Ante los intentos por regular el trabajo que se realiza a través de las aplicaciones como DiDi, Uber o Rappi, las plataformas digitales y las personas repartidoras coinciden en que se requiere una regulación innovadora que permita preservar la flexibilidad e independencia y, al mismo tiempo, garantizar la protección de los derechos de quienes se conectan a estas aplicaciones para generar ingresos.
Durante el Foro sobre Plataformas Digitales y Seguridad Social del Futuro (Pladiss), organizado por la UNAM, Vicente Roqueñí, director Sénior de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas de DiDi para América Latina hispanohablante, y Saúl Gómez, vocero de Ni Un Repartidor Menos, hicieron un llamado a adoptar una nueva mirada regulatoria acorde con el modelo de negocios disruptivo de las plataformas colaborativas.
Roqueñí explicó que este sector de la economía ha roto el paradigma laboral tradicional, pues repartidores y conductores se vinculan a las aplicaciones de manera autónoma; eligen sus horarios, el tiempo que dedican a esta actividad y son dueños de sus decisiones, lo cual les permite maximizar la generación de ingresos.
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Las plataformas digitales están modernizando la economía, por lo que también es necesario que los marcos normativos evolucionen. “No podemos pensar que vamos a encontrar una solución aplicando viejas leyes a las realidades sociales actuales”, pues aplicar una regulación rígida y tradicional a este sector podría generar efectos negativos, advirtió.
El directivo comentó que en Ginebra, Suiza, la Corte emitió un fallo que obliga a las plataformas de entrega a domicilio contratar a sus repartidores bajo un esquema convencional, lo cual provocó que casi el 80 por ciento de los colaboradores tuvieran que dejar UberEats y alrededor de dos terceras partes de los repartidores perdieron esta alternativa de ingresos.
Hace unos días, la Organización Internacional del Trabajo concluyó su reunión para abordar el tema laboral vinculado a las plataformas digitales. No hubo ningún acuerdo acerca de cómo avanzar de forma conjunta, lo cual, destacó Vicente Roqueñí, evidencia la necesidad de llevar a cabo un análisis exhaustivo y de modernizar la normativa.
Saúl Gómez coincidió en que es inconveniente mirar este nuevo esquema de negocios, propio de la economía digital, desde un enfoque tradicional. “No puedes tratar de encuadrar en un cuadrado, como lo es la regulación tradicional del trabajo, un círculo, como es este nuevo modelo de negocio”.
“Legislar al vapor puede tener consecuencias desastrosas para todos”, sentenció el vocero de Ni Un Repartidor Menos. Y agregó que es esencial avanzar en el debate, pero escuchando las necesidades y las preocupaciones de quienes se conectan a las plataformas digitales.
Gómez consideró que las autoridades, especialmente de la Ciudad de México, no han atendido las demandas e inquietudes de los repartidores, sobre todo en cuestión de seguridad ante incidentes viales. Por el contrario, dijo, se han aprobado impuestos adicionales que merman los ingresos de estas personas.
El vocero de la organización puntualizó que se deben buscar caminos para garantizar que la población pueda acceder a esta alternativa de ingresos de manera segura, y que la usen como un medio para mejorar sus condiciones de vida e incluso impulsar sus proyectos a largo plazo. Muchos repartidores, por ejemplo, se dedican a esta actividad de manera temporal para obtener recursos económicos que les permitan concluir sus carreras universitarias, señaló.
Mónica Gónzalez Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también resaltó que en la actualidad existen nuevas realidades laborales que requieren un abordaje colectivo e innovador. “La realidad va más a prisa que la posibilidad que tienen los órganos jurídicos para regular estas realidades emergentes”, afirmó.
En materia de protección social, la directora dijo que abordar estos nuevos modelos es un reto que se debe asumir en conjunto, con un análisis profundo y escuchando a todas las partes involucradas, con miras a resguardar derechos y también propiciar que la economía colaborativa siga creciendo.
Por ello, el foro busca contribuir a generar ese diálogo en México, tomando en cuenta los proyectos regulatorios sobre el tema laboral que se han realizado en otros países para aprender qué ha funcionado y qué ha mostrado consecuencias adversas.