lunes, marzo 20, 2023
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La violencia digital es rentable para las plataformas tecnológicas: experta

Durante una mesa de análisis organizada por el Inai, un grupo de expertas analizó las implicaciones de la violencia en línea, la responsabilidad de las empresas digitales y los riesgos de recaer en el punitivismo tras las reformas que han acontecido en México.

¿Por qué la violencia de género en línea es tan popular y tiene tanta visibilidad en las redes sociales? Para la experta en tecnologías, derechos humanos y género de Chile, Paz Peña Ochoa, esto se debe a que el diseño de las grandes plataformas tecnológicas y sus algoritmos se ven beneficiados de las situaciones de violencia que suceden dentro de ellas.

La violencia, el odio y la polarización venden dentro del modelo de negocios de las redes sociales como Facebook o Twitter, porque producen más engagement entre sus usuarios y eso se traduce en obtener una cantidad significativa de datos para crear perfiles de consumo que se ponen a disposición de terceros.

Así explicó la consultora durante una mesa de análisis en el marco del evento “La protección de datos personales como eje para relanzar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de México.

Peña Ochoa destacó que las plataformas digitales no están exentas de responsabilidad en torno a la violencia en línea, por lo que deben tener mayor transparencia y ofrecer datos específicos sobre la violencia de género que se dan en estos espacios, con el fin de que sirvan para generar instrumentos de política pública para atacar la problemática.

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¿El sistema punitivo es la respuesta?

En su participación, Fátima Gamboa, directora de Equis Justicia para las mujeres, planteó que en México están ocurriendo una serie de reformas a legislaciones y códigos penales para reconocer la violencia de género en el entorno digital.

Sin embargo, aunque puede ser un paso positivo, presenta algunos riesgos si no existe una conceptualización adecuada. “La justicia penal ha mostrado ser ineficaz. Debemos tener cuidado con las soluciones que nos son ofrecidas desde el Estado”, advirtió.

Legislar acerca de este tema se ha vuelto una tarea popular, pero tipificar a la problemática social de la violencia de género en Internet como un delito no se ha traducido en una disminución, advirtió la especialista.

Gamboa citó algunos datos de la organización Luchadoras: en los últimos tres años, se han abierto 2 mil 143 carpetas de investigación en torno a la violencia digital, en las cuales más del 80 por ciento de las víctimas fueron mujeres. Y del total, sólo se han resuelto o han prosperado el 20 por ciento.

Tras el caso de Olimpia Coral, una joven que sufrió violencia en línea por parte de su expareja, en el país surgió una iniciativa para legislar y tipificar la violencia digital. A finales del 2019, el Senado aprobó la llamada Ley Olimpia, una serie de reformas que buscan sancionar este tipo de violencia, al modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal.

A raíz de ello, hasta diciembre del 2020 un total de 19 legislaciones locales en la materia han incorporado la violencia digital, mientras que 28 estados del país ya la han tipificado y regulado en sus códigos penales sin contar con un marco legislativo de definición y conceptualización, apuntó Gamboa.

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La experta explicó que esto implica que está predominando la perspectiva de la violencia en línea como un delito y no como un acto que afecta especialmente a los derechos humanos de las mujeres, y que necesita no sólo ser castigado sino ser una política de prevención y protección a las víctimas.

Por ello, Gamboa enfatizó que se requiere articular esfuerzos contra la violencia en línea, para construir alternativas de protección y justicia, en las que participen activamente los organismos encargados de salvaguardar los datos personales y la privacidad de las personas.

Violeta Contreras García
Violeta Contreras García
Reportera, editora y analista del ecosistema digital en América Latina, especializada en temas de política pública, regulación, transformación digital, 5G, Inteligencia Artificial, inclusión digital, género, espectro radioeléctrico, neutralidad de la red, ciudades inteligentes, derechos digitales, ciberseguridad, e-salud, seguridad pública y economía colaborativa. Cubre especialmente la agenda de Colombia, Perú, Costa Rica y Chile.

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