Hacer frente a los retos de la sociedad digital, una de las prioridades de la SIC y CRC en Colombia
En el marco del VII Congreso Internacional de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicación, que se realizó este jueves 14 de julio, expertos en el sector de las telecomunicaciones hablaron de la importancia que tiene trabajar en marcos regulatorios digitales que protejan los derechos de los ciudadanos en Colombia.
Durante la apertura del evento, Andres Barreto, superintendente de Industria y Comercio, aseguró que “el país ha venido trabajando para lograr que todos los ciudadanos tengan acceso a conectividad de alta calidad y a la vanguardia de las necesidades del sector. Por esta razón, la SIC es parte de las conversaciones más importantes de entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que permiten prever el uso adecuado de las plataformas tecnológicas”.
En este sentido, las diferentes organizaciones del país trabajan de manera mancomunada, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Con este trabajo conjunto es posible fortalecer el despliegue de infraestructura y conectividad en Colombia. “Confiamos en que la ampliación de fibra óptica llegue a los territorios más alejados del país para que toda la ciudadanía tenga acceso a conexión de calidad y esperamos que las plataformas tecnológicas tengan el peso económico necesario para conectar a cada vez más personas”, declaró Barreto.
También resaltó la labor que ha venido haciendo la entidad con PrevenSIC, que tiene como objetivo evitar que todas las quejas o denuncias ciudadanas deriven en multas, si se trata de temas que pueden evitarse.
La SIC recibió 4 mil 229 quejas entre enero y mayo de 2022 e impuso más de 17 mil millones de pesos en multas. “Confiamos en que los resultados que ha arrojado PrevenSIC sigan incrementándose y que las empresas adopten más prácticas preventivas”, afirmó Barreto.
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El papel de la CRC
Por su parte, Paola Andrea Bonilla Castaño, directora de la CRC, habló sobre las causas y efectos de la Promulgación de la Resolución de Digitalización (PRU), así como las perspectivas respecto de la digitalización.
La directora analizó el impacto normativo que viene de la ley 1958. Para este proyecto, la CRC identificó un problema: identificar trámites e información susceptibles de ser digitalizables.
Gracias a ello trabajaron para que los costos y tiempos de implementación y grado de digitalización se optimizaran en un 52 por ciento por parte de los operadores y usuarios.
“Para realizar el análisis de impacto normativo contamos con la participación activa de la industria y de los usuarios, lo que permitió que los operadores migraran sus servicios presenciales a oficinas digitales, cumpliendo con los deberes de transparencia en el servicio que brindan a los usuarios”, explicó Bonilla.
Y concluyó que la regulación sobre reducción de costos para los usuarios mejora la calidad del servicio que reciben, promoviendo el uso de las TIC en el país.
