A partir del 9 de noviembre, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia iniciará la preparación de un nuevo sandbox regulatorio, mediante el cual los operadores de telecomunicaciones podrán cubrir sus obligaciones de cobertura.

Los concesionarios podrán saldar parte del pago de contraprestaciones por uso del espectro radioeléctrico a través de propuestas, servicios, soluciones y tecnologías innovadoras, aprovechando la flexibilidad y el campo de prueba que posibilita el mecanismo del sandbox.

El Ministerio TIC explicó que las empresas interesadas tendrán la posibilidad de presentar sus iniciativas dentro del sandbox regulatorio. El miércoles 9 de noviembre iniciarán las mesas de trabajo para preparar a quienes quieran participar en el proyecto.

Te puede interesar: El abc de los sandboxes regulatorios: su traslado del ecosistema fintech al TIC

Previo a recibir las iniciativas de los operadores, la dependencia dijo que proporcionará herramientas para que las propuestas promuevan el despliegue de infraestructura de soporte para los distintos servicios de conectividad, su modernización y bajo mejores condiciones de calidad.

De la misma forma que el sandbox regulatorio TIC, la convocatoria del mecanismo aplicado a las obligaciones de hacer constará de cuatro fases: la aplicación (al enviar las propuestas), evaluación (de los proyectos), experimentación (de las ideas aceptadas) y posterior salida (el final y posterior análisis).

Los lineamientos y parámetros del nuevo sandbox regulatorio serán los dispuestos en el decreto 1448 de 2022. En este documento, se definen las etapas, criterios e indicadores para el desarrollo y aprobación de los proyectos dentro del mecanismo de experimentación flexible.

Para ser admitidas en el proceso, el Ministerio TIC evaluará la viabilidad de las iniciativas presentadas, la innovación, los potenciales beneficios para la ciudadanía, que aborden una necesidad demostrada y que el proponente cuente con suficiente experiencia para llevarla a cabo.

También lee: 4G, sandbox y OTT: la agenda de la CRC de Colombia para 2023

“Con este primer ejercicio de sandbox regulatorio se busca la generación de innovación en el sector TIC y la implementación de soluciones de conectividad en beneficio de los colombianos”, destacó la dependencia.

Mientras se prepara la implementación de este sandbox, primero en su tipo en cuanto a que se aplicará a las obligaciones de cobertura de los operadores, también se encuentra en marcha el sandbox regulatorio TIC que comenzó oficialmente en 2021.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones es la entidad encargada de la coordinación y vigilancia del sandbox regulatorio TIC, debido a la naturaleza de las propuestas. Por ahora, el sandbox está en la fase de experimentación. Telefónica y Tigo se encuentran probando dos y un proyecto, respectivamente, relacionados con la prestación de los servicios de telefonía e Internet móvil.

En este caso, se espera que los resultados del mecanismo puedan dar paso a cambios o adecuaciones en el marco regulatorio actual, con el fin de propiciar la innovación en el sector y la aparición de nuevos modelos de negocio.

A diferencia de ello, el objetivo del sandbox del Ministerio TIC se orienta a mejorar la conectividad en las zonas rurales, con servicios deficientes o parcialmente desconectadas y avanzar en el cierre de la brecha digital.

Una asignación de espectro radioeléctrico exitosa ―según las voces expertas― es aquella que prefiere la inversión por encima de la recaudación, porque todas las partes ganan: la industria, la sociedad, el gobierno y el ecosistema digital en su conjunto.

Por ese motivo, las autoridades de telecomunicaciones en América Latina y el mundo están adoptando modelos de pago de espectro que permitan dirigir los recursos directamente al desarrollo de la infraestructura y la conectividad, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

Las condiciones y compromisos de cobertura ya se han vuelto un componente fundamental en las licitaciones de espectro y en los procesos de renovación de licencias para el aprovechamiento de frecuencias, incentivando las inversiones y el cierre de la brecha digital.

Brasil, por ejemplo, captó 9 mil 150 millones de dólares (50.2 mil millones de reales) en la subasta de espectro para 5G que se llevó a cabo en noviembre de 2021. El 84.23 por ciento de ese valor lo destinarán los operadores móviles a la inversión en cobertura hasta 2029, mientras que el resto se irá a las arcas del Estado.

En algunos países, como Colombia y Perú, el gobierno dispone mecanismos para saldar parte del costo del espectro mediante el despliegue de cobertura de servicios de telefonía e Internet móvil (o pago en especie).

Los operadores de telecomunicaciones de Perú pueden cubrir hasta el 40 por ciento del canon anual que deben pagar por el uso del espectro radioeléctrico a través de proyectos de conectividad a zonas rurales y de interés social.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, las empresas pueden acogerse a este mecanismo por un periodo de dos años, llevando cobertura a comunidades desconectadas o únicamente con acceso a redes 2G, las cuales pueden ser elegidas entre una lista elaborada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Con este esquema, el gobierno apunta a propiciar el despliegue de infraestructura y la modernización de las redes en áreas de difícil acceso, a las que de otra manera no llegarían los servicios porque tampoco son beneficiadas por algún programa de cobertura social.

Telefónica, Claro, Entel y Bitel optaron por saldar parte de sus contribuciones por el uso del espectro a través de este mecanismo conocido como “canon por cobertura”. A principios de año, las compañías acordaron implementar banda ancha móvil 4G en una serie de localidades desatendidas.

Colombia cuenta con un modelo similar llamado “obligaciones de hacer”. Se trata de una alternativa de pago por hasta el 60 por ciento del valor por el otorgamiento o renovación de permisos de uso del espectro, a cambio de la implementación de cobertura móvil en zonas rurales y de bajos recursos.

El Ministerio TIC creó un Banco de Proyectos en el que se identifican las comunidades o poblados apartados y vulnerables que podrán ser conectados por medio de este mecanismo de pago en especie. El decreto 825 de 2020 también permite que las empresas de telecomunicaciones soliciten incluir alguna localidad en particular.

Uno de los factores relevantes en el caso colombiano es que el Ministerio prioriza los proyectos ubicados en municipios que hayan eliminado las barreras al despliegue de infraestructura, lo cual busca ser un incentivo más para que las autoridades locales faciliten los trámites y permisos a la instalación de antenas, estaciones y otros elementos de las redes móviles.

También lee: Tres claves para el éxito de las políticas de espectro 5G en América Latina

Una herramienta de inclusión social

Los tres ejemplos citados ―Brasil, Perú y Colombia― apuntan a promover las inversiones y el bienestar social, ya que el valor del espectro radioeléctrico se dirige a proporcionar telefonía e Internet a la población que más lo necesita.

Si los costos pagados por las empresas se van a los bolsillos del Estado, es probable que los recursos se gasten en otras áreas y prioridades del gobierno, o a resolver problemas de corto plazo, dejando de lado la brecha digital.

“En ciertos casos, impulsados en diálogo con la industria y bajo condiciones razonables, estos modelos pueden ser una buena solución” para abordar el desafío de la falta de cobertura en determinadas áreas geográficas, dice a DPL News el Director de Políticas Públicas de GSMA para América Latina, Lucas Gallitto.

“Esta vía permite destinar capital de inversión a la expansión y mejora de las redes móviles en forma directa, lo cual es más eficiente que los pagos de espectro, en especial cuando estos resultan excesivos. El espectro no puede concebirse como un instrumento de recaudación sino como una herramienta de inclusión y desarrollo”, agrega.

Para Samuel Hoyos, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), este mecanismo también le conviene a la industria porque posibilita el crecimiento del ecosistema, la conectividad y la transformación digital.

El acceso a Internet genera beneficios sociales adicionales, dado que habilita la educación en línea, el teletrabajo, los negocios digitales y los emprendimientos, como ha sucedido durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19, puntualiza.

“Desplegar infraestructura para que se cierre la brecha digital significa más progreso y más equidad”, desde una perspectiva social y económica. Hoyos afirma que también es una opción más rentable para el Estado, dado que la digitalización de la sociedad y los sectores incrementa la productividad y el desarrollo.

El pago en especie no es suficiente

No obstante, los modelos de intercambio de pagos de espectro por conectividad diseñados por cada uno de los tres países tienen sus particularidades; la forma de implementar el mecanismo de “pago en especie” no es eficiente en todos los casos.

Aunque puede ser una herramienta potencial para optimizar la asignación de las bandas de frecuencias, Ericsson explica en un estudio reciente que las obligaciones de cobertura deben utilizarse con precaución y reflejar los costos en los precios de reserva y las condiciones de despliegue de la infraestructura.

La GSMA expone en otro informe que todo requisito estricto de cobertura o servicio plantea algún tipo de riesgo, ya que las condiciones obligatorias pueden forzar a los operadores a desplegar redes más rápido de lo que sería razonable según las condiciones del mercado; por ejemplo, si aún no existe suficiente demanda para un servicio.

También lee: ¿Qué puede aprender América Latina del pragmatismo de Nueva Zelanda en la asignación de espectro 5G?

Los esquemas de “pago en especie” que adoptaron Colombia y Perú requieren en buena medida de la voluntad de los operadores, a diferencia de los compromisos mandatorios de cobertura que se integran a las subastas en estos mismos países y en otros, como sucedió en Brasil.

De todas maneras, Lucas Gallitto advierte que este mecanismo no es suficiente para garantizar el acceso asequible y eficiente al espectro, considerado un insumo necesario para brindar servicios de banda ancha móvil.

“A pesar de que en Colombia la nueva Ley (de Modernización TIC) permitió cubrir hasta un 60 por ciento del pago del valor de espectro en concepto de cobertura, la subasta (de diciembre de 2019) resultó onerosa. El pago ‘en especie’ es una condición necesaria para una gestión del espectro más eficiente, pero no suficiente.

“De forma similar, en Perú, el proceso de licitación en marcha incluye obligaciones a costos altos. No basta con que las licitaciones no sean con pagos: la contraprestación, así sea con compromisos de conectividad, debe reflejar el real valor del espectro para evitar un impacto negativo en los consumidores”, alerta.

Samuel Hoyos puntualiza que en los últimos procesos licitatorios Colombia ha puesto a disposición un espectro caro, lo cual ha retrasado el avance de la conectividad y el liderazgo digital del país.

Un estudio de la GSMA sobre este mercado revela que los precios del espectro en el país han sido hasta tres veces más costosos desde 2014, en comparación con las tarifas promedio en América Latina. Perú también ha licitado las frecuencias con precios más elevados respecto al promedio en la región.

Pese a contar con el mecanismo de intercambio de pagos de espectro por cobertura, la organización señala que el Ministerio TIC de Colombia asignó la banda de 700 MHz a un costo tres veces mayor respecto a la media regional. Esto desincentiva las inversiones, alerta el presidente de Asomóvil.

De cara a los procesos de renovación de permisos de uso del espectro que se avecinan en la región, Gallitto y Hoyos coinciden en que se presentará una importante oportunidad para equilibrar los precios de las frecuencias radioeléctricas o, de lo contrario, se correrá el riesgo de profundizar las brechas y el rezago digital de la región.

La industria, la academia, consultores, expertos e incluso organismos multilaterales han hecho un llamado a las autoridades para que revisen los costos del espectro en las renovaciones de licencias. Las obligaciones de hacer pueden ser parte de las condiciones, pero deben considerarse dentro del valor de este recurso.

Tanto los especialistas como las organizaciones sectoriales e internacionales (como la GSMA y la Unión Internacional de Telecomunicaciones) coinciden en que la alternativa de pago a través de cobertura de servicios puede ser una buena práctica si está acompañada de una política de espectro no recaudatoria, que brinde certidumbre jurídica e incentive las inversiones en la implementación de infraestructura.

Por sí solo, el mecanismo de intercambio, como sucede en Colombia y Perú, no posibilitará la modernización y expansión de las redes y servicios de banda ancha móvil 4G ni el despliegue de nuevas tecnologías como 5G.

Ambos países, al igual que Uruguay, México y Costa Rica, buscan licitar espectro radioeléctrico para el desarrollo de las redes de quinta generación en este 2022, pero los especialistas advierten que las subastas sólo serán exitosas y viables si el espectro se pone a disposición a precios razonables y los valores de este recurso reflejan también las condiciones de cobertura.

El Ministerio de Comunicaciones de Brasil aprobó un proyecto de Algar Telecom para recaudar hasta mil 477 millones de reales en obligaciones de incentivo. La propuesta prevé mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios en 16 estados y el Distrito Federal.

La medida publicada este 26 de abril permite a Algar obtener recursos en el mercado durante cinco años para ampliar y modernizar los servicios de acceso a Internet mediante la “implantación de redes móviles y fijas con tecnología 3G, 4G, 5G, GPON y MetroEthernet y Backbone IP / DWDM, además de la implementación de redes de transporte, redes de acceso e infraestructura de red”.

El proyecto beneficiará a los estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo y el Distrito Federal.

Recientemente, el Ministerio aprobó también la propuesta de TIM Brasil para expandir su infraestructura en todos los estados brasileños. En total, el operador puede recaudar hasta 5.7 mil millones de reales en el mercado en cinco años.

Obligaciones de incentivo

Según el Ministerio, los bonos incentivados son una forma de prestar dinero a una empresa con una reducción o exención del impuesto sobre la renta. En el caso de las empresas, el tipo impositivo baja del 22.5 por ciento al ​​15 por ciento.

Se espera que la medida estimule el crecimiento del mercado de financiación privada a largo plazo. Esto puede ser ventajoso para el inversionista, ya que las obligaciones permiten pagar menos impuestos, y para el gobierno, ya que es una forma de incentivar la inversión en infraestructura.

Ler em português

El Ministerio de Comunicaciones de Brasil (MCom) aprobó la emisión de hasta 5.7 mil millones de reales en obligaciones de incentivo para la inversión en infraestructura en el sector de telecomunicaciones.

En un decreto publicado este viernes 23 de abril, se permitió a TIM recaudar fondos en el mercado para expandir y modernizar las redes de acceso a Internet fijo y móvil, además de la infraestructura para tecnología 5G o superior para la red de telecomunicaciones.

El objetivo es mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios ofrecidos y promover las mejores soluciones tecnológicas en todos los estados brasileños. La ordenanza es válida por cinco años.

De acuerdo con el gobierno, las obligaciones de incentivo son una forma de prestar dinero a una empresa con una reducción o incluso exención del impuesto sobre la renta. En el caso de las empresas, el tipo impositivo baja del 22.5 al ​​15 por ciento.

Se espera que la medida estimule el crecimiento del mercado de financiación privada a largo plazo. Esto puede ser ventajoso para el inversionista, ya que las obligaciones permiten pagar menos impuestos, y para el gobierno, ya que es una forma de incentivar la inversión en infraestructura y aliviar las cuentas públicas.

A fines de 2020, la cartera aprobó dos propuestas de Mob Telecom y tres de Claro, resultando en inversiones de 4.2 mil millones de reales. Las iniciativas permitieron la expansión de las redes de telecomunicaciones y el apoyo a la banda ancha en varios estados brasileños.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil decidió permitir al operador Claro convertir una multa por el monto de 12.6 millones de reales en una obligación de cobertura.

Si la empresa acepta la conversión, deberá ampliar la infraestructura de telefonía móvil con tecnología 4G para, al menos, 16 localidades sin el servicio, distribuidas en siete estados del país, la mayoría de los cuales se encuentran en las regiones Norte y Noreste.

La elección de las ubicaciones debe hacerla Claro para que el valor estimado para la implementación de la infraestructura no sea menor a la multa.

La decisión resultó de una apelación administrativa al Consejo Directivo de la Anatel contra la decisión de la Agencia de imponer una multa al operador de telecomunicaciones por incumplimiento de los indicadores de calidad en la provisión de telefonía móvil.

Recomendado: Claro Brasil analiza cómo aprovechará incentivos para inversiones en infraestructura

Según la Anatel, la conversión de cobranza de una multa en una obligación de cobertura “beneficiará a cientos de miles de consumidores”. La medida es una innovación regulatoria que ha sido defendida por la Agencia y se aplicó con éxito por primera vez el año pasado.

En agosto de 2020, el Consejo Directivo del regulador aprobó, por unanimidad, convertir una sanción a Claro Brasil en el monto de aproximadamente 4 millones de reales, por obligaciones de cobertura. 

La propuesta consistió en el despliegue de la red 4G en dos municipios de Alagoas, dos en Piauí y uno en Pernambuco.

Tras la presión del Senado para que se reformularan las bases de la próxima licitación de espectro 5G, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile recalculó y optó por incluir contraprestaciones de cobertura móvil en la asignación de los 20 MHz disponibles en la banda de 700 MHz.

Aquel operador que adquiera las frecuencias en dicha banda deberá proporcionar 4G en 366 localidades rurales o rezagadas del país, que se ubican en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Aysén, Coquimbo, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos Magallanes, Ñuble, Tarapacá, Valparaíso, Biobío, Maule, Libertador Bernardo O’Higgings y la región Metropolitana.

La Subtel dio a conocer que serán beneficiados alrededor de 100 mil habitantes residenciales y 300 mil personas que transitan por las 366 localidades, las cuales no se incluyeron dentro de las obligaciones de cobertura en la anterior licitación por las bandas de 700 MHz y 2600 MHz.

En un principio, la Subsecretaría sólo determinó que las empresas asignatarias en los distintos rangos de espectro tienen que brindar cobertura en comunas del país y en polígonos georreferenciados, incluidos espacios como carreteras, aeropuertos, puertos marítimos e instituciones de educación.

Sin embargo, en reuniones con la titular de la Subtel, Pamela Gidi, y la Ministra de Telecomunicaciones y Transportes, Gloria Hutt, varios senadores pidieron que se modificaran las bases del concurso por las bandas de AWS, 700 MHz, 3.6 GHz y 26 GHz, y se definieran obligaciones de cobertura. Especialmente, las últimas dos bandas servirán para el despliegue de redes 5G en Chile.

Algunos expertos del sector, invitados a los encuentros, señalaron que el esquema de polígonos beneficiaría a zonas comerciales a las que de todas maneras llegaría el servicio y donde ya hay conexión. En tanto, los senadores criticaron que, sin contraprestaciones en áreas rurales se estaría regalando el recurso radioeléctrico.

Tanto Gidi como Hutt defendieron ante los legisladores, en su momento, el diseño original de la licitación de espectro. Ambas coincidieron en que imponer las contraprestaciones no resolvería el problema de la brecha digital en el país, pues lo que se debería reforzar es el acceso a Internet fijo y la calidad de los servicios. Incluso, Gidi afirmó que “5G no es una herramienta de cierre de la brecha”.

Pero finalmente el gobierno decidió ceder un poco en el diseño del concurso, aunque no a todas las peticiones del Senado, como establecer obligaciones de inversión en fibra óptica de última milla o adoptar un modelo de subasta.

Aún así, la subsecretaria Pamela Gidi no descarta el riesgo de que se judicialice la licitación de espectro 5G si existen inconformidades de la industria u otros actores. Según dijo al Diario Financiero, todavía está pendiente definir la situación de la banda de 3.5 GHz, en cuyo rango Claro, Entel y Movistar devolverán frecuencias para cumplir con la orden de la Corte Suprema sobre los anteriores topes de tenencia espectral.

Un grupo de 22 senadores solicitó formalmente al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, que disponga “una profunda revisión” de las bases de la licitación de espectro para 5G ―por las bandas de 700 MHz, AWS, 3.5 GHz y 26 GHz―, y ahora se establezcan obligaciones de cobertura de servicio móvil y se adopte un modelo de subasta.

Mediante un proyecto de acuerdo, los integrantes del Senado pidieron fijar contraprestaciones de cobertura y calidad de servicio, a fin de aminorar la brecha digital; replantear el modelo de obligaciones en polígonos industriales y carreteras estratégicas y, en su lugar, priorizar la cobertura en zonas de mayor rezago geográfico o socioeconómico.

Los senadores buscan que se establezcan obligaciones de inversión en fibra óptica de última milla, para que hogares e instituciones públicas cuenten con Internet de alta velocidad, y quieren que la adjudicación del espectro se haga bajo un esquema de subasta, con el fin de recaudar recursos que se puedan destinar a la conectividad.

El modelo actual adoptado es un beauty contest, en el que se otorga el recurso radioeléctrico a los candidatos que mejor cumplan con los criterios de la convocatoria.

Además, plantearon que todas las bandas licitadas sean para 5G, pues únicamente las de 3.5 GHz y 26 GHz se definen para uso exclusivo de la nueva tecnología o superiores, mientras en las otras se permite el despliegue de 4G. Y señalaron que las bandas de 700 MHz y AWS se deben asignar “en bloques de 10 MHz para generar más competencia”.

También quieren que la Subsecretaría de Telecomunicaciones lleve a cabo el ordenamiento de la banda de 3.5 GHz para disponer de bloques continuos, incluyendo las frecuencias que deben devolver los operadores para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre los antiguos topes de tenencia de espectro. Y pidieron que dichos límites y las medidas complementarias determinadas por el máximo tribunal se encuentren explícitas en las bases de la licitación.

Para los senadores, el rediseño de la licitación tiene que hacerse entendiendo que Internet es un servicio público, y a la luz de que el Internet de las cosas que detonará 5G “debe ser un proceso universal, inclusivo y en el que no se verifiquen diferencias arbitrarias”.

En agosto, los legisladores tuvieron reuniones con la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, para expresarles su desacuerdo con el diseño del proceso de asignación de frecuencias e hicieron un llamado a corregirlo.

Hutt y Gidi defendieron en cada momento las bases de la licitación y señalaron que el cierre de la brecha digital es una problemática que se debe resolver tomando en cuenta diferentes elementos, como la cobertura, la alfabetización digital y la asequibilidad. Ambas consideraron que existen otras tecnologías más eficientes para llegar a los desconectados, en las cuales ya está trabajando el gobierno.

Tras el anuncio de la creación de una Red Rural Compartida en el Reino Unido, se plantea dejar fuera las obligaciones de cobertura para los operadores móviles que resulten asignatarios en la subasta de espectro de 700 MHz y de 3.6-3.8 GHz, bandas necesarias para el despliegue de servicios móviles, 5G incluido, que se realizarán el próximo año.

El regulador británico Ofcom publicó una nueva propuesta para el diseño de la subasta, donde se pondrán a disposición 80 MHz en la banda de 700 MHz y 120 MHz en la de 3.6-3.8 GHz. La versión anterior contemplaba un descuento en el costo del recurso radioeléctrico, a cambio de que los operadores presentaran compromisos de cobertura móvil.

Sin embargo, esa medida quedaría fuera porque la nueva red rural se encargará de llevar servicio 4G de alta velocidad a un 95 por ciento de la población para 2025, con una parte de la inversión puesta por el gobierno y la aportación de 530 millones de libras esterlinas por parte de la industria.

En lugar de ese requerimiento, la subasta se ejecutará con el formato Múltiple Ronda Simultánea Ascendente (SMRA, por sus siglas en inglés), el cual también se ocupó el año pasado. El modelo incluye una etapa principal en la que se ofertará el espectro en lotes para determinar cuánto gana cada compañía; después, una fase de asignación donde se definirán las frecuencias específicas para los postores.

Al no ofertar frecuencias específicas en un primer momento, el regulador proyecta que se minimice el riesgo de fragmentación del espectro subastado, al igual que se fomente un proceso más rápido y flexible.

La Ofcom también planea desfragmentar la banda de 3.4-3.8 GHz. Para ello, podría haber un periodo en el que los ganadores del espectro de 3.6-3.8 GHz negocien entre ellos su ubicación de la banda más amplia.

El acuerdo de participar en la implementación de la Red Rural Compartida se incluirá en las licitaciones de los asignatarios, según la nueva versión de la subasta que estará abierta a consulta hasta el 9 de diciembre de este año.

Huawei podría participar

La compañía china podría ser un aliado estratégico para el Reino Unido en el lanzamiento de una red 5G mucho más rentable. Un reporte del Sunday Times señala que el Primer Ministro británico, Boris Johnson, está preparando el camino para que Huawei tenga acceso a las partes “no contenciosas” de la nueva red.

Esto podría evitarle pérdidas hasta por 7 mil millones de libras esterlinas y lanzaría al Reino Unido como uno de los líderes en la generación móvil 5G, a la par de que los operadores trabajan por acortar la brecha digital en zonas alejadas.