medios de transporte pertenecen a las personas. Con la reforma, las plataformas asumirán más costos, derivando en tarifas más altas para usuarios y menores ingresos para repartidores y choferes. 

Sépase que al aportar a la seguridad social (algunos ya lo hacen), los trabajadores tendrán menos ingresos, desvirtuando el esquema complementario de laborar en apps. Hay que decirlo, quienes más sufrirán las consecuencias de esta regulación serán los trabajadores a quienes se intenta proteger, así como los usuarios que pagaremos más por contratar un servicio de movilidad.

La respuesta no está en imponer un marco rígido de seguridad social a las plataformas, sino en crear un sistema de seguridad social universal accesible para todos los trabajadores, independientemente de su condición laboral. 

Dinamarca y Finlandia han explorado esquemas de seguridad social que no dependen de la relación laboral. Permiten que empleados formales como autónomos y trabajadores de plataformas puedan acceder a servicios de salud y pensión.

El gobierno debería enfocarse en ampliar el acceso a la seguridad social mediante esquemas contributivos auténticamente flexibles, donde los trabajadores de plataformas puedan decidir voluntariamente su nivel de contribución. Esta solución permitiría proteger a los trabajadores sin desvirtuar la naturaleza del trabajo en plataformas.

La reforma laboral para otorgar seguridad social a repartidores y choferes de plataformas es un intento bien intencionado, pero mal diseñado porque esconde el verdadero impacto negativo de la regulación a quienes busca proteger. 

Las plataformas, lejos de ser el enemigo, cumplen una función social que no puede ser ignorada: ofrecen ingresos superiores y flexibles que ayudan a combatir la pobreza, generar oportunidades de ingresos complementarios y mejorar la calidad de vida de miles de personas en México. La política laboral no lo ha logrado, las plataformas sí. 

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La tan anunciada iniciativa para dar seguridad social a repartidores y repartidoras de las plataformas digitales en México ya está sobre la mesa. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles por la mañana la iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo e incorpora el trabajo a través de plataformas digitales.

El proyecto dejaría un sabor agridulce para las plataformas como Uber Eats, Rappi y DiDi Food y para las personas que generan ingresos a través de ellas.

Por un lado, el gobierno reconoce que esta actividad no encaja en el modelo tradicional del trabajo, pero al final termina por subordinar a los repartidores y choferes al mando de las plataformas tecnológicas.

Los argumentos de fondo son brindar prestaciones sociales a las personas trabajadoras de plataformas digitales: acceso a servicios de salud, cotizar en el Instituto Mexicano de Seguro Social, derecho a vacaciones, aguinaldo y acceso a créditos de vivienda, entre otros.

Aunque la iniciativa reconoce que el trabajo en plataformas digitales es flexible y discontinuo ―lo que quiere decir que se realiza sin horarios fijos, en diversos espacios y de manera intermitente―, en la realidad podría mermar parcialmente estas cualidades que son base del innovador modelo de negocios de este sector y que son altamente valoradas por los repartidores.

Durante la conferencia matutina de Sheinbaum, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, expuso que en México existen alrededor de 658 mil personas que trabajan a través de las plataformas digitales y que están dadas de alta en el Servicio de Administración Tributaria.

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De este grupo, 272 mil personas repartidoras obtienen ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual (equivalente a unos 7 mil 468 pesos o a 440 dólares aproximadamente). Esto significa que las plataformas son su principal o única fuente de ingresos.

Ese universo de menos de 300 mil personas serían las principales beneficiadas por la reforma que promueve el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero la iniciativa también plantea que quienes no alcancen a generar esa percepción tendrán acceso a la seguridad social, a excepción de cotizar en el IMSS y tener aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Incorporar a las y los repartidores y conductores como trabajadores implicaría un significativo aumento en los gastos operativos de las plataformas digitales, lo que a su vez podría propiciar más costos para los restaurantes inscritos y los usuarios finales y la pérdida de fuentes de ingresos para miles de personas.

Si una plataforma debe incurrir en mayores costos para mantener a su universo de repartidores, que además se conectan a múltiples aplicaciones al mismo tiempo, es posible que opte por reducir esa base y se quede con una cantidad mucho menor de repartidores que sean los más eficientes y constantes.

Hasta ahora, el modelo flexible e independiente de trabajo en las plataformas digitales permite que sea una alternativa de generación de ingresos complementaria para miles de personas, que probablemente quedarían fuera con la nueva regulación.

Por ejemplo, amas de casa, estudiantes, personas adultas mayores o cualquier otro individuo que vea en esta una actividad económica complementaria.

Una reciente encuesta de Buendía & Márquez, publicada en agosto de 2024, muestra que para el 32 por ciento de los colaboradores de las plataformas digitales esta actividad es un complemento de sus ingresos.

La encuesta también advierte que 60 por ciento de los repartidores son ocasionales; es decir, que dedican menos de 20 horas a las plataformas cada semana. Este tiempo promedio de la mayoría de repartidores es menor a la temporalidad que establece el proyecto de decreto del gobierno.

El documento indica que un repartidor deberá acumular 288 horas efectivas en dos meses para ser elegible en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (aplicando un factor de 0.75 horas de trabajo efectivo por hora).

Para alcanzar esas horas, a ese 60 por ciento de repartidores ocasionales les tomaría alrededor de 14 semanas, más de dos meses.

La oportunidad de generar ingresos adicionales podría ya no funcionar para este grupo, sobre todo si se toma en cuenta que sus ingresos netos podrían disminuir por las retenciones legales para cubrir las contribuciones a la seguridad social.

En España, la Ley Rider, que obligó a las plataformas a contratar a los repartidores, provocó que durante sus primeros cinco meses de funcionamiento al menos 10 mil repartidores perdieran esta fuente de ingresos.

Por un lado, las plataformas podrían optar por disminuir la cantidad de repartidores que aceptan. Pero también es posible que los repartidores abandonen esta actividad porque ya no les resulta redituable.

La misma encuesta de Buendía & Márquez señala que 57 por ciento de las personas que generan ingresos por medio de las aplicaciones dejaría de usarlas si se tiene que convertir en empleados para conectarse a ellas, debido a que ya no tendría las cualidades que valora en esta ocupación.

El proyecto de reforma del gobierno mexicano contempla importantes principios, que son propios del nuevo modelo de las plataformas: la flexibilidad y discontinuidad. Al reconocer estos atributos, la iniciativa busca que las personas repartidoras puedan seguir decidiendo cuánto tiempo dedican a esta actividad.

Bajo esta visión, se entiende que existe una relación laboral durante el tiempo efectivamente laborado por la persona trabajadora. El pago de salario y sus prestaciones serán, entonces, proporcionales a ese tiempo trabajado.

Sin embargo, no se contempla un punto intermedio para quienes no desean ser trabajadores subordinados de las plataformas, pero quieren acceder a la seguridad social.

Las empresas de Internet propusieron un modelo intermedio en la regulación laboral que busca promover el gobierno, en el cual se implementara un esquema de contribuciones conjunto entre las plataformas y repartidores y que permitiera que estos últimos conservaran su independencia. Pero el proyecto de decreto no contempla esta posibilidad.

Previo al anuncio desde Palacio Nacional, Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos hicieron un llamado al gobierno para que se garantizara el acceso a una red de seguridad social sin comprometer la independencia de repartidores.

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Mientras tanto, las plataformas, agremiadas en la Alianza In se mostraron abiertas a construir un mecanismo que permita otorgar seguridad social a los repartidores, pero manteniendo la flexibilidad e independencia del modelo de las aplicaciones.

Alianza In dijo que sostuvo su primer encuentro con la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde pudo exponer sus primeros puntos de vista antes de que la iniciativa se envíe al Congreso.

“Estamos analizando sus implicaciones en el modelo de negocio e impacto potencial sobre todo el ecosistema: conductores, repartidores, empresarios restauranteros y usuarios finales”, expuso a través de un comunicado.

Por ahora, la asociación reiteró que es indispensable “continuar el diálogo con todas las partes involucradas antes de enviar una iniciativa al Congreso, ya que esto podría poner en riesgo la existencia de estas oportunidades y los beneficios que estas tecnologías brindan a la población en general”.