El Proyecto de Ley 2630/2020, conocido como “PL de las Fake News”, que busca libertad y transparencia en Internet en Brasil, ha sido retomado en la Cámara de Diputados y suscita debates por abordar diferentes aspectos. Según Cristiane Sanches, presidenta del Consejo de Abrint, si se aprueba de esta manera, podría ser un desastre.

Para Sanches, crear una legislación amplia para Internet es algo complejo, sugiriendo que centrarse en leyes nacionales para la moderación de contenido es un camino más viable para garantizar la confianza en las redes.

Actualmente, existen tres modelos de regulación en el mundo, según describe la doctora en relaciones internacionales, Elaini da Silva:

El de Estados Unidos, basado en el liberalismo político, donde la autorregulación está a cargo de las empresas; el de la Unión Europea, enfocado en derechos humanos con cierto control regulatorio; y el de China, caracterizado por una mayor intervención y control sobre lo que se realiza en las plataformas.

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“Ninguno de los tres modelos puede simplificarse. Ninguno es puramente político, ninguno es puramente económico. Todos tienen sus dimensiones políticas y económicas relevantes”, dijo, resaltando que estos pueden servir como inspiración para Brasil, pero el país necesita encontrar su propio camino, de acuerdo con sus características.

Un gran consumidor de Internet

Brasil es el segundo país que más tiempo pasa en línea, con una media diaria de 9 horas 13 minutos en redes sociales y plataformas en general. Sudáfrica lidera este ranking con 9 horas 24 minutos, según el Informe Digital 2024, en colaboración con We Are Social y Meltwater.

En el G20, el país ha dirigido gran parte de su liderazgo hacia el ámbito digital, enfatizando la necesidad de enfoques únicos no sólo en pro de su soberanía, sino para el empoderamiento del Sur Global en el nuevo mundo.

Esta es una visión clara del presidente Luiz Inácio Lula da Silva como política de gobierno, defendiendo que ni Brasil ni la región latina pueden simplemente seguir a los países más desarrollados, especialmente en Inteligencia Artificial.

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Corroborando esta visión, Sandro Mendonça, profesor universitario portugués que actualmente coordina un grupo de estudios en la Unión Europea sobre el impacto de las Big Tech hasta 2040, incentivó esta búsqueda brasileña en el debate digital geopolítico, enfatizando las contribuciones del país en foros internacionales, como en la CMR-23.

Más específicamente, hablando sobre su estudio y el escenario de la Unión Europea, resaltó la creciente influencia de las Big Tech, cuyo presupuesto en investigación y desarrollo (I+D) es superior al de muchos países europeos, como Alemania.

Para Mendonça, esto también enciende una alerta en Brasil, puesto que “demuestra el poder de estas empresas y la necesidad de una regulación que pueda equilibrar el mercado y proteger los intereses de los consumidores y de los pequeños negocios”, concluyó.

Integridad de la información y responsabilidad de las plataformas

Octavio Pieranti, de la Secretaría de Políticas Digitales de la Secom, abordó el aspecto de la difusión de desinformación en Internet, enfatizando su perjuicio para las políticas públicas y los derechos, recordando el caso de los antivacunas. “Es crucial combatir la desinformación para garantizar el acceso a información cualificada y la libertad de expresión”, dijo.

Su defensa se centró en el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación, incluyendo las plataformas digitales, para fortalecer la democracia y crear un entorno informacional confiable. El periodismo, por ejemplo, es de interés público y central en este combate.

Pieranti también habló sobre el consenso de que las plataformas digitales deben ser responsables por el contenido que publican. La discusión actual se centra en cuándo y cómo aplicar esta responsabilidad sin promover la eliminación masiva de contenidos.

O Projeto de Lei 2630/2020, chamado “PL das fake news” que busca liberdade e transparência na internet, é retomado na Câmara dos Deputados e suscita debates por tratar de diferentes aspectos, o que na visão de Cristiane Sanches, presidente do Conselho da Abrint, se aprovado desta maneira, pode ser um desastre.

Para ela, criar uma legislação abrangente para a internet é algo complexo, sugerindo um foco em leis nacionais voltadas para a moderação de conteúdo como um caminho mais viável para garantir a confiança nas redes. 

Atualmente três modelos de regulamentação existem no mundo, conforme descritos pela doutora em relações internacionais, Elaini da Silva:

Dos EUA, baseado no liberalismo político, onde a autorregulamentação é deixada a cargo das empresas; o da União Europeia, focado em direitos humanos com certo controle regulatório; e o Chinês, caracterizado por uma maior intervenção e controle sobre o que é feito e realizado nas plataformas.

“Nenhum dos três modelos pode ser simplificado. Nenhum é puramente político, nenhum é puramente econômico. Todos têm as suas dimensões políticas e econômicas relevantes”, disse, ressaltando que estes até podem servir como inspiração para o Brasil, mas o país necessita encontrar seu próprio caminho, de acordo com suas características.

Um grande consumidor de internet

O Brasil é o segundo país que mais passa tempo online, com uma média diária de 9h13 em redes sociais e plataformas em geral. A África do Sul lidera esse ranking com 9h24, segundo o Relatório Digital 2024, em parceria com a We Are Social e Meltwater.

No G20, o país tem direcionado muito de sua liderança para o âmbito digital, enfatizando a necessidade de abordagens únicas não somente em prol de sua soberania, mas para o empoderamento do Sul Global no novo mundo. 

Esta é uma visão clara do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como política de governo, defendendo que nem o Brasil ou a região latina podem simplesmente seguir os mais desenvolvidos, mais especificamente falando sobre inteligência artificial.

Corroborando com essa visão, Sandro Mendonça, professor universitário português, que atualmente coordena um grupo de estudos na União Europeia sobre o impacto das big tech até 2040, incentivou essa busca brasileira no debate digital geopolítico, enfatizando as contribuições que tem o país nos fóruns internacionais, como na WRC-23.

Mais especificamente falando sobre seu estudo e o cenário da União Europeia, ele ressaltou a crescente influência das big tech, cujo orçamento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) é superior ao de muitos países europeus, como a Alemanha.

Para ele, isso também acende um alerta no Brasil. “Isso demonstra o poder dessas empresas e a necessidade de uma regulação que possa equilibrar o mercado e proteger os interesses dos consumidores e dos pequenos negócios”, concluiu.

Integridade da informação e responsabilidade das plataformas

Octavio Pieranti, da Secretaria de Políticas Digitais da Secom, abordou o aspecto da disseminação de desinformação na internet, enfatizando seu prejuízo para as políticas públicas e os direitos, relembrando o caso dos anti-vacinas. “É crucial combater a desinformação para garantir o acesso à informação qualificada e a liberdade de expressão”, disse.

Sua defesa se voltou ao pluralismo e à diversidade nos meios de comunicação, incluindo plataformas digitais, para fortalecer a democracia e criar um ambiente informacional confiável. O jornalismo, por exemplo, é de interesse público e central nesse combate.

Pieranti falou ainda sobre o consenso de que as plataformas digitais sejam responsáveis pelo conteúdo que publicam. A discussão atual é sobre quando e como aplicar essa responsabilidade sem promover a remoção em massa de conteúdos.

São Paulo, Brasil.- Vinicius Caram, superintendente de concesiones y recursos aportados de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, dijo que han iniciado las primeras pruebas en las que se evalúan 150 escenarios diferentes para el uso del espectro por las redes Wi-Fi, en colaboración con Abinee (Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica). Espera que hasta fin de año se emita un informe final para presentarlo al Consejo Directivo.

Mencionó la realización de pruebas recientes en Campinas-SP, que involucraron la emulación de portadoras IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales) junto con canales Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 en co-canal, para verificar la viabilidad de la coexistencia entre estas tecnologías.

El informe resultante de estas pruebas servirá de base para decisiones futuras, incluidas las subastas de frecuencias y la regulación de tecnologías avanzadas que puedan operar en la banda de 6 GHz.

Caram destacó que hasta el momento no hay usuarios de acceso físico utilizando puntos de acceso Wi-Fi 6E en Brasil, lo que motiva una reflexión sobre la adopción e implementación de estas nuevas tecnologías.

“No estamos restringiendo la evolución de Wi-Fi 6E y 7, estamos discutiendo la posibilidad de usar dos canales como 640 MHz ó 980 MHz, o quién sabe, en el futuro, tener un solo canal de 800 MHz o casi 1 GHz a medida que avanza la tecnología”, defendió.

Caram también mencionó pruebas en entornos exteriores, confiando en el potencial de modelos de negocio que faciliten Wi-Fi 7, eliminando la necesidad de una tarjeta SIM y utilizando equipos estándar para facilitar la conectividad móvil en áreas urbanas.

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Divergencias en banda de 6 GHz

Cristiane Sanches, presidenta del Consejo de Abrint (Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones), destacó que el uso híbrido es “absolutamente difícil” y que las decisiones sobre el uso en exteriores pueden perjudicar el uso en interiores. Ella defendió la integralidad de la banda de 6 GHz como crucial y con características únicas que la hacen indispensable para el Wi-Fi.

Martha Suárez, presidenta de la Dynamic Spectrum Alliance, criticó la idea de compartir la banda de 6 GHz entre Wi-Fi e IMT, como señalaron Brasil y México al incluir una nota al pie en la CMR-23, contradiciendo una posición acordada previamente en toda la región latinoamericana, frisó.

Suárez sugirió que el uso de parte del espectro para IMT podría limitar el potencial de Wi-Fi. “Es importante comparar tecnologías, porque estamos hablando de 5G ó 6G, dejando de lado las tecnologías que ya están en la banda. Podemos considerar la banda de 6 GHz para 6G, lo que requeriría limpiar la banda y conlleva implicaciones económicas y de tiempo bastante complicadas”, enfatizó.

Para ella, es importante considerar los más de 20 mil enlaces fijos que ya ocupan la banda sólo en Brasil, según datos de la Anatel, al mismo tiempo que es difícil comparar Wi-Fi y su uso hoy en día, mirando hacia una asignación para 6G que solo ocurrirá en 2030. “En la CMR-27 esto se considerará”, defendió.

São Paulo. – Vinicius Caram, superintendente de outorgas e recursos à prestação da Anatel, disse que a agência iniciou os primeiros testes em que 150 cenários diferentes são avaliados para uso de espectro pelas redes wi-fi, em colaboração com a Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica). Ele espera que até o fim do ano saia um relatório final para ser submetido ao Conselho Diretor.

Ele mencionou a realização de testes recentes em Campinas-SP, envolvendo a emulação de portadoras IMT (International Mobile Telecommunications) junto com canais wi-fi 6 E e w-fi 7 em co-canal, para verificar a viabilidade de coexistência entre essas tecnologias.

O relatório resultante destes testes servirá para embasar decisões futuras, incluindo leilões de frequências e a regulamentação de tecnologias avançadas que possam operar na faixa de 6 GHz.

Caram ressaltou que até o momento não existem usuários pessoa física utilizando AP (access points) wi-fi 6 no Brasil, o que motiva uma reflexão sobre a adoção e implementação dessas novas tecnologias.

“Não é que estejamos restringindo a evolução do wi-fi 6 E e 7, estamos discutindo a possibilidade de uso de dois canais como 640 MHz ou 980 MHz, ou quem sabe, futuramente, ter um único canal de 800 MHz ou quase 1 GHz conforme a tecnologia vai evoluindo”, defendeu.

Caram mencionou testes também em ambientes outdoor, confiando no potencial de modelos de negócio que viabilizem o wi-fi 7, eliminando a necessidade de um SIM card e utilizando equipamentos padrão para facilitar a conectividade móvel em áreas urbanas.

Divergências

Cristiane Sanches, presidente do Conselho da Abrint (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações) destacou que o uso híbrido é “absolutamente difícil” e que decisões sobre o uso outdoor pode prejudicar o uso indoor. Ela defendeu a integralidade da faixa de 6 GHz como crucial e com características únicas que a tornam indispensável para o wi-fi. 

Por sua vez, Martha Suarez, presidente da Dynamic Spectrum Alliance, criticou a ideia de compartilhar a faixa de 6 GHz entre wi-fi e IMT, conforme sinalizou o Brasil e o México ao incluir uma nota de rodapé na WRC-23, contrariando um posicionamento anteriormente acordado em toda a região latina, destacou.

Suarez sugeriu que o uso de parte do espectro para IMT pode limitar o potencial do wi-fi. “Em primeiro lugar, é importante comparar tecnologias, porque falamos de 5G ou de 6G, deixando um pouco de lado tecnologias que já estão na banda. Podemos considerar a faixa de 6 GHz para 6G, o que exigiria limpeza da banda, levando a implicações econômicas e de tempo bastante complicadas”, frisou.

Para ela, é importante considerar os mais de 20 mil links fixos que já ocupam a faixa só no Brasil, segundo dados da Anatel, ao mesmo tempo que é difícil comparar o wi-fi e seu uso hoje, olhando para uma alocação para o 6G que só ocorrerá em 2030. “Na WRC-27” isso será pensado, defendeu.

São Paulo, Brasil. – La sensación transmitida en un panel de Abrint Nacional 2024 sobre una posible tasa de cobro de red es que los tres principales operadores de Brasil están solos en la lucha por el Fair Share.

Alessandro Molon, exdiputado federal y líder de la Alianza por la Internet Abierta, cree que esta discusión ni siquiera avanzará, después de las contribuciones recogidas por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para el análisis de impacto regulatorio.

Mozart Tenório, asesor de la presidencia de la Anatel, señaló que la agencia ahora estudia las contribuciones que fueron, en sus palabras, bastante satisfactorias. No hay un plazo para una conclusión del análisis que se realizará con bastante “serenidad”, reforzó. Sostuvo que si no se diagnostica una falla de mercado, el proceso se cerrará, pero si es identificada, la propuesta sigue al proceso de creación de un reglamento.

Sin representantes de las grandes telcos, el debate se convirtió en un consenso en torno a la falta de evidencias presentadas por la parte interesada en el fair share, en lo que respecta a dificultades de inversión en infraestructura o de un posible colapso en el tráfico de datos debido al aumento creciente.

Tenório, sin embargo, adoptó un discurso neutral. El asesor dijo que Anatel no se involucrará en discusiones de esta naturaleza y no dirá si el cobro es justo o no. “La misión de Anatel es velar por las redes de telecomunicaciones. Deben ser sostenibles y accesibles para el consumidor”, resumió.

Este fue el mismo discurso adoptado por el presidente de la agencia, Carlos Baigorri, durante el MWC 2024, a finales de febrero, en Barcelona, donde las telecomunicaciones parecían haber adoptado un discurso más suave sobre el tema. Sin embargo, Baigorri defendió un modelo único de fair share para América Latina, hace algunos días en el CLTD en México.

Ante la consulta de DPL News, Tenório comentó que lo ideal sería un nivelamiento de la regulación, ya que el sector de telecomunicaciones tiene una serie de obligaciones, mientras que las grandes tecnológicas compiten libremente en un mercado sin ninguna regulación.

Lo que argumenta la comunidad de Internet

Molon argumentó que las alegaciones de las grandes empresas de telecomunicaciones se basan en premisas incorrectas. En primer lugar porque, tras estudios realizados por la Alianza, no hay riesgo de una explosión de tráfico de datos que cause quiebra o congestión de la red.

En segundo lugar, los grandes operadores no están en riesgo financiero, pues han presentado resultados sólidos cada trimestre. “Son buenas opciones de inversión para quienes desean comprar sus acciones, pues pagan dividendos generosos y seguros que crecen año tras año. Y son compatibles con el retorno del sector al que pertenecen, que es el sector de infraestructura”, defendió.

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El líder de la Alianza refutó la idea de que sólo el sector de telecomunicaciones “carga” toda la infraestructura de Internet, afirmando que el ecosistema digital es construido por muchos, incluyendo proveedores de contenido y servicios, pequeños y medianos proveedores, y el sector público. Molon destacó que las grandes tecnológicas también invierten en infraestructura como CDNs, centros de datos y cables submarinos.

Para Marina Cavalcanti, coordinadora general de salud y comunicaciones del Ministerio de Hacienda, quien también contribuyó en la toma de subsidios, señaló que “en las evidencias económicas levantadas hasta el momento, no hay nada que muestre algún cuello de botella en la conectividad en Brasil.”

Su sector, que trata directamente sobre aspectos de competencia dentro del Ministerio de Hacienda, no encontró justificativas económicas para la imposición de tal tasa. Cavalcanti citó datos de la Anatel que muestran que la disponibilidad y la satisfacción con el Internet en Brasil están creciendo y advirtió que la imposición de una tasa puede afectar la innovación en el mercado de telecomunicaciones, que es altamente innovador. “Cualquier interferencia, especialmente con una nueva tasa, puede perjudicar esta dinámica. Por lo tanto, hasta el momento, nuestra recomendación es en contra del Fair Share,” sentenció.

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Pequeños proveedores también están en contra del Fair Share

Para los ISPs, que representan 53 por ciento del suministro de banda ancha fija en Brasil, este tipo de acuerdo sería pésimo o ni siquiera los contemplaría, dijo Breno Vale, director de Proyectos de Abrint. “Imaginen tener que hacer este tipo de acuerdo con los proveedores de contenido. Sólo algunos podrían hacerlo”.

Preguntó a los presentes, que son proveedores, cuáles de ellos poseen CDNs de empresas como Netflix, Google o Akamai en sus operaciones. La mayoría respondió afirmativamente y también mostró interés en tener estas cajas para mejorar la conexión para sus usuarios finales.

Explicó además que estos acuerdos se basan en el tráfico alcanzado por los proveedores. Si un proveedor alcanza ciertos niveles de tráfico, como 8 gigabits para Netflix, recibe una caja sin costo, asumiendo sólo los gastos de energía. Normalmente, un proveedor necesita tener cerca de 10 mil accesos para calificar.

Para Molon, este 53 por ciento de proveedores debe ser considerado en esta discusión, por la salud de las empresas nacionales. “¿No vamos a escuchar la voz de los empresarios y emprendedores brasileños? Creo que esto debe estar en la mente de todos nosotros,” concluyó.

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São Paulo, Brasil.- En conversación con periodistas después de la apertura del evento Abrint Nacional 2024, que se lleva a cabo del 12 al 14 de junio, Hermano Telsius, secretario del Ministerio de Comunicaciones, acusó a la Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) de intencionalmente retrasar la regulación de postes para hacer valer “la imposición de abusos y pagos exorbitantes” a las telecomunicaciones, según destacó en su discurso el presidente de Abrint, Mauricélio Júnior.

El ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, reveló haber tenido una reunión con el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, para intentar dar más celeridad al caso, ya que ambos poseen políticas públicas conjuntas dirigidas a las escuelas públicas, para el suministro de energía eléctrica e Internet. La resolución, sin embargo, depende de un consenso entre las agencias reguladoras Aneel y Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones).

“Como ministros, hicimos lo que pudimos, que fue crear la ordenanza y entregar la política pública para un problema histórico que es la compartición de postes”, dijo Juscelino Filho. El secretario Hermano Telsius comentó que la señal del ministro Silveira tras la conversación es de colaboración e igual preocupación por la resolución del conflicto.

Reconstrucción de Rio Grande do Sul y las promesas del FUST

La cuestión de los postes también está relacionada con la reconstrucción de la infraestructura en Rio Grande do Sul, que fue el foco del panel de apertura, resaltando la actuación de los proveedores regionales. “Somos el mayor proveedor de banda ancha del país, esta situación nos lo demostró”, declaró el presidente de InternetSul, Fábio Badra.

Rio Grande do Sul todavía se está recuperando de la tragedia climática que dejó a 600 mil personas desconectadas, incluidos servicios esenciales, los cuales fueron mantenidos por los proveedores regionales, reconocidos como los mantenedores de la comunicación y la conectividad para los servicios esenciales durante el rescate de las víctimas de la inundación.

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Para atender las peticiones de las asociaciones de proveedores del estado, el Ministerio de Comunicaciones envió una propuesta que está en análisis por la Casa Civil para la liberación de recursos no reembolsables del FUST, con la señal de que haya una respuesta hasta la próxima semana, reveló Telsius.

La idea del MCom es lanzar avisos de reconstrucción de las redes en las escuelas para que, consecuentemente, los pequeños proveedores reconstruyan sus redes, una acción que ayudaría a solucionar dos cuestiones a la vez.

“Las asociaciones hicieron un cálculo para la reconstrucción de las redes afectadas y llegaron a un valor de R$ 2 mil millones, refinamos eso y logramos llegar a R$ 1.6 mil millones”, dijo Telsius. Las reglas determinan que los recursos no reembolsables sean como máximo el 50 por ciento del valor, lo que serían poco más de R$ 500 millones por el FUST.

São Paulo.- Em conversa com jornalistas após a abertura do evento Abrint Nacional 2024 que ocorre nestes dias 12, 13 e 14 de junho, Hermano Telsius, secretário do Ministério das Comunicações, acusou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) de intencionalmente atrasar a regulamentação de postes para fazer valer “a imposição de abusos e pagamentos exorbitantes” às teles, conforme ressaltou em sua fala o presidente da Abrint, Mauricélio Júnior.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, revelou ter tido uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tentar dar mais celeridade ao caso, uma vez que ambos possuem políticas públicas conjuntas voltadas às escolas públicas, para o fornecimento de energia elétrica e internet. A resolução, contudo, depende de um consenso entre as agências reguladoras Aneel e Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

“Enquanto ministros, fizemos o que pudemos que era criar a portaria e entregar a política pública para um problema histórico que é o compartilhamento de postes”, disse Juscelino Filho. O secretário Hermano Telsius comentou que a sinalização do ministro Silveira após a conversa, é de colaboração e igual preocupação pela resolução do embate.

Reconstrução do Sul e as promessas do Fust

A questão dos postes se emenda também com a reconstrução da infraestrutura no Rio Grande do Sul, que foi o foco do painel de abertura, ressaltando a atuação dos provedores regionais. “Somos a maior fornecedora de banda larga do país, essa situação nos provou isso”, declarou o presidente da InternetSul, Fábio Badra.

O Rio Grande do Sul ainda está está se reerguendo da tragédia climática que deixou 600 mil pessoas desconectadas, incluindo serviços essenciais, os quais foram mantidos pelos provedores regionais, reconhecidamente os mantenedores da comunicação e da conectividade para o serviços essenciais durante o salvamento das vítimas da enchente.

Para atender as petições das associações de provedores do estado, o Ministério das Comunicações enviou uma proposta que está em análise pela Casa Civil para liberação de recursos não reembolsáveis do Fust, com a sinalização de que haja uma resposta até a próxima semana, revelou Telsius.

A ideia do MCom é lançar editais de reconstrução das redes nas escolas para que, consequentemente, os pequenos provedores reconstruam suas redes, uma ação que ajudaria a solucionar duas questões de uma vez.

“As associações fizeram um cálculo para reconstrução das redes afetadas e chegaram a um valor de R$ 2 bilhões, refinamos isso e conseguimos chegar a R$1,6 bilhões”, disse Telsius. As regras determinam que para recursos não reembolsáveis sejam no máximo 50% do valor, o que seriam pouco mais de R$ 500 milhões pelo Fust.