A ocho meses de que entren en vigor las disposiciones de la ley de velocidad mínima de Internet en Perú, la GSMA advirtió que la medida es técnicamente inviable y pone en riesgo la expansión y mejora de los servicios de Internet móvil que reciben los usuarios.
Por ello, la organización global de operadores móviles consideró que las autoridades peruanas aún están a tiempo de revisar la medida de velocidad mínima garantizada y explorar otros mecanismos más eficientes que permitan expandir la conectividad.
La GSMA reiteró que la normativa perjudicará a los consumidores, sobre todo a la población más vulnerable y que permanece desconectada, debido a que generará obstáculos adicionales para la conectividad.
El año pasado, el Congreso promulgó la ley de velocidad mínima de Internet, la cual aumenta de 40 al 70 por ciento el nivel de rapidez que los operadores de telecomunicaciones deben garantizar en la prestación del servicio de banda ancha móvil.
Aunque la intención de los legisladores fue velar por que los usuarios experimenten un acceso a Internet de calidad, la industria, las asociaciones gremiales, especialistas, el órgano regulador sectorial e incluso el Ejecutivo alertaron en ese entonces que la ley tendría efectos adversos.
La GSMA explica que los servicios móviles llegan al usuario a través de una cadena con varios eslabones, muchos de los cuales están fuera del control del operador. Por ejemplo, el suministro eléctrico, la lluvia, las condiciones geográficas, la presencia de edificios u otros elementos que pueden obstaculizar la conexión entre las antenas y las terminales de los usuarios.
Si bien “los operadores utilizan diversas herramientas tecnológicas y estrategias de despliegue de red para minimizar el impacto de estas variables (…), subyace un grado de imprevisibilidad que vuelve imposible aplicar un umbral mínimo de velocidad tan alto y rígido como establece la medida”, señala la asociación.
“Al no contemplar la incidencia de factores externos, ni las grandes diferencias entre áreas rurales o urbanas, la ley profundiza el desafío de expandir los servicios a zonas remotas. Ampliar la cobertura hacia estas áreas requiere crear incentivos para contrarrestar la combinación de altos costos de despliegue y operación con baja demanda de servicios, así como agilizar la burocracia municipal para instalar antenas”, agrega.
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Sin embargo, la nueva ley de velocidad mínima de Internet, en lugar de crear beneficios e incentivos, establece un requisito “imposible de cumplir” para las empresas de telecomunicaciones.
Los operadores también se verán obligados a realizar previsiones financieras para cubrir multas por eventuales incumplimientos, lo cual podría afectar sus planes de inversión en infraestructura.
“Por eso, la disposición corre el riesgo de acotar los servicios a áreas determinadas, profundizando la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, e impidiendo conectar a los peruanos que aún no acceden a internet”, alerta la GSMA.
Incluso, un estudio del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones mostró que el umbral mínimo de rapidez –anteriormente de 40 por ciento– no tuvo una incidencia significativa en el crecimiento de los niveles de velocidad de descarga en Internet. Por el contrario, desde su aplicación original en 2014, los índices de rapidez se estancaron y la oferta comercial de Internet móvil se redujo.
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Mientras el tiempo corre para el comienzo de la aplicación de la nueva normativa, en el país se discuten otras leyes que podrían incrementar aún más las cargas regulatorias sobre el sector de telecomunicaciones. El Congreso está debatiendo un proyecto de dictamen para elevar el monto de las multas aplicadas a los operadores por infracciones al régimen de protección de los consumidores.Una de las razones que ameritaría infracción podría ser no cumplir con los nuevos parámetros de velocidad mínima garantizada, así que las compañías tendrían que pagar sanciones entre 200 a 500 veces más altas respecto a los rangos actuales.