Lawit Legal Summit | La transformación digital exige cambios regulatorios profundos, no tibios

La acelerada transformación digital que está experimentando el mundo, las economías y la sociedad en su conjunto exige pensar un nuevo paradigma regulatorio y jurídico, que comprenda e impulse los nuevos modelos de negocios digitales y funcione más allá de las fronteras entre materias y países.

En ello coincidieron Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, Carlos Lugo Silva, oficial de la Región de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para América Central, y Julio Téllez, académico e investigador, durante un foro sobre derecho digital organizado por Lawit.

Negrete explicó que el orden jurídico y regulatorio actual todavía pertenecen a la realidad de la revolución industrial, por lo que se tienen “viejas estructuras” para responder a modelos de negocio disruptivos e innovadores, como aquellos basados en la Nube, el Internet de las cosas, 5G, Big Data o el cómputo.

Ante ese desfase, se necesitan cambios en los marcos normativos a nivel nacional, estatal, local e internacional que partan de que en la actualidad todo es digital, la innovación es constante, las redes son los mercados, las fronteras entre materias jurídicas colapsan y tomen en cuenta las implicaciones de la era digital en los derechos humanos, detalló el presidente de DPL Group.

“Estamos ante una transición de la regulación tradicional de las telecomunicaciones hacia una digital”, destacó Lugo Silva. Hoy ―apuntó―la regulación debe ser colaborativa, que tenga al sector de telecomunicaciones al centro pero también incorpore a los otros servicios digitales con los que compite y a los sectores económicos en los que la tecnología tiene un impacto transversal.

Carlos Lugo agregó que las políticas públicas también necesitan replantearse a partir de la colaboración multisectorial y de nuevas estructuras de gobernanza. Todas las carteras de gobierno tendrán que involucrarse en la discusión de nuevos marcos normativos y de acciones de política digital, porque de una u otra manera les atañen.

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La nueva realidad digital, de la mano de tecnologías como las redes 5G, van a requerir “reformas totales y absolutas” y no cambios tibios, y esquemas flexibles de regulación, los cuales incluyan análisis de impacto normativo por anticipado, comentó el oficial de la UIT.

Una de las tendencias observadas en diferentes países a raíz de la transformación digital es el reconocimiento del acceso a Internet como un derecho, un servicio público o algún carácter especial dentro del entramado jurídico. En México, es un derecho constitucional desde hace casi una década; Colombia lo declaró un servicio público esencial y universal el año pasado, y Chile quiere incluirlo como un derecho en la nueva Constitución que está redactando la Convención Constitucional.

Negrete Pacheco puntualizó que el camino hacia un nuevo paradigma jurídico tiene que ir de la mano de una política digital robusta y eficiente, o la tarea sólo quedará a medias. En México, el acceso a Internet es un derecho consagrado pero en la práctica todavía existe una urgente brecha digital por resolver. En cambio, Chile, aun sin reconocer este derecho en su actual Carta Magna, es el país con mejor penetración de la banda ancha móvil en América Latina. 

En ese sentido, el especialista explicó que garantizar el acceso a Internet ―como base de una sociedad digital―implica tres dimensiones de política pública: la nacional o federal, la estatal y la local o municipal, con el fin de que los esfuerzos se articulen para alcanzar los objetivos de las agendas digitales y se propicie el despliegue de infraestructura digital.

Además de la integración entre los diferentes niveles de gobierno, es importante recurrir a los tratados internacionales para reformular la regulación de lo digital, ya que las diferentes tecnologías traspasan las fronteras, resaltó Julio Téllez.

Desde ahora y en el futuro cercano, el derecho tendrá que afrontar desafíos para pensar la propiedad intelectual, los negocios digitales, la Inteligencia Artificial, los neuroderechos, los derechos digitales, las fintech, el Internet de las cosas, las criptodivisas, el teletrabajo, la ciberjusticia y un sinfín de ámbitos que irrumpen en la sociedad, dijo el académico e investigador.

Para Julio Téllez, los principios rectores en esta labor deberían ser buscar justicia social y generar bienestar digital para la ciudadanía. Incluso, Negrete considera que Internet y los servicios de telecomunicaciones pueden ser un igualador social de oportunidades y en el ejercicio de derechos.

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