Marco Antonio Gama Basarte, senador del partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de ley que busca reformar la Ley de Aeropuertos y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para regular la operación de las plataformas digitales de transporte como DiDi, Uber y Cabify en los aeródromos de México.
El proyecto de ley plantea establecer que las aplicaciones de movilidad pueden brindar servicios en las inmediaciones al conseguir un permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Concretamente, la propuesta apunta a determinar que, para la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros, únicamente será necesario cumplir con los requisitos que señale la Secretaría, en lugar de que se requiera una concesión como transporte público, como lo dice actualmente la Ley de Aeropuertos.
La SICT podrá aprobar los permisos a cualquier persona física o moral constituida conforme a las leyes mexicanas y que cumpla con ciertos requisitos.
El articulado vigente, por el contrario, expresa que la administración aeroportuaria también debe dar su visto bueno para una concesión.
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Sobre la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la iniciativa propone aclarar en el artículo 2° que las plataformas digitales no constituyen una modalidad de transporte nacional, en términos de la Ley de Inversión Extranjera.
También se modificaría el artículo 8 con el fin de agregar que la SICT podrá otorgar permisos para la operación de las aplicaciones tecnológicas, de acuerdo con un reglamento que se emitiría para regular el servicio.
Los cambios que plantea el senador de Movimiento Ciudadano eliminarían la necesidad de que la SICT recabe, previamente, la opinión de la administración aeroportuaria para autorizar una solicitud de permiso para el servicio de autotransporte en los aeropuertos.
Si bien la operación de las plataformas digitales no está prohibida en las terminales aéreas, las leyes actuales establecen que no basta con la aprobación del gobierno, también se debe contar con la luz verde de la administración de un aeródromo, tomando en cuenta lineamientos que no son claros ni expresos.
En una opinión emitida en 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica ya había señalado que este tipo de prácticas puede dar lugar a decisiones discrecionales respecto de quién sí y quién no obtiene una concesión, limitando la competencia y los beneficios a favor de la movilidad de los usuarios: mejores tarifas, más seguridad y menores tiempos de espera.
Además, las leyes vigentes no contemplan en su articulado las plataformas tecnológicas, pese a que se trata de una opción de movilidad cada vez más importante para quienes utilizan los aeropuertos de las ciudades del país.
La falta de una regulación clara y moderna que abarque las aplicaciones de movilidad dentro del ecosistema de infraestructura y servicios indispensables para el funcionamiento de los aeródromos ha ocasionado diversas problemáticas.
Una de las principales es que, constantemente, se implementan medidas que restringen artificialmente la operación de las plataformas en las terminales aéreas, como las amenazas de imponer sanciones económicas y retener los vehículos.
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Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se han detectado este tipo de prácticas que afectan el derecho a la movilidad de todos los usuarios (conductores y pasajeros).
Estas medidas afectan a los conductores de las aplicaciones y, sobre todo, a los usuarios que llegan o salen de los aeropuertos del país.
Las restricciones a las plataformas reducen el abanico de opciones que pueden tener, forzándolos a utilizar los taxis tradicionales, coludidos en los aeropuertos en gremios que cobran tarifas más elevadas a los viajeros e imponen sus condiciones.
Las legislaciones necesitan modificarse para permitir el libre funcionamiento de las plataformas de transporte en los aeropuertos, ya que son parte del orden federal. Al igual que el proyecto de ley de Gama Basarte, antes se han presentado algunas iniciativas con el mismo fin.
Sin embargo, la propuesta del senador de Movimiento Ciudadano destaca porque, a diferencia de otras iniciativas, va más allá, con una regulación comprensiva que incluye explícitamente las plataformas como DiDi y Uber en el articulado, y deja a la SICT como la responsable administrativa de emitir los permisos.
