Diario Financiero

El 26 de octubre el Comité Representativo, instancia que reúne a Entel, Claro, Grupo GTD, Mundo, Movistar, VTR y WOM, abrirá el sobre económico que decidirá el vencedor en la carrera por convertirse en el operador a cargo del Organismo Técnico Independiente (OTI). Esta entidad será la responsable de elaborar una herramienta para medir las velocidades de internet y así zanjar las disputas en los contratos entre las empresas y los consumidores.

Uno de los participantes es MedUX, compañía española que formó un consorcio con la firma de bandera chilena Microsystem, su aliado para enfrentarse a Sonda-Ookla y la brasileña Cleartech, los otros dos rivales que también están detrás del contrato.

Esta es la segunda vez que se lleva a cabo el concurso. En noviembre pasado se declaró desierto porque ninguno de los dos participantes -Sonda y MedUX- cumplían con las reglas de la subasta en sus aspectos económicos y técnicos. Los licitantes rearmaron el proceso a los pocos meses y despejaron las dudas para esta nueva instancia.

A juicio del CEO de la firma con base en España, Luis Molina, “fue necesario, porque hoy hay una estructura que combina mucho mejor los intereses del Estado, las empresas y los competidores. Chile es pionero en una licitación tan compleja. Esta segunda fase es mucho más clara que la anterior en los requisitos técnicos y pues desde nuestro punto de vista ahora la propuesta puede ser más sencilla”.

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Chile se convirtió en referente a escala regional cuando completó la subasta múltiple de espectro compatible con 5G. En diciembre pasado anunció el encendido oficial de la nueva tecnología y los operadores empezaron la batalla comercial. En el medio, y mientras se trabaja en una nueva constitución con aportes al desarrollo digital local, se eligió presidente y Gabriel Boric asumió en marzo con nuevas promesas en materia de conectividad: un operador estatal, Internet como servicio público y reducción del plazo de licencias.

Claudio Araya San Martín fue el hombre elegido por el primer mandatario como titular de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel). Sus poco más de dos meses en el cargo resultan suficientes para que el funcionario dialogue con DPL News sobre cuáles considera que serán sus mayores desafíos, de qué forma se abordarán los temas pendientes y cómo se convertirán en hechos las promesas del nuevo gobierno. 5G, velocidad mínima y brecha digital son conceptos repetidos en el discurso del mandamás del regulador, que analiza “el modelo más eficiente” para la estatal telco en Chile.

DPL News: Gabriel Boric prometió crear un operador estatal de telecomunicaciones. ¿Qué fines específicos perseguirá?

Araya San Martín: Estamos analizando diferentes modelos para encontrar el más eficiente y que se adapte a nuestros objetivos. Una vez que definamos el modelo que se utilizará, lo daremos a conocer.

DPL News: ¿Cómo avanzan las otras propuestas: Internet como servicio público y la idea de reducir a la mitad el plazo de licencias TIC?

Araya San Martín: El proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones se está tramitando en el Congreso y se han ingresado algunas indicaciones al respecto. Esperamos que pronto sea una ley en Chile. En relación con el plazo de las licencias, estamos trabajando en una revisión del régimen de concesiones que, entre otras cosas, analizará la vigencia de estas licencias, muy superior al promedio de la OCDE.

DPL News: ¿Qué objetivos centrales se plantea como titular del regulador chileno?

Araya San Martín: Nuestro objetivo es reducir al máximo la brecha digital y para eso impulsaremos el plan brecha cero: queremos que los usuarios que no tengan conectividad sea porque no están interesados en ella y no porque no tienen acceso a una red. De este objetivo se desprenden diversas acciones, como impulso de proyectos de ley, desarrollo de proyectos de infraestructura y distintas iniciativas en dirección a reducir la brecha digital.

DPL News: ¿Qué metas persiguen en materia de conectividad? ¿Evalúan avanzar sobre el subsidio a la demanda?

Araya San Martín: Según las cifras a 2021, la telefonía móvil posee 26.5 millones de usuarios en Chile, con una penetración de 132.2 por ciento, mientras que en TV de paga se alcanzan los 3.4 millones de usuarios y existe una penetración de 17.4 por ciento. Sin embargo, aún existe un tercio de hogares por conectar a Internet fijo a nivel nacional. Respecto a este punto, vimos durante la pandemia cómo muchos habitantes del país no contaban con acceso a conectividad o contaban con una de mala calidad que incluso llevó a varios niños a subirse a los techos de sus viviendas para acceder a una red y así completar sus deberes escolares.

Nuestra meta es generar las condiciones que permitan que la brecha digital se acerque a cero y para eso tenemos diferentes iniciativas que apuntan en esa dirección.

Respecto del subsidio a la demanda, estamos analizando diferentes fórmulas que nos permitan desarrollar un plan e implementarlo en zonas de baja conectividad.

DPL News: Subtel trabaja en la revisión del plan de reordenamiento de 3.5 GHz. ¿Cuál es la idea y en qué plazo? ¿Cuáles son los próximos pasos en materia de espectro?

Araya San Martín: El reordenamiento de bandas, buscando mayor eficiencia, es un tema sumamente relevante. Actualmente estamos revisando fórmulas para así escoger la mejor opción para reordenar. Quizá se pueda interpretar esto como una demora, pero nuestro deber al frente del regulador es encontrar las respuestas más eficientes ante las distintas problemáticas que surjan para que se transformen en beneficios para los usuarios de los diferentes servicios de telecomunicaciones. De todos modos, esperamos dar a conocer nuestro plan de acción en las próximas semanas.

DPL News: ¿Cómo avanza el despliegue de 5G en el país?

Araya San Martín: Las empresas adjudicatarias están en proceso de despliegue de las estaciones base comprometido, dentro del cual se exige que la red cubra al menos el 90 por ciento de la población de Chile con equidad territorial. También trabajan en cumplir con las contraprestaciones sociales incluidas en la licitación, como conectar por primera vez con Internet móvil de alta velocidad a 366 localidades y 199 hospitales, que más de 300 mil habitantes de distintas localidades se beneficien con voz y datos móviles de alta velocidad, conectar 2 mil 118 sistemas de agua potable rural, 14 institutos de Teletón y 358 postas de salud rural específicamente a 5G. Además, más de 80 zonas de interés se verán impactadas positivamente con esta nueva tecnología; en concreto, 17 aeropuertos y aeródromos, 12 centros de interés científico, 28 instituciones de educación superior y 23 puertos marítimos.

Al 13 de mayo de 2022, han ingresado un total de 2 mil 636 solicitudes de recepción de obras de los Concursos Públicos 5G. Las zonas más avanzadas son la Región Metropolitana, Valparaíso, Biobío y O’Higgins.

El despliegue total de la red debe estar implementado en un plazo máximo de 18 meses a partir de la publicación del decreto de concesión.

DPL News: Se abrió la búsqueda del Organismo Técnico Independiente (OTI) para medir la velocidad de Internet. ¿Se mantendrán los parámetros de la ley de velocidad mínima de 2017? ¿Cómo trabajan para evitar que se convierta en una barrera de acceso?

Araya San Martín: Sí, lo anunciamos en abril, en un proceso que se da en el marco de las disposiciones de Ley de Velocidad Mínima Garantizada. La norma fue publicada en 2017 y tres años después la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento; allí se establecía la creación del OTI. Para este nuevo proceso, se aprobaron las nuevas bases de licitación. Tras la adjudicación vendrá un periodo de implementación de marcha blanca, donde los operadores tendrán un tiempo para informar a sus usuarios respecto de las nuevas disposiciones, y que finalizará con el inicio de las nuevas obligaciones a la que estarán sujetas los proveedores de servicio. A su vez, el OTI deberá contar con la infraestructura técnica y dotación profesional que le permita gestionar y ejecutar de manera eficiente y a cabalidad todos los procesos asociados a las mediciones de calidad de red y de usuarios individuales de velocidad de acceso a Internet.

De momento no se visualiza la necesidad de modificar el reglamento, pero si la marcha blanca lo hiciera recomendable, tendremos la flexibilidad que se necesite.

Con esta nueva licitación buscamos que miles de usuarios cuenten con mediciones oficiales de las conexiones fijas y móviles de sus dispositivos, insumo que les será útil para que, en caso de que la empresa de telecomunicaciones no esté cumpliendo con lo pactado, pueda reclamar a la compañía y ante Subtel. Este es un paso significativo para los derechos digitales de todos los usuarios del país.

DPL News: ¿En qué posición pondría a Chile en el plano regional TIC? ¿En qué aspectos cree que debe trabajar más fuerte para subir esa posición?

Araya San Martín: Chile suele ser considerado líder en tecnologías para la región, pero esta adopción temprana de nuevas tecnologías esconde una enorme inequidad en el acceso, lo que como país nos lleva a desperdiciar el potencial que miles de personas podrían aprovechar si estuvieran incluídas en la economía digital. No sólo podrían verse beneficiadas con cientos de oportunidades para su vida diaria, como acceder a la realización de trámites en línea y acceder a cursos de manera remota, sino que también podrían generar innovaciones tecnológicas de vanguardia. Esto no sólo los volvería usuarios de estas tecnologías emergentes, si no que serían impulsores de ellas, manteniendo y potenciando la posición de Chile a nivel regional en materia TIC.

DPL News: ¿Qué propuestas del gobierno anterior seguirán su curso y cuáles analiza modificar en el corto plazo?

Araya San Martín: El trabajo de la Subtel es transversal a los ciclos políticos. Muchas de las iniciativas de infraestructura deben realizar un proceso de análisis, factibilidad, ejecución y operación que en muchos casos se trata de varios años, por lo que atraviesan uno o más gobiernos.

Cinco años después de publicada la ley que le dio origen –y otros cinco más de discusión parlamentaria–, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los operadores trabajan en encontrar el organismo (OTI) para medir la velocidad de Internet en Chile. Ya hubo una puja previa entre dos empresas, pero no hubo decisión –se declaró desierta–, y ahora se reabrió la búsqueda para el responsable del proyecto.

El Comité Representativo, que aglutina a los operadores que deben financiar el sistema, espera que en seis meses se haga la adjudicación y en octubre se firme el contrato, de cara a la implementación definitiva que “podría tomar un año y medio más”.

Chile Telcos, que agrupa a Claro, Entel, GTD, Movistar, Mundo y VTR, señaló que el sistema local de medición “evitará que se le haga responsable a las empresas de factores que no dependen de ellas, como la antiguedad del dispositivo en que se navegue, el nivel de bateria o fallas en el software”.

La propuesta, como ya se señaló, surge del texto normativo que dio luz verde a la velocidad mínima de Internet, publicado en 2017 y reglamentado tres años después, aunque sin vigencia al momento. Ese texto hablaba de 25 Mbps y 5 Mbps como mínimo para considerar que un plan es de banda ancha fija o móvil, respectivamente, y obligaba a los prestadores a garantizar un mínimo de entre el 90 y 98 por ciento de la velocidad contratada por el usuario.

“Esta nueva herramienta permitirá que miles de usuarios cuenten con mediciones oficiales de conexiones fijas y móviles en sus dispositivos, insumo que será útil para que, si la empresa no está cumpliendo, pueda reclamar a la compañía y a Subtel”, dijo el titular del regulador, Claudio Araya. Su antecesor, Fransisco Moreno, señaló en diciembre –en funciones– a DPL News que se esperaba el segundo llamado “a la brevedad” como “complemento para fiscalizar la calidad de servicios de banda ancha” en Chile.

A ocho meses de que entren en vigor las disposiciones de la ley de velocidad mínima de Internet en Perú, la GSMA advirtió que la medida es técnicamente inviable y pone en riesgo la expansión y mejora de los servicios de Internet móvil que reciben los usuarios.

Por ello, la organización global de operadores móviles consideró que las autoridades peruanas aún están a tiempo de revisar la medida de velocidad mínima garantizada y explorar otros mecanismos más eficientes que permitan expandir la conectividad.

La GSMA reiteró que la normativa perjudicará a los consumidores, sobre todo a la población más vulnerable y que permanece desconectada, debido a que generará obstáculos adicionales para la conectividad.

El año pasado, el Congreso promulgó la ley de velocidad mínima de Internet, la cual aumenta de 40 al 70 por ciento el nivel de rapidez que los operadores de telecomunicaciones deben garantizar en la prestación del servicio de banda ancha móvil.

Aunque la intención de los legisladores fue velar por que los usuarios experimenten un acceso a Internet de calidad, la industria, las asociaciones gremiales, especialistas, el órgano regulador sectorial e incluso el Ejecutivo alertaron en ese entonces que la ley tendría efectos adversos.

La GSMA explica que los servicios móviles llegan al usuario a través de una cadena con varios eslabones, muchos de los cuales están fuera del control del operador. Por ejemplo, el suministro eléctrico, la lluvia, las condiciones geográficas, la presencia de edificios u otros elementos que pueden obstaculizar la conexión entre las antenas y las terminales de los usuarios.

Si bien “los operadores utilizan diversas herramientas tecnológicas y estrategias de despliegue de red para minimizar el impacto de estas variables (…), subyace un grado de imprevisibilidad que vuelve imposible aplicar un umbral mínimo de velocidad tan alto y rígido como establece la medida”, señala la asociación.

“Al no contemplar la incidencia de factores externos, ni las grandes diferencias entre áreas rurales o urbanas, la ley profundiza el desafío de expandir los servicios a zonas remotas. Ampliar la cobertura hacia estas áreas requiere crear incentivos para contrarrestar la combinación de altos costos de despliegue y operación con baja demanda de servicios, así como agilizar la burocracia municipal para instalar antenas”, agrega.

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Sin embargo, la nueva ley de velocidad mínima de Internet, en lugar de crear beneficios e incentivos, establece un requisito “imposible de cumplir” para las empresas de telecomunicaciones.

Los operadores también se verán obligados a realizar previsiones financieras para cubrir multas por eventuales incumplimientos, lo cual podría afectar sus planes de inversión en infraestructura.

“Por eso, la disposición corre el riesgo de acotar los servicios a áreas determinadas, profundizando la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, e impidiendo conectar a los peruanos que aún no acceden a internet”, alerta la GSMA.

Incluso, un estudio del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones mostró que el umbral mínimo de rapidez –anteriormente de 40 por ciento– no tuvo una incidencia significativa en el crecimiento de los niveles de velocidad de descarga en Internet. Por el contrario, desde su aplicación original en 2014, los índices de rapidez se estancaron y la oferta comercial de Internet móvil se redujo.

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Mientras el tiempo corre para el comienzo de la aplicación de la nueva normativa, en el país se discuten otras leyes que podrían incrementar aún más las cargas regulatorias sobre el sector de telecomunicaciones. El Congreso está debatiendo un proyecto de dictamen para elevar el monto de las multas aplicadas a los operadores por infracciones al régimen de protección de los consumidores.Una de las razones que ameritaría infracción podría ser no cumplir con los nuevos parámetros de velocidad mínima garantizada, así que las compañías tendrían que pagar sanciones entre 200 a 500 veces más altas respecto a los rangos actuales.

Perú 21

Con 111 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia el dictamen que eleva de 40% a 70% la velocidad mínima de los servicios de Internet de las zonas áreas urbanas y rurales.

“Los prestadores de servicios de Internet, deberán garantizar el 70% de la velocidad mínima ofrecida en los contratos con los consumidores o usuarios, y establecidas en sus planes (postpago, prepago y otros) publicitados en los diferentes medios de comunicación”, señala la autógrafa.

En la ley se establece que Osiptel deberá emitir en un plazo máximo de 60 días las normas de carácter reglamentario que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, es decir que se apliquen a garantizar el 70% mínimo.

Esta iniciativa ya había sido rechazada por el Poder Ejecutivo con 13 observaciones, entre ellas la falta de estructura de la norma.

Recordemos que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advierte que esta propuesta legislativo pone en riesgo el acceso a internet a casi 5 millones de personas que hasta la fecha no tienen acceso.

El gremio recuerda que existen barreras para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones que no se han solucionado.

Pisapapeles – José Carvajal Vega

El año pasado, en Pisapapeles te contábamos respecto a lo retrasado que estaba la aplicación de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada. Proyecto que se transformó en ley el 2017 tras cinco años de discusión. Luego de aquello, el 2019, recién la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) comenzó el proceso para normar los requerimientos técnicos en los servicios de internet.

La ley establece que Subtel es quien debe crear un reglamento para normar y aplicar la ley. A finales del 2019 la autoridad de las telecomunicaciones ingresó a la Contraloría el reglamento para el organismo técnico independiente que realizaría las mediciones de las velocidades de internet que debían cumplir las empresas.

En una segunda instancia, la misma Subtel ingresó el reglamento técnico al que tendrían que apegarse las proveedoras del servicio. La institución precedida por Pamela Gidi, propuso 25 megas de velocidad, lo que es 100 veces más de lo que propusieron las empresas agrupadas en la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo).

Durante todo el proceso, ese mismo gremio ha impugnado en dos ocasiones ante la Contraloría, los reglamentos de Subtel. El primer requerimiento se produjo debido a las bases del texto, solicitud que fue rechazada por parte del órgano contralor en favor de Subtel y finalmente tomó razón del reglamento.

El segundo intento, y el que se encuentra en disputa actualmente, es precisamente respecto a la normativa técnica -25 megas propuestos por Subtel-. Esta vez, la Contraloría decidió acoger el requimientos de la agrupación conformada por Entel, Movistar, Claro, GTD, Telsur, Mundo y VTR, y comenzó una investigación.

Estamos ahora en el proceso de entregar información a la entidad para que dirima sobre el documento y decida si es legal o no, de modo de poder aplicarlo a la industria y que sea efectivo el reglamento de velocidad mínima garantizada”.

Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones.
El proyecto de ley sobre Velocidad Mínima Garantizada, fue ingresado el 2012, aprobado y promulgado el 2017 y hasta la fecha aún no es aplicado. Al cierre de esta nota, la empresas agrupadas en Atelmo y WOM , declinaron dar su postura individual ante estos hechos ya que se trata de un proceso en curso.