El gobierno llamó a “desjudicializar” el sector, en referencia a las cautelares obtenidas por algunas empresas en contra del decreto 690. “Tenemos que buscar acuerdos para garantizar la regulación de un servicio básico para los argentinos y también dejar el espacio necesario para que las compañías tengan previsibilidad para avanzar con sus inversiones”, dijo el vicejefe de Gabinete local, Jorge Neme.

El decreto, por el que se pasó a considerar a las TIC servicios públicos esenciales, lleva hoy 517 días de vigencia -la resolución se publicó en agosto de 2020- y su consecuencia central es un control de precios que es eje de constantes quejas por parte de los operadores. La falta de consenso llevó a que algunos de ellos, como Telecom y Telefónica, acudan a la justicia y obtengan cautelares a su favor, lo que se tradujo en que puedan decidir su estrategia comercial.

La cuestión superó las fronteras del sector y hasta hubo palabras del presidente, Alberto Fernández, defendiendo la medida y atacando a las empresas que judicializaron el tema. También, el oficialismo presentó algunos proyectos para convertir el DNU en ley y así asegurar su cumplimiento. En el medio, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) llevó a la Corte la decisión judicial que le dio libertad de precios a Telecom.

Lo cierto es que tras casi dos años de polémicas, el gobierno ahora apuesta al diálogo: “Ya hubo intercambios con algunos operadores y se va a continuar en el mismo camino en los próximos días”, indicó Neme, quien señaló a las pymes y cooperativas como una parte relevante de la discusión en el marco del lanzamiento de Imowi. Agregó que “que el sector esté normalizado permitirá un proceso claro hacia 5G”.

Desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial hasta hoy, está es la radiografía del control de precios en Argentina.