“La colaboración entre reguladores y gobiernos es un pilar esencial para el desarrollo digital sostenible”, destacó Carlos Lugo, Oficial Líder de Política y Regulación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para las Américas, durante su intervención en el Taller Internacional de Regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia.

El funcionario presentó G5 Benchmark, una herramienta desarrollada por la UIT que busca servir de guía para que los formuladores de políticas y los organismos reguladores capten la esencia de la regulación digital y establezcan objetivos que permitan avanzar hacia la excelencia regulatoria y la gobernanza ágil.

Dentro de los objetivos del G5 Benchmark se incluyen medir la colaboración entre gobiernos y reguladores, formalizar estándares de referencia para el diseño de políticas y regulaciones, complementar el rastreador de reglamentación TIC, permitir la elaboración de hojas de ruta regulatorias y registrar el progreso de los países a lo largo del tiempo.

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Lugo también habló de las recomendaciones de la UIT para los órganos reguladores de la región e hizo un llamado sobre la adopción de marcos multimodales que apoyen el desarrollo de tecnologías emergentes, la promoción de competencia en infraestructuras de banda ancha y servicios digitales compartidos, así como la creación de entornos seguros para la experimentación regulatoria y la innovación.

Asimismo, enfatizó la creación de mecanismos de financiamiento innovadores que impulsen la inversión y garanticen precios competitivos.

Otro punto clave fue la revisión de los esquemas tributarios de cada país, con el fin de maximizar el despliegue de redes y atender las desigualdades que profundizan la brecha digital.

El keynote del representante de la UIT también abordó el desafío ambiental de la industria. “En América se generan 14 kg de residuos electrónicos por persona, de los cuales sólo 4.2 kg se reciclan. Actualmente, 81 países ya han adoptado normativas sobre residuos electrónicos, y el objetivo es que al menos el 50% de los Estados miembros cuenten con políticas de sostenibilidad y reciclaje en el corto plazo”, detalló.

Ante los rápidos cambios que experimenta el sector y los retos de sostenibilidad, existe un amplio consenso en que los marcos normativos necesitan modernizarse bajo una visión colaborativa e incluso intersectorial.

En la clausura del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) 2024, Carlos Lugo, líder regional de Desarrollo de Capacidades y Relaciones con Miembros y Socios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), resaltó que hay una “necesidad imperiosa de reformar los marcos legales del sector de telecomunicaciones y de tecnologías de información y digital”.

Hace una década, las telecomunicaciones tradicionales abarcaban servicios como la telefonía fija, los teléfonos públicos en las calles, 2G y 3G, pero el sector ha cambiado y se extiende a Internet, conectividad privada, servicios digitales o aplicaciones industriales.

Una nueva generación regulatoria tendría que partir de generar incentivos para la expansión de la conectividad, con medidas fiscales que promuevan un mayor acceso y uso de las tecnologías. Por ejemplo, replantear los impuestos a la importación de equipos.

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También esta nueva ola iría acompañada de un replanteamiento de la estructura institucional actual del sector, dado que el sector ya no puede pensarse sólo bajo la óptica de telecomunicaciones porque tiene un impacto transversal en múltiples actividades económicas y sociales.

Carlos Lugo agregó que una regulación a futuro debe, además, propiciar “el equilibrio de las políticas fiscales, que incluyan a todos” y contar con una revisión de las políticas de espectro, tanto a nivel de costos como de disponibilidad.

Por ejemplo, detalló el caso de Colombia, que en 2019 emitió una reforma a la ley TIC. Uno de los ejes de esta ley es que obliga a llevar a cabo una constante revisión de las medidas regulatorias y eliminar aquellas que ya no son necesarias.

Juan Martín Ozores, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina, coincidió con Lugo en la necesidad de adaptar las regulaciones a la evolución del sector.

“Tenemos que corregir o modernizar la regulación, entendiendo que no sólo afecta al sector privado sino también directamente al Estado. Necesitamos desarrollar un Estado más ágil y un regulador más moderno”, afirmó el presidente del Enacom.

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Actualmente, el sector de telecomunicaciones se enfrenta a un gran reto de sostenibilidad: la demanda de servicios que corren sobre las redes exigen mayores inversiones a largo plazo para brindar servicios de alta calidad, pero esa ecuación es inviable ante una caída sostenida de ingresos.

En ese sentido, José Juan Haro, director de Negocio Mayorista y Asuntos Públicos de Telefónica Hispam, dijo que las nuevas regulaciones deben responder a la tarea de revertir la situación y asegurar la conectividad.

Como parte de la modernización regulatoria, una de las áreas que se tendrían que revisar son las obligaciones relacionadas con brindar ciertos servicios que ya no se usan, comentó Carla Paola Sosa Vela, Viceministra de Comunicaciones de Perú.

Por eso, el Ministerio de Comunicaciones y Transportes de Perú, profundizó, está trabajando en una propuesta para modificar la ley de telecomunicaciones de manera integral, con la visión de promover el despliegue de infraestructura y, al mismo tiempo, acelerar el cierre de brechas.

Durante el VII Congreso Internacional de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), expertos abrieron un debate sobre la conectividad en Colombia y países latinoamericanos para reconocer las oportunidades de la región en conectividad y digitalización.

Además, permitió profundizar en los retos de innovación que tiene la industria y la importancia de crear estrategias enfocadas en la cultura de la digitalización.

Rocío Soacha, superintendente delegada para la Protección del Consumidor, aseguró que “el mundo de las telecomunicaciones venía evolucionando desde antes de que la pandemia de Covid–19 llegara a América Latina. Pero lo más importante de este tema es que eso no detuvo el trabajo que venía avanzando la industria, lo que resultó en el fortalecimiento de la conectividad en el país”.

De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si se incrementa 1 por ciento más la inversión total en la infraestructura de telecomunicaciones, sería posible disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los personas en Latinoamérica.

“Garantizar el derecho a conectarse es parte de las agendas digitales de nuestros países, por lo que son claves en la creación de agendas regulatorias modernas e inteligentes”, aseguró Carlos Lugo Silva, Oficial Experto para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En esta línea, agregó, es necesario “enfocarnos en los ciudadanos para que no sólo tengan acceso a Internet, sino que conozcan sus derechos digitales”.

Catalina Diaz Granados, analista Sénior de Cullen International, señaló que desde la firma entienden “que los retos de digitalización en la región están basados en las interacciones y la creación de relaciones digitales entre diferentes sectores de la industria. Por ejemplo, entre el sector público y privado”.

Por su parte, Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, enfatizó que “no hay transformación digital sin conectividad. América Latina ha estado trabajando fuerte en ello los últimos 30 años, pero no es suficiente. En España, 93 por ciento de la población tiene Internet; en Chile, 90 por ciento; en México, 70 por ciento, y en Colombia el 63 por ciento”.

Vale la pena recordar que en algunos países de la región existen leyes que fueron pensadas hace 30 ó 40 años, por lo que no responden a las necesidades de la sociedad actual. Por esta razón, “las agendas digitales y normativas deben seguir enfocadas en priorizar a los ciudadanos y deben mantenerse actualizadas para lograr el éxito y enfoque que la sociedad digitalizada necesita”, afirmó Carlos Lugo.

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Política pública en América Latina

Los expertos coincidieron en que América Latina se encuentra ante una gran oportunidad por lograr realizar una política pública que garantice cada uno de los derechos humanos fundamentales y su presencia en Internet.

En este sentido, será necesario fortalecer aspectos que aborden nuevas tecnologías como agrotech, como lo hizo Brasil en su agenda 5G y como lo hace Chile desde su propia agenda digital.

Asimismo, “será necesario fortalecer la política digital industrial para la digitalización de la economía, que permita que todos tengan acceso a la información”, explicó la analista Sénior de Cullen International.

Todos estos esfuerzos van dirigidos a fortalecer el acceso y el uso de herramientas digitales. Sobre este tema, los panelistas señalaron que una vez que el usuario se sienta completamente seguro y sienta confianza de usar estos servicios, utilizará más este tipo de herramientas TIC.

Cancún, México.- Un regulador TIC, en la era 5G, debe reflexionar y transformarse en un verdadero regulador de quinta generación con una visión holística, abierta, colaborativa e interdependiente que lidere la transformación digital en cada país.

Así lo expresó Carlos Lugo Silva, Oficial Experto para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), durante su participación en el LATAM ICT Congress 2022, convocado por Huawei en Cancún, México.

Para el especialista de la UIT, un regulador 5G necesita pensar en esquemas innovadores y flexibles para la aplicación de normativas y promover la simplificación regulatoria, reduciendo las barreras artificiales al despliegue de infraestructura y al desarrollo de nuevas tecnologías.

Lugo Silva comentó que los órganos reguladores en la era 5G deben promover una visión no recaudatoria del espectro radioeléctrico, ya que los altos costos de este recurso inhiben las inversiones; así como crear un entorno atractivo y estimulante para nuevos actores de la economía digital.

El despliegue de las redes 5G, y las implicaciones que tendrá en el crecimiento económico y el bienestar social, también requerirá de decisiones estratégicas en los Congresos, aseguró el Oficial Experto de la UIT.

Desde los curules legislativos de los distintos países, Lugo Silva comentó que lo ideal es que los representantes, senadores o diputados promuevan normas efectivas para remover las limitaciones a la implementación de la infraestructura, disminuyan las cargas fiscales sobre equipos y el espectro y promuevan alternativas financieras para la conectividad.

Además, el también exintegrante de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia destacó que las instituciones regulatorias no pueden mantenerse aisladas. El ecosistema digital actual no sólo involucra a los organismos del sector de telecomunicaciones, sino también a las instituciones de diversos sectores.

Por eso, Carlos Lugo Silva apuntó que los reguladores TIC tienen que trabajar de la mano de otras dependencias y organismos, pues el impacto de la tecnología 5G es transversal y requiere una regulación y políticas públicas holísticas.

El debate sobre políticas de competencia, privacidad y uso de datos se dio en la segunda jornada de las conferencias académicas del CPR Latam. Allí, Carlos Lugo, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, afirmó que en el mundo “estamos en pañales” en el proceso de que los ciudadanos conozcan “los derechos, los deberes y la legislación en el mundo digital y los datos”.

“El ciudadano no tiene la claridad y entendimiento de la importancia del manejo de los datos. Falta más trabajo a nivel mundial para que el ciudadano sea un verdadero ciudadano digital”, sostuvo durante la charla, en el marco del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD 2021).

Explicó que para la CRC es importante comprender cuáles son los elementos del estudio de competencia cuando entran derecho, como puede ser la privacidad o protección de datos. “En Colombia, tenemos un arreglo institucional muy incipiente, en donde el regulador ex ante –el de Comunicaciones– aún no tiene ninguna facultad ni función en relación con los mercados de plataformas OTT y que pueden estar generando hoy presiones competitivas o a ser parte ya integrada de los mercados de comunicaciones que sí regulamos. Esto es una sombra gris que nosotros estamos tratando de organizar e interpretar”.

“Considero que se requiere un arreglo institucional mucho más profundo y claro que permita intervenciones directas y sin ningún tipo de confusión en torno a la protección de datos en mercados de comunicaciones”.

En los mercados digitales los datos juegan un papel importante en todos los modelos de negocio del entorno digital, porque los datos se han convertido en el insumo principal en estos mercados, sostuvo Isaac Alcalá, de la dirección General de Mercado Digitales de la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) México.

Indicó que es el marco legal de protección de datos el que va a determinar las facultades que tiene en competencia, “en el caso de México tenemos una autoridad de protección de datos muy arraigada en las instituciones mexicanas”.

“Desde mi perspectiva, tenemos que interpretar la protección de datos, la privacidad de datos y la competencia económica como parte de un mismo sistema, y en esa medida lograr una interacción y colaboración de autoridades que permita imponer remedios más adecuados a la problemática que enfrentamos en los mercados digitales”.

Coincidió con Lugo en que se necesita hacer mayor análisis desde la perspectiva de la demanda: “Tenemos esta intención de proteger los datos, pero lo que sucede es que los consumidores y usuarios realmente no tienen una dimensión tan clara de lo que quieren que sea protegido”.

Otros retos para analizar los mercados digitales están en el consentimiento expreso, la aplicación de remedios conductuales que reduzcan los riesgos de la privacidad de datos, y aplicar herramientas de colaboración entre autoridades con funciones especializadas.

La República – Ana María Sánchez

La Comisión de Regulación de Comunicaciones informó que designó a Sergio Martínez como nuevo director de la entidad, Martínez, economista de profesión, reemplazará al comisionado de la CRC, Carlos Lugo Silva.

En este sentido, el nuevo director, quien se posesionó hoy, asumirá el cargo, una vez se concluya el periodo para el cual fue designado el comisionado Lugo Silva. Martínez fue elegido por decisión unánime y será el nuevo director ejecutivo del Regulador único de los Sectores TIC, Postal y de Contenidos Audiovisuales de Colombia.

La elección se realizó en conjunto con la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, junto con los cuatro comisionados de comunicaciones, Paola Bonilla Castaño, Carlos Lugo Silva, Sergio Martínez Medina y Nicolás Silva Cortés, quienes tomaron la decisión final.

El nuevo director es economista de la U. de los Andes con Especialización en Evaluación Social de Proyectos y en Economía del Riesgo y la Información. Magíster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona.

Además, cuenta con más de 18 años de experiencia en el diseño de políticas públicas y regulatorias tanto en el sector público como privado.

Más allá de la contingencia por la enfermedad de Covid-19, el acceso a Internet debe reconocerse como un servicio público esencial en Colombia para garantizar la expansión de infraestructura digital en donde hace falta, la remoción de barreras y la conectividad universal, dijo el Director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Carlos Lugo Silva.

En la apertura de la 15 Escuela Taller Internacional de Regulación, explicó que sí debe elevarse a esa categoría, “pero no debemos volver al pasado; no debemos regularlo como un servicio público domiciliario, sino tener la suficiente tranquilidad y evidencia para tomar decisiones regulatorias que generen inversión”.

Desde hace unos meses, el Senado está estudiando un proyecto de ley para considerar a Internet como “un servicio público, esencial y universal”, el cual busca sentar las bases para promover el acceso a conexiones asequibles y de calidad. La iniciativa ya fue aprobada, en primer debate, por la Comisión Sexta en noviembre.

Con este proyecto legislativo se daría continuidad a los decretos de emergencia del gobierno colombiano durante la crisis, en los que se define como una prioridad el garantizar la continuidad de las telecomunicaciones. Eso dio pie a medidas como acelerar los trámites para la implementación de infraestructura, o eliminar el IVA de manera temporal en los planes de telefonía de hasta 18.4 dólares.

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Regular en la crisis

Durante la pandemia de la nueva cepa del coronavirus, el director de la CRC planteó que el organismo regulador aprendió varias lecciones para actuar de manera ágil, puntual e inteligente.

Entre ellas, lo primordial fue asegurar la continuidad de las redes de comunicaciones; dar estímulos a las empresas del sector para que continuaran sus operaciones y pudieran garantizar la prestación de servicios, así como regular para brindar conexiones con mejores tarifas, incluso a través de subsidios.

Además, la CRC tuvo que comprender cómo regular de manera rápida en pocos días, basándose en evidencia; hacer seguimientos continuos del comportamiento del tráfico para saber qué medidas tomar; reforzar la coordinación con la industria, y seguir apostando por la innovación con el sandbox regulatorio sin dejar de lado la preparación para la llegada de nuevas tecnologías como 5G.

En la apertura del evento virtual Latin America Digital All Stars, Carlos Lugo, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, sostuvo que estamos en un momento muy importante en la carrera hacia mejores políticas públicas y mejor regulación para lograr más y mejor conectividad en los países de la región. “Es un punto de no retorno”, enfatizó.

El funcionario de la CRC dijo que uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia fue que “no hay que temer a la regulación inteligente, como es la flexibilización (…). Sin duda, si queremos lograr cerrar la brecha digital y lograr un acceso universal, tenemos que pensar que se deben generar medidas flexibles, como las que empezamos a liderar en Colombia con el sandbox regulatorio; se necesitan esquemas flexibles que generen más inversiones y competencia”, sostuvo.

Lugo afirmó que cuando inició la pandemia, “y tuvimos que tomar decisiones, nos enfrentamos a tener que tomar decisiones para garantizar las comunicaciones y una adecuada calidad en la prestación de servicio”.

“Nos enfrentamos a grandes retos como tomar decisiones sin tener la evidencia de lo que iba a suceder. Aquí no podíamos aplicar los largos procedimientos de impacto normativo (…). 2020 fue como un gran sandbox regulatorio que nos está permitiendo probar y experimentar en temas de calidad, en flexibilización, y con esta experimentación para tomar medidas definitivas a futuro”, agregó.

Por último, opinó que Internet debe ser considerado servicio público esencial, aunque sostuvo que hay que ver cómo se materializa esa calificación. “Creo en un servicio público esencial que permita flexibilizar el despliegue de infraestructura, que permita unificar estrategias de despliegue y eliminar barreras normativas o tributarias, y de esa manera cobra sentido”. Puntualizó que la calificación de servicio público “no puede retrotraernos y considerarlo un servicio subsidiario, porque estaría limitando el desarrollo digital”.

Durante su participación en el evento Colombia 5G, organizado por DPL Group, el Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Carlos Lugo, afirmó que el país ya tiene todas las condiciones regulatorias que se necesitan para que los operadores comiencen su despliegue de 5G.

Sobre este punto destacó la agenda regulatoria para 2020, las hojas de ruta para los próximos años y las facilidades para el despliegue de infraestructura que está sumando el interés de más municipios.

También mencionó que la pandemia ha sido un sandbox, un espacio de experimentación en materia regulatoria, donde la CRC ha probado nuevas formas de atender a los usuarios y de trabajar con la industria.

En tanto que Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, destacó que la cuarta revolución industrial, con importante componente digital, “es una de las que podemos avanzar los pueblos de Latinoamérica sin haber pasado por las otras tres”. En este punto, dijo que jugará un papel fundamental la protección de la competencia y la protección de los datos personales.

En la cumbre virtual Latam Digital Now realizada este jueves, Carlos Lugo, director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, dijo que la pandemia de Covid-19 ha provocado en la regulación y política pública una fase de experimentación digital inmediata.

Durante su participación en el evento, aseguró que ningún gobierno, regulador, empresa o ciudadano estaba preparado para el contexto que se vive actualmente producto de la pandemia, debido a ello, Lugo señaló que se vieron obligados a acelerar todos los planes que tenían para la innovación, así como los proyectos incluidos en su hoja de ruta. 

El directivo mencionó que en Colombia se han tomado medidas en pro de mantener la conectividad y la protección de la salud de los ciudadanos, pero afirmó que se tiene que conservar un equilibrio. Ante esta situación, se alargaron los plazos para pagar facturas sin condonar deudas.

“Hoy estamos en unas medidas temporales que promueven digitalización, flexibilidad en temas de calidad, que generan también beneficios para los usuarios, y esas medidas tendremos que revisarlas una vez que se acabe la emergencia de salud. Hay que revisarlas con un enfoque de recuperación del sector y de los ingresos, para que puedan acelerarse los planes de política que promueven la cobertura”, declaró Lugo.

La CRC está por aprobar un sandbox que permitirá mayor regulación para nuevos modelos de negocio y nuevas formas de desplegar infraestructura. Se trata de una regulación a la medida para cada proyecto que genere innovación o conecte zonas.

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En Argentina, a pesar del incremento del tráfico en las redes, Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), aseguró que éstas fueron capaces de soportarlo; explicó que esto se debe al despliegue e inversión privada.

Ambrosini destacó la actuación del Estado en este escenario, ya que en Argentina el acceso es un servicio esencial pero no público, y con ello el gobierno tiene menos injerencia. “Logramos entre el Estado y las empresas privadas un acuerdo de ayuda mutua, es la  primera vez en Argentina que se puede decir que cualquier red que se caiga, una compañía va a ayudar a la otra con el fin de no interrumpir el servicio”, expuso el presidente del Enacom.

Por su parte, Gustavo Santana, superintendente de Control de Obligaciones de Calidad de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, declaró que el mayor desafío posterior a Covid-19 es ampliar la conectividad, lo cual implica inversión.

Brasil tiene una de las cargas fiscales más altas del mundo, con 40 por ciento de carga sobre los servicios de telecomunicaciones, por ello la Anatel tiene en su agenda trabajar en la reducción de impuestos para fomentar la oferta de infraestructura.

Asimismo, indicó que la regulación de telecomunicaciones y TIC debe revisarse y adaptarse para el mundo del futuro.

“Estamos reduciendo toda carga regulatoria, obligaciones, permitiendo innovación, competencia”, agregó.

Santana informó que el sector telecom en Brasil pudo resistir el incremento en el tráfico de la red, ya que los operadores aumentaron sus capacidades y los proveedores OTT bajaron la resolución de todos los videos. Y se implementaron medidas como la navegación gratuita en aplicaciones de Covid-19, o en el envío de mensajes de texto a la población.

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“El mensaje es contundente, las nuevas tecnologías han mostrado una vez más ser uno de los pilares para una sociedad más fuerte e igualitaria”, afirmó César Funes, vicepresidente de Negocio de Operadores en Huawei América Latina.

“La conectividad, y especialmente la banda ancha, es y será fundamental. Uno de los retos es cómo mejorar su alcance y su capacidad, lo ha estado pidiendo la sociedad en esta pandemia”, expuso el ejecutivo de Huawei.

Aconsejó que se debe establecer una hoja de ruta de espectro y de despliegue de tecnología 5G dentro de los planes nacionales de política pública, con el fin de disponer del espectro en tiempo y con certeza regulatoria, con un enfoque balanceado entre el pago de derechos y obligaciones, así como la neutralidad tecnológica.

Funes hizo hincapié en no detener el despliegue de 5G en América Latina, ya que permitirá conectar zonas rurales donde la banda ancha fija tardará mucho más en llegar.