Colusión taxista: lo que hay detrás de impedir la operación de DiDi y Uber en el AICM

Salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha vuelto un dolor de cabeza para viajeras y viajeros. En múltiples casos las autoridades dificultan el servicio de las plataformas digitales de transporte y los usuarios se ven obligados a hacer largas filas para abordar los taxis oficiales, cuyas tarifas son significativamente más costosas.

Así ha sido la experiencia de las personas que arriban al aeródromo capitalino al menos durante los últimos dos meses. En mayo, las autoridades del AICM implementaron una medida para repeler la operación de las plataformas tecnológicas, DiDi y Uber, en el aeropuerto: multas de 43 mil pesos para sus conductores.

Debido a la presión de los usuarios para poder elegir libremente cómo moverse, esta medida se retiró dos meses después, pero ¿qué la ocasionó?

Fueron los propios usuarios quienes denunciaron la situación a través de las redes sociales. La administración del aeropuerto colocó mamparas con la advertencia de aplicar cuantiosas sanciones si se prestaba el servicio de las plataformas en los alrededores, aunque legalmente no hay un impedimento para su operación.

Oficialmente, la administración del puerto aéreo no ha dicho nada respecto de la problemática, pero algunos de los conductores de las plataformas tienen temor de aceptar viajes desde el aeropuerto.

“Nos quieren cobrar 40 mil pesos por ejercer nuestro derecho a trabajar libremente. Hay mucha gente que solicita viajes en el aeropuerto y uno tiene que estar escondiéndose o haciendo malabares para ofrecer el servicio, como si uno fuera criminal”, afirma Santiago, conductor de DiDi, quien aparta el teléfono celular del soporte de su auto y lo esconde cuando llega al AICM.

Javier, un joven de 24 años que utiliza Uber y DiDi para generar ingresos en su tiempo libre ―durante las vacaciones y cuando no está en la universidad― asegura que, al menos por ahora, prefiere no tomar viajes en los alrededores del aeropuerto. “No sé si sea verdad lo de las multas, pero no quiero comprobarlo. Es ridículo que nos castiguen y nos persigan, porque los más afectados somos los choferes y los usuarios, no las plataformas”, señala.

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La restricción de las plataformas de la economía colaborativa se dio luego de intensas protestas por parte de los grupos taxistas. En mayo, por ejemplo, los taxistas bloquearon los accesos a las Terminales 1 y 2 del AICM, para exigir que se impidiera a las aplicaciones seguir funcionando en el aeródromo.

Para el taxi tradicional, el servicio de las plataformas digitales es el enemigo porque ofrece precios más competitivos, mayor calidad y eficiencia, sin adherirse a la misma regulación. 

Desde su llegada al país, las plataformas se han ganado la preferencia de una buena parte de los pasajeros y ahora son una pieza importante del ecosistema de movilidad que hace del AICM un hub aéreo.

Luis Ángel es conductor de Uber desde los inicios y recuerda aquella época en la cual los grupos de taxistas comenzaron a agredir a los usuarios de la plataforma digital; si descubrían que ofrecían el servicio, los apedreaban o les rompían los cristales del coche.

En entrevista, relató que, aunque hoy en día no ha llegado a tal grado la violencia en contra de los usuarios de plataformas, es similar la forma como deben “disfrazarse” para evitar que las autoridades los multen o los agredan.

“Normalmente, antes de esto (amenazas de multas) llegaba a recoger a los pasajeros con mi teléfono sobre la base, a la vista. Hoy lo que hago es esconderlo e incluso le pido a los pasajeros que simulen conocerme y me saluden. Les digo que se suban en el asiento del copiloto y ya después se pueden cambiar para atrás si así lo desean”, comentó.

A pesar de la aceptación generalizada entre viajeras y viajeros, los grupos de taxistas se niegan a aceptar la operación de las plataformas. El bloqueo masivo acontecido en mayo no fue el primero ni el último del gremio, pues desde hace varios años se han movilizado para cercar el aeródromo y vías principales en la capital para llamar la atención sobre sus demandas, afectando a miles de usuarios y sus actividades productivas y cotidianas.

El reclamo de los taxistas parece estar justificado, pues argumentan que no hay un “piso parejo” entre ellos y los servicios de plataforma que no cuentan con permisos administrativos, concesión y de operación. 

Lo cierto es que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha encontrado que en el AICM existen prácticas monopólicas en la prestación del servicio de taxi tradicional.

La Cofece detectó en un estudio de 2018 que las autoridades del aeropuerto favorecían a las empresas de taxis que ya ofrecían el servicio en las inmediaciones y ponían impedimentos para la entrada de nuevos agentes económicos que quisieran competir en el mercado.

Por ejemplo, el AICM otorgó descuentos a las agrupaciones y permisionarios ya establecidos en el aeródromo sin ninguna justificación racional. Eso contribuía a que el servicio de taxi en el aeropuerto permaneciera cooptado y, en última instancia, las condiciones de eficiencia y calidad no mejoraran para los usuarios.

Además, la Comisión Federal de Competencia Económica observó indicios de colusión entre los grupos de taxis, al ponerse de acuerdo para subir el precio de las tarifas cobradas a los pasajeros. La institución estima que esa práctica monopólica afectó a 12 millones de personas y tuvo un daño económico de alrededor de 771 millones de pesos.

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La colusión que describió la Cofece se da entre las empresas de taxis que administran los permisos y concesiones, lo cual afecta a los propios conductores de este servicio. Incluso, en abril de 2022, un Comité de afiliados al Sindicato Nacional del Transporte de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) denunció que las directivas de las asociaciones que deberían representarlos les cobran el pago de contraprestaciones por operar el servicio, pero el dinero no llega al aeropuerto.

El tema de la restricción a las plataformas digitales de transporte ya escaló, al menos en el discurso, al gobierno federal. 

Durante una conferencia matutina en junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no sabía por qué las autoridades del AICM estaban restringiendo la operación de las aplicaciones, y afirmó lo siguiente:

“Nosotros buscamos resolver problemas y ayudar a la gente, a todos los ciudadanos; sin embargo, tenemos que estar enfrentado a grupos de intereses creados, mafias grandes y pequeñas, corrupción, contrabando, muchos vicios.”

La declaración del mandatario refleja que, en el fondo, el gobierno está consciente de que el mercado de transporte al interior del AICM es acaparado por algunos grupos de taxis que cobran según zonas de la ciudad, a diferencia de las tarifas de las plataformas que es por la distancia justa y transparente para el usuario incluso antes de confirmar el viaje. 

Esa situación no beneficia al servicio en sí mismo, pues la poca competencia no incentiva que mejore la calidad y sea eficiente.La restricción artificial de las plataformas digitales afecta a pasajeras y pasajeros y a los usuarios de las mismas que prestan el servicio. Desde hace años la Cofece recomendó abrir la puerta a las plataformas estableciendo requisitos razonables, pues su presencia claramente ayuda a mejorar la competitividad del servicio de transporte, los precios para los usuarios y el derecho a la movilidad de quienes las utilizan.