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Hace casi un año, más precisamente el 15 de enero del 2023, el gobierno kirchnerista decidió aplicar una millonaria sanción a Telecom Argentina y a la sociedad Artear, empresa del Grupo Clarín, por abusar de su posición de dominio en el mercado de televisión paga.

La multa fue canalizada mediante una resolución de la Secretaría de Comercio que acusó a la principal operadora de telecomunicaciones de la Argentina de imponerle a otro operador de televisión por cable condiciones de venta discriminatorias para las señales Canal 13 y TN, ambas de Artear y pertenecientes al mismo grupo económico.

Según la decisión, la disposición “le impedía al operador su entrada y desarrollo como competidor en el mercado de televisión paga y restringiendo su capacidad de replicar de manera competitiva el servicio de cuádruple play”.

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Los argumentos que solía esgrimir el presidente Alberto Fernández para no atribuirle a su gestión el pésimo desempeño económico que presenta Argentina en los últimos años son los factores externos: la deuda contraída con el FMI por el gobierno anterior, la pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía y –aunque no lo dice abiertamente– la discusión política interna de su coalición.

Casi los mismos factores condicionaron la limitada política pública para el sector de las telecomunicaciones durante esta administración, además de un alto componente de malas decisiones y de falta de entendimiento y valorización de la actividad. La promoción de un sector esencial para el desarrollo económico y social del país nunca estuvo en la parte alta de la agenda de prioridades del gobierno, prueba de ello fueron los recambios en la titularidad de la Subsecretaría TIC sin alto rango en el ejecutivo perdida en el esquema de la Jefatura de Gabinete.

Los errores del gobierno en materia de telecomunicaciones van desde el DNU 690, que trató de imponer el control de precios, perjudicó las finanzas de los operadores y recogió el rechazo de todo el sector; hasta una postergada subasta 5G con fines recaudatorios, que al inicio cosechó críticas hasta que mejoraron las condiciones permitiendo que los operadores móviles pudieran participar en la subasta.

La pandemia determinó entonces una mirada sobrereguladora hacia el sector y la economía en su conjunto. Así, la política económica con control de cambio y restricción a las importaciones y la crisis de devaluación monetaria e inflación acelerada –producto de la deuda, la gestión tendente al déficit fiscal, los precios de la energía por la guerra y la sequía que perjudicó las exportaciones– presionaron al sector con caída de los ingresos y dificultades a la importación de equipos.

A esto se suma la interna dentro de las políticas del sector, con un regulador donde coexistían miembros que respondían a Sergio Massa y otros a Cristina Kirchner, y por otro lado la Subsecretaría TIC que respondía más a Alberto Fernández. Las distintas visiones sobre el sector y el enroque sobre la idea del control de precios con la posterior judicialización bloquearon en gran medida el avance sustancial del sector, hasta la conclusión de la subasta de la banda 3.5 GHz.

El DNU 690 de la pandemia

La gran polémica de esta gestión en materia de telecomunicaciones fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, publicado en agosto de 2020 en plena pandemia. Convirtió a las TIC en servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y puso bajo jurisdicción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) garantizar “su efectiva disponibilidad”. Con su entrada en vigencia, el regulador pretendió autorizar aumentos máximos en un contexto de acelerada inflación y se generaron planes básicos universales (PBU) que tuvieron poca o nula adhesión por parte de los usuarios. En otras palabras, prestaciones mínimas a precios preestablecidos.

Inmediatamente después de publicado el decreto, los operadores grandes y pequeños pidieron su revisión. Su argumento central fue que la medida era inconstitucional pero también que resultaría demasiado complejo ponerla en práctica en un contexto de alta inflación (en ese año superior al 50% interanual, hoy más de 140%) y con el exponencial crecimiento de uso de redes y servicios en el contexto de pandemia. Además, la autoridad pública carecía de capacidad técnica para adecuar definiciones de aumentos realistas con base en costos.

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La respuesta de las autoridades fue la cerrazón ideológica y acusaciones infundadas sobre un sector cuyos precios crecen por debajo de la inflación. Las empresas fueron a la Justicia a pedir libertad tarifaria y distintas firmas consiguieron luz verde para definir su estrategia comercial a través de amparos judiciales. Las únicas entidades que cumplieron el alza de precios establecida por el Enacom fueron algunas cooperativas, que en reiteradas oportunidades alertaron sobre su debilitamiento económico a causa del DNU.

El DNU 690 también fue un tema de la campaña electoral. En las Jornadas de ATVC en octubre de 2023, previo a la elecciones, representantes de los distintos partidos políticos (incluso el Massismo) coincidieron en que la situación regulatoria debía sufrir un cambio. Como un broche de oro a la disputa, en la última semana, gracias a un recurso interpuesto por Telecom, la Justicia declaró la nulidad al DNU 690 por su inconstitucionalidad. Entre los argumentos de la sentencia dice que ya no existen las circunstancias excepcionales que autorizaron el dictado del DNU y que un cambio tan profundo como la declaración de un servicio público debería haber pasado por el trámite legislativo del Congreso.

Tensiones internas de la coalición de gobierno

La discusión entre las familias políticas del gobierno también impactó en el manejo del sector. Como gobierno de coalición, las distintas fuerzas pujaron e intentaron imponer su posición –en algunos casos opuesta–, y con una composición contra natura, ya que la principal fuerza, el kirchnerismo, no tenía el sillón presidencial aunque sí la mayoría de Ministerios y la vicepresidencia del Enacom. Por ejemplo, el DNU 690 siempre fue defendido por el ala albertista y cristinista del gobierno, no así por el ala más massista, que por su impronta más liberal siempre fue distante a la idea del control de precio.

Dentro del regulador se destacó el desempeño del vicepresidente Gustavo López, el hombre fuerte del kirchnerismo en el ente, el encargado principalmente de defender en los medios las medidas más populistas del sector.

Las idas y vueltas de la dirección a cargo de las políticas públicas del sector también limitaron el desempeño de una industria transversal a distintos ámbitos. Cuando Alberto Fernández asumió, creó la Secretaría de Innovación (a cargo de Micaela Sánchez Malcolm, quien se mantuvo en su puesto todos estos años), y dentro de ella, la Subsecretaría TIC, a cargo de Martín Olmos. Ambos respondían al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Olmos tuvo poco margen de acción, ya que a los pocos meses de asumir llegó la pandemia, y con ella el DNU 690.

Luego del revés sufrido en las elecciones de medio término, en 2021, el Ejecutivo renovó parte del Gobierno, y Juan Manzur, del peronismo federal, pasó a ser el nuevo Jefe de Gabinete. Manzur nombró a Jorge Neme vicejefe de Gabinete y asumió todas las responsabilidades del sector telco, buscando la desjudicialización del sector (con una salida del DNU 690) y una rápida subasta de espectro 5G, ambas iniciativas frustradas. En ese momento reemplazó a Martín Olmos por Mateo Gómez Ortega. Poco tiempo duró este equipo. Con la llegada de Sergio Massa al superministerio de Economía, en agosto de 2022, Neme dejó la vicejefatura de Gabinete (al igual que Manzur), y el sector “volvió” a la órbita de la Secretaría de Innovación. Pero sólo en los papeles, pues las dos decisiones más trascendentales del último tiempo vinieron desde el Ministerio de Economía: destinar la banda de 6 GHz a servicios inalámbricos y la subasta de espectro 5G.

Por su parte, Martín Olmos regresó como subsecretario de Telecomunicaciones en agosto del año pasado, pero debió renunciar en octubre porque su madre, Kelly Olmos, fue nombrada ministra de Trabajo y cayó en la incompatibilidad. En su lugar, se nombró a Mariano Lombardi, que en todos estos meses no se le adjudicó ningún movimiento ni acercamiento con la industria. Mientras que Micaela Sánchez Malcolm, la secretaria de Innovación, concentró su gestión en la digitalización del Estado (una de sus banderas fue la aplicación Mi Argentina), temas de brecha de género, y la apertura de Puntos Digitales.

Arsat también sufrió los cambios de la interna. Al inicio de la gestión estaba al frente de la compañía pública Pablo Tognetti, presidente histórico, pero luego de las elecciones de medio término se nombró a Matías Tombolini, buscando un giro comercial a la compañía, que finalmente no se terminó dando. Además, en enero de 2022 se nombró a Claudia Bello y Soledad Gonnet como miembros de su directorio, dos perfiles políticos que en su momento fueron cuestionados. Esta decisión correspondió a una designación del propio jefe de Gabinete, Manzur. El de Bello finalmente no prosperó. Con la llegada de Massa al Ministerio de Economía, Tombolini fue nombrado como secretario de Comercio, y volvió a Arsat el ala más técnica con Facundo Leal como presidente.

6 GHz y 5G

Fue con Sergio Massa que se aceleraron algunas iniciativas del sector. En mayo de 2023, en un acto del ministro con Meta, Intel, Google, entre otras plataformas, se anunció destinar toda la banda de 6 GHz para WiFi, a pesar de que el país había realizado una consulta pública para atribuir sólo 500 MHz. El anuncio de esta “llegada” se convirtió en una foto de campaña del ministro Massa en busca de buenas noticias y de un acercamiento con los Estados Unidos. A pesar de lo apresurado de la medida, aún no hay mayores definiciones de servicios WiFi 6E, e incluso se está debatiendo el destino de dicha banda en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23) que se está llevando a cabo en Dubai.

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Luego llegó la tan demorada y prometida subasta 5G. En agosto de este año se conocieron las bases; los 350 millones de dólares por cada bloque de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz resultaron demasiado para las deprimidas finanzas de los operadores, que inmediatamente pidieron revisar las condiciones “dado que en este escenario es imposible el despliegue” de la nueva tecnología. La necesidad de dólares en una economía con mínimas reservas y constantes vencimientos de la deuda externa pudo más que la visión no recaudatoria de la subasta de espectro.

Pero se encontró una solución de consenso para habilitar la realización de la subasta, ya que las autoridades permitieron hacer un enroque con los distintos tipos de cambios que funcionan en el país, que supuso una sustancial mejora en el costo estipulado inicialmente. En otras palabras, en los papeles son 350 millones de dólares, pero los operadores pueden reducir el impacto de este costo a casi un tercio ingresando divisas al tipo de cambio de la bolsa en el exterior y pagando la subasta al dólar oficial. Tras ese cambio, las compañías accedieron a participar, hecho que se concretó a finales de octubre con Claro, Personal y Movistar ganando espectro.

Otra polémica que giró en torno a la subasta fue el bloque de 100 MHz a Arsat, al que se sumaría los 50 MHz desiertos del proceso licitatorio. Habrá que esperar las decisiones del nuevo Ejecutivo con respecto a la empresa pública y al modelo para el uso de esas frecuencias. Las opciones van desde un modelo de eficientización de la empresa pública, una reducción de sus inversiones o incluso la privatización total o parcial de sus activos.

FSU, proyectos e iniciativas

Otra disputa durante este gobierno fue la gestión del Fondo de Servicio Universal. El fondo subsidiario que se financia con 1 por ciento de los ingresos de los operadores tiene por objetivo contribuir al cierre de la brecha digital. Sin embargo, algunas entidades alertaron sobre la falta de transparencia en la adjudicación y balance de resultados de los mismos.

El Enacom destinó gran parte de estos fondos a Arsat, con lo que el Estado financia su empresa pública por esta vía. La situación se agrava al observarse que muchos otros recursos son adjudicados a empresas públicas provinciales o entidades proveedoras de servicios TIC de reciente creación. “Debería manejarse de una manera más transparente, ya que encontramos que hay licenciatarios a los que les dan una licencia y fondos y no vemos que haya control real sobre el destino de ese dinero”, dijo recientemente el titular de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), Rodolfo Bianchi.

“También vemos asignaciones del Fondo de Servicio Universal que generan notorias desigualdades. Los operadores pequeños, medianos y grandes de todo el territorio están obligados a pagar, pero deben afrontar la competencia de los que nunca hicieron aportes, como las SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) y otros que reciben beneficios”, había mencionado Walter Burzaco, presidente de ATVC, en la inauguración del evento Jornadas 2023.

En estos cuatro años, la compañía siguió creciendo y fortaleciendo la Red Federal de Fibra Óptica. A septiembre, la compañía contaba con 34 mil 500 kilómetros de red mayorista, de los cuales 32 mil 800 se encontraban operativos. Asimismo, avanzó en la construcción del satélite geoestacionario SG-1, cuyo lanzamiento se postergó a 2025. También se anunció el SG-2, que hasta el momento no se conocen avances.

En los últimos meses, y para sumar pequeños avances en materia digital, se conocieron algunas novedades del sector. En abril, en un acto donde participó Alberto Fernández, el Gobierno anunció Mi Pueblo Conectado, un plan para dotar de Internet satelital a 370 localidades del país, a través de un presupuesto de 5 millones de dólares (USD).

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Desde la Secretaría de Innovación también lanzó a consulta pública en agosto el proyecto de fortalecimiento a la infraestructura de datos para cerrar la brecha digital en el país, sobre el proyecto que recibió financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Vale aclarar que en estos años, a pesar de la macro desafiante, el Gobierno tuvo un buen acercamiento a los organismos de créditos regionales para financiar iniciativas TIC. Consiguieron un préstamos del BID para: USD 35 millones para la provisión de capital humano especializado, el desarrollo y adopción de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial y la promoción de su inserción laboral; USD 600 millones para el Programa para la Integración del Sistema de Salud Argentino, que incluye receta electrónica de medicamentos y el uso de Inteligencia Artificial para la gestión sanitaria; para financiar el Programa de Ciberseguridad para Infraestructuras Críticas; USD 80 millones para la transformación digital de mipymes. También uno de CAF por USD 20 millones para economía del conocimiento.

En definitiva, los cuatro años del gobierno de Alberto Fernádez en materia digital de alguna forma fueron un pequeño reflejo de lo que ocurrió a nivel macro. Factores externos e internos, y una sobreregulación hicieron que se demoren las buenas intenciones y generaron un conflicto permanente con el sector.

La discusión sobre la regulación de precios y el carácter recaudatorio de la subasta de espectro ocupó todo el espacio de la conversación que no permitió mejoras en materia regulatoria para la promoción de la inversión, facilitar el despliegue de infraestructura, actualizar la fiscalidad o revisar las obligaciones de servicios tradicionales. Pese a ello, las empresas mantuvieron el pulso inversor y la cobertura y acceso a servicios continuaron extendiéndose mientras se produjo la renovación tecnológica que el contexto permitió.

La llegada del nuevo gobierno supone para el sector la expectativa de una política regulatoria más abierta, el fin de la discusión sobre la regulación de precios y un nuevo interlocutor con el que retomar la agenda sobre la necesaria actualización de los marcos normativos que rigen a una industria clave para la vuelta al crecimiento económico en el país.

En su visita oficial a China, el presidente argentino Alberto Fernández visitó el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Huawei en Shanghai. Fue recibido y mantuvo reuniones con altas autoridades de la compañía, entre ellos su presidente para América Latina y el Caribe, Danjin Zhou; el vicepresidente, Feng Que; y el CEO de Huawei Argentina, Mingqiang Zhang.

Fernández destacó la importancia de la inversión extranjera para posicionar al país como referente regional en materia TIC y dialogó sobre el potencial de crecimiento local vinculado a las nuevas tecnologías. También destacó el nivel de formación de profesionales argentinos y emprendimientos dentro del ecosistema digital.

En un comunicado oficial del gobierno, se destacó que Huawei anunció el año pasado que iniciaría nuevamente la comercialización de dispositivos en el país y sus operaciones de producción. Fernández estuvo acompañado de una comitiva local, tal como había sucedido en la visita a Huawei del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en septiembre.

El jefe de Estado de Argentina también se reunió con Huang Jianrong, presidente de Tibet Summit Resources. La empresa, que desarrolla proyectos de extracción de litio en Salta, destacó planes para invertir 2 mil 200 millones de dólares en dos iniciativas para esa provincia: 700 millones de dólares para el Salar de Diablillos y el resto para una planta de procesamiento en el Salar Arizano.

Previo a este encuentro, el mandatario conversó con autoridades de Gotion Argentina, con quienes se analizaron acuerdos de cooperación con la empresa jujeña Jemsa para desarrollar el proyecto letífero Cauchari-Olaroz en la provincia; de CMEC, firma a cargo del proyecto del Ferrocarril Belgrano Cargas, y de Power China, contratista de energías renovables de Argentina, con la que se firmaron al momento más de 30 proyectos por más de 5 mil 500 millones de dólares. Además, mantuvo encuentros con representantes de las firmas CST Mining Group y Tsingshan Holding Group, que también anunció inversiones en Chile.

En las próximas horas, el funcionario llegará a Beijing para participar del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional y mantener una reunión bilateral con su par en China, Xi Jinping.

Clarín

A través de una presentación formal, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, le pidió al presidente Alberto Fernández que frene y revoque nombramientos, contrataciones y concursos en el Estado.

En un escrito como si ya fuese presidente electo, Milei le exigió al Presidente que “se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre”.

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Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana la incorporación oficial de la Argentina a la alianza de los BRICS conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países más importantes de las economías emergentes que, como bloque, representan el 24 por ciento del PBI global.

En un mensaje transmitido desde la Quinta Presidencial de Olivos, el mandatario afirmó que “nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS” y, de esta manera, “damos un nuevo paso en la consolidación de la Argentina fraterna y abierta al mundo que siempre soñamos”. En este caso, como “protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40 por ciento de la población mundial”.

El presidente resaltó que “se abre un nuevo escenario para la Argentina”, y aseguró que buscar la integración con diferentes instancias a nivel regional y mundial “es una política de Estado, porque está probado que de ese modo aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados, de consolidar los existentes, de favorecer los flujos de inversión creando empleo, de aumentar las exportaciones y de desarrollar la aplicación de nuevas y mejores tecnologías”.

Tras repasar que durante el transcurso de 2022 “comenzamos las gestiones para el ingreso de la Argentina a los BRICS”, Fernández destacó que haber logrado conformar ese bloque es para el país “una nueva oportunidad” que “nos fortalece”, aunque “no excluye otras instancias de integración, y menos todavía la orgullosa pertenencia argentina al sistema multilateral de las Naciones Unidas”.

No obstante, el mandatario puso en valor que “el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero”, que actualmente representa “el 24 por ciento del PBI global, el 16 por ciento de las exportaciones y el 15 por ciento de las importaciones mundiales de bienes y servicios”.

En términos de comercio exterior argentino, los actuales cinco países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30 por ciento del destino de nuestras exportaciones. Por eso, dijo, “aumentar la capacidad de exportación a los países miembros, así como fortalecer nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con ellos, es una oportunidad que se nos presenta”.

El mandatario evaluó que los BRICS “juegan un papel determinante en la exigencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar social”, en un contexto marcado “por la crisis del sistema multilateral, la desaceleración de la economía mundial, fenómenos de inflación generalizada y la insostenibilidad de deudas externas”, además de “una profundización de la brecha Norte –Sur entre naciones”.

En este sentido, apuntó que de acuerdo con la FAO, los BRICS son los países que están “preparados para liderar la erradicación del hambre y la pobreza mundial en el 2030”; y sostuvo que además de tener “un deber moral humanitario para evitar el crecimiento de las hambrunas”, también hay allí “una oportunidad de presencia internacional de la Argentina gracias no solo a la productividad de nuestro suelo sino a la potencia de la agroindustria y la biotecnología”.

Asimismo, consideró que “no es una cuestión menor subrayar que el reclamo argentino para resolver la disputa de soberanía de la Cuestión Malvinas tiene en este foro a países que acompañan una resolución pacífica y negociada, tal como lo dispusieron diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Por último, el presidente expresó que la política exterior argentina se guía por una “búsqueda permanente de mayores márgenes de justicia y bienestar para su población”, y que en el camino a su concreción “Argentina no debe desaprovechar ninguna instancia de integración que sirva para potenciar su crecimiento”, y aprovecharlo “en bien de las argentinas y los argentinos, y en especial de quienes más lo necesitan”.

Fuente: Presidencia de Argentina

En vísperas de las elecciones primarias, por las que se elegirán candidatos definitivos para las presidenciales de octubre en Argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) hizo una suerte de balance de logros y resultados durante la gestión actual de Alberto Fernández. Con 5G todavía entre los pendientes, el regulador habló de los avances en fibra óptica, aun con una penetración del servicio a Internet fijo que se ha ralentizado, de sitios 4G y de algunos de los programas en funcionamiento con recursos del Fondo del Servicio Universal.

Argentina cerró 2022 con 11.2 millones de accesos a Internet fijo, cifra definitivamente superior a los 8.79 millones informados en 2019. La tasa de penetración sobre hogares pasó a 77.2 por ciento. En tanto, hay más de 3 millones de accesos al servicio vía fibra óptica, lo que equivale a un share de la tecnología superior al 26.7 por ciento y un crecimiento de 229 por ciento en los abonados de este tipo en tres años.

Enacom valoró como positivo el desarrollo de la Red Federal de la Fibra Óptica y la incorporación de proyectos bajo el formato de aportes no reembolsables: se aprobaron 178 proyectos para 339 localidades en 19 provincias, lo que benefició a 953 mil 480 habitantes con una inversión superior a los mil 500 millones de pesos (hoy 5.7 millones de dólares). También habló del Programa de Barrios Populares, con proyectos aprobados que tienen un alcance potencial de 2.1 millones de personas.

Respecto del 4G, el regulador indicó que hay 25 mil 494 sitios de este tipo instalados, que dan conectividad de este tipo a más de 500 departamentos. En este punto, el regulador comentó sobre los resultados del Programa de Despliegue de Redes de Acceso a Servicios de Comunicaciones Móviles: se aprobaron cuatro proyectos en las provincias de Corrientes, La Pampa, Misiones, Salta y Santa Fe.

La presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, se reunió con el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, en Casa Rosada y firmaron un memorando en el que consta la intención conjunta de cooperar en materia digital, entre otros puntos. También se repasó la situación del acuerdo Mercosur-UE y se destacó la importancia de la Cumbre del bloque europeo con la Celac que tendrá lugar en Bruselas el mes próximo.

“Tenemos una mirada mucho más común de lo que por ahí inicialmente podríamos pensar”, dijo Fernández y recordó que hubo un principio de acuerdo entre la UE y el Mercosur hace unos años y que la región pidió revisarlo porque entendía que no atendía acabadamente sus intereses. “Queremos un acuerdo que balancee las economías de cada una de las regiones y que tenga en cuenta las asimetrías, porque de otro modo podría ocurrir que beneficie claramente a la Unión Europea y no tanto, para no decir perjudica, al Mercosur”, agregó.

La diplomática consideró fundamental llevar la asociación “al siguiente nivel” a partir del objetivo de aunar fuerzas para tratar desafíos globales tales como el cambio climático, la digitalización, las cadenas de abastecimiento fiables y la resiliencia económica, entre otros. “La Unión Europea es el inversor número uno de la región y tiene 40 por ciento de la inversión directa en Argentina. Podemos ir más allá”, amplió para luego pedir “que haya predictibilidad normativa” para completar las inversiones en un clima favorable.

El encuentro planteó la posibilidad de que Europa se involucre más activamente en agregar valor a la producción de litio —se espera que la demanda europea de litio crezca 12 veces para 2030— a través de la producción de baterias, en la explotación del cobre y de hidrógeno verde. También se conversó sobre los efectos de la pandemia y la nueva realidad global por la guerra Rusia-Ucrania, con la consecuente transformación de las cadenas de producción y empleo.

En paralelo, tuvo lugar el primer Foro Empresarial Unión Europea-Argentina, con foco digital. Según reportó el medio local La Nación, se habló del hardware como commodity en la industria y la importancia de los satélites para alcanzar sitios alejados o rurales. Desde Ericsson, en tanto, señalaron algunos beneficios del 5G: puede aumentar la productividad un 60 por ciento, reducirá 15 por ciento las emisiones de gases de invernadero para 2030 y contribuirá al cierre de la brecha, enumeró Jacqueline Lopes.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lideró un acto en el que se lanzó Mi pueblo conectado, un plan por el que se dotará de Internet satelital a 370 localidades del país. La estatal Arsat será el brazo ejecutor del proyecto, que se publicó en el Boletín Oficial hace cuatro meses pero que desde este 17 de abril funciona oficialmente. El presupuesto para llevarlo a cabo es de unos mil 100 millones de pesos (hoy 5.1 millones de dólares).

“Estamos dando un paso muy importante en materia de conectividad y democratizando, porque quien hoy no accede a Internet queda muy atrás”, dijo el primer mandatario en la estación terrena de Arsat en Benavidez. “Aquí se está construyendo el tercer satélite (el Arsat SG1). Esta vez pretendemos hacerlo desde Bahía Blanca y no tener que ir a Cabo Cañaveral; queremos hacer nuestro propio propulsor y lanzarlo”, anunció.

La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, detalló que el plan presenta tres componentes: conectividad, destinada a organismos de gobierno y la ciudadanía a través de puntos abiertos; transferencia de recursos a todas las provincias para la compra de equipos informáticos, y capacitación. “El objetivo es reducir brechas, tanto de acceso como de uso”, señaló.

En diálogo exclusivo con DPL News, Sánchez Malcolm agregó que su dependencia trabajó en conjunto con el Ministerio del Interior a partir de un índice de vulnerabilidad, lo que permitió la elección de las localidades, pueblos y parajes involucrados. “Llegaremos con buen ancho de banda (mínimo de 30 Mbps de bajada), daremos recursos para equipos y trabajaremos fuerte en etapas de capacitación. Esta etapa es por 12 meses de servicio y evaluaremos su impacto para analizar cómo seguir”, indicó.

Serán alcanzadas localidades de todas las provincias: Buenos Aires (40), Catamarca (11), Chaco (17), Chubut (11), Córdoba (18), Corrientes (16), Entre Ríos (32), Formosa (12), Jujuy (19), La Pampa (11), La Rioja (6), Mendoza (20), Misiones (15), Neuquén (13), Río Negro (9), Salta (15), San Juan (2), San Luis (10), Santa Cruz (10), Santa Fe (13), Santiago del Estero (33), Tierra del Fuego (3) y Tucumán (35). Ya se firmaron acuerdos con 19 de las 23.

Participó del anuncio el presidente de Arsat, Facundo Leal, quien hizo énfasis en que “la conectividad es un derecho para todos, debe serlo, y en las zonas rurales debemos tener las mismas condiciones que en los grandes centros urbanos”. Acompañaron a Fernández, además, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. También estuvo presente el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, entre otras autoridades.

A 17 años de su creación, la empresa estatal de telecomunicaciones de Argentina, Arsat, se ha convertido en un actor relevante en el combate de las asimetrías territoriales de conectividad, afirmó el presidente del país, Alberto Fernández.

Durante la inauguración del 141° periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el mandatario destacó el rol de Arsat como un proveedor de servicios mayoristas en la reducción de las brechas digitales, tanto en las pequeñas como en las grandes ciudades.

En especial, resaltó la importancia de la modernización de la Red Federal de Fibra Óptica que lleva a cabo la paraestatal, lo cual permitirá incrementar 10 veces la capacidad del tráfico de datos en los servicios de banda ancha.

Además, recientemente, Arsat relanzó su plan geoestacionario con la construcción de ARSAT SG-1 y ARSAT SG-2, que permitirá exportar servicios de valor agregado en América del Sur y brindar nuevas soluciones de conectividad, comentó.

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Por eso, la compañía de telecomunicaciones “es, sin dudas, una empresa que ataca las asimetrías territoriales que hay en nuestro país”, aseguró Alberto Fernández durante su discurso de apertura.

El mandatario argentino hizo un recuento de las acciones de política pública que está realizando el actual gobierno para organizar la economía en un contexto de alta inflación y endeudamiento, condiciones agravadas por la pandemia de la Covid-19.

Otras áreas en las que está trabajando el gobierno, señaló, incluyen la economía del conocimiento, al proporcionar estímulos fiscales y beneficios sobre los incrementales de exportación en este ámbito.

Además, destacó los avances del programa Conectar Escuelas que busca garantizar el acceso a Internet en las instituciones educativas. Hasta la fecha, se han distribuido más de 611 mil equipos en 8 mil 201 escuelas del país, y se ha brindado cobertura a más de 7 millones de estudiantes.

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Por otro lado, Alberto Fernández dijo que el país está dando pasos importantes en la explotación del litio junto con Bolivia y Chile, ya que entre las tres naciones poseen el 60 por ciento de las reservas mundiales de este recurso.

“Trabajamos junto con los gobiernos provinciales y el sector privado para agregar valor, para generar más trabajo argentino. También estamos trabajando para que los recursos naturales de Argentina sean preservados, manejados y valorados como un recurso estratégico”, aseguró.

Y en materia de ciberseguridad, el presidente expresó que ya se está implementando un plan para prevenir e investigar los delitos cibernéticos, del cual forman parte 16 provincias. El plan contempla entregar equipos y capacitar al personal fiscal y policial en la atención a los ciberdelitos.

Ámbito

Alberto Fernández recibió en Casa Rosada al canciller de Grecia, Niklos Dendias, junto a Santiago Cafiero. Es la segunda visita de una alta autoridad europea, tras la visita del primer mandatario alemán, Olaf Scholz. El gobierno griego logró, el año pasado, finalizar con una de las problemáticas transversales de la coyuntura nacional: pagó de manera anticipada su deuda con el FMI.

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