La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) amplió por 30 días hábiles el plazo de las mesas de negociación para la concesión de los contratos de servicio móvil avanzado (SMA) que debían finalizar a comienzos de septiembre.

De acuerdo a un comunicado oficial enviado por la Arcotel, la decisión se debe a que “está pendiente concluir algunos puntos necesarios en el proceso de negociación”. Sin embargo, no especifica cuáles.

Cabe recordar que en agosto de 2024 el titular del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) de Ecuador, César Martín Moreno, aseguró que las mesas de negociación sobre las cláusulas de los contratos con las operadoras ya llevaban un 90 por ciento de avance, por lo que no serían necesarias nuevas prórrogas para las concesiones con Claro y Movistar y esperaba que el proceso de negociación finalizara “en los próximos días”, desde ese momento.

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La Arcotel también solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la ampliación del tiempo a los Veedores Ciudadanos, que contribuyen con la  transparencia del proceso y enfatizó en que se encuentra “realizando una negociación transparente priorizando siempre mayores beneficios para la ciudadanía”.

Desde 2023, el Mintel viene adelantando la renovación de las concesiones de uso del espectro radioeléctrico para Claro y Movistar, los dos operadores más grandes del país. Una actualización que debía realizarse durante la presidencia de Guillermo Lasso y que por el momento se mantiene como un acuerdo de prórroga con ambos operadores.

Las negociaciones de estos contratos son de vital importancia para la conectividad de Ecuador, dado que Conecel, la filial de América Móvil que opera Claro Ecuador, tiene 9.2 millones de líneas activas, es decir, 52 por ciento del total del mercado. Por su parte, Movistar Ecuador (Otecel), suma 5.4 millones de líneas, el 30.5 por ciento.

Entre las dos suman 83.5 por ciento del mercado de telecomunicaciones ecuatoriano. 

La asociación mundial de operadores móviles GSMA hizo un llamado al gobierno de Ecuador para que destrabe la renovación de concesiones de espectro radioeléctrico de Claro y Telefónica, cuyo proceso permanece detenido desde hace dos años.

En este 2023, caducan los permisos de uso del espectro de ambas compañías, los cuales fueron otorgados originalmente en 2008 con un vigencia de 15 años. Por eso, los operadores y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) comenzaron con la negociación de las renovaciones desde agosto de 2021.

Aunque en un principio el diálogo parecía avanzar con el objetivo de renovar las asignaciones a tiempo, el proceso no se ha concretado debido a que el gobierno no ha fijado los valores del precio del espectro.

La parálisis en la que se encuentra el proceso ha generado incertidumbre en el sector de las telecomunicaciones. El mes pasado, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) junto con otras organizaciones sectoriales advirtieron que la indefinición por parte de las autoridades puede afectar la continuidad y mejora de los servicios de conectividad.

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Ahora la GSMA se une a esta preocupación. La asociación dijo que es fundamental avanzar con las renovaciones de espectro lo más pronto posible para procurar certidumbre jurídica e impulsar el desarrollo del sector.

Por esa razón, pidió al gobierno ecuatoriano que socialice los estudios técnicos que respaldan la valoración de los precios de las renovaciones; dé a conocer el cronograma de próximos pasos a seguir, y que fije el precio del espectro con base en las mejores prácticas internacionales y los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

Además, la asociación de operadores móviles destacó que los costos del recurso radioeléctrico deben velar por maximizar el bienestar a la sociedad ecuatoriana e impulsar el crecimiento de la economía.

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“El sector privado requiere sostenibilidad y certidumbre jurídica para seguir realizando inversiones en beneficio de la conectividad de los ecuatorianos”, afirmó la GSMA.

Claro recibió una prórroga de su concesión el 22 de agosto pasado, la cual podría durar alrededor de seis meses o el tiempo que lleve retomar las negociaciones para la renovación de su título habilitante. Si bien esto da cierta tranquilidad a la empresa y al sector, la GSMA advirtió que se requiere avanzar en el proceso definitivo de reasignación de frecuencias.

Mientras tanto, el permiso de Telefónica, que vence el 30 de noviembre, aún no ha obtenido un aplazamiento temporal. Probablemente, la compañía consiga un trato como el de Claro. No obstante, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información no ha anunciado sus planes para descongelar la renovación de concesiones antes del cambio de gobierno.

Tras casi dos años sin completarse el proceso y a punto de que expiren los permisos, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) de Ecuador pidió al gobierno y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) que ya no se retrase más la renovación de las concesiones de Claro y Telefónica.

La suspensión indefinida del proceso de renovación ―advirtió― ha generado incertidumbre jurídica tanto en la industria como en la ciudadanía en general, y afecta la continuidad y mejora de los servicios de conectividad.

En agosto de 2021, la Arcotel inició el proceso de negociación para renovar los permisos de Claro y Telefónica para prestar servicios móviles a través de terminales de uso público y del espectro radioeléctrico.

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Sin embargo, el procedimiento no ha avanzado desde entonces y sigue inconcluso, debido a que el gobierno no ha establecido cuáles serán los precios bajo los que se renovará el espectro. Los títulos habilitantes de las compañías, que les fueron otorgados inicialmente en 2008, tienen una duración de 15 años, por lo que caducan en este 2023.

Ante su inminente expiración, la Asetel, junto con la Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Servicios de Internet (Aeprovi) y la Asociación de Proveedores de Servicios de Valor Agregado (Aprosva), hizo un llamado a la Arcotel para que dé una prórroga a los contratos de concesión.

“Resulta inminente e imprescindible la prórroga de los contratos de concesión, para brindar seguridad a la continuidad de los servicios de telecomunicaciones móviles en el país. Esto a pesar de que continúa pendiente tratar la renovación de los contratos de concesión por parte del organismo gubernamental”, advirtieron las organizaciones.

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La Arcotel mostró su preocupación acerca de que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la Arcotel aún no hayan completado la valoración para renovar los títulos habilitantes de las compañías y sobre la falta de transparencia acerca de las consultorías técnicas contratadas.

Concluir con los actos jurídicos necesarios para prorrogar los contratos de concesión es una tarea urgente, puntualizó la organización. Con eso en mente, pidió al gobierno y al órgano regulador que en el corto plazo se realicen diálogos entre los sectores involucrados.

Además, resaltó la necesidad de que se presente un cronograma de trabajo que permita un monitoreo efectivo del avance de los temas pendientes por los cuales el Estado ha mantenido suspendido el proceso de renovación.

Desde agosto de 2021, Claro y Movistar comenzaron las conversaciones con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador para renegociar sus contratos de concesión que caducan en agosto y noviembre, respectivamente, luego de que se cumplan 15 años de operaciones.

Ahora, dos años después, las negociaciones se encuentran congeladas debido a que, según la Arcotel, hace falta una valoración del espectro radioeléctrico, a la que se suma una “valoración integral de la concesión” en la que la entidad evaluará aspectos como la calidad, la tecnología, los beneficios sociales, la ampliación de cobertura geográfica y las inversiones, lo que tomará aún más tiempo para su revisión.

Si bien la entidad ya aclaró que el servicio de telefonía móvil en Ecuador no será interrumpido, sigue existiendo incertidumbre con el futuro de esas concesiones que continúan congeladas hasta que se realicen todas las valoraciones correspondientes, pues cada aspecto por revisar “tiene un impacto en la valoración económica, que este gobierno, de manera responsable, ha resuelto llevar a cabo entendiendo que una negociación de este nivel demanda de un tiempo prudencial para lograr sus objetivos”, señaló la Arcotel en su comunicado.

No obstante, el gobierno presidido por Guillermo Lasso no ha sido lo suficientemente específico con el futuro de las concesiones que apuntan a que no se realizarán bajo este mandato, aunque fue un compromiso adquirido desde su posesión.

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“El gobierno debe cumplir con sus responsabilidades y cerrar este proceso sobre el que ha tenido suficiente tiempo para contar con todos los insumos, basado en los principios de transparencia que requiere; sin embargo, no ha compartido aún cuáles serán los precios de espectro y la congelación de las mesas de diálogo se podría incrementar de los 120 días iniciales, pues dependerá del tiempo que les tome obtener todos los insumos que requieren”, explicó Patricia Falconi, directora Ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), en conversación con DPL News.

A su vez, la especialista hizo un llamado al gobierno para que se retomen las mesas de negociación cuanto antes.

“Es necesario retomar las mesas de negociación y avanzar en este proceso tan importante para el país, no sólo en cuestión de inversión, sino en temas de continuidad del servicio y seguridad jurídica que abarca a inversionistas, al propio gobierno y a los usuarios”, resaltó Falcioni.

Por su parte, la GSMA calificó la ausencia de mesas de negociación como un riesgo para las inversiones futuras del país.

La medida pone en riesgo la seguridad jurídica y la previsibilidad necesarias para garantizar la continuidad de las inversiones intensivas que requiere el mercado ecuatoriano de las telecomunicaciones”.

GSMA

Además, recordó que las renovaciones de espectro son tan importantes que su primera asignación y que garantizan la continuidad de los servicios.

Asiet, en tanto, considera fundamental que se establezcan las certezas necesarias para los contratos de espectro y su renovación “con la finalidad de ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que permitirán que Ecuador no se rezague en materia de conectividad”.

La administración Lasso no ha sido muy clara respecto a los mecanismos que se implementarán para garantizar la continuidad de los servicios, ni se tiene una fecha aproximada para retomar las mesas de negociación que definirían los costos del espectro.

“La prioridad para el Gobierno Nacional es tener un servicio bien contratado que beneficie a los ecuatorianos”, aseguró recientemente el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en entrevista con Ecuavisa.

Además, el gobierno adelantó una consulta con la Procuraduría General para ver cuál es el paso a seguir en caso de que se puedan extender las concesiones con Conecel –que opera a Claro– y Otecel –que opera a Movistar.

En la misma entrevista, Cucalón garantizó a la población de Ecuador “que la estructuración del contrato está hecha y bajo ningún concepto habrá una para en el servicio. De hecho, se realizan consultas jurídicas en la procuraduría general del Estado y lo más importante es que se garanticen los derechos de los ecuatorianos”.

La GSMA se puso a disposición de las autoridades y el gobierno ecuatorianos para contribuir a reactivar las negociaciones y alcanzar una resolución oportuna y ajustada a la realidad del mercado, ya que avanzar en esta negociación es vital para impulsar nuevas tecnologías como las redes 5G.

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Estado actual de las concesiones

Conecel es la filial de América Móvil que opera Claro Ecuador y su contrato se firmó el 27 de agosto de 2008. Con 9.2 millones de líneas activas, Claro tiene una cuota de mercado del 52 por ciento.

Movistar Ecuador es operada por Otecel, una filial del grupo español Telefónica, y su concesión se firmó el 30 de noviembre de 2008. Actualmente, su participación en el mercado es del 30.5 por ciento, con 5.4 millones de líneas.

Entre las dos suman 83.5 por ciento del mercado ecuatoriano, lo que representa un gran riesgo para la conectividad de los usuarios si no se agilizan las renovaciones.

Las renovaciones no se han ejecutado ya que aún no se tiene el precio del espectro, y aunque las tarifas deberán ser fijadas por la Arcotel, el proceso debe contar con el criterio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Dicha valoración se presentó en enero de 2021, bajo el gobierno de Lenín Moreno, para las bandas de 2.5 GHz. Pero se requería una actualización que incluyera las bandas de 3.5 GHz para el desarrollo de la tecnología 5G y que, aparentemente, fue requerida ese mismo año.

De acuerdo con informes de Vicepresidencia, en 2008, la licencia a Conecel se concretó por un pago de 480 millones de dólares, mientras que Otecel pagó 220 millones.

En 2015, los operadores pagaron 330 millones de dólares por espectro para desarrollar la red 4G.

En 2021, la UIT entregó un estudio sobre la valorización de espectro en Ecuador y ese mismo año iniciaron las negociaciones de espectro con Otecel y Conecel. La agenda, que estaba pensada para dos años, incluía mesas de negociación con el Estado, los operadores y actores independientes que vigilarían el proceso, la parte de la agenda que se encuentra congelada desde el 25 de mayo de este año sin una fecha probable para retomarse.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador aprobó el modelo de título habilitante que dará forma al proceso de negociación para renovar los contratos de concesión de Claro y Movistar.

Desde agosto del año pasado, los dos operadores de telecomunicaciones comenzaron a negociar con el organismo regulador sus contratos de concesión para la prestación de servicios móviles, los cuales caducarán en 2023.

El nuevo proyecto de título habilitante presentado por la Arcotel sienta las bases de ese proceso. En este modelo, se definen las obligaciones que adquieren las empresas al ser concesionarias que usan el espectro radioeléctrico asignado, de orden técnico, comercial y en la prestación de servicios.

También se señalan directrices para establecer los valores de pagos de derechos por las concesiones; las condiciones de despliegue de infraestructura inicial; el ordenamiento de interconexión y acceso a redes; los reportes periódicos que deben entregar los proveedores; los elementos para la cesión o transferencia de un título habilitante, entre otros aspectos.

En uno de los apéndices del documento, la agencia señala cuáles son las obligaciones de hacer con las que se comprometen los concesionarios de servicios móviles. Entre ellas, destaca la creación y mantenimiento de una base de datos a la que se dará acceso a Arcotel y otras instituciones.

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Asimismo, se dispone la implementación de una herramienta de consulta ciudadana que permita identificar si un dispositivo específico se encuentra homologado en el país y si un IMEI (el código que identifica a cada dispositivo) está en listas negativas.

Otra de las obligaciones de hacer contempla el acceso gratuito a las personas al uso de aplicaciones móviles de emergencia, plataformas de mensajes y otros mecanismos creados con el objetivo de mantener informada a la población en situaciones críticas.

El organismo explicó que el modelo de título habilitante es un punto relevante para avanzar en la negociación por la renovación de concesiones, ya que brinda un marco de las estipulaciones contractuales vigentes y define los parámetros para las nuevas concesiones.

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“La negociación de los contratos de concesión será un hito importante del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que garantizará la continuidad del Servicio Móvil Avanzado bajo los principios de inclusión digital, conectividad, innovación, desarrollo tecnológico y adecuados índices de calidad de los servicios prestados en el país, en beneficio del ciudadano”, resaltó la Arcotel.

Para avanzar en la negociación de las concesiones de Movistar y Claro, una de las condiciones necesarias era tener un modelo de títulos habilitantes actualizado. La institución preveía aprobarlo en un plazo de tres meses a partir de agosto del año pasado; sin embargo, la tarea se retrasó.

Ahora, la Arcotel y los operadores usarán este nuevo esquema para establecer los elementos de la renovación de contratos, lo cual incluye las condiciones técnicas que deberán cumplir, las obligaciones con el Estado y los usuarios, y, sobre todo, los pagos por el espectro radioeléctrico.

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El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en Brasil resolvió autorizar la prórroga de las autorizaciones de radiofrecuencias anteriores a la Ley N° 13,879/2019 hasta 2028. La medida sería excepcional y, vencido ese plazo, será necesaria una nueva licitación.

Los ministros del TCU entendieron que la no aprobación pondría en peligro la calidad de los servicios, incluido un posible cierre repentino. Por tanto, la decisión “tuvo el exclusivo objetivo de garantizar su continuidad”, según la Corte.

El TCU también informó al Ministerio de Comunicaciones que la formalización de estas prórrogas sólo será posible si se evalúan los criterios técnicos mínimos.

Finalmente, el Tribunal determinó que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) debe presentar, en un plazo de 90 días, un plan de acción con metas, cronograma y responsables de los procedimientos a adoptar para realizar el refarming en 2028.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la Anatel extendió las licencias de TIM para la banda de 850 MHz hasta 2028 y para las frecuencias de 900 MHz y 1.8 GHz hasta 2032. En otras palabras, la discusión sobre el tema aún no ha terminado.

Contexto

La discusión era necesaria porque la Ley N° 13,879/2019 permitió la prórroga sucesiva de concesiones de espectro. Lo mismo ocurre con los servicios autorizados. El Decreto N° 10,402/2020 aclaró que el dispositivo también se aplica a las concesiones anteriores a la ley. Es decir, permite la renovación de licencias de espectro que ya estaban vigentes en 2019.

El TCU pasó a monitorear la actuación de la Anatel para comprender si esta práctica está en conformidad con la legislación, si promueve la eficiencia en el uso de los recursos y si contempla la verificación de la atención al interés público.

Otro objetivo fue “analizar si la metodología adoptada por la Anatel para la definición y cálculo de los valores de las prórrogas de las autorizaciones de radiofrecuencia cumple con el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia consolidada en materia de valoración económica de las concesiones”.

Conclusiones

La Corte entendió que “la decisión de la Anatel de aplicar a todas las concesiones vigentes la prórroga sucesiva insertada en el art. 167, caput, de la LGT por la Ley 13,879/2019 viola no sólo los términos contractuales vigentes y los principios constitucionales y legales ya mencionados, sino que también contradice la jurisprudencia del TCU y del STF (Supremo Tribunal Federal) al repetir los mismos vicios de ilegalidad de prórrogas similares que ocurrió en otros sectores”.

Por tanto, la aprobación de la renovación de frecuencias hasta 2028, cuando deberá producirse el refarming, fue de carácter excepcional.

Los ministros también coincidieron e informaron a la Anatel que el “desprecio del valor económico del bien público en el cálculo del valor adeudado por la concesionaria” resulta en valores de concesión subestimados, además de que el uso de metodologías que se basan exclusivamente sobre los ingresos del concesionario es de difícil medición y puede causar daños al erario.

Luego, el TCU hizo una serie de recomendaciones a la Agencia, tales como instituir nuevos procesos de trabajo para tener una visión detallada y regionalizada del uso y tráfico real de cada banda de frecuencia; incluir información sobre eficiencia económica, social y competitiva en las evaluaciones de eficiencia en el uso del espectro; aclarar criterios objetivos para evaluar el cumplimiento de las obligaciones y la no comisión de infracciones por parte del operador, entre otros.

Desde este miércoles, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador inició el proceso de negociación para renovar las concesiones para la prestación de servicios móviles con Claro y Telefónica.

El Estado suscribió los contratos de concesión con los operadores, que los habilita para prestar el servicio a través de terminales de uso público y del espectro radioeléctrico, en agosto de 2008. Los títulos habilitantes tienen una duración de 15 años, por lo que caducarán en 2023.

Durante los próximos dos años antes de que expiren los actuales convenios, Claro y Telefónica acordarán nuevos términos y condiciones técnicas, jurídicas y económicas para quedarse con sus derechos de concesión y uso de frecuencias.

Claro y Telefónica solicitaron al órgano regulador comenzar con la negociación de sus concesiones en 2018. El proceso no arrancó de inmediato porque primero la Arcotel debía investigar si había impedimentos, como que las empresas no estuvieran cumpliendo con algunas condiciones de sus contratos.

La Agencia determinó el 24 de agosto del año en curso que no existen barreras para renovar los títulos habilitantes, aunque se deberán tomar en cuenta las recomendaciones de la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes y la Comisión Multidisciplinaria para introducir mejoras en los nuevos acuerdos.

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En las negociaciones habrá veedores independientes nacionales e internacionales que supervisarán la transparencia y legalidad del proceso. Además, se usará un modelo actualizado de título habilitante que será aprobado en los próximos 90 días.

Prolongar las concesiones con Claro y Telefónica permitirá atraer nuevas inversiones, expandir la cobertura y la conectividad, e impulsar el desarrollo y la innovación tecnológica, señaló el regulador ecuatoriano.

Ecuador tiene tres proveedores de telecomunicaciones: Claro, CNT y Telefónica. En el mercado de Internet móvil, la filial de América Móvil cuenta con una participación de 52 por ciento; Telefónica, con 30 por ciento, y CNT tiene 18 puntos porcentuales, de acuerdo con datos de la Arcotel hasta septiembre de 2020.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador renovó automáticamente las concesiones de uso del espectro radioeléctrico a las emisoras Ecuavisa, Telesucesos y Teleamazonas, en línea con la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica de Comunicación.

Según la legislación, sólo tienen derecho a esta renovación de títulos habilitantes las compañías con concesión vigente e informes de operación favorables para antes de la emisión de la ley.

Las únicas que han cumplido por el momento con estas condiciones son las tres televisoras, a quienes en la renovación de su frecuencia se les descontó el tiempo que operaron desde el vencimiento original de su concesión, de acuerdo con la Agencia.

Existen 46 concesionarios (con 76 frecuencias en total) que pueden aplicar a esta medida, evitando así pasar por todo el trámite desde un inicio. La Arcotel publicó el listado de candidatos, de los cuales ha recibido solicitudes para verificar la información y renovar los contratos por 10 años a partir de la caducidad del convenio original.

Hace dos meses, a tres años de vigencia, la Arcotel comenzó un proceso de revisión sobre el reglamento de títulos habilitantes en el sector. La nueva normativa perfila cambios en cuanto a las empresas públicas, redes de cable submarino y otros servicios, además de que plantea un escenario convergente en el otorgamiento de los títulos.