Los colectivos de Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, la organización civil Nosotrxs y las plataformas de movilidad y reparto DiDi, Rappi y Uber presentaron un Decálogo de Principios para la creación de un nuevo marco regulatorio de la economía colaborativa en México.

En entrevista con DPL News con motivo de la presentación del decálogo, el Director de Asuntos Públicos de Rappi para México y Centroamérica, Fernando Cota, dijo que la propuesta es un acuerdo sin precedentes en el mundo, que tiene dos fines fundamentales: 1) mantener el modelo de negocio viable para que siga creciendo como hasta ahora, y 2) mejorar las condiciones de los conductores y repartidores que ejercen sus actividades.

El documento, fruto de mesas de trabajo realizadas entre los colectivos y las plataformas, contiene principios que consideran todas las opiniones de las partes involucradas, y genera bienestar para conductores y repartidores en materia de salud, seguridad, transparencia y beneficios.

Los principios son los siguientes:

1. Definiciones para un Nuevo Marco Regulatorio de la Economía Colaborativa: da certeza sobre las características de los dos principales agentes involucrados ante una posible regulación.
2. Trato digno y no discriminación: mecanismos para atender y referir, en su caso, ante las autoridades competentes los casos reportados que pudiesen ser considerados discriminatorios.
3. Prevención y atención a casos de violencia en razón de género: se definirán protocolos con perspectiva de género para prevenir, atender y referir, en su caso, ante las autoridades competentes casos de violencia de género.
4. Acceso a protección social: cobertura aplicable para los prestadores de servicios cuyo tiempo efectivo de conexión sea igual o mayor a 40 horas promedio por semana.
5. Protección social: plataformas, el gobierno federal y las y los repartidores/conductores aportarán para que las personas prestadoras tengan acceso a la protección social que ofrece el IMSS.
6. Pago digno: se establecerán mecanismos que aseguren un pago digno, de acuerdo al tiempo efectivo de prestación de servicios.
7. Flexibilidad: principio fundamental de la economía colaborativa para brindar libertad de horario, multiconexión y conexión en cualquier zona geográfica.
8. Transparencia: se ofrecerá una comunicación clara y oportuna, además de implementar mecanismos internos de réplica y aclaración para atender reclamos de los prestadores de servicios.
9. Seguridad vial: promover el conocimiento de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la regulación local y los reglamentos de tránsito.
10. Bienestar en la prestación de servicios: creación de alianzas para que las personas prestadoras de servicios tengan acceso a beneficios que mejoren su experiencia y seguridad, así como su calidad de vida.

Opiniones y perspectivas sobre el decálogo

A propósito del cuarto punto, el fundador del colectivo Ni un Repartidor Menos, Saúl Gómez, indicó que sus peticiones no son sólo sobre seguridad social, sino que están innovando en esa materia al aportar la perspectiva de género y la no discriminación, “que pase a hechos y no solamente a palabras, y que se escuche la voz de las personas trabajadoras”.

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Por su parte, la fundadora de Ni Una repartidora menos, Paola Ángel, indicó que el punto 3 “es muy importante para las mujeres; somos las que más sufrimos en caso de entregar pedidos”. Relató que, tras reportar casos de acoso y violencia, las plataformas empatizaron con las afectadas y comenzaron a elaborar protocolos de género.

Nicolás Sánchez, director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Uber México, señaló que la regulación es una gran oportunidad para la industria y los 500 mil repartidores que existen, también para los millones de usuarios de los servicios de reparto y movilidad en el país.

“Lo que hizo la tecnología fue cambiar y beneficiar la calidad de vida de las personas de una manera democrática”, puntualizó Sánchez.

Tonatiuh Anzures, director de Relaciones con Gobierno de DiDi México, señaló que “los 10 principios buscan establecer cómo podríamos aportar, vislumbrar una regulación moderna, innovadora, como lo es el modelo económico y social, preservar sus beneficios y hasta hacerlos crecer para que podamos seguir generando valor en las comunidades donde operamos”.

Finalmente, Yessica Corral, de la organización Nosotrxs, informó que buscarán que el decálogo se incluya como articulado en la Ley Federal del Trabajo, ahora que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) –a la que ya se lo entregaron el pasado 19 de octubre– prepara una reforma en la materia en un marco de un nuevo modelo de trabajo.

Las organizaciones Nosotrxs, Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos presentaron al gobierno de México una propuesta de ley que busca garantizar que las personas repartidoras tengan acceso a la seguridad social y condiciones laborales dignas, preservando un modelo flexible de trabajo.

El proyecto plantea reformar la Ley Federal del Trabajo, agregando un capítulo en el cual se reconozcan los derechos de quienes utilizan las plataformas digitales de reparto ―como DiDi Food, Rappi y Uber Eats― para generar ingresos.

Las organizaciones buscan que la legislación establezca el derecho de acceso a la seguridad social, abarcando los esquemas de beneficios ante enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en la tercera edad y vejez; así como el acceso a guardería y prestaciones sociales.

Al mismo tiempo, la iniciativa plantea determinar que las personas repartidoras se acogen a un modelo flexible de trabajo a través de las aplicaciones digitales, en la cual fijan de forma autónoma y voluntaria sus horarios, las zonas geográficas, los medios y los mecanismos para llevar a cabo sus tareas, y la no exclusividad con una plataforma ni la subordinación laboral a la misma. 

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Entre el articulado del proyecto, los colectivos piden que la ley reconozca los siguientes derechos para este sector de la economía colaborativa:

• Ser tratados con dignidad por las personas que interactúan en las plataformas, incluidos restaurantes y clientes.
• No discriminación y derecho a denunciar acoso sexual.
• Conocer y acceder en cualquier momento a las condiciones de uso de cada plataforma digital.
• Autodeterminar sus tiempos de conexión y desconexión.
• Registrarse en una o varias aplicaciones sin ningún acuerdo de exclusividad.
• Derecho a tener otras ocupaciones.
• Libre y autónoma determinación de horarios, zonas geográficas, medios, mecanismos e instrumentos de trabajo.
• Asociarse de manera libre y voluntaria.
• Derecho a un seguro contra accidentes y de vida.

Ni Una Repartidora Menos, Ni Un Repartidor Menos y Nosotrxs quieren que se conserve el modelo de trabajo flexible e independiente que hasta ahora ha caracterizado a este sector, y que además es uno de sus rasgos más valorados.

En ese sentido, la propuesta sugiere que sólo aquellos repartidores, conductores y demás personas ocupadas en plataformas digitales que cuenten con más de 30 horas efectivas conectados a las aplicaciones, a la semana durante al menos cuatro semanas consecutivas, tengan derecho a afiliarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cumplir con este requisito implicaría que los colaboradores de las plataformas tienen esta ocupación como su principal fuente de ingresos, ya que se trata de una actividad que puede llevarse a cabo de forma temporal o incluso extraordinaria.

De acuerdo con el proyecto de las organizaciones, las aportaciones al IMSS se realizarían de forma tripartita entre las plataformas digitales, el Estado y las personas repartidoras bajo la Ley del Seguro Social.

Nosotrxs, Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos aseguraron que todas estas disposiciones están orientadas a mejorar sus condiciones laborales, tomando en cuenta las necesidades de este sector y con el objetivo de preservar la flexibilidad de estos nuevos esquemas.

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Los colectivos entregaron la iniciativa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en espera de que incluya sus propuestas en la reforma laboral que está elaborando. 

En octubre, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, dijo que el gobierno promovería una reforma para regular el trabajo a través de las aplicaciones tecnológicas.

Si bien las tres organizaciones coinciden en la necesidad de brindar garantías laborales y sociales, se oponen a un marco regulatorio rígido que no les permita conectarse “a las horas que queramos, donde queramos y para tantas plataformas como queramos”.

A diferencia de estas asociaciones, existen otros grupos que pugnan por una regulación más tradicional, en la cual se establezca que las personas repartidoras prestan sus servicios de manera subordinada y mediante un esquema asalariado, lo cual rompe con un modelo de negocio de la economía digital. 

En este caso, tendrían que rendir cuentas a un patrón (las plataformas) y ceñirse a una categoría laboral que determinaría sus ingresos, pero también obligaría a actividades.

No obstante, Nosotrxs, Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos alegan que estas agrupaciones no representan los intereses del sector, pues sólo buscan ganar dinero a costa de cuotas sindicales.Además del desacuerdo, los planteamientos vertidos en el documento contrario, el llamado Manifiesto de Piso Mínimo, serían difíciles de cumplir debido a que tendrían que medirse las horas de conexión de los repartidores para clasificarlos constantemente y fijar un salario, sin que tengan la libertad de generar ingresos de forma autónoma.

Luego de que algunos grupos de colaboradores de las plataformas digitales de transporte y entrega a domicilio presentaron un documento en el cual piden una legislación laboral, los colectivos Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos advirtieron que esa propuesta no les representa e, incluso, pone en riesgo la flexibilidad de su ocupación.

A través de un comunicado, los grupos aseguraron que el Manifiesto de Piso Mínimo es una iniciativa ilegítima promovida por grupos que “sólo buscan ganar dinero a costa de cuotas sindicales que los repartidores y conductores tendríamos que pagar”.

El viernes 26 de septiembre, algunos colectivos convocaron a los medios de comunicación afuera de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para dar a conocer el documento donde plantean crear una figura jurídica que defina derechos para quienes generan ingresos a través de las aplicaciones como DiDi, Uber, Rappi o Beat.

Para Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, el proyecto de los grupos liderados por Salvador Rodríguez González no busca consensos ni derechos para los colaboradores de las plataformas, ni toma en cuenta sus necesidades.

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Los grupos señalaron que repartidores y conductores demandan un trato digno, no discriminación por parte de restaurantes, centros comerciales y consumidores; acceso a sanitarios y áreas de descanso; seguridad y apoyo en caso de incidentes; promoción de la seguridad vial; justicia ante delitos y agresiones; así como justicia ante desactivaciones en las aplicaciones.

Al mismo tiempo “necesitamos mantener un modelo flexible que nos permita trabajar a las horas que queramos, donde queramos y para tantas plataformas como queramos”. 

Sin embargo, advirtieron que “la alianza que están formando grupos sindicales, grupos violentos y la STyPS acabaría con todo ello”.

Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos afirmaron que los grupos que se reunieron el viernes pasado no representan a los casi cinco millones de repartidores y conductores de México, sólo a agrupaciones ajenas que buscan un beneficio propio en contubernio con la Secretaría del Trabajo.

Por esa razón, ambos colectivos presentarán un proyecto diferente para garantizar los derechos fundamentales de quienes generan ingresos a través de las plataformas colaborativas. Será “un documento de avanzada y buscará sumar aliados”, puntualizaron.

En estos momentos, la STyPS está preparando una iniciativa de reforma laboral en relación con las aplicaciones tecnológicas de transporte y reparto. Se espera que el proyecto se dé a conocer en septiembre, por lo que los diferentes grupos de repartidores están interesados en que sus demandas sean escuchadas.

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Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, ha señalado que su propuesta buscará reconocer una relación laboral entre repartidores, conductores y las plataformas. Sin embargo, reconoce que esta regulación representa un desafío debido a que esta relación laboral es muy distinta a la tradicional.

Si bien las empresas tecnológicas se muestran abiertas a garantizar un piso de seguridad social para sus colaboradores, advierten que un modelo regulatorio demasiado rígido podría ahogar su modelo de negocios y no permitir que sigan operando en el país.Asimismo, algunos colectivos, como Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, abogan porque en el camino hacia crear una normativa no se sofoque esta importante fuente de ingresos de forma flexible e independiente. En este caso, temen que la propuesta presentada el viernes pasado avance en esa dirección.