martes, noviembre 29, 2022
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La ley no prohíbe plataformas como DiDi y Uber en los aeropuertos (pero las autoridades insisten)

En el país las leyes federales no prohíben la operación de las plataformas digitales de transporte, pero hay un vacío regulatorio que da pie a que las autoridades impongan restricciones a su operación en los aeropuertos.

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Aunque las autoridades aeroportuarias insisten en impedir la operación de las plataformas, no existe ninguna prohibición legal para que las aplicaciones como Didi, Uber y Beat brinden servicios de transporte en las terminales aéreas de México.

Lo que sí se implementan en diferentes aeródromos del país son restricciones para obstaculizar su funcionamiento, aprovechando vacíos regulatorios, debido a la falta de comprensión de este nuevo modelo de negocio, que es muy diferente al del taxi tradicional o al del transporte público.

Por ejemplo, hace un par de meses la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) colocó mamparas con advertencias contra los conductores de las plataformas tecnológicas. Si se les observaba recogiendo o dejando pasajeros en las inmediaciones, se les aplicarían multas por 43 mil pesos

Si bien las mamparas han sido retiradas del AICM, anuncios similares continúan en otros aeropuertos, como es el de Guadalajara. Además, recientemente se han escuchado avisos mediante el sistema de altavoz en el AICM anunciando a las y los pasajeros, en español e inglés, que la operación de plataformas digitales no está permitida.

En el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las autoridades también aseguraron que no dejarían que los conductores de las aplicaciones recogieran pasajeros en el aeródromo. 

Incluso, en el Aeropuerto Internacional de Morelia los choferes han denunciado agresiones por parte de elementos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán.

Todos estos casos reflejan medidas orientadas a inhibir la operación de las plataformas digitales de transporte en los aeropuertos, pero sin seguir criterios apegados a las leyes federales o las mejores prácticas internacionales porque, en estricto sentido, no hay ningún marco legal que prohíba los servicios de las aplicaciones de movilidad.

Qué dice la ley actual

Hasta ahora, la mayoría de las autoridades aeroportuarias justifican las restricciones a las plataformas con base en la Ley de Aeropuertos y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en las cuales no se menciona en absoluto a las aplicaciones, dado que las leyes se concibieron cuando las plataformas ni siquiera habían ingresado al mercado.

Se trata de leyes austeras, pero el gobierno federal no se ha abierto a actualizarlas a los nuevos medios de movilidad.

En su artículo 17, la Ley de Aeropuertos otorga a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la facultad de autorizar permisos relacionados con la administración, operación y explotación de los aeródromos, considerando que todos los aeropuertos del país son zonas federales y no dependen del orden estatal o local.

Dicha ley contempla permisos para la prestación de servicios comerciales como los restaurantes, cafeterías, arrendamientos de vehículos, casas de cambio, bancos, correo y taxis concesionados, debido a que explotan o hacen un uso frecuente de la infraestructura de las terminales. 

Además de la aprobación de la SICT, según esta ley un prestador del servicio de transporte debe contar también con el visto bueno y contratos de arrendamiento con los concesionarios o permisionarios de los aeropuertos. Pero no define cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta para dar o no la aprobación.

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Las plataformas no tienen acceso a esos permisos porque no se ajustan a las características del transporte concesionado, por tratarse de un servicio de transporte privado habilitado por las tecnologías digitales. 

A diferencia de los taxis oficiales del aeropuerto, los vehículos de las aplicaciones no tienen una base ni aprovechan de forma continua la infraestructura de un aeródromo, por lo que no pueden estar sujetas a las mismas normativas.

Aunado a ello, la dependencia de los permisos al visto bueno de los concesionarios de los aeropuertos puede dar pie a decisiones discrecionales, prácticas ya investigadas y amonestadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que impidan de forma injustificada la operación de ciertos servicios. 

Si a los administradores de las terminales aéreas no les conviene que las plataformas ofrezcan viajes por ser una competencia para el taxi de sitio, es posible que den un voto negativo.

Por otro lado, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala que la SICT puede sancionar los servicios de transporte con multas económicas o retención de vehículos si no cuentan con las autorizaciones necesarias para operar. Sin embargo, los criterios de los permisos actuales no toman en cuenta la nueva modalidad de movilidad que representan las aplicaciones.

Entonces, ¿por qué impiden la operación de las plataformas?

Un famoso principio jurídico dice que “lo que no está prohibido está permitido” y que “donde la ley no distingue, el juzgador no debe distinguir”. 

Así debería interpretarse con las plataformas de transporte, puesto que ninguna ley prohíbe expresamente su funcionamiento en México.

Por eso, las aplicaciones como DiDi y Uber brindan sus servicios en distintos aeródromos del país, incluso colaboran con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la retención de impuestos (ISR) a los conductores y a usuarios (IVA). 

En el caso de algunas entidades federativas, además pagan una contribución por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura pública, como las vías urbanas.

Si se tratara de un servicio ilegal el de las plataformas de transporte, ¿por qué las autoridades federales (el SAT) y locales las reconocen y hasta les cobran impuestos? Sostener ambos discursos es irracional y contradictorio.

El motivo principal para mantener un ánimo de prohibición contra las aplicaciones tecnológicas es la presión ejercida por los grupos taxistas, quienes se oponen al funcionamiento de servicios como Uber, Beat o DiDi, porque suponen una competencia para ellos.

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Constantemente, durante los últimos años las agrupaciones de taxistas han protestado en diferentes partes del país para exigir que se impida a las plataformas brindar servicios en los aeropuertos, así como en otras partes de las ciudades. 

Entre mayo y junio, estos grupos realizaron bloqueos en las vías principales de la Ciudad de México y en las vías de acceso al AICM y acusaron a las plataformas de quedarse con cuatro de cada 10 pasajeros que llegan al aeródromo.

Dicha afirmación muestra que son las personas quienes prefieren solicitar el servicio de Didi, Uber o Cabify, porque les resulta más seguro, económico, accesible o cómodo que tomar un taxi oficial del aeropuerto.

Por ello, y para evitar la imposición de obstáculos al funcionamiento de las plataformas de transporte, se requieren reformas a las leyes federales, empezando por incluir a las plataformas digitales de movilidad dentro de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con sus correspondientes implicaciones reglamentarias y, también, la Ley de Inversión Extranjera ―que establece que el transporte terrestre nacional de pasajeros está reservado únicamente a sociedades mexicanas―, como ya lo reconocen algunas iniciativas legislativas que se han presentado en la Cámara de Diputados.

Las aplicaciones tecnológicas ya forman parte del ecosistema de movilidad de varios aeródromos del país, especialmente en el AICM, por la relevancia que juegan para brindar viajes hacia y desde localidades alejadas o en horarios nocturnos; la posibilidad de conocer de antemano la ruta que tomará el vehículo y los datos del conductor; el enlace que algunas aplicaciones tienen con las agencias de seguridad pública y los cuerpos de emergencia; o la mejor calidad del servicio.

Además de no tener un fundamento legal, impedir el funcionamiento de las plataformas de transporte afecta que la ciudadanía ejerza libremente su derecho a la movilidad en el espacio público, su libertad de decidir qué servicio contratar y su derecho a acceder a mejores precios y condiciones del servicio; así como la oportunidad de los conductores de generar ingresos a través de las aplicaciones.

Violeta Contreras García
Violeta Contreras García
Violeta Contreras es editora de contenidos multimedia especializada en telecomunicaciones de Iberoamérica
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