Las plataformas digitales de movilidad DiDi, InDrive y Uber, integrantes de Alianza In México, celebraron una reunión el pasado jueves con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) para iniciar un proceso de diálogo que permita construir una solución viable para la operación de todas las modalidades de movilidad en los aeropuertos de México.

En un comunicado, la organización revela que la reunión marcó el inicio formal de una mesa de trabajo en la que las plataformas digitales de movilidad y las autoridades trabajarán conjuntamente en el diseño de soluciones en materia de movilidad terrestre en aeropuertos.

Alianza In señala que estas mesas buscarán poner al usuario al centro y defender su derecho a elegir, así como el derecho de trabajar libremente a conductores.

Las mesas de trabajo comenzaron a raíz de la manifestación de taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el 11 de marzo, quienes exigieron a las autoridades la regulación de las plataformas de movilidad para impedir que estas ofrecieran servicio dentro de las instalaciones del aeropuerto.

Por su parte, las empresas de movilidad por aplicación aseguran que la ley no prohíbe de forma explícita la operación de estas plataformas en aeropuertos, a la vez que son una nueva alternativa elegida por los propios consumidores para poder salir de las instalaciones.

Aunque las autoridades aseguran que otros aeropuertos tampoco permiten las operaciones de plataformas, algunas de las más importantes terminales aéreas del mundo han habilitado áreas cercanas a las salidas de pasajeros para que las plataformas puedan recoger usuarios, sin afectar la operación del taxi tradicional concesionado.

“Para las empresas que forman Alianza In México, esta convocatoria representa un paso importante, ya que por mucho tiempo hemos manifestado la necesidad de diálogo. Tenemos la disposición y responsabilidad para colaborar con las autoridades en el diseño de esquemas que garanticen eficiencia, seguridad y accesibilidad para los usuarios de los aeropuertos”, señala la organización.

El grupo de plataformas urge a la autoridad a encontrar una “solución regulatoria a largo plazo”, especialmente ante la llegada inminente de millones de turistas por la próxima Copa Mundial de Futbol a las ciudades sedes del país. “Es fundamental avanzar en una solución eficaz en términos de ubicación, accesibilidad, seguridad y experiencia del usuario”, agrega.

“Alianza In México agradece la disposición de las autoridades y participará en estas mesas con propuestas concretas, basadas en evidencia y en la experiencia operativa del sector en cientos de ciudades y aeropuertos alrededor del mundo”, señala la organización. El objetivo de la mesa de diálogo sería garantizar que pasajeros del aeropuerto “cuenten con opciones de movilidad modernas, seguras y accesibles”.

Alianza In, organización que agrupa a DiDi, InDrive y Uber, urgió al Gobierno de México para establecer mesas de trabajo que permitan construir una solución integral y eficiente sobre la movilidad en aeropuertos.

A través de un comunicado, la Alianza señaló que el objetivo primordial debe poner a los usuarios en el centro de cualquier estrategia, especialmente ante la inminente celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La asociación expresó su preocupación y rechazo a la solución de puntos de recogida remotos que fue anunciada públicamente en días pasados.

“Las plataformas de movilidad del país hemos solicitado de manera formal ser parte de la construcción de una solución integral. Reconocemos el esfuerzo del gobierno federal, sin embargo, la solución anunciada (puntos de recogida remotos) no está orientada a proteger el derecho de las personas a una movilidad segura, asequible y eficiente.

“La propuesta no contempla la atención a personas con movilidad reducida o discapacidad ni personas adultas mayores, que tendrían que desplazarse una distancia considerable, y no conocemos las condiciones de los trayectos propuestos, que también podrían significar un reto considerable”, aseveró Alianza In.

También subrayó que existen precedentes judiciales que han reconocido la arbitrariedad y naturaleza discriminatoria de las sanciones aplicadas a los conductores de plataformas en las zonas aeroportuarias.

En cuanto a la discusión sobre los pagos de derechos que realizan los prestadores de servicios tradicionales en aeropuertos, la asociación considera que este aspecto debe ser objeto de un análisis integral.

Las plataformas digitales proponen establecer un marco de condiciones equitativas para todos los servicios de movilidad. Las plataformas digitales hicieron un llamado para fomentar una mayor competencia en el ecosistema, lo cual, en última instancia, redundará en mejores condiciones y opciones para los usuarios.

“Las plataformas digitales de movilidad  hacemos un llamado a la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y las autoridades involucradas, para establecer cuanto antes mesas de trabajo de manera formal, en igualdad de condiciones que el resto de los actores del ecosistema de movilidad.

“Estamos convencidos de que, mediante el diálogo y la colaboración entre autoridades, empresas y sociedad, es posible construir soluciones que pongan en el centro a las personas y fortalezcan la movilidad en México”, añadieron.

El Economista Jorge Bravo

La escena en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México volvió a ser una postal de retroceso. Pasajeros arrastrando maletas, autoridades mirando sin soluciones eficaces y un coro de consignas por parte de taxistas que, con arbitrariedad, impiden la llegada y salida de servicios de movilidad que millones de usuarios prefieren.

El conflicto no es un choque de intereses comerciales. Se trata de una elección deliberada de las autoridades por privilegiar fórmulas regulatorias obsoletas y de un gremio taxista que resiste la modernización, aun cuando la ley no prohíbe expresamente a aplicaciones como DiDi y Uber operar en aeropuertos.

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, evento donde México recibirá partidos y viajeros internacionales, el AICM requiere soluciones de movilidad diversas e innovadoras. La Copa Mundial arranca el 11 de junio, fecha ineludible para planear logística urbana y aeroportuaria con visión tecnológica y de futuro.

Mientras tanto, la respuesta oficial ha sido operativos y restricciones destinados a inhibir las plataformas, aun cuando obtuvieron suspensiones judiciales que las amparan frente a sanciones. Uber logró que un juzgado federal ordenara a la Guardia Nacional cesar las sanciones contra conductores por recoger o dejar pasajeros en aeropuertos (juicio de amparo 1202/2025).

La estrategia de las autoridades federales mezcla desconocimiento técnico con complacencia hacia taxistas locales. En la letra de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal no existe una cláusula expresamente dirigida a las aplicaciones. Las normas fueron concebidas en una era previa a la economía digital colaborativa. Las autoridades federales se escudan en interpretaciones rígidas de ambas leyes.

Equiparar taxis concesionados y servicios privados habilitados por tecnologías móviles crea vacíos jurídicos y permisiones discrecionales. Esa discrecionalidad favorece a quienes controlan espacios dentro del aeródromo y permite el uso arbitrario del poder de veto por parte de los taxistas.

La presencia de la Guardia Nacional en operativos para inhibir el servicio de DiDi, Uber y cualquier plataforma de movilidad demuestra tensión entre la aplicación de la ley y el respeto a las sentencias judiciales.

Los operativos punitivos y las medidas de contención culminaron esta semana en bloqueos por parte de taxistas del aeropuerto, con el pretexto de “competencia desleal” aunque sin ofrecer alternativas para mejorar su servicio e infraestructura. La acción tuvo afectaciones directas a los viajeros y el mensaje de que la comodidad, la libertad de elección del usuario y la innovación pueden sacrificarse en favor de intereses corporativos locales.

Quienes defienden la prohibición de las plataformas argumentan respeto por las concesiones, pero nadie las está alterando. Lo único cierto es que los aeropuertos más modernos del mundo han integrado las plataformas de movilidad como parte del ecosistema multimodal y han implementado medidas para facilitar el abordaje de usuarios con puntos de recogida señalizados y coordinación logística. Acabo de visitar Madrid; su aeropuerto tiene un área específica para abordar el Uber.

La experiencia internacional demuestra que la incorporación de las aplicaciones mejora la oferta y empuja al taxi tradicional a modernizarse y mejorar su servicio en beneficio del pasajero. Prohibir el uso de plataformas no es sinónimo de certeza legal, sino de restricción de opciones, afectación al derecho a la movilidad y aumento de costos para los usuarios.

La realidad cotidiana para el pasajero bajo estas restricciones es dura. Forzado a elegir una opción no deseada, el viajero sufre mayor riesgo por traslados improvisados, pago de tarifas superiores, tiempo perdido y la sensación de estar sujeto a persecución administrativa si opta por lo que la mayoría prefiere usar.

Para el conductor de plataforma, las consecuencias son menos ingresos y arbitrariedad en la aplicación de sanciones. El relato del “conflicto” taxis vs. plataformas es una maniobra donde priman intereses de un mercado protegido y prácticas que bordean la colusión taxista con las autoridades.

¿Qué exige el sentido común? Dejar de perjudicar al usuario y pensar en los miles de visitantes que llegarán para el Mundial y abrirán su smartphone para solicitar un vehículo privado. Hay que abrir de inmediato una reforma normativa que reconozca la existencia de modelos de transporte habilitados por plataformas digitales y que establezca requisitos de operación claros, transparentes y no discriminatorios para todos los actores del ecosistema, puntos de encuentro para aplicaciones en el aeropuerto, todo ello sin criminalizar la innovación.

También hay que impulsar la modernización del servicio de taxi para crear un servicio competitivo y de calidad. Se requiere voluntad política, no operativos ni bloqueos.

Gobernar no significa proteger un sector mafioso, oneroso e ineficiente como el de los taxistas del aeropuerto por encima del interés general. Gobernar implica adaptar las reglas al siglo XXI, proteger al usuario y garantizar seguridad mediante una regulación inteligente.

Mantener cerrada la puerta a las plataformas en el AICM es renunciar al diálogo, la colaboración y la oportunidad de sumar una pieza clave del sistema de movilidad en la capital. Es regalar el espacio público a intereses que no coinciden con el interés del pasajero. Si la autoridad persiste en la penalización de la innovación, la factura la seguirán pagando los viajeros y la mala imagen del país ante el mundo, justo cuando millones de visitantes llegarán para el Mundial.

La exigencia es modernidad, legalidad y libertad de elección para quienes viajan. Libertad y competencia para mover México con derechos, tecnología e innovación.

X: @beltmondi

La plataforma de movilidad, Uber, pidió a través de un comunicado que la Guardia Nacional respete la resolución de la Jueza Decimotercera de Distrito, quien otorgó la suspensión definitiva en 2025 que reafirma el derecho de los conductores de Uber a dejar y recoger usuarios en todos los aeropuertos de México.

Uber explicó que la determinación judicial señala que “las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”, por lo que sus conductores deberían poder ejercer sus derechos al libre tránsito y al empleo utilizando la plataforma de Uber sin ser objeto de multas y confiscaciones de su medio de trabajo.

“Uber confía en que esta resolución y la suspensión definitiva otorgada en octubre de 2025, serán respetadas por la autoridad en vísperas de la Copa del Mundo, el evento deportivo más importante del planeta, y con el cual México recibirá más de 5 millones de visitantes adicionales”, apuntó la compañía.

Asimismo, enfatizó que Uber no es una plataforma “irregular”, como lo afirmó el Grupo Aeroportuario Marina, dado que opera en México por más de 13 años y está presente en más de 700 aeropuertos y 15,000 ciudades a nivel mundial.

“Uber reafirma y mantiene su total disposición al diálogo con las autoridades federales para la modernización de la legislación vigente, que permita la integración de las plataformas al ecosistema de movilidad en los aeropuertos, impulsando la libre competencia y el derecho a elegir.

“Un marco normativo moderno garantiza una movilidad segura, transparente y eficiente en beneficio de los usuarios y del desarrollo y la competitividad de México como un destino turístico e inversiones de clase mundial”, añadió la plataforma de transporte.

Una jueza federal concedió una suspensión definitiva a Uber para impedir que la Guardia Nacional detenga a conductores que realicen viajes a través de la plataforma en aeropuertos federales de México.

El fallo judicial resuelve que es ilegal detener a las y los conductores de la aplicación cuando llevan o recogen usuarios en los aeropuertos, en un contexto en el que se ha reportado que la Guardia Nacional detiene a vehículos de las plataformas o restringe su entrada a los aeródromos.

Con esta resolución, los conductores de Uber podrán llevar o recoger usuarios en los más de 70 aeropuertos del país mientras se resuelve el juicio de amparo interpuesto por la empresa.

La jueza decimotercera de Distrito en Materia Administrativa determinó que las autoridades no pueden detener ni sancionar a quienes estén realizando viajes activos mediante Uber dentro de las zonas federales de los aeropuertos.

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Aunque provisional, se trata de una decisión que marca un precedente significativo en la larga confrontación entre las plataformas digitales de transporte y los grupos taxistas de los aeropuertos, quienes se oponen a la operación de las aplicaciones.

Uber afirmó que la medida judicial confirma lo que la empresa ha sostenido desde su llegada al país: las detenciones y sanciones a sus conductores en aeropuertos carecen de fundamento legal.

La compañía destacó que confía en que la suspensión derive en una resolución definitiva favorable, especialmente ante la cercanía del Mundial de Futbol 2026, evento durante el cual se prevé que incrementará la demanda de transporte en terminales aéreas mexicanas.

Además, la empresa instó al Congreso a legislar sobre el acceso de plataformas de movilidad a los aeropuertos, pues dijo que es una medida necesaria para fortalecer el ecosistema turístico y mejorar la experiencia de los visitantes internacionales.

Un conflicto que revela la necesidad de cambios normativos

El caso de Uber en los aeropuertos mexicanos ilustra la falta de un marco normativo moderno que reconozca la operación de las plataformas digitales en espacios federales.

A pesar del crecimiento sostenido de este tipo de plataformas, las normas que regulan el transporte no han incorporado con claridad su papel dentro del sistema de movilidad.

La Ley de Aeropuertos señala que cualquier prestador del servicio de transporte debe contar también con el visto bueno y contratos de arrendamiento con los concesionarios o permisionarios de los aeropuertos.

Por otro lado, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal indica que los servicios de transporte pueden ser sancionados con multas económicas o retención de vehículos si no cuentan con las autorizaciones necesarias para operar.

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Durante años, las autoridades aeroportuarias y cuerpos de seguridad han sostenido que las operaciones de Uber y aplicaciones similares constituyen una violación a las concesiones de transporte autorizadas dentro de las terminales.

Sin embargo, las plataformas digitales como Uber advierten que no son una empresa de transporte, dado que no prestan directamente el servicio, sino que conectan digitalmente a usuarios con conductores.

El fallo también reaviva el debate sobre cómo México debe armonizar la regulación del transporte con la innovación digital para promover la competencia, la innovación y la flexibilidad, y beneficiar a los usuarios.

Pese a que los servicios de las plataformas son ampliamente demandados por las personas en los aeropuertos, los grupos taxistas presionan por prohibir su entrada a las terminales porque las consideran una competencia desleal y han realizado diversas protestas y bloqueos contra las apps.

La suspensión definitiva a favor de Uber podría acelerar un cambio normativo que reconozca los servicios de las plataformas dentro del ecosistema de movilidad en los aeropuertos y permita a las personas elegir entre una variedad de opciones de qué manera quieren transportarse desde y hacia los aeródromos.

Conductores de plataformas de movilidad, como Uber, acudieron este miércoles 11 de septiembre a la Oficialía de Partes de Palacio Nacional a entregar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle una resolución sobre la operación de las plataformas en aeropuertos.

Los conductores asentaron que, pese a que ya se encuentra en la recta final de su sexenio, confían en que el tema “no será una deuda pendiente para la próxima administración”, por lo que exhortaron al presidente a “cumplir con la resolución de este tema para el bien del país”.

En una misiva firmada por más de 600 personas, los choferes pidieron que, por la seguridad, la de los usuarios, el crecimiento de los aeropuertos y el desarrollo de México, resuelva el problema y avance con el reglamento para que puedan operar libremente en los aeropuertos.

Esto se produce luego de que la Subdirección de Terminal y Transportación Terrestre señalara en una nota que la presidencia de la república preparaba una reforma al Reglamento de Autotransporte Federal “para que los taxis de aplicación tengan libre acceso para la prestación del servicio en zona federal”.

Mientras que recién esta semana, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó a través de su cuenta de X que las personas que desearan usar taxis por plataforma deberían dirigirse a las “áreas establecidas para dichos servicios de transporte”.

En la carta, conductores de Uber pidieron al mandatario avanzar en esta resolución para atender la alta demanda de transporte en los aeropuertos, así como la inseguridad y tensión que han vivido con los taxistas en estos espacios, las cuales, aseguraron, se suman a actos ‘irregulares’ y ‘cuotas ilegales’ requeridas por elementos de la Guardia Nacional para permitirles trabajar.

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La digitalización ha transformado prácticamente todas las industrias, con el objetivo de optimizar procesos y obtener mejores resultados. Esta revolución tecnológica también está llegando a los aeropuertos en México. La consultora Amadeus prevé que la inversión en tecnología aeroportuaria aumentará alrededor de un 17.3% en los próximos meses.

Según un estudio realizado por Amadeus, migrar a la nube, que implica el traslado de datos, aplicaciones, infraestructura y seguridad, se destaca como el principal ámbito de inversión. Le siguen la intención de mejorar la experiencia del pasajero y optimizar el rendimiento operativo. Sin embargo, el cambio hacia nuevos procesos no es exclusivo de los aeropuertos.

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Aunque las autoridades aeroportuarias insisten en impedir la operación de las plataformas, no existe ninguna prohibición legal para que las aplicaciones como Didi, Uber y Beat brinden servicios de transporte en las terminales aéreas de México.

Lo que sí se implementan en diferentes aeródromos del país son restricciones para obstaculizar su funcionamiento, aprovechando vacíos regulatorios, debido a la falta de comprensión de este nuevo modelo de negocio, que es muy diferente al del taxi tradicional o al del transporte público.

Por ejemplo, hace un par de meses la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) colocó mamparas con advertencias contra los conductores de las plataformas tecnológicas. Si se les observaba recogiendo o dejando pasajeros en las inmediaciones, se les aplicarían multas por 43 mil pesos. 

Si bien las mamparas han sido retiradas del AICM, anuncios similares continúan en otros aeropuertos, como es el de Guadalajara. Además, recientemente se han escuchado avisos mediante el sistema de altavoz en el AICM anunciando a las y los pasajeros, en español e inglés, que la operación de plataformas digitales no está permitida.

En el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las autoridades también aseguraron que no dejarían que los conductores de las aplicaciones recogieran pasajeros en el aeródromo. 

Incluso, en el Aeropuerto Internacional de Morelia los choferes han denunciado agresiones por parte de elementos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán.

Todos estos casos reflejan medidas orientadas a inhibir la operación de las plataformas digitales de transporte en los aeropuertos, pero sin seguir criterios apegados a las leyes federales o las mejores prácticas internacionales porque, en estricto sentido, no hay ningún marco legal que prohíba los servicios de las aplicaciones de movilidad.

Qué dice la ley actual

Hasta ahora, la mayoría de las autoridades aeroportuarias justifican las restricciones a las plataformas con base en la Ley de Aeropuertos y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en las cuales no se menciona en absoluto a las aplicaciones, dado que las leyes se concibieron cuando las plataformas ni siquiera habían ingresado al mercado.

Se trata de leyes austeras, pero el gobierno federal no se ha abierto a actualizarlas a los nuevos medios de movilidad.

En su artículo 17, la Ley de Aeropuertos otorga a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la facultad de autorizar permisos relacionados con la administración, operación y explotación de los aeródromos, considerando que todos los aeropuertos del país son zonas federales y no dependen del orden estatal o local.

Dicha ley contempla permisos para la prestación de servicios comerciales como los restaurantes, cafeterías, arrendamientos de vehículos, casas de cambio, bancos, correo y taxis concesionados, debido a que explotan o hacen un uso frecuente de la infraestructura de las terminales. 

Además de la aprobación de la SICT, según esta ley un prestador del servicio de transporte debe contar también con el visto bueno y contratos de arrendamiento con los concesionarios o permisionarios de los aeropuertos. Pero no define cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta para dar o no la aprobación.

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Las plataformas no tienen acceso a esos permisos porque no se ajustan a las características del transporte concesionado, por tratarse de un servicio de transporte privado habilitado por las tecnologías digitales. 

A diferencia de los taxis oficiales del aeropuerto, los vehículos de las aplicaciones no tienen una base ni aprovechan de forma continua la infraestructura de un aeródromo, por lo que no pueden estar sujetas a las mismas normativas.

Aunado a ello, la dependencia de los permisos al visto bueno de los concesionarios de los aeropuertos puede dar pie a decisiones discrecionales, prácticas ya investigadas y amonestadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que impidan de forma injustificada la operación de ciertos servicios. 

Si a los administradores de las terminales aéreas no les conviene que las plataformas ofrezcan viajes por ser una competencia para el taxi de sitio, es posible que den un voto negativo.

Por otro lado, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala que la SICT puede sancionar los servicios de transporte con multas económicas o retención de vehículos si no cuentan con las autorizaciones necesarias para operar. Sin embargo, los criterios de los permisos actuales no toman en cuenta la nueva modalidad de movilidad que representan las aplicaciones.

Entonces, ¿por qué impiden la operación de las plataformas?

Un famoso principio jurídico dice que “lo que no está prohibido está permitido” y que “donde la ley no distingue, el juzgador no debe distinguir”. 

Así debería interpretarse con las plataformas de transporte, puesto que ninguna ley prohíbe expresamente su funcionamiento en México.

Por eso, las aplicaciones como DiDi y Uber brindan sus servicios en distintos aeródromos del país, incluso colaboran con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la retención de impuestos (ISR) a los conductores y a usuarios (IVA). 

En el caso de algunas entidades federativas, además pagan una contribución por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura pública, como las vías urbanas.

Si se tratara de un servicio ilegal el de las plataformas de transporte, ¿por qué las autoridades federales (el SAT) y locales las reconocen y hasta les cobran impuestos? Sostener ambos discursos es irracional y contradictorio.

El motivo principal para mantener un ánimo de prohibición contra las aplicaciones tecnológicas es la presión ejercida por los grupos taxistas, quienes se oponen al funcionamiento de servicios como Uber, Beat o DiDi, porque suponen una competencia para ellos.

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Constantemente, durante los últimos años las agrupaciones de taxistas han protestado en diferentes partes del país para exigir que se impida a las plataformas brindar servicios en los aeropuertos, así como en otras partes de las ciudades. 

Entre mayo y junio, estos grupos realizaron bloqueos en las vías principales de la Ciudad de México y en las vías de acceso al AICM y acusaron a las plataformas de quedarse con cuatro de cada 10 pasajeros que llegan al aeródromo.

Dicha afirmación muestra que son las personas quienes prefieren solicitar el servicio de Didi, Uber o Cabify, porque les resulta más seguro, económico, accesible o cómodo que tomar un taxi oficial del aeropuerto.

Por ello, y para evitar la imposición de obstáculos al funcionamiento de las plataformas de transporte, se requieren reformas a las leyes federales, empezando por incluir a las plataformas digitales de movilidad dentro de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con sus correspondientes implicaciones reglamentarias y, también, la Ley de Inversión Extranjera ―que establece que el transporte terrestre nacional de pasajeros está reservado únicamente a sociedades mexicanas―, como ya lo reconocen algunas iniciativas legislativas que se han presentado en la Cámara de Diputados.

Las aplicaciones tecnológicas ya forman parte del ecosistema de movilidad de varios aeródromos del país, especialmente en el AICM, por la relevancia que juegan para brindar viajes hacia y desde localidades alejadas o en horarios nocturnos; la posibilidad de conocer de antemano la ruta que tomará el vehículo y los datos del conductor; el enlace que algunas aplicaciones tienen con las agencias de seguridad pública y los cuerpos de emergencia; o la mejor calidad del servicio.

Además de no tener un fundamento legal, impedir el funcionamiento de las plataformas de transporte afecta que la ciudadanía ejerza libremente su derecho a la movilidad en el espacio público, su libertad de decidir qué servicio contratar y su derecho a acceder a mejores precios y condiciones del servicio; así como la oportunidad de los conductores de generar ingresos a través de las aplicaciones.

La Estrella de Panamá

El uso de los carros eléctricos, para el traslado de pasajeros y visitantes dentro de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A. (AITSA) fue reglamentando por la Junta Directiva, informó el principal puerto de entrada y salida del país este martes 4 de julio a través de una nota de prensa.

Las disposiciones son aplicadas con la finalidad fundamental de garantizar la seguridad integral, evitar accidentes o daños a la propiedad privada y mantener altos los niveles de calidad en los servicios que se brindan a los usuarios en su desplazamiento por el AITSA.

La reglamentación es necesaria, ya que estos vehículos eléctricos son manipulados por personal de concesionarios y entidades gubernamentales que forman parte de las operaciones dentro de la terminal aérea.

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Cinco días

Aena y Cellnex Telecom han anunciado hoy que han puesto en servicio la primera red privada basada en tecnología 5G en los aeropuertos españoles. El proyecto piloto, a su vez, es uno de los primeros en el panorama aeroportuario europeo. El acuerdo con Aena es un paso más de Cellnex en el desarrollo de su nueva estrategia, basada en el crecimiento orgánico, más allá de las millonarias adquisiciones de activos de infraestructuras de telecomunicaciones, realizadas en los últimos años.

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