Ley Rider: fracaso y afectación para repartidores y restaurantes en España

Están las declaraciones y están los números. La llamada Ley Rider en España ha resultado un fracaso para todo el ecosistema: los colaboradores no se quieren sumar y las empresas repartidoras buscan huecos legales para no cumplirlas.

La semana pasada, Uber Eats publicó una carta abierta dirigida a la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, en la que acusa directamente a su competidor Glovo por mantener a la mayoría de sus colaboradores bajo la figura de “autónomos”, un esquema que resulta más atractivo para los repartidores, y que deja a las demás empresas con escasez de personal.

En su carta, Uber Eats señala que a partir de la entrada en vigor de la Ley Rider a mediados de 2021, la compañía hizo un esfuerzo por cumplir con las nuevas condiciones, por lo que optó por la vía de la tercerización, es decir, la contratación de repartidores mediante otras compañías de mensajería y logística.

Contrariamente, acusa la compañía, otros competidores como Glovo han decidido mantener la mayoría de su flota como “autónomos”, un modelo que aparentemente sigue siendo preferido por la mayoría de los repartidores, a pesar de la oferta de contratación en otras compañías.

Glovo implementó un modelo que calificó de “inédito en España” que daría prioridad a la flexibilidad buscada por los repartidores y cumplir con la ley. Dentro de sus planes publicados en 2021, la compañía afirmó que contrataría a cerca de 2 mil repartidores, pero mantendría la autonomía para al menos 80 por ciento de su flota.

Entre las características de su modelo se incluyen la libre conexión, que permitiría al repartidor decidir por sí mismo el día y hora de conexión a la plataforma; la capacidad de establecer sus propios precios y de subcontratar la entrega de pedidos; y la total independencia del rider a la hora de aceptar o no un servicio, sin penalización, según información del medio CincoDías.

Uber indica que mientras el resto de las plataformas buscaron alternativas para el cumplimiento de la ley al contratar a la mayoría de sus colaboradores, Glovo decidió seguir operando con trabajadores autónomos, un modelo resulta más atractivo para el repartidor.

“Hoy, más de seis meses después de su entrada en vigor, las empresas que cumplimos la ley nos encontramos con una situación paradójica. Nuestras flotas colaboradoras no encuentran repartidores porque éstos prefieren ser autónomos, de manera que trabajan con Glovo, la única empresa que se lo permite, el mayor unicornio español, en contra de la Ley Rider”, afirma la misiva, firmada por Courtney Tims, directora de UberEats en España.

Desde antes de la publicación de la Ley Rider, los restaurantes advirtieron de sus efectos negativos en su sector, los repartidores se manifestaron por mantener su autonomía y las compañías advirtieron que dañaría al negocio y a los consumidores.

Mediante un manifiesto publicado a principios de 2021, el sector restaurantero español advertía que la Ley Rider “tendría un elevado coste tanto en términos de empleo (23 mil personas), así como en los ingresos de los restaurantes y otros comercios”, al estimar que “11 millones de personas” se quedarían sin acceso a los servicios de reparto de comida, “lo que generaría un fuerte perjuicio para miles de restaurantes que se apoyan en dicho servicio para mantener su actividad”.

Más de un año después, la carta de UberEats acusa que la escasez actual de repartidores en su plataforma provoca dificultades no sólo en la contratación, también “sufren clientes y restaurantes por igual. Unos ven cómo su pedido tarda mucho más en llegar, y los otros acumulan pedidos que nadie recoge”.

La inspección de Trabajo multó el pasado noviembre a Glovo con más de 8.5 millones de euros por no regularizar los contratos de sus repartidores en Sevilla, donde al menos mil 316 empleados continuaban bajo la figura de autónomo. 

De acuerdo con el reciente informe publicado por los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, la Ley Rider no ha cumplido su principal objetivo, brindar una contratación que diera certidumbre y prestaciones a los repartidores.

La Asociación Riders por Derechos acusa que sólo 20 por ciento de los trabajadores en plataformas de reparto han accedido a un contrato indefinido de trabajo, mientras que 80 por ciento aún trabaja por empresas de trabajo temporal, con subcontratos o como “falsos autónomos”, según cita el medio El Español.

La Asociación Profesional de Riders había estimado que durante 2021 se habrían perdido hasta 10 mil puestos de trabajo en el sector, de los cuales 4 mil habrían sido provocados por la salida de Deliveroo, mientras la mayoría no pudieron ser contratados bajo las nuevas condiciones.

Durante el debate y publicación de la Ley Rider, miles de repartidores se manifestaron en contra, primero por no haber sido incluidos en la discusión, posteriormente, por ser obligados a sumarse a la figura de la contratación. 

Muchos consideraron que la Ley Rider los condenaba a contratos aún más precarios, a la vez que los colocaba en una situación que muchos no podrían cumplir, como dedicarse a un horario, días y zonas ahora designadas por el empleador, según recogieron diversos medios españoles.

“Los repartidores no se manifestaban porque quisieran renunciar a mayores derechos o protecciones. Sencillamente querían mantener la flexibilidad del modelo autónomo que les permitía escoger cuándo trabajar, priorizando los momentos de alta demanda, y así obtener mayores ingresos. Todo ello mientras negociaban importantes mejoras en sus condiciones de trabajo”, refiere también la carta de Uber.

En su momento, los colectivos Repartidores Unidos y la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) convocaron a manifestarse en al menos once ciudades al considerar que fueron excluidos de la discusión. 

Las protestas organizadas por repartidores en contra de la Ley Rider se llevaron a cabo en ciudades como Barcelona, Gandía, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia.

Por su parte, UberEats tampoco ha estado libre de acusaciones. Aunque la firma señala que los repartidores acceden a todos los beneficios marcados por la Ley Rider mediante la subcontratación, los sindicatos consideran que estas plataformas firman un convenio de mensajería, en lugar del de transporte de mercancías, por lo que estarían incurriendo en una “cesión ilegal” de trabajadores.

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