Un grupo de 22 senadores solicitó formalmente al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, que disponga “una profunda revisión” de las bases de la licitación de espectro para 5G ―por las bandas de 700 MHz, AWS, 3.5 GHz y 26 GHz―, y ahora se establezcan obligaciones de cobertura de servicio móvil y se adopte un modelo de subasta.
Mediante un proyecto de acuerdo, los integrantes del Senado pidieron fijar contraprestaciones de cobertura y calidad de servicio, a fin de aminorar la brecha digital; replantear el modelo de obligaciones en polígonos industriales y carreteras estratégicas y, en su lugar, priorizar la cobertura en zonas de mayor rezago geográfico o socioeconómico.
Los senadores buscan que se establezcan obligaciones de inversión en fibra óptica de última milla, para que hogares e instituciones públicas cuenten con Internet de alta velocidad, y quieren que la adjudicación del espectro se haga bajo un esquema de subasta, con el fin de recaudar recursos que se puedan destinar a la conectividad.
El modelo actual adoptado es un beauty contest, en el que se otorga el recurso radioeléctrico a los candidatos que mejor cumplan con los criterios de la convocatoria.
Además, plantearon que todas las bandas licitadas sean para 5G, pues únicamente las de 3.5 GHz y 26 GHz se definen para uso exclusivo de la nueva tecnología o superiores, mientras en las otras se permite el despliegue de 4G. Y señalaron que las bandas de 700 MHz y AWS se deben asignar “en bloques de 10 MHz para generar más competencia”.
También quieren que la Subsecretaría de Telecomunicaciones lleve a cabo el ordenamiento de la banda de 3.5 GHz para disponer de bloques continuos, incluyendo las frecuencias que deben devolver los operadores para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre los antiguos topes de tenencia de espectro. Y pidieron que dichos límites y las medidas complementarias determinadas por el máximo tribunal se encuentren explícitas en las bases de la licitación.
Para los senadores, el rediseño de la licitación tiene que hacerse entendiendo que Internet es un servicio público, y a la luz de que el Internet de las cosas que detonará 5G “debe ser un proceso universal, inclusivo y en el que no se verifiquen diferencias arbitrarias”.
En agosto, los legisladores tuvieron reuniones con la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, para expresarles su desacuerdo con el diseño del proceso de asignación de frecuencias e hicieron un llamado a corregirlo.
Hutt y Gidi defendieron en cada momento las bases de la licitación y señalaron que el cierre de la brecha digital es una problemática que se debe resolver tomando en cuenta diferentes elementos, como la cobertura, la alfabetización digital y la asequibilidad. Ambas consideraron que existen otras tecnologías más eficientes para llegar a los desconectados, en las cuales ya está trabajando el gobierno.