Renovaciones de espectro, la deuda de Guillermo Lasso con el sector TIC

Desde agosto de 2021, Claro y Movistar comenzaron las conversaciones con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador para renegociar sus contratos de concesión que caducan en agosto y noviembre, respectivamente, luego de que se cumplan 15 años de operaciones.

Ahora, dos años después, las negociaciones se encuentran congeladas debido a que, según la Arcotel, hace falta una valoración del espectro radioeléctrico, a la que se suma una “valoración integral de la concesión” en la que la entidad evaluará aspectos como la calidad, la tecnología, los beneficios sociales, la ampliación de cobertura geográfica y las inversiones, lo que tomará aún más tiempo para su revisión.

Si bien la entidad ya aclaró que el servicio de telefonía móvil en Ecuador no será interrumpido, sigue existiendo incertidumbre con el futuro de esas concesiones que continúan congeladas hasta que se realicen todas las valoraciones correspondientes, pues cada aspecto por revisar “tiene un impacto en la valoración económica, que este gobierno, de manera responsable, ha resuelto llevar a cabo entendiendo que una negociación de este nivel demanda de un tiempo prudencial para lograr sus objetivos”, señaló la Arcotel en su comunicado.

No obstante, el gobierno presidido por Guillermo Lasso no ha sido lo suficientemente específico con el futuro de las concesiones que apuntan a que no se realizarán bajo este mandato, aunque fue un compromiso adquirido desde su posesión.

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“El gobierno debe cumplir con sus responsabilidades y cerrar este proceso sobre el que ha tenido suficiente tiempo para contar con todos los insumos, basado en los principios de transparencia que requiere; sin embargo, no ha compartido aún cuáles serán los precios de espectro y la congelación de las mesas de diálogo se podría incrementar de los 120 días iniciales, pues dependerá del tiempo que les tome obtener todos los insumos que requieren”, explicó Patricia Falconi, directora Ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), en conversación con DPL News.

A su vez, la especialista hizo un llamado al gobierno para que se retomen las mesas de negociación cuanto antes.

“Es necesario retomar las mesas de negociación y avanzar en este proceso tan importante para el país, no sólo en cuestión de inversión, sino en temas de continuidad del servicio y seguridad jurídica que abarca a inversionistas, al propio gobierno y a los usuarios”, resaltó Falcioni.

Por su parte, la GSMA calificó la ausencia de mesas de negociación como un riesgo para las inversiones futuras del país.

La medida pone en riesgo la seguridad jurídica y la previsibilidad necesarias para garantizar la continuidad de las inversiones intensivas que requiere el mercado ecuatoriano de las telecomunicaciones”.

GSMA

Además, recordó que las renovaciones de espectro son tan importantes que su primera asignación y que garantizan la continuidad de los servicios.

Asiet, en tanto, considera fundamental que se establezcan las certezas necesarias para los contratos de espectro y su renovación “con la finalidad de ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que permitirán que Ecuador no se rezague en materia de conectividad”.

La administración Lasso no ha sido muy clara respecto a los mecanismos que se implementarán para garantizar la continuidad de los servicios, ni se tiene una fecha aproximada para retomar las mesas de negociación que definirían los costos del espectro.

“La prioridad para el Gobierno Nacional es tener un servicio bien contratado que beneficie a los ecuatorianos”, aseguró recientemente el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en entrevista con Ecuavisa.

Además, el gobierno adelantó una consulta con la Procuraduría General para ver cuál es el paso a seguir en caso de que se puedan extender las concesiones con Conecel –que opera a Claro– y Otecel –que opera a Movistar.

En la misma entrevista, Cucalón garantizó a la población de Ecuador “que la estructuración del contrato está hecha y bajo ningún concepto habrá una para en el servicio. De hecho, se realizan consultas jurídicas en la procuraduría general del Estado y lo más importante es que se garanticen los derechos de los ecuatorianos”.

La GSMA se puso a disposición de las autoridades y el gobierno ecuatorianos para contribuir a reactivar las negociaciones y alcanzar una resolución oportuna y ajustada a la realidad del mercado, ya que avanzar en esta negociación es vital para impulsar nuevas tecnologías como las redes 5G.

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Estado actual de las concesiones

Conecel es la filial de América Móvil que opera Claro Ecuador y su contrato se firmó el 27 de agosto de 2008. Con 9.2 millones de líneas activas, Claro tiene una cuota de mercado del 52 por ciento.

Movistar Ecuador es operada por Otecel, una filial del grupo español Telefónica, y su concesión se firmó el 30 de noviembre de 2008. Actualmente, su participación en el mercado es del 30.5 por ciento, con 5.4 millones de líneas.

Entre las dos suman 83.5 por ciento del mercado ecuatoriano, lo que representa un gran riesgo para la conectividad de los usuarios si no se agilizan las renovaciones.

Las renovaciones no se han ejecutado ya que aún no se tiene el precio del espectro, y aunque las tarifas deberán ser fijadas por la Arcotel, el proceso debe contar con el criterio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Dicha valoración se presentó en enero de 2021, bajo el gobierno de Lenín Moreno, para las bandas de 2.5 GHz. Pero se requería una actualización que incluyera las bandas de 3.5 GHz para el desarrollo de la tecnología 5G y que, aparentemente, fue requerida ese mismo año.

De acuerdo con informes de Vicepresidencia, en 2008, la licencia a Conecel se concretó por un pago de 480 millones de dólares, mientras que Otecel pagó 220 millones.

En 2015, los operadores pagaron 330 millones de dólares por espectro para desarrollar la red 4G.

En 2021, la UIT entregó un estudio sobre la valorización de espectro en Ecuador y ese mismo año iniciaron las negociaciones de espectro con Otecel y Conecel. La agenda, que estaba pensada para dos años, incluía mesas de negociación con el Estado, los operadores y actores independientes que vigilarían el proceso, la parte de la agenda que se encuentra congelada desde el 25 de mayo de este año sin una fecha probable para retomarse.