domingo, octubre 2, 2022
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DNU 690: qué es y cómo afecta los negocios TIC en Argentina

El decreto 690 fue publicado en agosto de 2020, en plena pandemia. Convirtió a las TIC en servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y puso bajo jurisdicción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) garantizar “su efectiva disponibilidad”. Con su entrada en vigencia, el regulador pasó a autorizar aumentos máximos y se generaron planes básicos universales (PBU), en otras palabras, prestaciones mínimas a precios preestablecidos.

En simultáneo, y en sintonía con lo ejecutado por otros países atendiendo el contexto de emergencia sanitaria, Argentina aplicó la suspensión momentánea de aumentos de tarifas por parte de prestadores hasta fines de 2020, considerando el contexto de economía hiperinflacionaria que tiene el país. Cuando la fecha se aproximaba, Enacom comenzó a emitir resoluciones en las que autorizó suba de precios de telecomunicaciones: fueron asimétricos -el aumento máximo autorizado dependía del tamaño de la empresa- y diferente según el servicio.

Inmediatamente después de publicado el decreto, los operadores pidieron su revisión. Su argumento central fue que la medida era inconstitucional pero también que, en la práctica, era muy complejo ponerla en práctica en un contexto de alta inflación (superior al 50% interanual) y con el exponencial crecimiento de uso de redes y servicios en el contexto de pandemia. La respuesta de las autoridades no fue la esperada y las empresas fueron a la Justicia a pedir libertad tarifaria.

Distintas firmas consiguieron luz verde de la Justicia para definir su estrategia comercial y, en consecuencia, las resoluciones por las que el regulador autorizaba aumentos aclaraban que la suba solo podía ser aplicada por quienes siguieron el esquema propuesto por el decreto. De hecho, el gobierno invitó a los consumidores a que denuncien aumentos por encima de lo estipulado y prometió ir a la Corte para que prevalezca su decisión. El conflicto se encendió y fue protagonista en cada evento del sector desde entonces.

La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), Telecom Argentina, Telefónica, DirecTV y Telecentro fueron algunas de las empresas que aplicaron aumentos a su criterio comercial tras obtener fallos judiciales a favor en su lucha contra el 690. En el medio, el presidente Alberto Fernández se metió de lleno en el conflicto en un acto público: “Se enojan porque dije que Internet es servicio público, que se enojen, vamos hacerlo para que llegue a todos y para que no nos roben con las tarifas”, disparó.

La situación llevó al gobierno a buscar alternativas para asegurar el cumplimiento del decreto, a partir de distintos proyectos legislativos que se mantienen en etapa de revisión. El ahora exvicejefe de Gabinete, Jorge Neme, había anunciado su intención de “desjudicializar el sector”, algo de lo que deberá ocuparse la Secretaría de Innovación, que retomó sus funciones de tomar las decisiones TIC en el país. La cartera está a cargo de Micaela Sánchez Malcolm

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